AAP-S1-0002-2018

Fecha de resolución: 25-01-2018
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Ficha 1 Jurisprudencia agroambiental precedencial relevante -> Fundadora



Dentro de la diligencia preparatoria de Emplazamiento a Reconocimiento de Firmas, en grado de casación, la parte demandada, recurre contra  el Auto de 2 de octubre de 2017 pronunciado por la Jueza Agroambiental de Cochabamba declarando la autenticidad y correspondencia de su firma en el documento de 4 de septiembre de 2004, acusando:

1.- Que los argumentos del Auto son errados, injustos, ilegales contradictorios e incongruentes, al rechazar la objeción de peritaje y aprobar el informe y dictamen pericial que la Juez A quo ordenó de oficio sobrepasando los límites de su propia competencia cuando la norma determina que dicha pericia sea practicada a pedido de parte, impidièndole así ejercer su derecho a la defensa, además vulnerando sus derechos y garantías a la seguridad jurídica, debido proceso, defensa y tutela judicial efectiva además de liberar a la parte demandante de la carga probatoria ipuesta por el art. 1283.I del Cód. Civ.

2.-  Arguye que vulneró el principio de verdad material previsto por el art. 180.I en relación al art. 410 de la C.P.E., arts. 1-16 y 134 en relación al 136.III de la L. N° 439, al emitir el Auto de 31 de agosto de 2017,  rechazando su recurso de reposición con el único argumento de haber sido presentado fuera de plazo; asi también vulneró su derecho a la igualdad del sujeto procesal, al impedir que la parte demandante cumpla con el deber de probar su pretensión conforme dice el art. 134.I de la L. Nº 439.

3.- Finalmente  el informe del Perito ilegalmente designado, incumplió el “Manual de Custodia de Evidencia y Muestras”  elaborado por el Instituto de Investigaciones Forenses y aprobado por la Fiscalía General de la República mediante Resolución de 21 de octubre de 2005), con el que manifiesta probaría todas las irregularidades técnico científicas del informe y dictamen, en tal sentido manifiesta que el Auto recurrido carece de motivación y fundamentación, solicitnado se case el mismo y/o anule obrados conforme a lo dispuesto por el art. 87.IV de la L. N° 1715.

En  traslado el recurso,  la parte demandante,  responde al mismo señalando que al no ser específico el mandato conforme a los arts. 469, 811.II y 816 del Cód. Civ.,  el recurso de casación debe ser rechazado por falta de representación del abogado Eddy Omar Pereira Vargas.

 

 

Designación ilegal de perito, que liberó a la parte demandante de la carga probatoria, incurriendo en errónea interpretación e indebida aplicación del art. 306.I – 2 inc. d)  de la L. N° 439.

“…la norma adjetiva civil aplicable para el caso en análisis, específicamente el art. 306.I – 2 inc. d)  de la L. N° 439 establece que si la persona emplazada a reconocer su firma y rúbrica la negare, la autoridad judicial, a pedido de parte, dispondrá se practique la pericia caligráfica en la vía incidental; es decir que, si bien existe el formalismo del “pedido de parte”, este no debe entenderse como exclusivo a la parte que negó su firma, pues ello implicaría que quien la negó se reserve realizar tal petición, precisamente a objeto de coartar la labor judicial, sin dejar de lado el hecho de que la indicada petición podrá ser propuesta por el contrario, conforme aconteció en el caso de autos, a través del memorial de solicitud de orden expresa cursante a fs. 31 de obrados, por lo que la pretensión de que prospere una pericia caligráfica exclusivamente a pedido de parte, resulta contraria al objeto mismo de la medida preparatoria de reconocimiento judicial de firmas y rúbricas, pues la ratio legis de la norma citada en ningún caso podrá ser entendida como restrictiva de los principios de dirección y verdad material estatuídos en el art. 1 numerales 4 y 16 de la L. N° 439, siendo que este último además resulta permisivo con medidas probatorias no propuestas por las partes al establecer que: “La autoridad judicial deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar las medidas probatorias necesarias autorizadas por la Ley, aún cuando no hayan sido propuestas por las partes” (sic.) (negrillas y subrayado adicionados), principios que resultan análogos con los principios de eficacia y verdad material comprendidos en el art. 30 numerales 7 y 11 de la L. N° 025.”

“ También cabe referir que el art. 136.III de la L. N° 439 establece: “La carga de la prueba que el presente Código impone a las partes no impedirá la iniciativa probatoria de la autoridad judicial. (sic.) (negrillas y subrayado agregados); norma plenamente concordante con los principios citados supra; potestad a la que acudió la Jueza Agroambiental con Asiento Judicial en Cochabamba para determinar sea practicada la pericia caligráfica en la vía incidental.”

“…la pretensión del apoderado de la recurrente en casación a objeto de que se practique pericia caligráfica exclusivamente a pedido de parte representa un excesivo formalismo procesal que conforme a la propia jurisprudencia constitucional citada en el recurso que se intenta, no podrá prevalecer respecto del derecho sustancial, sin que ello importe una errónea interpretación o indebida aplicación del art. 306.I – 2 inc. d)  de la L. N° 439, ni tampoco suponga haberle causado estado de indefensión a la recurrente de casación o haya existido vulneración de los arts. 115.I, 117.I y 119 de la C.P.E.”

 

 

Declara INFUNDADO el recurso de casación  interpuesto  contra el Auto de 2 de octubre de 2017, al evidenciarse de obrados, que la Juzgadora aplicó de manera correcta la normativa supletoria procesal civil, así como los institutos jurídicos del derecho que hacen a la diligencia preparatoria de emplazamiento a reconocimiento de firmas. Los fundamentos puntuales son:

1.- Siendo el objeto de la medida preparatoria de reconocimiento judicial de firmas y rúbricas  la adquisición de calidad de documento auténtico, con plena fe probatoria, en caso de negativa, la pericia caligráfica a disponerse no debe entenderse restrictivamente  conforme dice el art. 306.I -2 inc.d), "a pedido de parte" , pudiendo también tomar la iniciativa la autoridad judicial, pues ello seríaun excesivo formalismosprocesal que no puede prevalecer respcto del derecho sustancial, sin que ello importe una errónea interpretación o indebida aplicación del art. 306.I – 2 inc. d)  de la L. N° 439, ni tampoco suponga haberle causado estado de indefensión.

2.- En efecto, el fundamento principal para el rechazo del recurso fue su planteamiento fuera del plazo establecido en el art. 254.I de la L. N° 439, lo que no puede obviarse en función a los principios de verdad material e igualdad procesal,pues el deber de la autoridad judicial es precisamente asegurar que las partes esté en iguadad de condiciones en el ejercicio de sus derechos y garantías procesales, sin discriminación o privilegio entre partes.

3.- Este cuestionamiento ya fue absuelto por la Juez Agroambientalde  en el Auto de 2 de octubre, señalando que las osbervaciones y objeción al dictamen pericial no acompaña prueba legal valedera ni elementos nuevos que no hayan sido ya resueltos, es decir no tienen asidero legal, por lo que lo definido por la Jueza, no irrespeta las previsiones legales contenidas en los arts. 15.I y 115 de la L. N° 025.

 

 

En una medida preparatoria de emplazamiento a reconocimiento de firmas y rúbricas,si la persona emplazada negare la misma, puede la autoridad judicial proponer se practique la pericia caligráfica en la vía incidental inclusive si las partes no toman la iniciativa, si que ello importe indebida aplicación del art. 306.I – 2 inc. d)  de la L. N° 439, ni tampoco suponga haber causado estado de indefensión alguna.