SAP-S2-0006-2019

Fecha de resolución: 11-03-2019
Ver resolución Imprimir ficha

En el proceso de nulidad de título ejecutorial se impugna el Título Ejecutorial N° SPP-NAL-019944, de 18 de noviembre de 2005 respecto al predio  denominado "El  Paraíso", invocándose al respecto la causal de simulación absoluta, porque se creó un acto aparente que no corresponde a la realidad, conforme al artículo 50-I-1.a) de la Ley N° 1715 y en base al artículo 50-I-2.c) de la misma norma, al haber sido otorgado dicho título en franca violación a la ley aplicable.

La demanda fue resuelta declarándose Improbada mediante Sentencia  Agroambiental  Plurinacional  S2ª  Nº  042/2018  de 03 de agosto  de  2018, resolución que quedó sin efecto como resultado del Auto de Amparo Constitucional N° 10/2018 de  fecha  27  de  noviembre  de  2018,  que  dispone  se  emita  nueva  Sentencia  en  la  cual  se  resuelva  los  fundamentos  vertidos  en  el  referido  fallo  constitucional,  observando  el  debido  proceso,  en  sus  elementos de motivación, fundamentación y congruencia.

SOBRE  EL  ERROR  ESENCIAL  EN  LA  EMISIÓN  DEL  TÍTULO  EJECUTORIAL  N°  SPP-NAL-019944.- (…)

“En  ese  efecto  ya  resolviendo  el  presente  fallo,  debemos  manifestar  en  primera  instancia  que  sobre  el  error  esencial  de  manera  conceptual  la  Sentencia  Agroambiental  Nacional  S2ª  Nº  116/2016  de  21  de  octubre, recogiendo el entendimiento legal de la Sentencia Nacional Agroambiental S2ª Nº 29/2013 de 30 de julio, señala claramente: "...en ésta línea cabe añadir que, a efectos de generar la nulidad del acto administrativo, el error debe ser: a) Determinante, de forma que la falsa apreciación de la realidad sea la  que  direccione  la  toma  de  la  decisión,  que  no  habría  sido  asumida  de  no  mediar  aquella  y  b)  Reconocible,  entendida  como  la  posibilidad  abstracta  de  advertirse  el  error,  incluso  por  el  ente  administrativo.  Finalmente,  corresponde  aclarar  que  el  error  esencial  refiere  que  destruye  la  voluntad  del  administrador,  deberá  constatarse  a  través  de  los  elementos  que  fueron  de  su  conocimiento  e  ingresaron en el análisis previo al acto administrativo cuya nulidad se pide, por lo que no podría existir error  esencial  en  la  voluntad  del  administrador  si  el  mismo  basó  su  decisión,  "correctamente",  en  los  elementos  que  cursan  en  antecedentes,  en  este  sentido,  el  administrador  habrá  dado  lugar  a  un  acto  ajustado a los hechos que le correspondió analizar y al derecho que tuvo que aplicar, es decir un acto que no es distinto al que su voluntad tenía pensado crear, modificar o extinguir..."; en consecuencia lo demandado en este punto es valorado por este Tribunal, como un acto administrativo previo que fue de conocimiento del Instituto Nacional de Reforma Agraria - INRA, dado que se presento un memorial en fecha  27  de  junio  de  2005  que  fue  antes  de  la  emisión  del  Titulo  Ejecutorial,  donde  se  hizo  conocer  que dicho predio se había transferido al demandante con anterioridad.

Este  reclamo  previo  al  acto  administrativo  debe  ser  corregido  por  la  autoridad  administrativa  en  la  actualidad  tal  como  lo  establece  el  art  267  del  D.S.  29215,  modificado  por  el  D.  S.  Nº  3467  evitando  de  esa  manera  seguir  violando  los  derechos  y  garantías  del  señor  Edilberto  Ferreira  Soto,  por  consiguiente el Instituto Nacional de Reforma Agraria - INRA debe proceder a rectificar el nombre de los  propietarios  del  predio  "El  Paraíso",  pero  como  un  acto  meramente  administrativo  como  lo  determina la norma y no jurisdiccional como pretende el señor Edilberto Ferreira Soto”.

Dentro del proceso de Nulidad  Absoluta  de Título  Ejecutorial  N°  SPP-NAL-019944 de 18 de noviembre de 2005,  correspondiente  al  fundo  rústico denominado "El  Paraíso",  ubicado  en  el  cantón  Costa  Rica,  Sección  Tercera,  provincia  Nicolás  Suarez  del  departamento  de  Pando, interpuesto por  Edilberto Ferreira Soto representado por Oswaldo Fong Roca, en contra de los beneficiarios del mismo Farid Miguel Gonzales y Teresa Yepes de Gonzales.

La demanda fue resuelta declarándose Improbada mediante Sentencia Agroambiental  Plurinacional  S2ª  Nº  042/2018  de 03 de agosto  de  2018, resolución que quedó sin efecto como resultado del Auto de Amparo Constitucional N° 10/2018 de  fecha  27  de  noviembre  de  2018,  que  dispone  se  emita  nueva  Sentencia  en  la  cual  se  resuelva  los  fundamentos  vertidos  en  el  referido  fallo  constitucional,  observando  el  debido  proceso,  en  sus  elementos de motivación, fundamentación y congruencia.

