ANA-S2-0012-2016

Fecha de resolución: 04-02-2016
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Ficha 1 Jurisprudencia agroambiental precedencial -> Aplicadora




Interpone Recurso de Casación en el fondo, contra la Sentencia N° 05/2015 del 9 de octubre de 2015, emitida por la Jueza Agroambiental de Villa Tunari en el proceso de Mejor Derecho Propietario y Acción Reivindicatoria, con base en los siguientes argumentos:

1) Señala que la demanda fue interpretada como 2 acciones separadas, como si la parcela de 5.000 m2 estuviese separada de la propiedad de la empresa; la juez de manera arbitraria presume que Feliciano Baltazar Condori, antiguo dueño de las 12.4080 ha, habría transferido 4.080 m2 a Edilberto Acosta Torrez y Guadalupe Castellón en tanto que el restante, luego de varias transferencias, fue vendido por la Empresa FABE S.A., a la Empresa FABOPAL S.A. según consta a fs. 18 vta. concluyendo la juez de instancia que existiría un terreno restante de 4.080 m2, aspecto considerado (en la sentencia) como un hecho probado; aplicándose de forma errónea el art. 190 del Cód. Pdto. Civ., por no haber recaído sobre las cosas litigadas en la manera en que fueron demandadas; más cuando ni la propia demandada afirma estar asentada en un sobrante de la propiedad inicial de "Silverio Baltazar"; por lo que refiere que, si la demanda de mejor derecho sobre la extensión superficial de 11.8893 has, fue declarada probada, la sentencia recurrida resulta ser contradictoria al declarar improbada la demanda en cuanto a la acción reivindicatoria.

"(...) si bien la Juez declara probada la acción de mejor derecho de la Empresa FABOPAL S.A. (demandante); de manera incongruente y bajo fundamentación errada declara improbada la acción reivindicatoria, dando a entender que la fracción de 5.0000 m2 no corresponde al predio que cuenta con Título Ejecutorial N° SPP-NAL-067563, (pos saneamiento) razonamiento que emerge sin sustento y/o respaldo en prueba idónea, careciendo la sentencia, en torno a este aspecto, de motivación y congruencia, en mérito a que no se desarrollan los supuestos fácticos y menos se identifica los medios probatorios que permiten arribar a ésta conclusión, en ésta línea deberá entenderse que la autoridad jurisdiccional a tiempo de emitir un juicio que, por sí, constituye el núcleo de la decisión se encuentra en el deber de identificar los elementos que de forma lógica y coherente permiten arribar a determinada conclusión y al no hacerlo omite integrar en la decisión, las razones de su fallo que por lo mismo carece de motivación, aspecto que vulnera el debido proceso en su vertiente "fundamentación", vulnerándose los arts. 190 y 192.2) del Código de Procedimiento Civil que en lo pertinente obligan a los juzgadores a emitir sentencias conforme a lo probado por las partes "sabida que fuere la verdad por las pruebas del proceso" y previo "análisis y evaluación fundamentada de la prueba y cita de las leyes en que se funda", máxime si conforme al art. 378 del Cód. Pdto. Civ. la juzgadora se encontraba facultada para integrar al proceso mayores elementos de prueba a efectos de emitir una sentencia conforme a derecho ".

Se ANULA OBRADOS hasta la Sentencia N° 05/2015 del 9 de octubre de 2015 cursante de fs. 178 a 186 de obrados, con base en los siguientes argumentos:

1) Si bien la Juez declara probada la acción de mejor derecho de la Empresa FABOPAL S.A. (demandante); de manera incongruente y bajo fundamentación errada declara improbada la acción reivindicatoria, dando a entender que la fracción de 5.0000 m2 no corresponde al predio que cuenta con Título Ejecutorial N° SPP-NAL-067563, (pos saneamiento) razonamiento que emerge sin sustento y/o respaldo en prueba idónea, careciendo la sentencia, en torno a este aspecto, de motivación y congruencia, en mérito a que no se desarrollan los supuestos fácticos y menos se identifica los medios probatorios que permiten arribar a ésta conclusión.

La respuesta proferida por el juzgador, deberá encontrarse debidamente motivada, de modo que, el destinatario del fallo, pueda comprender las razones que motivaron al juzgador a optar por determinada decisión, de manera que, no quepa en el justiciable o en la parte acusadora, duda alguna respecto a la imparcialidad del administrador de justicia en la aplicación de la ley.

Sentencia Constitucional Plurinacional N° 1916/2012 de 12 de octubre: "El principio de congruencia, sobre el cual, la SC 0358/2010-R de 22 de junio, indicó que implica: 'la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes". "En virtud a este principio, las autoridades jurisdiccionales o administrativas están obligadas a velar porque en sus resoluciones exista una estricta correspondencia entre lo peticionado, lo considerado y lo resuelto, lo que implica no solamente la concordancia entre la parte considerativa y la dispositiva, sino su materialización debe reflejarse a lo largo de todo su contenido (...)".