SAN-S1-0023-2021

Fecha de resolución: 11-06-2021
Ver resolución Imprimir ficha

Ficha 1 Jurisprudencia agroambiental precedencial -> Sistematizadora



Interpone demanda Contenciosa Administrativa, en contra Director a.i del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), impugnando la Resolución Administrativa RA-SS No. 0521/2009 de 29 de abril de 2009, emitida dentro del proceso de Saneamiento Simple de Oficio del polígono N° 120 correspondiente a los predios Comunidad Campesina "Antofagasta", "Área Poblacional Comunidad Campesina Antofagasta" y Comunidad "Virgen de Cotoca", ubicados en la provincia Guarayos, Sección Tercera del departamento de Santa cruz, bajo el siguiente argumento:

 

Los demandantes acusando una serie de irregularidades en el proceso de saneamiento de sus predios, señalan que se habría demostrado por la documentación aportada la antigüedad de la Posesión y el cumplimiento de la Función Social; sin embargo, no habrían sido considerados por la entidad administrativa, que sólo se limitó a señalar que no se demostró en los predios, mejora alguna en base a las imágenes satelitales, siendo que esta prueba no es idónea para establecer la existencia o no de actividad humana en las comunidades y mucho menos para verificar el cumplimiento de la Función Social, contraviniendo el principio de verdad material vulnerando el derecho a la defensa de los administrados; en este sentido, solicitan se declare probada la demanda interpuesta y se deje sin efecto la Resolución Administrativa RA-SS No. 0521/2009 de 29 de abril de 2009.

 

La Autoridad demandada Director Nacional a.i. del INRA, a través de sus apoderados, contesta negativamente desvirtuando cada uno de los argumentos los demandantes y solicita se declare improbada la demanda contencioso administrativa, manteniendo firme y subsistente la Resolución Administrativa RASS N° 0521/2009 de 29 de abril de 2009.

