SAN-S1-0049-2021

Fecha de resolución: 22-10-2021
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Ficha 1 Jurisprudencia agroambiental precedencial -> Sistematizadora



Demanda Contenciosa Administrativa, contra el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia y Ministro de Desarrollo Rural y Tierras, impugnando la Resolución Suprema 16201 de 31 de agosto de 2015, emitida dentro del proceso de saneamiento simple de oficio (SAN-SIM)) respecto al polígono N° 530, correspondiente a los predios Cerámica “San Luis S.R.L.”, “El Churo” y “El Arroyo” ubicados en el municipio de Tarija, con el siguiente argumento:

 

El Informe Técnico Legal DGS-JRV-TJA N°47/2015 de 19 de enero al haber sugerido la ilegalidad de la posesión por el presunto fraude en la verificación de la Función Social (FS) sin embargo debió aplicarse el artículo 266 parágrafo IV inc. c), para realizar el control de calidad toda vez que se habría evidenciado el cumplimiento de la FS con movimiento de tierras verificando que parte del predio se prepara para cultivo aplanándolo, aspectos incluidos en el Informe en conclusiones que señala también que el predio se encuentra en descanso no evidenciándose actividad agrícola, hecho que habría determinado la indicada ilegalidad por cuanto existiría falta de fundamentos al existir aspectos controvertidos.

Bajo estos argumentos pide declarar probada la demanda y nula la resolución recurrida.

El demandado Presidente Del Estado Plurinacional De Bolivia responde negativamente a la demanda señalando que el predio “El Churo” por el informe en conclusiones se habría determinado que se clasifique como pequeña ganadera en favor del demandado, sin embargo, de la revisión de obrados no se evidencia el desarrollo de ninguna actividad agrícola ni vivienda o residencia, por lo que se determinó declarar de ilegal la posesión del beneficiario del predio.   

El codemandado Ministro de Desarrollo Rural y Tierras, a través de sus apoderados, responde a la demanda con argumentos similares al demandado, que al no evidenciarse desarrollo de actividad agrícola alguna o Función Social o Económica Social, no corresponde otorgar ningún derecho; el INRA dio cumplimiento a los datos proporcionados por la encuesta catastral y los resultados del Informe Técnico Legal DGS-JRV-TJA N° 047/2015 de 19 de enero de 2015 máxime cuando la parte actora participo de forma activa del proceso por lo que no podría alegar vulneración a sus derechos del demandante.

F.J.III.4. Incongruencia entre lo que se levantó en la Ficha Catastral, el Informe de campo, Ficha FS, Evaluación Técnico Jurídica en los que se reconoce a favor del actor la posesión y derecho propietario y en la Resolución ahora impugnada se le despoja de todo, sin fundamentación valedera (…) si bien, durante el trabajo de Relevamiento de Información en Campo se identificaron ciertas mejoras que fueron registradas en la Ficha Catastral, conforme se tiene glosado en punto I.5.2. de la presente sentencia y, en el Informe en Conclusiones de 2 de septiembre de 2013 glosado en el punto I.5.5., en el que con base a lo que supuestamente habría sido verificado en campo: "(...) el terreno se encontraría en descanso con actividad agrícola" (lo cual no resulta cierto por cuanto de la Ficha Catastral no se identifica actividad agrícola alguna), se determina reconocer la totalidad de la superficie mensurada en favor del ahora demandante; empero, en el Informe Técnico Legal DGS-JRV-TJA N° 47/2015 de 19 de enero de 2015 citado en el punto I.5.9. de la presente sentencia, al haberse suscitado denuncias sobre presunto fraude en la acreditación de la FES y FS, efectuando el control de calidad del proceso, con base a lo dispuesto en el art. 266 del D.S. N° 29215 y concluyendo que el fundamento para haberse reconocido en favor de ahora actor en el Informe en Conclusiones no se encontraba ajustado a la realidad, por cuanto en la Ficha Catastral sólo se había evidenciado que una parte del predio estaba preparada para cultivo, pero nunca se habría verificado que el predio se encontraba en descanso, no evidenciándose en este sentido el desarrollo de actividad agrícola alguna, se concluyó que correspondía corregir los errores y omisiones del Informe en Conclusiones, sugiriéndose en este sentido, el no reconocimiento de derecho alguno en favor del ahora actor y declarar Tierra Fiscal el total de la superficie mensurada que asciende a 9.5898 ha, informe que a la postre, sirvió de sustento a la resolución ahora confutada; teniéndose en este sentido que no resulta evidente la incongruencia que plantea la parte actora, puesto que el cambio diametral de lo sugerido en el Informe en Conclusiones, tuvo sustento en el Informe Técnico Legal DGS-JRV-TJA N° 47/2015 de 19 de enero de 2015 y que luego fue acogido en la resolución impugnada, la misma que guarda absoluta concordancia TRIBUNAL AGROAMBIENTAL 14 entre la parte considerativa y resolutiva, al recoger como fundamento los informes que cita en orden cronológico, teniéndose por tanto que la acusación de incongruencia, conforme plantea la parte actora, no tiene asidero legal ni fáctico.”

