SAN-S2-0053-2017

Fecha de resolución: 09-05-2017
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Ficha 1 Jurisprudencia agroambiental precedencial reiteradora -> Confirmadora

Interpone demanda Contenciosa Administrativa José Antonio Castedo Valdez contra el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia y Ministro de Desarrollo Rural y Tierras, impugnando la Resolución Suprema N° 17604 de 24 de diciembre de 2015, conforme a los argumentos siguientes:

a)  la vulneración del art. 393 de la CPE debido a que el predio “Tajibo” tiene antecedente agrario en títulos ejecutoriales Nros. 66376 de 15 de enero de 1976, Titulo Ejecutorial N° 663759 de 15 de enero de 1976 que al estar ya la propiedad titulada ya salió del dominio del Estado y al ser un derecho adquirido con anterioridad a la CPE, el recorte del predio sería ilegal;

b) que el predio cumpliría con la FES al 100% mismo que fue corroborado en la ficha FES además de existir mejoras que son anteriores a la CPE por lo que la posesión de la excedente seria legal y;

c) la mala valoración de las normas ya que la entidad administrativa no habría valorado que el predio no se trata solo de la posesión de un predio, sino que además seria de su propiedad, que tiene antecedente agrario, que existe una superficie en demasía que no excede los 5000ha., por lo que el INRA al disponer un recorte ha conculcado ilegalmente el art. 399-I de la C.P.E., y el debido proceso establecido en los arts. 56 y 115, de la C.P.E.

El codemandado Ministro de Desarrollo Rural y Tierras responde a la demanda manifestando: que el demandante no cuenta con antecedente agrario basado en titulo ejecutorial, que en la posesión no se constituye un derecho sino una cuestión de hecho por lo que el estado no puede reconocer ningún derecho ya que no ingresa dentro de los limites de los derechos constituidos si no en los parámetros de los derechos espectaticios, que en el predio Tajibo se cumplieron todos los requisitos sin que exista vulneración de derechos, por lo que pide se declare improbada la demanda.

El codemandado Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia responde a la demanda manifestando que al haberse comprobado que el predio Tajibo excede las 5000 ha. infringe el art. 398 de la C.P.E., por lo que el INRA actuó conforme previene el art. 410-II de la C.P.E., que el excedente del predio fue declarado tierra fiscal ya que no tiene tradición en expediente agrario, lo que demuestra que el INRA actuó conforme al debido proceso enmarcando su actuar al art. 398 de la C.P.E., por lo que solicita se declare improbada la demanda.

"corresponde indicar que se debe tomar en cuenta, el tiempo en el que se tituló el predio denominado en primer término como Santa Rosa, que fue adquirido mediante dotación agraria mediante Titulo Ejecutorial N° 66376 de 15 de enero de 1976 ...  certeza de la fecha en la que el Predio primero denominado Santa Rosa y posteriormente denominado "Tajibo", salió del dominio del Estado el año 1976, es decir mucho antes de la vigencia de la Constitución de 2009, en ese orden los derechos adquiridos por los subadquirentes cuentan por legitima consecuencia con el mismo antecedente de propiedad emanado de titulo ejecutorial que en este caso como se tiene dicho data de 1976, a este hecho dentro del presente proceso se debe tomar en cuenta que la posesión de los terrenos donde se tiene demostrado el cumplimiento efectivo de la Función Social data también de esta fecha, es decir por lo analizado de los antecedentes y del análisis multitemporal realizado por el INRA indican que en esta zona existe actividad antropica que data desde la fecha de la titulación del predio objeto del proceso demostrado por las actividades de Ramoneo referido por el INRA, por lo que resulta efectivamente inaplicable el art. 398 de la C.P.E., en lo referido a la extensión máxima de la propiedad por la temporalidad de la norma que como se tiene dicho los derechos adquiridos datan de 1976 y la C.P.E., data del año 2009, por lo tanto efectivamente no es aplicable esta norma al presente y cualquier retroactividad resulta ilegal a todas luces."