Emitiendo el Tribunal Agroambiental, nueva Sentencia que también declara Improbada la demanda; bajo los siguientes argumentos:

1) En cuanto a la causal de error esencial, con carácter previo cita la Sentencia  Agroambiental  Nacional  S2ª  Nº  116/2016  de  21  de  octubre, que recoge el entendimiento legal de la Sentencia Nacional Agroambiental S2ª Nº 29/2013 de 30 de julio, en cuanto a que este tipo de error debe ser “a) Determinante, de forma que la falsa apreciación de la realidad sea la  que  direccione  la  toma  de  la  decisión,  que  no  habría  sido  asumida  de  no  mediar  aquella  y  b)  Reconocible,  entendida  como  la  posibilidad  abstracta  de  advertirse  el  error,  incluso  por  el  ente  administrativo”; y que tal error  esencial “… destruye  la  voluntad  del  administrador,  deberá  constatarse  a  través  de  los  elementos  que  fueron  de  su  conocimiento  e  ingresaron en el análisis previo al acto administrativo cuya nulidad se pide, por lo que no podría existir error  esencial  en  la  voluntad  del  administrador  si  el  mismo  basó  su  decisión,  ‘correctamente’,  en  los  elementos  que  cursan  en  antecedentes,  en  este  sentido,  el  administrador  habrá  dado  lugar  a  un  acto  ajustado a los hechos que le correspondió analizar y al derecho que tuvo que aplicar, es decir un acto que no es distinto al que su voluntad tenía pensado crear, modificar o extinguir…”; en consecuencia en el caso concreto, el hecho acusado de que el predio haya sido titulado a favor de  los demandados, cuando éstos ya no eran propietarios, toda vez que se había operado una transferencia a nombre del ahora demandante en  fecha  26  de  agosto  de  2003,  provocando error esencial en el  Instituto Nacional de Reforma Agraria; tal hecho debe ser considerado como un acto administrativo previo que fue de conocimiento de dicha instancia administrativa, por memorial presentado en 27  de  junio  de  2005, es decir antes  de  la emisión  del  Título  Ejecutorial,  donde  se  hizo  conocer  que dicho predio se había transferido al demandante con anterioridad, por consiguiente, este reclamo,  previo  al  acto  administrativo,  debió ser corregido  por la autoridad  administrativa  en  la  actualidad, conforme con el  artículo 267  del  D.S.  29215,  modificado  por  el  D.  S.  Nº  3467, correspondiendo rectificar el nombre de los  propietarios  del  predio  "El  Paraíso",  pero  como  un  acto  meramente  administrativo como  lo  determina la norma y no jurisdiccional como pretende el actor.

2) Sobre la causal de violación a la ley aplicable, refiere que de los antecedentes se constata que se clasificó al  predio  como "pequeña  propiedad"  de  uso  "agrícola"  en  aplicación  al  artículo 2.I  de  la  Ley  N°  1715  y artículos 238.III  y  239  de  su  Reglamento,  disponiéndose el reconocimiento vía adjudicación simple de 50.0000 ha, aplicándose correctamente  la  normativa  en  relación  a  la  reducción  o  recorte  del  número  de  hectáreas  del  predio  "El  Paraíso",  dado  que el predio, de una superficie mensurada de 577.7181 ha,  no  cumplió en su totalidad con  la  Función Económico Social como empresa ganadera por lo que se le reconoció como pequeña propiedad agrícola; asimismo, en cuanto a que el Instituto  Nacional  de  Reforma  Agraria  hubiera  cometido  un  error  al  otorgar  sólo 50 ha.,  en  lugar  de  500 ha.  del  predio  "El  Paraíso",  por  estar en el  departamento  de  Pando  (Norte  Amazónico),  refiere que no es evidente puesto que se aplicó correctamente la norma aplicable al proceso de saneamiento, no habiéndose infringido el art. 4 del D.S. N° 27572 de 17 de junio de 2004 y art.  2  del  D.S.  N°  28196  de  3  de  junio  de  2005, ya que el saneamiento se dio vía adjudicación y no así por dotación, ya que sólo en este último caso la superficie mínima es de 500 ha en el norte amazónico, pero como unidad  mínima  de  dotación por familia en favor de Comunidades Campesinas, no siendo aplicable para adjudicaciones a personas individuales como es el caso presente.

La causal de nulidad de título ejecutorial de “error esencial” debe ser a) Determinante, de forma que la falsa apreciación de la realidad sea la  que  direccione  la  toma  de  la  decisión,  que  no  habría  sido  asumida  de  no  mediar  aquella  y  b)  Reconocible,  entendida  como  la  posibilidad  abstracta  de  advertirse  el  error,  incluso  por  el  ente  administrativo; en ese sentido, no constituye motivo de error esencial de la autoridad administrativa, actos que ésta tuvo conocimiento antes de emitir el Título Ejecutorial, como es el caso del cambio del beneficiario del mismo, correspondiendo en dicho supuesto efectuarse la rectificación conforme al reglamento vigente.

La Sentencia Agroambiental Plurinacional  S2ª N° 06/2019, de 11 de marzo, cita la Sentencia  Agroambiental  Nacional  S2ª  Nº  116/2016 de  21 de  octubre, que a su vez habría recogido el entendimiento de la Sentencia Nacional Agroambiental S2ª Nº 29/2013 de 30 de julio, en cuanto a los elementos constitutivos del “error esencial” como causal de nulidad de título ejecutorial.




En el proceso de nulidad de título ejecutorial se impugna el Título Ejecutorial N° SPP-NAL-019944, de 18 de noviembre de 2005 respecto al predio  denominado "El  Paraíso", invocándose al respecto la causal de simulación absoluta, porque se creó un acto aparente que no corresponde a la realidad, conforme al artículo 50-I-1.a) de la Ley N° 1715 y en base al artículo 50-I-2.c) de la misma norma, al haber sido otorgado dicho título en franca violación a la ley aplicable.

