SAN-S2-0019-2017

Fecha de resolución: 03-02-2017
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Ficha 1 Jurisprudencia agroambiental precedencial reiteradora -> Confirmadora

Interpone demanda Contenciosa Administrativa  Victor Hugo Leaños Molina y Jairo De Paula E Silva, contra el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia y Ministro de Desarrollo Rural y Tierras,  impugnando la Resolución Suprema N° 08971 de 31 de diciembre de 2012, emitida dentro el proceso de Saneamiento Simple de Oficio (SAN SIM), respecto al polígono N° 120 del predio denominado "Santa Elena", ubicado en los municipios El Carmen Rivero Torrez y Puerto Suarez, provincia German Busch del departamento de Santa Cruz. Conforme los siguientes fundamentos:

a) Que durante el proceso de saneamiento del predio "Santa Elena" se mensuraron 14.971,86 ha , los cuales devienen de la fusión de los predios Puesto Nuevo, Campo Verde, Cinco Palmas, Yesky y Porvenir, sin embargo, la Resolución Suprema N° 08971 de 31 de diciembre de 2012, dispone el cercenamiento de 5506,9935 ha , declarándose como tierra fiscal, bajo el argumento de que tres de los antecedentes agrarios no respaldarían al predio "Santa Elena" por lo que no puede ser fundamento para restar superficie al predio de sus representados y;

b) que el INRA a través del Informe Técnico Legal N° INF. DGS - SC No. 214/2012 efectúa una incorrecta interpretación del art. 399.II de la C.P.E, ya que el citado precepto constitucional no es aplicable al presente caso, debido a que se refiere a los predios adquiridos posterior a la vigencia de la actual norma suprema, olvidando que el predio "Santa Elena" ha sido adquirido con anterioridad a su promulgación.

El codemandado Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia responde a la demanda manifestando: que el recorte en la superficie del predio sería adoptado en consideración a la expresa prohibición constitucional del latifundio identificado en el predio "Santa Elena", por lo que el Informe Técnico Legal INF. DGS - SC N° 214/2012 se enmarcó a lo establecido en el art. 398 de la CPE, por lo que solicita se declare improbada la demanda contenciosa administrativa, y se mantenga firme y subsistente la Resolución Suprema N° 08971.

El codemandado Ministro de Desarrollo Rural y Tierras respondió a la demanda de manera extemporánea por lo que no se dio lugar a su consideración.

" la posesión no es título suficiente para adquirir el derecho de dominio, independientemente si el predio tiene carácter agrario, pues como se dijo, ningún derecho es absoluto; bajo ese contexto se deduce que la superficie sobre las cuales la parte actora ha cumplido con la FES pero que no tienen respaldo en antecedentes, tampoco respecto a la legalidad de la posesión, corresponderá al INRA determinar la misma, conforme normativa."

"(...) resolvió por reconocer el total de la superficie sobrepuesta al área del predio objeto de saneamiento, no obstante, no pudo efectuar al reconocimiento de las superficies en posesión cuyos antecedentes no se tiene, toda vez que por una parte excede el máximo establecido (5.506.9935 ha ) por otra no se determina la legalidad de la posesión, aspecto que la entidad (INRA) deberá esclarecer.

En ese contexto, sobre el punto se deduce que los servidores públicos del INRA, aplicaron las normas en el marco de la legalidad y la razonabilidad, al reconocer la superficie mensurada con antecedente previo, pero al recortar la superficie en posesión sin antecedentes se ha vulnerado el debido proceso instituido en el art. 115.I y II de la Ley Suprema, pues es evidente que no ha considerado el instituto de la posesión, independientemente si esta es legal o ilegal."

La demanda Contenciosa Administrativa ha sido declarada PROBADA EN PARTE, en consecuencia, NULA la Resolución Suprema N° 08971 del 31 de diciembre de 2012 anulando antecedentes hasta el inicio de los trabajos de campo, debiendo el INRA cumplir con el art. 295 y sgts. del D.S. N° 29215 si correspondiere. Conforme los fundamentos siguientes:

a) Se debe precisar que la superficie en cuestionamiento no tiene antecedente agrario, tampoco se evidencia que la posesión de la misma sea legal por lo que  tanto los actores como la entidad ejecutora del proceso de saneamiento vulneran lo previsto en el art. 398 y 399.I de la CPE., los primeros al pretender un derecho mayor a lo previsto en la suprema norma y la entidad administrativa al desconocer por completo el instituto de la posesión, sin que previamente haya determinado la legalidad o ilegalidad de la posesión respecto a la superficie de 5.506.9935 ha..;

b) se deduce que los servidores públicos del INRA, aplicaron las normas en el marco de la legalidad y la razonabilidad, al reconocer la superficie mensurada con antecedente previo, pero al recortar la superficie en posesión sin antecedentes se ha vulnerado el debido proceso instituido en el art. 115.I y II de la Ley Suprema, pues es evidente que no ha considerado el instituto de la posesión, independientemente si esta es legal o ilegal por lo que se establece que no existe vulneración al art. 266 del D.S. N° 29215, más aún  si el principal punto que se demanda es la interpretación errónea del art. 399 de la Constitución Política del Estado, el cual ya fue resuelto en líneas precedentes y; 

