AAP-S1-0016-2019

Fecha de resolución: 27-03-2019
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Ficha 1 Jurisprudencia agroambiental precedencial reiteradora -> Confirmadora




Dentro de la demanda de Acción reivindicatoria, en grado de casación la parte demandante, impugnó la Sentencia No. 07/2018 de 05 de diciembre de 2018, emitida por el Juez Agroambiental de Ivirgarzama, que declara Improbada la demanda, acusando lo siguiente:

1.- La violación y aplicación indebida del art. 213 – II de la L. N° 439, toda vez que la Sentencia recurrida no habría valorado los medios probatorios ofrecidos y producidos por su parte, ni señalaría que hechos no habrían sido probados, limitándose a reproducir sólo la prueba de la parte demandada, sin contraponerla o compulsarla con la prueba propuesta y producida por su persona.

2.- Error de hecho en la apreciación de la prueba, toda vez que el Juez A quo no habría considerado la prueba cursante de fs. 6 a 29 de obrados aportada por su persona, prueba que acreditaría la regularización de su derecho propietario a través del Saneamiento Interno con la consiguiente emisión del Título Ejecutorial respectivo, vulnerando así lo previsto por el art. 271-I de la L. Nº 439.

Corrido en traslado el recurso, el mismo es contestado por la parte demandada-recurrida, que indica:

1 y 2.- Que el Juez valoró toda la orueba aportada por las partes de manera congruente con los hechos, basándose en el cumplimiento de la función social comprobado en el lugar, dando preminencia a la Constitución Política del Estado frente a la normativa en lo que respecta a la función social, contando la demandante únicamente con título ejecutorial, empero nunca habría estado en posesión y tampoco hubiese habido eyección. Solicita se declare la improcedencia del recurso o en su caso infundado el mismo, con costas.

2.- Respecto al error de hecho en la apreciación de la prueba, toda vez que el Juez A quo no habría considerado la prueba cursante de fs. 6 a 29 de obrados aportada por su persona.

“… respecto de la existencia de errores de hecho en la apreciación de la prueba por parte del Juez de instancia, quien emitió la Sentencia N° 07/2018 de 05 de diciembre de 2018, cursante de fs. 170 vta. a 174 de obrados, declarando improbada la demanda y en la cual sólo se habría valorado el Título Ejecutorial N° PPD-NAL-155201 de 27 de marzo de 2013, a efecto de determinar el derecho de propiedad de la ahora recurrente y no así la posesión legal y despojo sufrido, puesto que el indicado Título Ejecutorial únicamente acreditaría el derecho propietario, de manera que la Sentencia recurrida determinó como hechos no probados la posesión y el despojo sufridos de la parte demandante.”

“…el Título Ejecutorial N° PPD-NAL-155201 de 27 de marzo de 2013 cursante a fs. 1, emitido previo proceso administrativo de saneamiento de la propiedad agraria rural, (...) es el propio Estado, quien otorga el derecho propietario a nombre de un particular para que en los alcances del art. 2 de la L. N° 1715 ejerza el mismo. En tal circunstancia al ser el proceso de saneamiento una actividad pública que se ejecuta también en el predio (...) resulta pertinente aclarar que tanto el Juez de instancia, como éste Tribunal se encuentran constreñidos a presumir la legalidad de un Título Ejecutorial post saneamiento y del proceso que le dio origen, en consecuencia, no resulta viable que a través de la presente acción de reivindicación se emita criterio respecto de la validez o no de un documento que a la fecha tiene todo el valor legal que la ley le reconoce al efecto, conforme previenen los arts. 1296 del Cód. Civ. y 393 del D.S. N° 29215.”

“…el antecedente inmediato del derecho de propiedad que le asiste a la demandante, es el proceso de saneamiento (...)  reconoce no sólo la titularidad o derecho propietario sobre el predio objeto de la presente acción de reivindicación, sino también como titular que cumple los presupuestos de la Función Social, elemento esencial para la acreditación del derecho y posesión legal que actualmente le asistiría.”