La demanda fue resuelta declarándose Improbada mediante Sentencia  Agroambiental  Plurinacional  S2ª  Nº  042/2018  de 03 de agosto  de  2018, resolución que quedó sin efecto como resultado del Auto de Amparo Constitucional N° 10/2018 de  fecha  27  de  noviembre  de  2018,  que  dispone  se  emita  nueva  Sentencia  en  la  cual  se  resuelva  los  fundamentos  vertidos  en  el  referido  fallo  constitucional,  observando  el  debido  proceso,  en  sus  elementos de motivación, fundamentación y congruencia.

SOBRE LAS DENUNCIAS DEL DEMANDANTE.-

Sobre  este  punto,  el  demandante  hace  un  resumen  de  todas  las  actividades  llevadas  a  cabo  en  el  proceso de Saneamiento Simple de Oficio (SAN SIM) del predio denominado antes "Monte Verde" y para  efectos  del  proceso  de  saneamiento  "El  Paraíso"  ubicado  en  el  cantón  Costa  Rica,  provincia  Nicolás Suarez del departamento de Pando y entre los actuados más importantes y de forma preliminar la  ficha  catastral  de  fs.  36  y  37  de  la  carpeta  de  saneamiento,  en  sus  acápites  identifica  como  beneficiario  del  predio  Walfrido  López  Viturino  y  Eva  Viturino  Rodríguez,  reconociendo  una  superficie  declarada  aproximada  de  750.0000  ha.,  clasificada  como  empresa  agrícola  y  como  mejoras  en  el  predio  una  superficie  de  30  has.,  de  pastizal,  teniendo  como  titular  inicial  a  Adrian  Cuellar  Araujo, beneficiado mediante sentencia de dotación emitida por el Juez Agrario del CNRA de Cobija Pando,  dentro  el  proceso  social  agrario  de  dotación  en  el  cual  otorga  750.000  has.,  clasificando  a  la  propiedad  como  agro  ganadera-gomera-castañera  y  forestal  (ver  fs.  42)  de  la  carpeta  de  saneamiento;  asimismo  se  identifica  el  formulario  de  registro  de  Función  Económico  Social  de  fs.  54  a  55  de  la  carpeta  de  saneamiento,  en  el  que  registra  como  actividad  única  ganadera  la  de  26.7551  ha.,  y  en observaciones   dicha   actividad   es   corroborada   por   los   pastizales   SIN   EMBARGO   ACLARA   TAMBIEN QUE NO TIENE GANADO BOVINO; por otro lado el Informe Técnico Jurídico ITJC N° 19-19/2002  de  27  de  febrero  de  2002  de  fecha  27  de  febrero  de  2002  cursante  a  fs.  69  a  82  de  la  carpeta  de  saneamiento,  identifica  el  predio  "El  Paraíso"  con  una  superficie  de  577.7181  ha.,  registrando la Función Económica Social como mejoras dos casas y un pastizal cuya superficie era la de  26.7551  ha.,  y  como  uso  actual  de  la  tierra  "AGRICOLA";  la  misma  información  fue  ratificada  mediante  Informe  de  Evaluación  Técnica  Jurídica  SAN-SIM/ETJ-06  N°  0022/2002  de  fecha  8  de  noviembre  de  2002  a  fs.  86  a  92,  clasificando  al  predio  como  "PEQUEÑA  PROPIEDAD"  DE  USO  "AGRÍCOLA"  en  aplicación  al  art.  2.I  de  la  Ley  N°  1715  y  238.III  y  239  de  su  Reglamento,  sugiriendo   vía   adjudicación   simple   la   superficie   de   50.0000   ha.,   en   favor   de   los   poseedores   identificados  como  Walfrido  López  Viturino  y  Eva  Viturino  Rodríguez;  sin  embargo,  de  acuerdo  a  datos  del  proceso  se  apersona  Farid  Miguel  Gonzales  y  esposa,  quienes  adjuntan  documentación  de  compra del titular inicial Adrian Cuellar Araujo y que en aplicación al art. 214 y siguientes del Decreto Reglamentario N° 25763 se procede al cambio de nombre en la Institución Administrativa, mismo que es replicado en la Resolución Final de Saneamiento (Resolución Administrativa RA-SS N° 0267/04 de 11  de  marzo  de  2004),  disponiendo  ADJUDICAR  el  predio  denominado  "El  Paraíso"  en  favor  de  Teresa  Yepes  de  Miguel  y  Farid  Miguel  Gonzales,  la  superficie  de  50.000  ha.,  clasificado  como  pequeña  propiedad  con  actividad  agrícola  de  conformidad  al  art.  166  de  la  C.P.E.,  vigente  en  su  momento,  art.  41.I.2),  66.I.1)  y  67.II.2)  de  la  Ley  N°  1715,  198,  231.II.b),  232  y  234  de  su  Reglamento,  vigente  en  esa  oportunidad  debidamente  notificado  con  dicha  Resolución  Final  de  Saneamiento en fecha 19 de mayo de 2004 que no fue impugnada por las partes en el termino de ley. Por  consiguiente  después  de  hacer  un  análisis  legal  del  proceso  de  saneamiento,  se  establece  que  el  INRA  -  Instituto  Nacional  de  Reforma  Agraria  aplico  correctamente  la  normativa  en  relación  a  la  reducción  o  recorte  del  número  de  hectáreas  del  predio  "El  Paraíso",  dado  que  no  cumplió  con  la  Función Económico Social en la medida de lo demandado”.