"(...) en tal sentido, cuando el art. 399-I de la CPE sostiene que se salvan los derechos de propiedad y de posesión anteriores a dicha Norma Suprema, en virtud a la irretroactividad de la Ley, quiere decir que la "posesión agraria" anterior también debe ser respetada, ya que ésta para ser tal requiere el requisito de antigüedad previsto en la ley, es decir que necesariamente su ejercicio debe ser anterior y no actual o posterior a 2009, siendo rebatida de esa manera la concepción de que la posesión no conlleva un derecho adquirido, resultando pernicioso el pretender que la posesión para ser reconocida como derecho preexistente, debería tener un reconocimiento de la autoridad competente, siendo que no existe un mecanismo legal o tipo de título, menos antes de 2009, mediante el cual la norma prevea que la autoridad competente se limite a reconocer únicamente un derecho de posesión. En tal sentido, se considera que al existir en Saneamiento, una valoración independiente para el derecho de posesión y para el derecho de propiedad, corresponde que el art. 399-I de la CPE. sea aplicado en sentido de que los límites de la propiedad agraria zonificada no aplican de ninguna manera para los predios adquiridos en propiedad o con antecedente agrario anteriores a la CPE. de 2009 y que respecto a la posesión, entendida ésta como aquella ejercida antes de la actual CPE. y por tanto anterior a 1996, conforme a la ley agraria, corresponde que sea reconocida hasta un límite de 5000 ha, independientemente del que corresponde por propiedad "

"(...) En el presente caso, en el Informe en Conclusiones de 26 de septiembre de 2013, el INRA no reconoce los derechos posesorios adquiridos conforme a la actual Constitución, error que es ratificado mediante Resolución Suprema N° 17604 de 24 de diciembre de 2015, otorgando únicamente un derecho preexistente de propiedad y no así un derecho anterior de posesión, pese a existir en el predio "TAJIBO" un cumplimiento efectivo de la Función Económico Social en toda el área mensurada; el ente administrativo efectivamente ha aplicado erróneamente el art. 399-I de la CPE., ya que el proceso de Saneamiento se inicio en la gestión 2006, aspecto que evidencia que en dicho predio existe posesión anterior a la vigencia de la actual CPE. de 2009 y de la L. N° 1715, es decir desde 1976, que cumple la Función Económico Social; datos que se pueden constatar en la Declaración Jurada de Posesión Pacífica del Predio, Ficha Catastral, Ficha de Verificación FES de Campo, cursantes de fs. 136, e Informe en Conclusiones de fs. 505 a 510 de los antecedentes; en ese sentido correspondía que el INRA valore y reconozca además dicha "posesión" preexistente, vía adjudicación, hasta un límite máximo de 5000 ha, en virtud de la irretroactividad de la Ley prevista además por el art. 123 de la CPE".

" (...) Consecuentemente, por todas las consideraciones de hecho y derecho expuestas en la presente resolución, se concluye que la entidad administrativa, ha vulnerado derechos y garantías de los demandantes en especial a los derechos adquiridos antes de la vigencia de la Constitución Política del Estado de 2009, en lo referido a los límites de la propiedad y de la posesión respecto a la mala aplicación de la superficie máxima establecida en la Constitución Política del Estado, reduciendo ilegalmente la superficie del predio "Tajibo", vulnerando la normativa agraria en vigencia, contenida en la L. N° 1715, modificada parcialmente por L. N° 3545 y su decreto reglamentario aprobado por D.S. N° 29215, como también el orden público y el cumplimiento obligatorio de las resoluciones y decretos aplicables al caso y que estén vigentes; y al haber aplicado normas inaplicables por la temporalidad de los derechos adquiridos, que sirvieron de base para las resoluciones impugnadas, siendo cierto y evidente las vulneración a garantías constitucionales, corresponde fallar en este sentido"