“(…) efectivamente no realizó una debida ponderación o consideración de los medios de prueba aportados al proceso de saneamiento, individualizando cada una de ellas, para luego efectuar una apreciación en conjunto tomando en cuenta la realidad cultural en la cual se han generado las mismas, inobservando el art. 165 del DS N° 2915, que a la letra reza: "Las Tierras Comunitarias de Origen y Comunidades Indígenas, de conformidad con el Convenio 169 de la OIT, cumplen con la Función Social con el uso y aprovechamiento de sus territorios que cubre la totalidad del habitad de las regiones que ocupan, de acuerdo a sus usos y costumbres o utilizan de alguna manera en la satisfacción de sus necesidades económicas, sociales, culturales y espirituales del pueblo indígena u originario"; es decir que el ente administrativo se avocó únicamente a describir o mencionar los medios de prueba señalados supra y centró su valoración en el Análisis Multitemporal de 01 de mayo de 1996, en el Informe en Conclusiones, para considerar a las comunidades ahora demandantes como poseedores ilegales y sin mejora alguna dentro de la superficie del polígono No 120, siendo que éste se constituye sólo en un medio de prueba complementario, pero sin fundamentar y motivar cómo éste medio de prueba complementario de Análisis Multitemporal enervaría o desvirtuaría los otros medios probatorios presentados por la parte actora a nivel intercultural consistentes en la Personalidad Jurídica (…) verificándose que la entidad administrativa se limitó sólo a describir dichas literales, sin establecer de manera fundada y congruente, porque las mismas no deberían considerarse como pruebas para acreditar la posesión legal y el cumplimiento de la Función Social; aspecto que fue extrañado por la SCP 0811/2019-S3 de 15 de noviembre de 2019, la cual señala que si bien se consideró como un aspecto relevante el medio de prueba complementario de imágenes satelitales; empero, no se tiene descrito en la resolución cuestionada elementos de convicción que denoten que los demás documentos presentados a nivel intercultural y como personas vulnerables hayan merecido pronunciamiento alguno, observando que las autoridades accionadas sólo se habrían limitado a declarar improbada la demanda contencioso administrativa, valorando superficialmente la labor realizada por el INRA que desestimó la existencia de la posesión anterior a la vigencia de la Ley N° 1715 de 18 de octubre de 1996 de las comunidades ahora demandantes, sin que se haya hecho un análisis integral de cada elemento probatorio antes descrito. (…) si bien estos dos elementos (posesión legal y cumplimiento de la Función Social), no pueden ser analizados de manera aislada, conforme se tiene de la Sentencia Agroambiental Nacional S1a N° 0073/2016 de 23 de agosto de 2016, el cual establece que necesariamente deben concurrir ambos elementos de manera simultánea; empero, en el caso de autos, conforme se dijo precedentemente, la entidad administrativa no valoró debidamente estos dos institutos jurídicos a efectos de verificar el cumplimiento de la finalidad establecida en el art. 66.1.1, de la Ley N° 1715, modificada por la Ley N° 3545 que prevé la titulación de las tierras por dotación o adjudicación a los predios que se encuentren cumpliendo la Función Social o Función Económica Social, desde antes de la vigencia de la Ley N° 1715 de 18 de octubre de 1996, el cual concuerda con lo previsto en la Disposición Transitoria Octava de la Ley N° 3545, que establece, las superficies que se consideren con posesión legal en saneamiento, serán aquellas que siendo anteriores a la vigencia de la Ley N° 1715 de 18 de octubre de 1996, cumplan efectivamente con la función social o la función económico social, según corresponda, de manera pacífica, continuada y sin afectar derechos legalmente adquiridos o reconocidos; norma que también concuerda con lo dispuesto en el art. 198 del DS N° 25763 vigente en esa oportunidad, que establecía; "Que se considera con posesión legal a aquellos predios que cumplen con la Función Social o Económica Social, incluyendo las ejercidas en áreas protegidas por pueblos o comunidades indígenas, campesinas y originarias, amparadas en norma expresa que cumplan con las normas de uso y conservación del área protegida", el cual contrasta con lo previsto en el art. 309.II del DS N° 29215, lo que amerita la nulidad de la Resolución Final de Saneamiento impugnada, debido a que los documentos presentados por las comunidades ahora demandantes a nivel intercultural, no pueden ser considerados como pruebas que únicamente demostrarían la formalización de su auto identificación como comunidad campesina, sino que dichas literales también merecen ser valoradas a efectos de determinar la posesión y el cumplimento de la Función Social desde antes de la vigencia de la Ley N° 1715 de 18 de octubre de 1996, lo contrario significaría vulnerar el derecho al debido proceso, a la defensa y los principios de legalidad, seguridad jurídica y verdad material previsto en los arts. 115.II, 178.I y 180.I de la CPE".

Declara PROBADA la demanda contenciosa administrativa interpuesta por la "OTB Comunidad Campesina "Antofagasta" y la "Comunidad Virgen de Cotoca", declarando NULA la Resolución Administrativa RA-SS N° 0521/2009 de 29 de abril de 2009, emitida dentro del proceso de Saneamiento Simple de Oficio, debiendo el INRA efectuar un nuevo Informe en Conclusiones, o en su caso considerar de ser necesario a efectos de verificar la legalidad de la posesión y el cumplimiento de la Función Social de los citados predios, realizando la verificación en campo como producto del control de calidad en aplicación del art. 266 del DS N° 29215, bajo el siguiente argumento:

 

Resulta ser evidente que el Instituto Nacional de Reforma Agraria no realizó una debida ponderación o consideración a los medios de prueba interculturales aportados, sin establecer por qué las mismas no deberían considerarse, así como tampoco tomó en cuenta su realidad cultural, por el contrario se desestimó la existencia de la posesión anterior a la vigencia de la Ley N° 1715 de 18 de octubre de 1996 inobservando el artículo 165 del DS N°2915 que señala: "Las Tierras Comunitarias de Origen y Comunidades Indígenas, de conformidad con el Convenio 169 de la OIT, cumplen con la Función Social con el uso y aprovechamiento de sus territorios que cubre la totalidad del habitad de las regiones que ocupan, de acuerdo a sus usos y costumbres o utilizan de alguna manera en la satisfacción de sus necesidades económicas, sociales, culturales y espirituales del pueblo indígena u originario”.

Los medios de prueba que demuestren la realidad cultural de las comunidades serán tomadas en cuenta previa su valoración y realidad intercultural de usos y costumbres en el lugar de sus territorios para establecer su identidad cultural vinculado a la Función Social.