“SOBRE  LA  UNIDAD  MÍNIMA  DE  DOTACIÓN  A  LA  QUE  HACE  REFERENCIA  EL  DEMANDANTE.-“

(…)

“En lo que se refiere a la dotación de 500.0000 ha., como mínimo por ser pequeña propiedad ganadera en aplicación a las normas establecidas en el art. 21.a) de la Ley de Reforma Agraria (zona tropical) de 29  de  octubre  de  1953,  art.  41.I.2)  con  relación  al  art.  48  parte  in  fine  y  art.  49  de  la  Ley  N°  1715 conculcación del art. 238.III. inc. d) del D.S. N° 25763 de 5 de mayo de 2000, adicionando el D.S. N° 25848 de 18 de septiembre de 2000, ratificado por el art. 4 del D.S. N° 27572 de 17 de junio de 2004 y art.  2  del  D.S.  N°  28196  de  3  de  junio  de  2005  y  al  haber  otorgado  en  adjudicación  la  superficie  de  50.0000 ha., se habría violado el derecho a la propiedad privada reconocido por el art. 22 con relación al  art.  166  y  167  de  la  C.P.E.  de  1967  vigente  en  esa  oportunidad,  este  Tribunal  Agroambiental  concluye  que  el  predio  antes  "Monte  Verde"  y  ahora  "El  Paraíso",  inició  el  procedimiento  de  saneamiento aplicando al art. 64 y siguientes de la Ley N° 1715 que indica "Objeto.- El Saneamiento es  el  procedimiento  técnico-jurídico  transitorio  destinado  a  regularizar  y  perfeccionar  el  derecho  de  propiedad agraria y se ejecuta de oficio o a pedido de parte", asimismo indica en el art. 65 "El INRA - Instituto  Nacional  de  Reforma  Agraria,  en  coordinación  con  la  direcciones  departamentales  queda  facultado para EJECUTAR y CONCLUIR el saneamiento de la propiedad agraria en el plazo máximo de  (10)  diez  años  computables  a  partir  de  la  publicación  de  esta  ley,  sujeto  a  disposiciones  de  los  artículos siguientes" , entre sus finalidades 1) la titulación de las tierras que se encuentren cumpliendo la función económico social o la función social definidas en el art. 2° de esta Ley (Ley N° 1715) por lo menos  (2)  años  antes  de  su  publicación,  aunque  no  cuente  con  tramites  agrarios  que  los  respalden,  siempre y cuando no afecten derechos legalmente constituidos por terceros mediante procedimiento de adjudicación  o  de  dotación  según  sea  el  caso.  De  acuerdo  al  art.  41  de  la  Ley  N°  1715  clasifica  la  propiedad  en  Solar  Campesino,  Pequeña  Propiedad,  Mediana  Propiedad,  Empresa  Agropecuaria,  Tierras  Comunitarias  de  Origen  y  Propiedades  Comunarias;  el  art.  42  del  mismo  cuerpo  legal  y  art.  205  del  D.S.  N°  25763  vigente  en  esa  oportunidad  nos  ilustra  sobre  la  Modalidad  de  Distribución  de  Tierras;  Dotación  en  favor  de  Comunidades  Indígenas  y  Comunidades  Campesinas  a  título  gratuito  y  la  Adjudicación  en  favor  de  personas  individuales  a  precio  concesional  o  precio  de  mercado,  lo  que  significa una confusión por parte del demandante en lo que se refiere a la dotación y adjudicación.

La  adjudicación  dispuesta  por  Resolución  Final  de  Saneamiento  y  Titulo  Ejecutorial  emitido,  es  resultado de un proceso agrario de saneamiento estipulado en el art. 64 y siguientes de la Ley N° 1715, en  el  cual  se  ha  identificando  en  el  predio  "El  Paraíso"  con  incumplimiento  de  la  FUNCION  ECONOMICO  SOCIAL,  como  empresa  agropecuaria  por  la  superficie  identificada  en  pericias  de  campo, de uso agrícola lo que ameritó en función del art. 166 de la C.P.E., art. 41.I.2), 66.I.1, 67.II.2) de la Ley N° 1715 y 208, 231.II.b), 232 y 234 de su Reglamento vigente en esa oportunidad, (D.S. N° 25673) el recorte correspondiente y la emisión de la mencionada Resolución Final de Saneamiento y el Titulo  Ejecutorial;  en  consecuencia  no  existió  violación  a  la  ley  aplicable  en  dicho  procedimiento  administrativo que se desarrolló en etapa de campo en la gestión 2000-2001”

Dentro del proceso de Nulidad  Absoluta  de Título  Ejecutorial  N°  SPP-NAL-019944 de 18 de noviembre de 2005,  correspondiente  al  fundo  rústico denominado "El  Paraíso",  ubicado  en  el  cantón  Costa  Rica,  Sección  Tercera,  provincia  Nicolás  Suarez  del  departamento  de  Pando, interpuesto por  Edilberto Ferreira Soto representado por Oswaldo Fong Roca, en contra de los beneficiarios del mismo Farid Miguel Gonzales y Teresa Yepes de Gonzales.

