ANA-S1-0026-2016

Fecha de resolución: 11-04-2016
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Ficha 1 Jurisprudencia agroambiental precedencial -> Aplicadora



Interpone Recurso de Casacòn en la forma, contra la Sentencia No. 04/2016 de 3 de febrero de 2016, con base en los siguientes argumentos:

1) Indica que en la sentencia de manera tangencial se refiere en cuanto al fraccionamiento de la pequeña propiedad agraria, en la que se expresa que si bien es cierto la indivisibilidad, ésta debe estar directamente relacionada con las causales de nulidad del contrato que no se demostró por los actores, ya que la relación de los hechos descritos en la demanda no guardan relación con la norma indicada en la misma, por lo que la Jueza de instancia no pudo explicar ni fundamentar en absoluto si el terreno es divisible o indivisible. 

"(...) dada las formalidades que reviste la Sentencia en su pronunciamiento éstas tienen carácter obligatorio e inexcusable, al tener como pilares, entre otros, los principios de congruencia y legalidad recogidos en el art. 192-2) del Código Adjetivo Civil al señalar expresamente que la parte considerativa contendrá análisis y evaluación fundamentada de la prueba, correspondiendo por tal al juzgador su valoración o apreciación fundada y motivada; requisito que no se cumplió conforme a derecho en la Sentencia N° 04/2016 ahora impugnada en el presente recurso de casación, al advertir que la titular del Juzgado Agroambiental de Aiquile se limita a citar y describir los medios probatorios producidos durante el desarrollo del proceso, sin que efectúe análisis y evaluación fundamentada de cada una de ellas, sin estar claramente definida que valor le otorga a las pruebas, que hecho se probó o no y con qué medio probatorio y menos relaciona necesaria e inexcusablemente con los fundamentos de hecho y de derecho descritos en la demanda, que por su importancia debe contener análisis y decisión clara, concreta y fundamentada, conforme prevén los arts. 397 y 476 del Cód. Pdto. Civ. y 1286 del Cód. Civ., al ser un derecho de las partes conocer con exactitud la valoración y análisis de la prueba que efectuó la Jueza de instancia para la resolución de la causa, más aun cuando dicha labor jurisdiccional es inherente y propia del juzgador que emite la Sentencia; por ello, la evaluación y fundamentación de todas y cada una de las pruebas que fueron ofrecidas y admitidas por el órgano jurisdiccional constituye una labor jurisdiccional imprescindible dada su vital importancia, lo contrario implica vulneración al debido proceso".

 

Se ANULA OBRADOS hasta fs. 151 inclusive, correspondiendo a la Jueza Agroambiental de Aiquile, señalar nueva audiencia desarrollando la misma conforme lo exigido por el art. 83 de la L. N°. 1715, con base en los siguientes argumentos:

1) Se concluye que la Jueza Agroambiental de Aiquile, no aplicó ni observó las normas adjetivas señaladas precedentemente, incumpliendo su rol de directo del proceso señalado por el art. 76 de la L. N° 1715 y el deber impuesto a los jueces de cuidar que el proceso se desarrolle sin vicios de nulidad, conforme establece el art. 3-1) del Cód. Pdto. Civ., por tal, dada la infracción cometida que interesa al orden público, de conformidad a lo previsto por el art. 87-IV de la L. N° 1715, corresponde la aplicación del art. 105-II) de la L. N° 439, en la forma y alcances previstos por el art. 87-IV de la L. Nº 1715.

Al ser un derecho de las partes conocer con exactitud la valoración y análisis de la prueba que efectúa el Juez de instancia para la resolución de la causa, más aun cuando dicha labor jurisdiccional es inherente y propia del juzgador que emite la Sentencia; por ello, la evaluación y fundamentación de todas y cada una de las pruebas que fueron ofrecidas y admitidas por el órgano jurisdiccional constituye una labor jurisdiccional imprescindible dada su vital importancia, lo contrario implica vulneración al debido proceso.

Doctrinalmente, se entiende que "el vicio de ultra petita se produce no sólo cuando se otorga a una de las partes más de lo pedido por ella, sino que también cuando se extiende a puntos no sometidos a la decisión del tribunal, es decir, cuando apartándose de los términos de en que las partes situaron la controversia por medio de sus respectivas acciones o excepciones, altera el contenido de éstas, cambiando su objeto o modificando su causa de pedir, es decir, que para que sea válida una Sentencia debe pronunciarse esencialmente acerca de lo debatido en autos, esto es, debe existir congruencia entre lo debatido por las partes y lo que resuelva el tribunal" (Revista de Derecho y Jurisprudencia N°2/99).

Sentencia Constitucional N° 0219/2012 de 24 de mayo de 2012 refiere: "(...) la exigencia de congruencia entre lo peticionado y lo resuelto se concreta en que el fallo debe ceñirse a lo estrictamente solicitado y no resolver más allá de lo pedido, que constituiría un pronunciamiento ultra petita, o, conceder algo distinto a lo demandado por las partes, conocido en doctrina procesal como un pronunciamiento extra petita. La inobservancia de este componente del debido proceso, vulnera el derecho a la defensa (SC 1673/2011-R de 21 de octubre)".