SAN-S2-0029-2021

Fecha de resolución: 11-06-2021
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Ficha 1 Jurisprudencia agroambiental precedencial -> Sistematizadora



Interpone demanda Contencioso Administrativa contra el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia y Ministro de Desarrollo Rural y Tierras, impugnando la Resolución Suprema N° 06116 de 07 de septiembre de 2011, emitida a la conclusión del Proceso de Saneamiento del Polígono N° 104, correspondiente a los predios Santa Clara de Cambary, Comunidad Campesina Cambary, Cambary Empanadas, Lazcano I, Lazcano II y Tierras Fiscales, ubicados en el cantón Tariquía, sección Primera, provincia Arce del departamento de Tarija; solicitando se declare Probada la demanda y nula la Resolución Suprema impugnada, disponiendo la anulación del Proceso de Saneamiento hasta el Relevamiento de Información en Gabinete y Campo, con los siguientes argumentos:

Efectuando una relación de los actuados de saneamiento, cuestiona que se habría omitido adjuntar a los obrados el antecedente agrario expediente N° 35647; que en la encuesta catastral sólo suscribe un solo beneficiario sin que curse una carta de representación de los demás beneficiarios; que existen contradicciones entre los formularios de verificación en Campo respecto al registro de una vivienda y actividad de pastoreo sin que se registre ganado; que las actas de conformidad de linderos suscritas por miembros de la comunidad Motovi, no serían los que inicialmente fueron designados; que pese a existir conflictos de sobreposición entre predios Santa Clara de Cambary y Comunidad Campesina Cambary no cursaría el cumplimiento del mandato que tiene el INRA de intentar una conciliación; que la personalidad jurídica de la Comunidad Campesina Cambary fue emitida de manera posterior a las pericias de campo; que  no cursarían en antecedentes la realización del Relevamiento de Información en Gabinete y Campaña Pública; que el Informe de Adecuación al nuevo reglamento agrario habría dejado puntos pendientes, no existiendo el Informe de Cierre; que contrariamente a lo que señala la Resolución Suprema ahora impugnada, no cursarían en antecedentes la realización del Informe de Relevamiento en Gabinete, Informe de Cierre ni la socialización del mismo; por lo que considera el actor que se transgrediría el debido proceso, la accesibilidad a la información, habiéndosele notificado con una fotocopia simple de la Resolución Suprema a impugnar, en contra del debido proceso, la seguridad jurídica y el derecho a la defensa.

Cursa la contestación del entonces Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, quien, a través de su representante, contestó y solicitó se declare improbada la demanda, manteniendo firme y subsistente la Resolución Suprema confutada, con los siguientes fundamentos:

Realizando mención a los actuados de saneamiento, sostiene que al haberse presentado a las Pericias de Campo, solamente un copropietario sin carta de representación firmada y refrendada por los tres beneficiarios restantes, los datos levantados no están afectados de invalidez al ser recogidos de la verificación directa y corroborarse por una persona con interés legítimo dentro de la sustanciación del Proceso de Saneamiento; en cuanto a los formularios de verificación en campo, refiere que se registró una casa como única mejora sin registro de carga animal; en cuanto a la suscripción de las actas de conformidad de linderos de los miembros de la Comunidad Motovi, manifiesta que los mismos fueron acreditados debidamente no registrándose conflicto o sobreposición con el predio en cuestión; que no sería evidente que el INRA no promovió la conciliación ya que cursa tal actuado, sin embargo al ser voluntaria no se llegó a ningún acuerdo satisfactorio aspecto no atribuible a la administración; que si bien se procedió con la adecuación del procedimiento, no correspondía retrotraer etapas en aplicación del art. 272 del D.S. Nº 29215, habiéndose ejecutado las Pericias de Campo en su oportunidad.