La demanda fue resuelta declarándose Improbada mediante Sentencia Agroambiental  Plurinacional  S2ª  Nº  042/2018  de 03 de agosto  de  2018, resolución que quedó sin efecto como resultado del Auto de Amparo Constitucional N° 10/2018 de  fecha  27  de  noviembre  de  2018,  que  dispone  se  emita  nueva  Sentencia  en  la  cual  se  resuelva  los  fundamentos  vertidos  en  el  referido  fallo  constitucional,  observando  el  debido  proceso,  en  sus  elementos de motivación, fundamentación y congruencia.

Emitiendo el Tribunal Agroambiental, nueva Sentencia que también declara Improbada la demanda; bajo los siguientes argumentos:

1) En cuanto a la causal de error esencial, con carácter previo cita la Sentencia  Agroambiental  Nacional  S2ª  Nº  116/2016  de  21  de  octubre, que recoge el entendimiento legal de la Sentencia Nacional Agroambiental S2ª Nº 29/2013 de 30 de julio, en cuanto a que este tipo de error debe ser “a) Determinante, de forma que la falsa apreciación de la realidad sea la  que  direccione  la  toma  de  la  decisión,  que  no  habría  sido  asumida  de  no  mediar  aquella  y  b)  Reconocible,  entendida  como  la  posibilidad  abstracta  de  advertirse  el  error,  incluso  por  el  ente  administrativo”; y que tal error  esencial “… destruye  la  voluntad  del  administrador,  deberá  constatarse  a  través  de  los  elementos  que  fueron  de  su  conocimiento  e  ingresaron en el análisis previo al acto administrativo cuya nulidad se pide, por lo que no podría existir error  esencial  en  la  voluntad  del  administrador  si  el  mismo  basó  su  decisión,  ‘correctamente’,  en  los  elementos  que  cursan  en  antecedentes,  en  este  sentido,  el  administrador  habrá  dado  lugar  a  un  acto  ajustado a los hechos que le correspondió analizar y al derecho que tuvo que aplicar, es decir un acto que no es distinto al que su voluntad tenía pensado crear, modificar o extinguir…”; en consecuencia en el caso concreto, el hecho acusado de que el predio haya sido titulado a favor de  los demandados, cuando éstos ya no eran propietarios, toda vez que se había operado una transferencia a nombre del ahora demandante en  fecha  26  de  agosto  de  2003,  provocando error esencial en el  Instituto Nacional de Reforma Agraria; tal hecho debe ser considerado como un acto administrativo previo que fue de conocimiento de dicha instancia administrativa, por memorial presentado en 27  de  junio  de  2005, es decir antes  de  la emisión  del  Título  Ejecutorial,  donde  se  hizo  conocer  que dicho predio se había transferido al demandante con anterioridad, por consiguiente, este reclamo,  previo  al  acto  administrativo,  debió ser corregido  por la autoridad  administrativa  en  la  actualidad, conforme con el  artículo 267  del  D.S.  29215,  modificado  por  el  D.  S.  Nº  3467, correspondiendo rectificar el nombre de los  propietarios  del  predio  "El  Paraíso",  pero  como  un  acto  meramente  administrativo como  lo  determina la norma y no jurisdiccional como pretende el actor.

2) Sobre la causal de violación a la ley aplicable, refiere que de los antecedentes se constata que se clasificó al  predio  como "pequeña  propiedad"  de  uso  "agrícola"  en  aplicación  al  artículo 2.I  de  la  Ley  N°  1715  y artículos 238.III  y  239  de  su  Reglamento,  disponiéndose el reconocimiento vía adjudicación simple de 50.0000 ha, aplicándose correctamente  la  normativa  en  relación  a  la  reducción  o  recorte  del  número  de  hectáreas  del  predio  "El  Paraíso",  dado  que el predio, de una superficie mensurada de 577.7181 ha,  no  cumplió en su totalidad con  la  Función Económico Social como empresa ganadera por lo que se le reconoció como pequeña propiedad agrícola; asimismo, en cuanto a que el Instituto  Nacional  de  Reforma  Agraria  hubiera  cometido  un  error  al  otorgar  sólo 50 ha.,  en  lugar  de  500 ha.  del  predio  "El  Paraíso",  por  estar en el  departamento  de  Pando  (Norte  Amazónico),  refiere que no es evidente puesto que se aplicó correctamente la norma aplicable al proceso de saneamiento, no habiéndose infringido el art. 4 del D.S. N° 27572 de 17 de junio de 2004 y art.  2  del  D.S.  N°  28196  de  3  de  junio  de  2005, ya que el saneamiento se dio vía adjudicación y no así por dotación, ya que sólo en este último caso la superficie mínima es de 500 ha en el norte amazónico, pero como unidad  mínima  de  dotación por familia en favor de Comunidades Campesinas, no siendo aplicable para adjudicaciones a personas individuales como es el caso presente.

No corresponde la causal de nulidad de título ejecutorial de “violación a la ley aplicable”, cuando en el proceso de saneamiento se aplica normativa referida a la adjudicación a favor de personas particulares y no así las reglas referidas a la superficie mínima de “dotación” puesto que éstas últimas se aplican solamente a favor de comunidades campesinas.   

 

La Sentencia Agroambiental Plurinacional  S2ª N° 06/2019, de 11 de marzo, cita la Sentencia  Agroambiental  Nacional  S2ª  Nº 116/2016  de  21 de  octubre , que a su vez habría recogido el entendimiento de la Sentencia Nacional Agroambiental S2ª Nº 29/2013 de 30 de julio, en cuanto a los elementos constitutivos del “error esencial” como causal de nulidad de título ejecutorial.