“…Por lo anteriormente señalado, se evidencia que el Juez de instancia no valoró correctamente la prueba aportada en la tramitación de la presente acción reivindicatoria (...)  existe error de hecho en la valoración probatoria, en relación a la posesión de la demandante y al despojo cometido por los demandados, puesto que si se parte de la premisa de que la posesión legal y derecho propietario le asiste a la ahora recurrente en virtud del Título obtenido en su favor, cualquier acto o actividad que se ejecute sobre la parcela objeto de la litis que sea realizada por los detentadores de la posesión como lo son los demandados, deben ser refutados como actos perturbatorios de la posesión..."

“…los demandados no pueden invocar una posesión legal en el predio, toda vez que las mismas no desvirtúan la validez legal del Título Ejecutorial N° PPD-NAL-155201 de 27 de marzo de 2013 y por ende la posesión legal de la demandante, tampoco su situación de simples detentadores del predio objeto de litis, en razón a que esta situación no fue oportunamente expuesta en el proceso de Saneamiento de la propiedad agraria.”

“…se concluye que el Juez Agroambiental con Asiento Judicial en Ivirgarzama, al emitir la Sentencia recurrida que declara improbada la demanda, no ha valorado en forma adecuada los hechos y las pruebas que hacen viable la acción deducida, por estar cumplidos los requisitos fundamentales para la procedencia de la acción reivindicatoria.”

La Sala Primera del Tribunal Agroambiental, CASA la Sentencia N° 07/2018 de 05 de diciembre pronunciada por el Juez Agroambiental de Ivirgarzama y deliberando en el fondo, declara PROBADA la demanda de acción reivindicatoria, con los siguientes fundamentos:

1.- La Sentencia No. 07/2018 de 05 de diciembre de 2018, cumple formalmente con lo dispuesto por el art. 213 – II, num. 3 de la L. N° 439, al realizar un estudio de los hechos probados y no probados muy al margen de la valoración otorgada a título ejecutorial, individualizó las pruebas, determinó la prevalencia de unas respecto de otras y efectuó  la cita respectiva de leyes en las que funda su decisión, no siendo evidente la violación o aplicación indebida de dicha norma como manifiesta la recurrente.

2.- No puede a través de la presente acción la autoridad jurisdiccional emitir criterio sobre la validez o no de un documento como el título ejecutorial emitido post saneamiento, que tiene todo el valor legal que la ley le reconoce al efecto sobre el objeto de la acción de reivindicación que implica la acreditación del cumplimiento de la función social y la posesión legal que actualmente le asistiría, aspecto que el Juez no valoró correctamente. En tal sentido, las actividades ejercidas en la fracción del predio ojeto del proceso se encienten como despojo.

 

 

En las acciones de reivindicación, se presume la legalidad de un título ejecutorial emitido a la conclusión del proceso de saneamiento de tierras, que implica no solo la titularidad del derecho propietario sino del cumplimiento de sus presupuestos como son la función social y la posesión legal.

ANA S1a N° 24/2015 de 15 de abril de 2015, que estableció: “…al constituir la emisión del Título Ejecutorial la última etapa del proceso administrativo de saneamiento, conforme prevé el art. 263-c) del D.S. N° 29215, mismo que refleja los datos pertinentes que dieron origen a su emisión, sin que sea necesario ni imprescindible, para acreditar el derecho de propiedad, que el Título Ejecutorial deba estar "acompañado" físicamente de todo el proceso administrativo y antecedentes de dominio en que basa su emisión, al haberse considerado, analizado y resuelto por el INRA, los antecedentes correspondientes que dieron mérito para otorgar la titularidad del predio, durante el desarrollo del proceso de saneamiento; por lo que, es correcta y legal la valoración que otorgó el juez de la causa al referido Título Ejecutorial como documento idóneo que acredita la titularidad del actor respecto del predio "La Hoyada Parcela 147…”.

AAP  S1ª Nº 60/2018 (14 de agosto del 2018)

AAP S 1ª Nº 55/2018 (31 de julio de 2018)

AAP S1 Nº 21/2018 (25 de abril de 2018)

ANA S2ª Nº 28/2017 (8 de mayo de 2017)