El Ministro de Desarrollo Rural y Tierras, a través de sus representantes, respondió a la demanda contenciosa administrativa, solicitando se la declare improbada y se mantenga subsistente la Resolución Suprema cuestionada, sosteniendo que:

Las supuestas falencias no fueron cuestionadas por los recursos franqueados por ley, habiéndose

operado la preclusión de las etapas convalidándose los actos llevados en sede administrativa; que se establece en actuados la existencia del expediente agrario N° 35647; en cuanto al Informe de Relevamiento de Información en Gabinete e Informe de Cierre, cursarían en los actuados informes y certificación que dan por bien hechas estas actividades extrañadas.

Consta que, en calidad de Terceros Interesados, se notificó al representante de la OTB Comunidad Cambary, al representante legal del SERNAP, y a los herederos de uno de los copropietarios del predio en cuestión, sin embargo, no habrían respondido a la demanda.

“(…)si bien es cierto que la Ficha Catastral fue firmada solamente por José Otto Arnold sin carta de representación ni poder notarial conferido por los restantes beneficiarios, esa circunstancia no invalida la Encuesta Catastral, porque quienes estaban facultados para extender los documentos extrañados eran los otros beneficiarios incluido el demandante -no siendo atribución de los servidores asignados al trabajo de campo la extensión de los mismos-; sin embargo, no lo hicieron, así como tampoco se presentaron en las Pericias de Campo (excepto Pablo Edmundo Arnold Leytón, que firmó actas de conformidad de linderos y participó en el levantamiento y referenciación de vértices), pese a que la Resolución Instructoria SAN SIM DE OFICIO POLIGONO N° 4 Sub. Pol. 4.1 cursante de fs. 77 a 79 de la carpeta predial, intimó a propietarios, subadquirentes y poseedores, a apersonarse al Proceso de Saneamiento

(…) no es evidente lo alegado por el demandante sobre la existencia de contradicción en los datos recolectados en los formularios de Verificación de la Función Económica Social cursante a fs. 334 y de Registro de Mejoras de fs. 335, porque si bien en el primero no se apuntó el área de vivienda, -tener en cuenta que el subtítulo de la sección alude a la "actividad de la propiedad"- registrando como actividad el pastoreo pero sin existencia de ganado alguno, no solamente el segundo registró de manera clara y precisa la mejora consistente en una casa de adobe y calamina con una superficie de 0.0064 ha, sino también la Ficha Catastral que en la sección de Infraestructura consignó una casa, dato que además no ha sido contradicho por los documentos y actuados posteriores del Proceso de Saneamiento

(…) la observación del demandante resulta ser meramente formal e intrascendente, en merito a que en la demanda no ha reclamado algún avance o sobreposición con la "Comunidad Motovi", por lo que más allá de que hubiesen sido firmadas por unos u otros delegados, la colindancia fue definida válidamente entre los titulares de los predios colindantes

(…) en estos documentos (actas de conformidad de linderos y formularios de referenciación de vértices) se evidencia la presencia de los beneficiarios apersonados del predio "Santa Clara de Cambary" y los representantes de la "Comunidad Cambary", constatándose que el INRA registró datos del conflicto, no siendo de su responsabilidad que las partes no hayan logrado encontrar una solución llegando a un acuerdo conciliatorio

(…) Ahora, el Informe de Adecuación al dejar subsistentes las etapas cumplidas y aprobadas no podía considerar la aplicación del procedimiento establecido en el art. 272 de la precitada norma reglamentaria; es decir, no correspondía retrotraer etapas y levantar nuevos formularios y registrar datos sobre el conflicto o sobreposición entre la propiedad "Santa Clara de Cambary" y la "Comunidad Cambary, cuando el tratamiento y gestión del mismo fue realizado en la etapa cumplida del Relevamiento de Información en Campo, ejecutado en vigencia del D.S. 25763 vigente en su oportunidad