(…)

F.J.III.10. Se omitió considerar aspectos fundamentales sobre el presunto fraude en la verificación de la FES o FS y dejar sin efecto las actividades ejecutadas dentro el relevamiento de las pericias de campo e incumplimiento del art. 266 del D.S. N° 29215, en cuanto a que el Informe Técnico Legal no observa el parágrafo IV del art. 266 del D.S. N° 29215, en relación al punto IX conclusiones acápite 1 (…)la única mejora que fue identificada corresponde a una superficie parcial del terreno aplanada para una posible futura actividad de cultivo, información que, en el Informe en Conclusiones, sirvió, junto a los antecedentes de derecho propietario, para establecer el cumplimiento de la Función Social y la legalidad de la antigüedad de la posesión del ahora demandante, sugiriéndose la emisión de resolución que reconozca la totalidad de la superficie mensurada en campo que asciende a 9.5898 ha, en favor del ahora demandante; empero dichas sugerencias, en revisión por la Dirección Nacional del INRA, con las facultades establecidas por el art. 266 del D.S. N° 29215 glosado en el punto FJ.II.4. de la presente sentencia, fueron descartadas en el Informe Técnico Legal DGS-JRV-TJA N° 47/2015 de 19 de enero de 2015 (punto I.5.9.) considerando que, el Informe en Conclusiones en una interpretación errónea de lo verificado en campo a través de la Ficha Catastral, se habría llegado a la conclusión de que "el predio se encuentra en descanso" y que por el contrario, de la revisión de obrados no se habría identificado el desarrollo de ninguna actividad agrícola, no cursando fotografías ni constancia alguna que antes se haya sembrado algo en el predio, determinándose de este modo la concurrencia de error en el que habría ingresado el Informe en Conclusiones ya que clasifica al predio como si se desarrollara sobre el mismo actividad agrícola, sin embargo, al no haberse constatado tales extremos ni el desarrollo de alguna otra actividad productiva, se concluyó que correspondía sugerir declarar la ilegalidad de la posesión sobre el predio, sugiriéndose en este sentido efectuar la correspondiente corrección del Informe en Conclusiones, sugerencias que sirvieron de base para la emisión de la resolución ahora confutada, en la que efectivamente se declaró la ilegalidad de la posesión del ahora demandante sobre el predio "El Churo". (…)

(…) esta instancia jurisdiccional ya se pronunció resolviendo la demanda a través de la Sentencia Agroambiental Plurinacional S1ª N° 75/2019 de 28 de junio de 2019, cursante de fs. 541 a 551 y vta. de obrados, en la que con relación al incumplimiento del art. 266.IV del D.S. N° 29215 estableció que en el Informe Técnico Legal DGS-JRV-TJA N° 47/2015 de 19 de enero de 2015, la autoridad administrativa sugirió corregir errores y omisiones del Informe en Conclusiones Nº 294/2013 de 12 de septiembre de 2013, lo cual cumpliría lo dispuesto por el art. 266.IV.c) (…)por cuanto al haberse interpuesto acción de amparo contra la citada Sentencia Agroambiental Plurinacional S1ª N° 75/2019 de 28 de junio de 2019, si bien la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia del Distrito de Tarija, denegó la tutela mediante Resolución 01/2020 de 15 de enero, sin embargo, la indicada resolución en revisión por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), fue revocada mediante la Sentencia Constitucional Plurinacional 0627/2020-S2 de 9 de noviembre de 2020, en la que el criterio fue que ante la imputación de fraude que pesaba sobre el saneamiento del predio en cuestión, correspondía la aplicación del primer presupuesto del art. 266.IV del D.S. N° 29215 referido a la anulación de actuados de saneamiento por irregularidades, graves faltas o errores de fondo, nulidad que si bien es una sanción extrema, en criterio del TCP, esta se encuentra reglada y permitiría asumir defensa del fraude acusado, refiriendo además que, si bien las autoridades demandadas habían llegado a la conclusión de que el Informe de Control de Calidad no recomendó anular el Informe en Conclusiones sino más bien corregir el Informe en Conclusiones, empero el TCP consideró que al no haberse realizado una interpretación adecuada del art. 266.IV del DS 29215, fue necesario que el Informe Técnico Legal DGS-JRV-TJA 047/2015 sea analizado en su contenido y conclusiones de acuerdo a la interpretación realizada en la SCP 0230/2017-S3, correspondiente a la acción de amparo constitucional interpuesta por Cerámica San Luis S.R.L. cuyo fundamento sobre el particular estableció que el citado art. 266.IV otorga a la autoridades administrativas cuatro opciones frente al proceso de control de calidad supervisión y seguimiento, planteando entre estas, una o varias alternativas, pero no se debe entender que la frase "podrá disponer" da opción a que pueda determinarse algo fuera de las alternativas de los incisos a), b), c) y d) del citado artículo, entendiendo en este sentido que al haber asumido las autoridades demandadas que dicha norma puede ser comprendida como una facultad reglada de discrecionalidad fuera de los supuestos de los incisos del referido artículo, se habría generado una incorrecta interpretación que no se hallaría justificada de manera alguna ni siquiera en una interpretación literal que se habría pretendido desplegar a momento de resaltarse la frase "podrá disponer". Por otro lado, en análisis del referido fallo constitucional SCP 0627/2020-S2 de 9 de noviembre de 2020, estableció que al haberse mencionado en el Informe Técnico Legal DGSJRV-TJA 047/2015 la imputación de fraude que pesaba sobre el predio, correspondió a la autoridad administrativa aplicar los presupuestos contenidos en el art. 160 del D.S. N° 29215, concernientes al deber de realizarse por el ente administrativo, una investigación de oficio recurriendo a información anterior, actual o posterior al relevamiento de información de campo e inspección directa en el predio (incs. a) y b) del citado art. 160), a efecto de establecerse el verdadero cumplimiento de la FS o FES y disponiendo, en caso de comprobarse el fraude, la nulidad; aspecto que también fue objeto de pronunciamiento en la SCP 0230/2017-S3, en sentido de que las autoridades del Tribunal Agroambiental, no tomaron en cuenta a momento de emitir la SAP S1ª N° 75/2019 de 28 de junio de 2019.”