En el proceso de nulidad de título ejecutorial se impugna el Título Ejecutorial N° SPP-NAL-019944, de 18 de noviembre de 2005 respecto al predio  denominado "El  Paraíso", invocándose al respecto la causal de simulación absoluta, porque se creó un acto aparente que no corresponde a la realidad, conforme al artículo 50-I-1.a) de la Ley N° 1715 y en base al artículo 50-I-2.c) de la misma norma, al haber sido otorgado dicho título en franca violación a la ley aplicable.

La demanda fue resuelta declarándose Improbada mediante Sentencia  Agroambiental  Plurinacional  S2ª  Nº  042/2018  de 03 de agosto  de  2018, resolución que quedó sin efecto como resultado del Auto de Amparo Constitucional N° 10/2018 de  fecha  27  de  noviembre  de  2018,  que  dispone  se  emita  nueva  Sentencia  en  la  cual  se  resuelva  los  fundamentos  vertidos  en  el  referido  fallo  constitucional,  observando  el  debido  proceso,  en  sus  elementos de motivación, fundamentación y congruencia.

SOBRE LAS DENUNCIAS DEL DEMANDANTE.-

Sobre  este  punto,  el  demandante  hace  un  resumen  de  todas  las  actividades  llevadas  a  cabo  en  el  proceso de Saneamiento Simple de Oficio (SAN SIM) del predio denominado antes "Monte Verde" y para  efectos  del  proceso  de  saneamiento  "El  Paraíso"  ubicado  en  el  cantón  Costa  Rica,  provincia  Nicolás Suarez del departamento de Pando y entre los actuados más importantes y de forma preliminar la  ficha  catastral  de  fs.  36  y  37  de  la  carpeta  de  saneamiento,  en  sus  acápites  identifica  como  beneficiario  del  predio  Walfrido  López  Viturino  y  Eva  Viturino  Rodríguez,  reconociendo  una  superficie  declarada  aproximada  de  750.0000  ha.,  clasificada  como  empresa  agrícola  y  como  mejoras  en  el  predio  una  superficie  de  30  has.,  de  pastizal,  teniendo  como  titular  inicial  a  Adrian  Cuellar  Araujo, beneficiado mediante sentencia de dotación emitida por el Juez Agrario del CNRA de Cobija Pando,  dentro  el  proceso  social  agrario  de  dotación  en  el  cual  otorga  750.000  has.,  clasificando  a  la  propiedad  como  agro  ganadera-gomera-castañera  y  forestal  (ver  fs.  42)  de  la  carpeta  de  saneamiento;  asimismo  se  identifica  el  formulario  de  registro  de  Función  Económico  Social  de  fs.  54  a  55  de  la  carpeta  de  saneamiento,  en  el  que  registra  como  actividad  única  ganadera  la  de  26.7551  ha.,  y  en observaciones   dicha   actividad   es   corroborada   por   los   pastizales   SIN   EMBARGO   ACLARA   TAMBIEN QUE NO TIENE GANADO BOVINO; por otro lado el Informe Técnico Jurídico ITJC N° 19-19/2002  de  27  de  febrero  de  2002  de  fecha  27  de  febrero  de  2002  cursante  a  fs.  69  a  82  de  la  carpeta  de  saneamiento,  identifica  el  predio  "El  Paraíso"  con  una  superficie  de  577.7181  ha.,  registrando la Función Económica Social como mejoras dos casas y un pastizal cuya superficie era la de  26.7551  ha.,  y  como  uso  actual  de  la  tierra  "AGRICOLA";  la  misma  información  fue  ratificada  mediante  Informe  de  Evaluación  Técnica  Jurídica  SAN-SIM/ETJ-06  N°  0022/2002  de  fecha  8  de  noviembre  de  2002  a  fs.  86  a  92,  clasificando  al  predio  como  "PEQUEÑA  PROPIEDAD"  DE  USO  "AGRÍCOLA"  en  aplicación  al  art.  2.I  de  la  Ley  N°  1715  y  238.III  y  239  de  su  Reglamento,  sugiriendo   vía   adjudicación   simple   la   superficie   de   50.0000   ha.,   en   favor   de   los   poseedores   identificados  como  Walfrido  López  Viturino  y  Eva  Viturino  Rodríguez;  sin  embargo,  de  acuerdo  a  datos  del  proceso  se  apersona  Farid  Miguel  Gonzales  y  esposa,  quienes  adjuntan  documentación  de  compra del titular inicial Adrian Cuellar Araujo y que en aplicación al art. 214 y siguientes del Decreto Reglamentario N° 25763 se procede al cambio de nombre en la Institución Administrativa, mismo que es replicado en la Resolución Final de Saneamiento (Resolución Administrativa RA-SS N° 0267/04 de 11  de  marzo  de  2004),  disponiendo  ADJUDICAR  el  predio  denominado  "El  Paraíso"  en  favor  de  Teresa  Yepes  de  Miguel  y  Farid  Miguel  Gonzales,  la  superficie  de  50.000  ha.,  clasificado  como  pequeña  propiedad  con  actividad  agrícola  de  conformidad  al  art.  166  de  la  C.P.E.,  vigente  en  su  momento,  art.  41.I.2),  66.I.1)  y  67.II.2)  de  la  Ley  N°  1715,  198,  231.II.b),  232  y  234  de  su  Reglamento,  vigente  en  esa  oportunidad  debidamente  notificado  con  dicha  Resolución  Final  de  Saneamiento en fecha 19 de mayo de 2004 que no fue impugnada por las partes en el termino de ley. Por  consiguiente  después  de  hacer  un  análisis  legal  del  proceso  de  saneamiento,  se  establece  que  el  INRA  -  Instituto  Nacional  de  Reforma  Agraria  aplico  correctamente  la  normativa  en  relación  a  la  reducción  o  recorte  del  número  de  hectáreas  del  predio  "El  Paraíso",  dado  que  no  cumplió  con  la  Función Económico Social en la medida de lo demandado”.