(…) corresponde señalar que la Ficha Catastral lleva un sello del "Sindicato Agrario de Cambary" y el representante de la organización, datos que igualmente contienen la Declaración Jurada de Posesión Pacífica del Predio, de modo que más allá de que el documento de la personalidad jurídica se presentará o no en la Encuesta Catastral, la organización sindical comunal si existía, estando prevista su intervención en los procesos agrarios por el art. 376 del D.S. Nº 25763 que reconocía y garantizaba la personalidad jurídica de las comunidades campesinas, facultándolas a adquirir derechos y contraer obligaciones en todo el territorio nacional, con arreglo a las disposiciones vigentes; además que su posesión legal al margen de cualquier formalidad fue verificada en campo conforme los datos registrados en los respectivos formularios

(…) cursan antecedentes del Proceso Social Agrario de Consolidación del expediente mencionado sobre el predio "Santa Clara de Cambary" a nombre de Guillermo Arnold Nusser, y por otro, que el precitado Informe de ETJ además de realizar la valoración, deja constancia que de acuerdo al Informe ABD 0577/07 de 30 de julio de 2007, emitido por la Unidad de Archivo y Base de Datos de la Dirección Departamental del INRA, se establece la existencia del expediente agrario N° 35647

(…) Asimismo, no es evidente que no se hubieran realizado las etapas de Relevamiento de Información en Gabinete y Campaña Pública; en efecto, en el trabajo de gabinete realizado en aplicación del art. 171 del D.S. N° 25763 vigente en su oportunidad se identificó y adjuntó a la carpeta predial los antecedentes del Proceso de Consolidación del expediente N° 35647, existentes en archivos y valorados en Informe de Evaluación Técnico Jurídica RNFFT US. T.J. N° 298/2007 de 01 de agosto. Asimismo, conforme al art. 172 del precitado Reglamento la Campaña Pública fue desarrollada con la difusión de la Resolución Instructoria SAN SIM DE OFICIO POLIGONO N° 4. Sub. Pol. 4.1. RNFF TARIQUÍA de 20 de septiembre de 2004, publicada tal como se acredita a fs. 84 de la carpeta predial, con los datos requeridos por el parágrafo I de la indicada norma, estando acreditado que se garantizó la libre participación de las organizaciones sociales existentes en el área…”

Se declara IMPROBADA la demanda contenciosa administrativa; manteniéndose en consecuencia firme y subsistente la Resolución Suprema N° 06116 de 07 de septiembre de 2011, emitida a la conclusión del Proceso de Saneamiento del Polígono N° 104, correspondiente a los predios Santa Clara de Cambary, Comunidad campesina Cambary, Cambary Empanadas, Lazcano I, Lazcano II y Tierras Fiscales, ubicados en el cantón Tariquía, sección Primera, provincia Arce del departamento de Tarija; con los siguientes argumentos:

Que no resulta evidente un irregular levantamiento de datos en las Pericias de Campo la interior de los predios "Santa Clara de Cambary" y "Comunidad Cambary", ya que se registraron debidamente los datos obtenidos en las Pericias de Campo sin vulnerar los derechos de los administrados, habiendo el INRA instado a la conciliación cuando correspondía, sin embargo el que se llegue a un acuerdo depende de los interesados y no de la entidad administrativa; que el Sindicato Agrario Cambary demostró su posesión aun cuando no haya sido presentada su personalidad jurídica en la encuesta catastral; que no es cierto que no cursen los antecedentes del Proceso Social Agrario de Consolidación  N° 35647, sobre el predio "Santa Clara de Cambary" y que el mismo fue valorado en el Informe de ETJ correspondiente; que se efectuó un correcto procedimiento de adecuación de los actuados al nuevo reglamento agrario aprobado por D.S. N° 29215, convalidando actos cumplidos; y que cursan todos los actuados a que hace referencia la Resolución Suprema impugnada; en tal sentido, concluye que los puntos demandados no tienen ningún asidero legal, porque en el saneamiento que concluyó con la Resolución Suprema N° 06116, no se desconocieron las normas agroambientales ni se afectó derechos fundamentales.

Cuando el demandante no demuestre mediante ningún medio legal que se desconocieron las normas agroambientales, ni se afectó derechos fundamentales, se tendrá por improbada la demanda.