ANA-S2-0032-2016

Fecha de resolución: 09-05-2016
Ver resolución Imprimir ficha

Ficha 1 Jurisprudencia agroambiental indicativa -> Aplicadora

Interpone Recurso de Casación en el fondo y en la forma, contra la sentencia de 03/2016 de 11 de marzo de 2016, pronunciada por el Juez Agroambiental de Sacaba, dentro el proceso de reivindicación, con base en los siguientes argumentos:

1) Refiere que la sentencia apoya la determinación de que los demandantes no demostraron la posesión efectuando una valoración respecto del cumplimiento de la función social en relación al trabajo agrícola, trabajo que es imposible por las características del terreno (pedregoso), señalando además que cuando inicio los trabajos en el lugar quedó viuda.

2) Indica que por los elementos constitutivos de la norma, solamente se requiere demostrar el derecho de haber perdido la posesión hecho que implica tener la posesión, señalando que el art. 87 del Cód. Civ. remite al animus y al corpus, habiendo demostrado en el proceso ambos elementos, con la existencia de un pozo construido por la demandante, para tal efecto cita doctrina con relación al principio de legalidad, estableciendo así que se cumplió con el mandato del art. 1453 del Cód. Civ.

3) Señala que la posesión del demandado es ilegal, tomando en cuenta que el derecho propietario que asiste a los demandantes es anterior a de los demandados y que al contar con antecedente en Título Ejecutorial a los demandantes les sucedió la posesión de sus vendedores conforme lo dispone el art. 92 del Cód. Civ.

 

"(...) si bien la parte actora demostró también la existencia de un derecho propietario al igual que el actor, al no haber demostrado conforme los presupuestos que hacen a la reivindicación en materia agraria, como se tiene descrito líneas con relación a la posesión anterior, la posesión ilegal del demandado y no habiendo concurrido todos los elementos, para poder tutelar su pretensión el juez de instancia no ha aplicado erróneamente el art. 1453 del Cód. Civ.".

"Sobre la falta de aplicación del art. 2 del D.S. N° 29215 con relación a los arts. 160, 268 y 310 del citado decreto, la parte actora se limita a señalar los mismos, sin explicar de que modo fue aplicada, incorrectamente o cual el entendimiento que el juez debió realizar; si bien la parte ahora recurrente refiere que no se hubiese pronunciado el juez de instancia sobre una petición, este aspecto no puede ser sustento de una nulidad, máxime si la misma no obedece al principio de trascendencia, toda vez que la normativa acusada es para los proceso de saneamiento y no así para los procesos orales agrarios, tomando en cuenta que dicha norma hace referencia al procedimiento ante un fraude en el cumplimiento de la función económico social, fraude a la posesión y el entendimiento de la posesión ilegal, por lo que se debe tomar en cuenta que ambas normas regulan aspectos del propio procedimiento de saneamiento, los cuales son tomados en cuenta al momento de emitir las resoluciones finales de saneamiento y no así dentro un proceso jurisdiccional, en este entendido al margen de que la actora no ha demostrado que la parte demandada sea un poseedor ilegal, al contar este con Título Ejecutorial y haber demostrado estar en posesión del predio objeto de la litis; resulta inverosímil lo acusado; consiguientemente no se advierte vulneración del art. 253 del Cód. Pdto. Civ.".

Se declara INFUNDADO el Recurso de Casación en el fondo y en la forma, contra la sentencia de 03/2016 de 11 de marzo de 2016, pronunciada por el Juez Agroambiental de Sacaba, dentro el proceso de reivindicación, con base en los siguientes argumentos:

1) Si bien la parte actora demostró también la existencia de un derecho propietario al igual que el actor, al no haber demostrado conforme los presupuestos que hacen a la reivindicación en materia agraria, como se tiene descrito líneas con relación a la posesión anterior, la posesión ilegal del demandado y no habiendo concurrido todos los elementos, para poder tutelar su pretensión el juez de instancia no ha aplicado erróneamente el art. 1453 del Cód. Civ.

2)  El juez agroambiental de conformidad a la base fáctica edificada en torno a las pruebas aportadas al proceso, llego a la convicción para asumir la decisión jurisdiccional dentro de los límites del art. 1320 del Código Civil y de conformidad al art. 190 del Cod. Pdto. Civ.

3) Sobre la falta de aplicación del art. 2 del D.S. N° 29215 con relación a los arts. 160, 268 y 310, la parte actora se limita a señalar los mismos, sin explicar de que modo fue aplicada incorrectamente o cual el entendimiento que el juez debió realizar; en este entendido al margen de que la actora no ha demostrado que la parte demandada sea un poseedor ilegal, al contar este con Título Ejecutorial y haber demostrado estar en posesión del predio objeto de la litis; resulta inverosímil lo acusado; consiguientemente no se advierte vulneración del art. 253 del Cód. Pdto. Civ.

La reivindicación exige que el propietario, además de demostrar que el tercero detenta actualmente la cosa, debe demostrar el fundamento de su propio derecho, de su mejor derecho sobre el del poseedor demandado.

La acción reivindicatoria, citando al tratadista Nestor Jorge Musto refiere es: "una acción que nace del dominio que cada uno tiene de cosas particulares, por la cual el propietario que ha perdido la posesión la reclama y la reivindica contra aquél que se encuentra en posesión de ella"; aclarando la definición el mismo autor señala que la acción reivindicatoria es la que se confiere a quien, afirmándose titular de un derecho real con derecho a poseer (ius possidendi), pretende, ante el desconocimiento de su derecho, la declaración de certeza de éste y la entrega de la cosa.

Guillerno A. Borda señala que la reivindicación es la acción que puede ejercer el que tiene derecho a poseer una cosa para reclamarla de quien efectivamente la posee, coligiéndose así que esta acción es un remedio que se otorga más que para proteger el derecho a la posesión en sí misma, para precautelar el derecho a poseer.

Morales Guillen en su obra Código Civil concordado y anotado, señala que "ésta es una acción petitoria porque como en oposición a las acciones posesorias (art. 461 y s. Cod. Civ.) o Interdictos, tiene por objeto el reconocimiento, protección y libre ejercicio de un derecho real inmobiliario, por lo tanto la reivindicación implica que el propietario haya sido desposeído sin su voluntad y tiende a que éste recupere la posesión de la cosa, mediante la desposesión del demandado ordenada por el juez, sin lo cual habría una arbitrariedad ajena a la protección jurisdiccional de los derechos. La reivindicación exige que el propietario, además de demostrar que el tercero detenta actualmente la cosa, debe demostrar el fundamento de su propio derecho, de su mejor derecho sobre el del poseedor demandado".

Enrique Ulate Chacón en su obra "Tratado de Derecho Procesal Agrario" señala que: "la demanda reivindicatoria requiere que el objeto recaiga sobre un bien de naturaleza agraria, sobre un bien productivo donde se puede desarrollar la función económica social de la propiedad agraria. Se trata de una pretensión real, de carácter agrario, mediante la cual el propietario que ha sido despojado en forma ilegítima solicita la recuperación del bien"