“SOBRE  LA  UNIDAD  MÍNIMA  DE  DOTACIÓN  A  LA  QUE  HACE  REFERENCIA  EL  DEMANDANTE.-“

(…)

“En lo que se refiere a la dotación de 500.0000 ha., como mínimo por ser pequeña propiedad ganadera en aplicación a las normas establecidas en el art. 21.a) de la Ley de Reforma Agraria (zona tropical) de 29  de  octubre  de  1953,  art.  41.I.2)  con  relación  al  art.  48  parte  in  fine  y  art.  49  de  la  Ley  N°  1715 conculcación del art. 238.III. inc. d) del D.S. N° 25763 de 5 de mayo de 2000, adicionando el D.S. N° 25848 de 18 de septiembre de 2000, ratificado por el art. 4 del D.S. N° 27572 de 17 de junio de 2004 y art.  2  del  D.S.  N°  28196  de  3  de  junio  de  2005  y  al  haber  otorgado  en  adjudicación  la  superficie  de  50.0000 ha., se habría violado el derecho a la propiedad privada reconocido por el art. 22 con relación al  art.  166  y  167  de  la  C.P.E.  de  1967  vigente  en  esa  oportunidad,  este  Tribunal  Agroambiental  concluye  que  el  predio  antes  "Monte  Verde"  y  ahora  "El  Paraíso",  inició  el  procedimiento  de  saneamiento aplicando al art. 64 y siguientes de la Ley N° 1715 que indica "Objeto.- El Saneamiento es  el  procedimiento  técnico-jurídico  transitorio  destinado  a  regularizar  y  perfeccionar  el  derecho  de  propiedad agraria y se ejecuta de oficio o a pedido de parte", asimismo indica en el art. 65 "El INRA - Instituto  Nacional  de  Reforma  Agraria,  en  coordinación  con  la  direcciones  departamentales  queda  facultado para EJECUTAR y CONCLUIR el saneamiento de la propiedad agraria en el plazo máximo de  (10)  diez  años  computables  a  partir  de  la  publicación  de  esta  ley,  sujeto  a  disposiciones  de  los  artículos siguientes" , entre sus finalidades 1) la titulación de las tierras que se encuentren cumpliendo la función económico social o la función social definidas en el art. 2° de esta Ley (Ley N° 1715) por lo menos  (2)  años  antes  de  su  publicación,  aunque  no  cuente  con  tramites  agrarios  que  los  respalden,  siempre y cuando no afecten derechos legalmente constituidos por terceros mediante procedimiento de adjudicación  o  de  dotación  según  sea  el  caso.  De  acuerdo  al  art.  41  de  la  Ley  N°  1715  clasifica  la  propiedad  en  Solar  Campesino,  Pequeña  Propiedad,  Mediana  Propiedad,  Empresa  Agropecuaria,  Tierras  Comunitarias  de  Origen  y  Propiedades  Comunarias;  el  art.  42  del  mismo  cuerpo  legal  y  art.  205  del  D.S.  N°  25763  vigente  en  esa  oportunidad  nos  ilustra  sobre  la  Modalidad  de  Distribución  de  Tierras;  Dotación  en  favor  de  Comunidades  Indígenas  y  Comunidades  Campesinas  a  título  gratuito  y  la  Adjudicación  en  favor  de  personas  individuales  a  precio  concesional  o  precio  de  mercado,  lo  que  significa una confusión por parte del demandante en lo que se refiere a la dotación y adjudicación.

La  adjudicación  dispuesta  por  Resolución  Final  de  Saneamiento  y  Titulo  Ejecutorial  emitido,  es  resultado de un proceso agrario de saneamiento estipulado en el art. 64 y siguientes de la Ley N° 1715, en  el  cual  se  ha  identificando  en  el  predio  "El  Paraíso"  con  incumplimiento  de  la  FUNCION  ECONOMICO  SOCIAL,  como  empresa  agropecuaria  por  la  superficie  identificada  en  pericias  de  campo, de uso agrícola lo que ameritó en función del art. 166 de la C.P.E., art. 41.I.2), 66.I.1, 67.II.2) de la Ley N° 1715 y 208, 231.II.b), 232 y 234 de su Reglamento vigente en esa oportunidad, (D.S. N° 25673) el recorte correspondiente y la emisión de la mencionada Resolución Final de Saneamiento y el Titulo  Ejecutorial;  en  consecuencia  no  existió  violación  a  la  ley  aplicable  en  dicho  procedimiento  administrativo que se desarrolló en etapa de campo en la gestión 2000-2001”

Dentro del proceso de Nulidad  Absoluta  de Título  Ejecutorial  N°  SPP-NAL-019944 de 18 de noviembre de 2005,  correspondiente  al  fundo  rústico denominado "El  Paraíso",  ubicado  en  el  cantón  Costa  Rica,  Sección  Tercera,  provincia  Nicolás  Suarez  del  departamento  de  Pando, interpuesto por  Edilberto Ferreira Soto representado por Oswaldo Fong Roca, en contra de los beneficiarios del mismo Farid Miguel Gonzales y Teresa Yepes de Gonzales.