La demanda Contenciosa Administrativa ha sido declarada PROBADA en consecuencia se declara NULA la Resolución Suprema N° 17604, hasta el Informe en Conclusiones de 26 de septiembre de 2013, a efectos de que el INRA reencause el proceso de saneamiento, tomando en cuenta los arts. 393, 397 y 399 de la C.P.E. en lo referente a los derechos adquiridos y consolidados, a tiempo de efectuar nuevo Informe en Conclusiones, considerando los alcances del art. 399-I de la C.P.E., conforme los argumentos siguientes:

a) y c) con relación a estos puntos se debe manifestar que el predio Tajibo anteriormente Santa Rosa fue adquirido por dotación mediante el Titulo Ejecutorial N° 66376 de 15 de enero de 1976 a nombre de Angel Sandoval, lo que permite determinar que el predio salió del dominio del Estado en 1976 es decir mucho antes de la promulgación de la CPE que es de 2009, así mismo los derechos adquiridos por la parte actora cuenta por legitima el mismo antecedente de propiedad que data de 1976,  por lo que resulta efectivamente inaplicable el art. 398 de la C.P.E., en lo referido a la extensión máxima de la propiedad por la temporalidad de la norma que como se tiene dicho los derechos adquiridos datan de 1976 y la C.P.E., data del año 2009, por lo tanto efectivamente no es aplicable esta norma al presente y cualquier retroactividad resulta ilegal y;

b) con relación al cumplimiento de la FES se debe manifestar que el proceso de Saneamiento se inició en la gestión 2006, aspecto que evidencia que en dicho predio existe posesión anterior a la vigencia de la actual CPE. de 2009 y de la L. N° 1715, es decir que cumple la Función Económico Social aspectos que se pueden constatar en la Declaración Jurada de Posesión Pacífica del Predio, Ficha Catastral, Ficha de Verificación FES de Campo, en ese sentido correspondía que el INRA valore y reconozca dicha "posesión" preexistente, vía adjudicación, hasta un límite máximo de 5000 ha.

PRECEDENTE

Cuando el INRA reconoce únicamente derecho preexistente de propiedad y no así un "derecho posesión" preexistente a la vigencia de la actual CPE. de 2009 y Ley 1715 cumpliendo la FES, aplica erróneamente el art. 399-I de la CPE, en lo referido a los límites de la propiedad y de la posesión

LÍNEA POSESIÓN Y LÍMITE DE SUPERFICIE

FUNDADORA

SENTENCIA AGROAMBIENTAL NACIONAL S1ra N° 32/2013 de 24 de octubre de 2013

 

