ANA-S1-0027-2015

Fecha de resolución: 29-04-2015
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Ficha 1 Jurisprudencia agroambiental precedencial -> Aplicadora

Interpone Recurso de Casación en la forma, contra la Sentencia N° 01/2015 de 20 de febrero de 2015, dentro del proceso de Desalojo por Avasallamiento, con base en los siguientes argumentos:

1) Indica que se puede observar en obrados que su persona no fue asistida por un abogado defensor como lo establece el art. 119-II de la CPE, violando flagrantemente su derecho a la defensa, y que el Juez de instancia no tomó en cuenta la indefensión a la que estaba sujeta la actual recurrente cuando se realizaron las audiencias y que al no habérsele asignado un defensor de oficio es una vulneración al orden público como lo establece el art. 252 del Cód. Pdto. Civ., en relación al debido proceso, el derecho a la defensa garantizados por la CPE., en su art. 15-I y art. 19-I que reconocen el derecho al debido proceso, a la defensa y una justicia plural, así como que las partes en conflicto gozarán de igualdad de oportunidades.

"de la revisión de los actuados se evidencia que efectivamente la recurrente no fue asistida de un profesional abogado en el proceso de Desalojo por Avasallamiento, tanto en la inspección al predio como en la Audiencia Complementaria, al respecto, debe recalcarse que el avance de la audiencia oral agraria puede desarrollarse aún, sin la participación (por inasistencia) de una de las partes, conforme lo regulado por los arts. 82, 83 y 84 de la L. N° 1715, no existiendo imperativo legal (principio de legalidad) que obligue al juez suspender la audiencia por falta de asesoramiento legal de una de las partes, máxime si en el caso en análisis, fue notificada de manera personal la demandada Ana Soliz Vaca, quién se hizo presente en la inspección y en la audiencia complementaria, es más fue advertida del hecho de no contar con un profesional abogado, aduciendo la demandada "...que no necesita de abogados, que ella misma es la propia abogada" y de manera voluntaria y consciente participó de la inspección así como también de la Audiencia Complementaria, es más no objetó el desarrollo de ambas actuaciones procesales ni solicitó la suspensión de la audiencia, habiendo en todo caso participado de forma activa en distintos actuados. En tal circunstancia, no es evidente la violación al derecho a la defensa que acusa la recurrente; cuando se ha precautelado por parte del juez a quo la notificación y la comparecencia de la demandada en la tramitación del presente proceso, observándose en la demandada una actitud negligente que no puede hoy en día ser argumento para la interposición de la presente acción invocando la nulidad de obrados (...)".

Se declara INFUNDADO el Recurso de Casación en la forma, contra la Sentencia N° 01/2015 de 20 de febrero de 2015, dentro del proceso de Desalojo por Avasallamiento, con base en los siguientes argumentos:

1) No es evidente la violación al derecho a la defensa que acusa la recurrente; cuando se ha precautelado por parte del juez la notificación y la comparecencia de la demandada en la tramitación del presente proceso, observándose en la demandada una actitud negligente que no puede hoy en día ser argumento para la interposición de la presente acción invocando la nulidad de obrados.

El avance de la audiencia oral agraria puede desarrollarse aún sin la participación (por inasistencia) de una de las partes, conforme lo regulado por los arts. 82, 83 y 84 de la L. N° 1715, no existiendo imperativo legal (principio de legalidad) que obligue al juez suspender la audiencia por falta de asesoramiento legal de una de las partes.

Sentencia Constitucional N° 0999/2003-R de 16 de julio: se tiene que el derecho a la defensa es reconocido como la potestad inviolable del individuo a ser escuchado en juicio presentando las pruebas que estime convenientes en su descargo, haciendo uso efectivo de los recursos que la ley le franquea. Así también implica la observancia del conjunto de requisitos en cada instancia procesal en las mismas condiciones con quien lo procesa a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos. Por su parte, el debido proceso es una institución del derecho procesal constitucional que abarca los presupuestos procesales mínimos a los que debe regirse todo proceso judicial, administrativo o corporativo, observando todas las formas propias del mismo, así como los presupuestos normativamente pre-establecidos para hacer posible así la materialización de la justicia en igualdad de condiciones. La naturaleza del "debido proceso" es reconocida por la Constitución en su triple dimensión: como un derecho fundamental de los justiciables, de quien accede reclamando justicia, la víctima y de quien se defiende el imputado. A su vez, es un principio procesal, que involucra la igualdad de las partes conforme está definido por el art. 119-I CPE y una garantía de la administración de justicia previniendo que los actos del proceso se enmarquen estrictamente a reglas formales de incuestionable cumplimiento; la importancia del cumplimiento del "debido proceso", está ligada a la búsqueda del orden justo; por ello, los tribunales y jueces que administran justicia, entre sus obligaciones, tienen el deber de cuidar que los juicios se lleven sin vicios de nulidad, como también el de tomar medidas que aseguren la igualdad efectiva de las partes.