La demanda fue resuelta declarándose Improbada mediante Sentencia Agroambiental  Plurinacional  S2ª  Nº  042/2018  de 03 de agosto  de  2018, resolución que quedó sin efecto como resultado del Auto de Amparo Constitucional N° 10/2018 de  fecha  27  de  noviembre  de  2018,  que  dispone  se  emita  nueva  Sentencia  en  la  cual  se  resuelva  los  fundamentos  vertidos  en  el  referido  fallo  constitucional,  observando  el  debido  proceso,  en  sus  elementos de motivación, fundamentación y congruencia.

Emitiendo el Tribunal Agroambiental, nueva Sentencia que también declara Improbada la demanda; bajo los siguientes argumentos:

1) En cuanto a la causal de error esencial, con carácter previo cita la Sentencia  Agroambiental  Nacional  S2ª  Nº  116/2016  de  21  de  octubre, que recoge el entendimiento legal de la Sentencia Nacional Agroambiental S2ª Nº 29/2013 de 30 de julio, en cuanto a que este tipo de error debe ser “a) Determinante, de forma que la falsa apreciación de la realidad sea la  que  direccione  la  toma  de  la  decisión,  que  no  habría  sido  asumida  de  no  mediar  aquella  y  b)  Reconocible,  entendida  como  la  posibilidad  abstracta  de  advertirse  el  error,  incluso  por  el  ente  administrativo”; y que tal error  esencial “… destruye  la  voluntad  del  administrador,  deberá  constatarse  a  través  de  los  elementos  que  fueron  de  su  conocimiento  e  ingresaron en el análisis previo al acto administrativo cuya nulidad se pide, por lo que no podría existir error  esencial  en  la  voluntad  del  administrador  si  el  mismo  basó  su  decisión,  ‘correctamente’,  en  los  elementos  que  cursan  en  antecedentes,  en  este  sentido,  el  administrador  habrá  dado  lugar  a  un  acto  ajustado a los hechos que le correspondió analizar y al derecho que tuvo que aplicar, es decir un acto que no es distinto al que su voluntad tenía pensado crear, modificar o extinguir…”; en consecuencia en el caso concreto, el hecho acusado de que el predio haya sido titulado a favor de  los demandados, cuando éstos ya no eran propietarios, toda vez que se había operado una transferencia a nombre del ahora demandante en  fecha  26  de  agosto  de  2003,  provocando error esencial en el  Instituto Nacional de Reforma Agraria; tal hecho debe ser considerado como un acto administrativo previo que fue de conocimiento de dicha instancia administrativa, por memorial presentado en 27  de  junio  de  2005, es decir antes  de  la emisión  del  Título  Ejecutorial,  donde  se  hizo  conocer  que dicho predio se había transferido al demandante con anterioridad, por consiguiente, este reclamo,  previo  al  acto  administrativo,  debió ser corregido  por la autoridad  administrativa  en  la  actualidad, conforme con el  artículo 267  del  D.S.  29215,  modificado  por  el  D.  S.  Nº  3467, correspondiendo rectificar el nombre de los  propietarios  del  predio  "El  Paraíso",  pero  como  un  acto  meramente  administrativo como  lo  determina la norma y no jurisdiccional como pretende el actor.

2) Sobre la causal de violación a la ley aplicable, refiere que de los antecedentes se constata que se clasificó al  predio  como "pequeña  propiedad"  de  uso  "agrícola"  en  aplicación  al  artículo 2.I  de  la  Ley  N°  1715  y artículos 238.III  y  239  de  su  Reglamento,  disponiéndose el reconocimiento vía adjudicación simple de 50.0000 ha, aplicándose correctamente  la  normativa  en  relación  a  la  reducción  o  recorte  del  número  de  hectáreas  del  predio  "El  Paraíso",  dado  que el predio, de una superficie mensurada de 577.7181 ha,  no  cumplió en su totalidad con  la  Función Económico Social como empresa ganadera por lo que se le reconoció como pequeña propiedad agrícola; asimismo, en cuanto a que el Instituto  Nacional  de  Reforma  Agraria  hubiera  cometido  un  error  al  otorgar  sólo 50 ha.,  en  lugar  de  500 ha.  del  predio  "El  Paraíso",  por  estar en el  departamento  de  Pando  (Norte  Amazónico),  refiere que no es evidente puesto que se aplicó correctamente la norma aplicable al proceso de saneamiento, no habiéndose infringido el art. 4 del D.S. N° 27572 de 17 de junio de 2004 y art.  2  del  D.S.  N°  28196  de  3  de  junio  de  2005, ya que el saneamiento se dio vía adjudicación y no así por dotación, ya que sólo en este último caso la superficie mínima es de 500 ha en el norte amazónico, pero como unidad  mínima  de  dotación por familia en favor de Comunidades Campesinas, no siendo aplicable para adjudicaciones a personas individuales como es el caso presente.

No corresponde la causal de nulidad de título ejecutorial de “violación a la ley aplicable”, cuando en el proceso de saneamiento se aplica normativa referida a la adjudicación a favor de personas particulares y no así las reglas referidas a la superficie mínima de “dotación” puesto que éstas últimas se aplican solamente a favor de comunidades campesinas.   

 

La Sentencia Agroambiental Plurinacional  S2ª N° 06/2019, de 11 de marzo, cita la Sentencia  Agroambiental  Nacional  S2ª  Nº 116/2016  de  21 de  octubre , que a su vez habría recogido el entendimiento de la Sentencia Nacional Agroambiental S2ª Nº 29/2013 de 30 de julio, en cuanto a los elementos constitutivos del “error esencial” como causal de nulidad de título ejecutorial.