SEGUIDORAS

SENTENCIA AGROAMBIENTAL PLURINACIONAL S2a Nº 02/2020

SENTENCIA AGROAMBIENTAL PLURINACIONAL S1a N° 131/2019

SENTENCIA AGROAMBIENTAL PLURINACIONAL S1a N° 098/2019

SENTENCIA AGROAMBIENTAL PLURINACIONAL S1a N° 38/2019

SENTENCIA AGROAMBIENTAL PLURINACIONAL S2a N° 21/2019

SENTENCIA AGROAMBIENTAL PLURINACIONAL S1a N° 16/2019

SENTENCIA AGROAMBIENTAL PLURINACIONAL S1a N° 076/2018

SENTENCIA AGROAMBIENTAL PLURINACIONAL S1a N° 069/2018

SENTENCIA AGROAMBIENTAL PLURINACIONAL S1a N° 067/2018

SENTENCIA AGROAMBIENTAL PLURINACIONAL S2a N° 17/2018

SENTENCIA AGROAMBIENTAL PLURINACIONAL S1a N° 08/2018

SENTENCIA AGROAMBIENTAL NACIONAL S1ª Nº 115/2017

SENTENCIA AGROAMBIENTAL NACIONAL S2a Nº 114/2017

SENTENCIA AGROAMBIENTAL NACIONAL S1a Nº 100/2017

SENTENCIA AGROAMBIENTAL NACIONAL S1ª Nº 095/2017

SENTENCIA AGROAMBIENTAL NACIONAL S1a N° Nº 89/2017

SENTENCIA AGROAMBIENTAL NACIONAL S1a N° Nº 88/2017

SENTENCIA AGROAMBIENTAL NACIONAL S1a N° Nº 68/2017

SENTENCIA AGROAMBIENTAL NACIONAL S1ª Nº 57/2017

SENTENCIA AGROAMBIENTAL NACIONAL S2ª Nº 53/2017

SENTENCIA AGROAMBIENTAL NACIONAL S2ª Nº 31/2017

SENTENCIA AGROAMBIENTAL NACIONAL S1ª Nº 28/2017

SENTENCIA AGROAMBIENTAL NACIONAL S2ª Nº 19/2017

SENTENCIA AGROAMBIENTAL NACIONAL S1ª Nº 115/2016

SENTENCIA AGROAMBIENTAL NACIONAL S1ª Nº 100/2016

SENTENCIA AGROAMBIENTAL NACIONAL S1a N° 84/2016

SENTENCIA AGROAMBIENTAL NACIONAL S1a N° 44/2016

SENTENCIA AGROAMBIENTAL NACIONAL S1a N° 23/2016

 

 

SENTENCIA AGROAMBIENTAL PLURINACIONAL S1ª Nº 67/2018

"C) En cuanto a que la irretroactividad de la norma alcanzaría tanto al derecho de propiedad como al derecho de posesión

Al respecto el art. 399-I de la CPE dispone: "Los nuevos límites de la propiedad agraria zonificada se aplicarán a predios que se hayan adquirido con posterioridad a la vigencia de esta Constitución. A los efectos de la irretroactividad de la Ley, se reconocen y respetan los derechos de posesión y propiedad agraria de acuerdo a Ley." Del análisis de dicha disposición se puede colegir que el límite de la propiedad agraria zonificada dispuesta hasta 5000 ha conforme con el art. 398 de la CPE, sólo resulta aplicable a propiedades agrarias adquiridas con posterioridad a la Constitución, no alcanzando dicha limitación, en aplicación de la irretroactividad de la Ley, prevista por el art. 123 de la CPE, a derechos de propiedad y posesión preexistentes, regulados por ley, en este caso por la normativa agraria, en cuyo marco, al constituir la posesión agraria un derecho independiente del derecho de propiedad, como se manifestó en el inciso A) del presente CONSIDERANDO, correspondía que también éste sea respetado y reconocido”

“(…) En esa lógica, se concluye, que los predios que cuenten con derecho propietario y con derecho de posesión y que cumplan con la FS o la FES se encuentran ampliamente garantizados conforme lo disponen los arts. 3-IV y 66-I-1 de la L. N° 1715 y 159 del D.S. N° 29215, disposiciones que concuerdan plenamente con lo establecido en los arts. 393 y 397-I de la CPE que refieren que el Estado garantiza y protege la propiedad privada individual, siempre y cuando cumplan con la FS o la FES, en función al trabajo como fuente fundamental para adquirir y conservar la propiedad agraria”

"(...) "En tal sentido, se considera que al existir en Saneamiento, una valoración independiente para el derecho de posesión y para el derecho de propiedad, corresponde que el art. 399-I de la CPE sea aplicado en sentido de que los límites de la propiedad agraria zonificada no aplican de ninguna manera para los predios adquiridos en propiedad o con antecedente agrario anteriores a la CPE y que respecto a la posesión, entendida ésta como aquella ejercida antes de la actual CPE y por tanto anterior a 1996, conforme a la ley agraria, corresponde que sea reconocida hasta un límite de 5000 ha, independientemente del que corresponde por propiedad; razonamiento que se halla acorde a una valoración integral de la Norma Constitucional, ya que ésta se fundamenta en el reconocimiento del derecho de propiedad sobre la tierra, siempre que cumpla la Función Social y Económico Social, en los términos del art. 397 de la CPE."