a Sentencia Agroambiental S1a Nº 049/2021 de 22 de octubre de 2021 fue emitida como producto de la acción de Amparo Constitucional ante el Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, emitiéndose en la Sala Constitucional Segunda la SCP N° 0627/2020 de 20 de febrero de 2021 declarando improbada la demanda, dicho fallo fue objeto de amparo constitucional, resuelto por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal de Justicia del Distrito de Tarija la cual denegó la tutela mediante Resolución 01/2020 de 15 de enero y en revisión del Tribunal Constitucional Plurinacional SCP N° 0672/2020-S2 de 9 de noviembre de 2020 considera que debió aplicarse lo dispuesto por el artículo 160 del D.S. 29215 referido a realizar una investigación de oficio. 

 

Declara PROBADA la demanda contenciosa administrativa, disponiéndose la NULIDAD de la Resolución Suprema N° 16201 de 31 de agosto de 2015, respecto al polígono N° 530, solo con relación al predio “El Churo” del municipio de Tarija provincia Cercado del departamento de Tarija; dispone también la nulidad de obrados del proceso de saneamiento hasta el  Informe Técnico Legal DGS-JRV-TJA N° 047/2015 de 19 de enero de 2015, debiendo la autoridad administrativa subsanar las irregularidades en las que incurrió, imprimiendo el trámite correspondiente a la denuncia de fraude en la antigüedad de la posesión y el incumplimiento de la FS o FES del predio el “Churo” y emitir una resolución con la debida fundamentación, motivación y congruencia considerando los entendimientos de la presente sentencia y los alcances de la SCP 0627/2020 de 9 de noviembre de 2020, con los siguientes argumentos:

1. Que del Informe en Conclusiones habría ingresado en una errónea interpretación toda vez que clasifica al predio como si se desarrollara en la misma, actividad agrícola y de lo verificado en campo a través de la Ficha Catastral se habría concluido que el predio se encuentra en descanso y al no haberse constatado tales extremos se sugirió efectuar la correspondiente corrección en el informe en conclusiones y declarar la ilegalidad de la posesión del beneficiario;

2. El Tribunal Constitucional consideró que al no haberse realizado una interpretación adecuada y correcta aplicación del artículo 266.IV del DS 29215 para la imputación de fraude del cumplimiento de la Función Social sancionado con la nulidad de actuados por irregularidades, graves faltas o errores de fondo, nulidad considerada como sanción extrema que a criterio del TCP no se le permitió asumir defensa al acusado de fraude.

 

Ante la denuncia de fraude en el cumplimiento de la Función Social o Económico Social, corresponde a la autoridad administrativa aplicar los presupuestos contenidos en el art. 160 del D.S. N° 29215, concernientes al deber de realizar una investigación de oficio recurriendo a información anterior, actual o posterior al relevamiento de información de campo e inspección directa en el predio.