 

SENTENCIA AGROAMBIENTAL NACIONAL S1ª Nº 23/2016
“(...) cuando el art. 399-I de la C.P.E. sostiene que se salvan los derechos de propiedad y de posesión anteriores a dicha Norma Suprema, en virtud a la irretroactividad de la Ley, quiere decir que la “posesión agraria” anterior también debe ser respetada, ya que ésta para ser tal requiere el requisito de antigüedad previsto en la ley, es decir que necesariamente su ejercicio sea anterior y no actual o posterior a 2009 (...)”; aclarando la precitada Sentencia, más adelante, lo siguiente: “En tal sentido, se considera que al existir en Saneamiento, una valoración independiente para el derecho de posesión y para el derecho de propiedad, corresponde que el art. 399-I de la C.P.E. sea aplicado en sentido de que los límites de la propiedad agraria zonificada no se aplican de ninguna manera para los predios adquiridos en propiedad o con antecedente agrario anteriores a la CPE y que respecto a la posesión, entendida ésta como aquella ejercida antes de la actual C.P.E. y por tanto anterior a 1996, conforme a la ley agraria, corresponde que sea reconocida hasta un límite de 5000 ha, independientemente del que corresponde por propiedad (…)” (Las negrillas son añadidas).

Tal criterio emitido por el Tribunal Agroambiental ha sido replicado en diversas Resoluciones posteriores, habiendo generado línea jurisprudencial integrada por las Sentencias Agroambientales Nacionales S1ª N° 84/2016 de 14 de septiembre de 2016 y S1ª Nº 100/2017 de 20 de octubre de 2017, las Sentencias Agroambientales Plurinacionales S2ª Nº 17/2018 de 10 de mayo de 2018, S1ª Nº 76/2018 de 05 de diciembre de 2018, S1ª Nº 16/2019 de 3 de abril de 2019, S2a N° 21/2019 de 18 de abril de 2019 y S1ª Nº 38/2019 de 10 de mayo de 2019, entre muchas otras, teniendo como común denominador todas ellas, que en virtud de la aplicación de la irretroactividad de la Ley, se reconoce en su totalidad el “derecho de propiedad agraria” sobre la tierra, en la superficie que corresponda, en aquellos predios que cuenten con antecedente agrario y que cumplan con la Función Económico Social; empero, respecto al área mensurada “sin antecedente agrario, pero con posesión legal y cumplimiento de la Función Económico Social”, corresponde su reconocimiento sólo hasta el límite máximo constitucional de cinco mil hectáreas; porque si bien la posesión se constituye en un derecho, sin embargo, la misma requiere un reconocimiento posterior por el Estado, a través del Saneamiento de Tierras, siendo por consiguiente su tratamiento diferente al del derecho de propiedad, cuyo reconocimiento ya se encuentra perfeccionado antes de la vigencia de la C.P.E. de 07 de febrero de 2009 y de la Ley Nº 1715 de 18 de octubre de 1996.

 

 

En la línea en sentido de que el derecho de posesión legal, es independientemente del derecho de propiedad con antecedente agrario

SENTENCIA AGROAMBIENTAL NACIONAL S1a N° 069/2018

SENTENCIA AGROAMBIENTAL NACIONAL S1a N° 067/2018

SENTENCIA AGROAMBIENTAL NACIONAL S2a N° 17/2018

SENTENCIA AGROAMBIENTAL NACIONAL S1a N° 08/2018

SENTENCIA AGROAMBIENTAL NACIONAL S2a Nº 114/2017

SENTENCIA AGROAMBIENTAL NACIONAL S1a N° Nº 88/2017

SENTENCIA AGROAMBIENTAL NACIONAL S2a N° Nº 31/2017

SENTENCIA AGROAMBIENTAL NACIONAL S1a N° 84/2016