c) los extranjeros bajo ninguna modalidad de reconocimiento de derecho propietario o posesorio podrían ser reconocidos con derechos de propiedad agraria o agroambiental, sea directamente del Estado o vía terceros; en el presente caso, los predios se encuentran dentro los 50 kilómetros a la frontera internacional , a mas de que la pretensión (predios) del demandante coincide con los limites de frontera internacional justamente del país de su origen (Brasil); por lo cual el INRA no observó diligentemente las normativas relativas al proceso de saneamiento, áreas protegidas, zona de seguridad exterior del Estado.

PRECEDENTE 1

El reconocimiento de la posesión, debe ser dentro del área de 5000 has. y cuando el INRA recorta la superficie de posesión sin antecedentes, pero sobre la que se ha cumplido con la FES, se vulnera el debido proceso

LÍNEA POSESIÓN Y LÍMITE DE SUPERFICIE

FUNDADORA

SENTENCIA AGROAMBIENTAL NACIONAL S1ra N° 32/2013 de 24 de octubre de 2013

 

SEGUIDORAS

SENTENCIA AGROAMBIENTAL PLURINACIONAL S2a Nº 02/2020

SENTENCIA AGROAMBIENTAL PLURINACIONAL S1a N° 131/2019

SENTENCIA AGROAMBIENTAL PLURINACIONAL S1a N° 098/2019

SENTENCIA AGROAMBIENTAL PLURINACIONAL S1a N° 38/2019

SENTENCIA AGROAMBIENTAL PLURINACIONAL S2a N° 21/2019

SENTENCIA AGROAMBIENTAL PLURINACIONAL S1a N° 16/2019

SENTENCIA AGROAMBIENTAL PLURINACIONAL S1a N° 076/2018

SENTENCIA AGROAMBIENTAL PLURINACIONAL S1a N° 069/2018

SENTENCIA AGROAMBIENTAL PLURINACIONAL S1a N° 067/2018

SENTENCIA AGROAMBIENTAL PLURINACIONAL S2a N° 17/2018

SENTENCIA AGROAMBIENTAL PLURINACIONAL S1a N° 08/2018

SENTENCIA AGROAMBIENTAL NACIONAL S1ª Nº 115/2017

SENTENCIA AGROAMBIENTAL NACIONAL S2a Nº 114/2017

SENTENCIA AGROAMBIENTAL NACIONAL S1a Nº 100/2017

SENTENCIA AGROAMBIENTAL NACIONAL S1ª Nº 095/2017

SENTENCIA AGROAMBIENTAL NACIONAL S1a N° Nº 89/2017

SENTENCIA AGROAMBIENTAL NACIONAL S1a N° Nº 88/2017

SENTENCIA AGROAMBIENTAL NACIONAL S1a N° Nº 68/2017

SENTENCIA AGROAMBIENTAL NACIONAL S1ª Nº 57/2017

SENTENCIA AGROAMBIENTAL NACIONAL S2ª Nº 53/2017

SENTENCIA AGROAMBIENTAL NACIONAL S2ª Nº 31/2017

SENTENCIA AGROAMBIENTAL NACIONAL S1ª Nº 28/2017

SENTENCIA AGROAMBIENTAL NACIONAL S2ª Nº 19/2017

SENTENCIA AGROAMBIENTAL NACIONAL S1ª Nº 115/2016

SENTENCIA AGROAMBIENTAL NACIONAL S1ª Nº 100/2016

SENTENCIA AGROAMBIENTAL NACIONAL S1a N° 84/2016

SENTENCIA AGROAMBIENTAL NACIONAL S1a N° 44/2016

SENTENCIA AGROAMBIENTAL NACIONAL S1a N° 23/2016

 

 

SENTENCIA AGROAMBIENTAL PLURINACIONAL S1ª Nº 67/2018

"C) En cuanto a que la irretroactividad de la norma alcanzaría tanto al derecho de propiedad como al derecho de posesión

Al respecto el art. 399-I de la CPE dispone: "Los nuevos límites de la propiedad agraria zonificada se aplicarán a predios que se hayan adquirido con posterioridad a la vigencia de esta Constitución. A los efectos de la irretroactividad de la Ley, se reconocen y respetan los derechos de posesión y propiedad agraria de acuerdo a Ley." Del análisis de dicha disposición se puede colegir que el límite de la propiedad agraria zonificada dispuesta hasta 5000 ha conforme con el art. 398 de la CPE, sólo resulta aplicable a propiedades agrarias adquiridas con posterioridad a la Constitución, no alcanzando dicha limitación, en aplicación de la irretroactividad de la Ley, prevista por el art. 123 de la CPE, a derechos de propiedad y posesión preexistentes, regulados por ley, en este caso por la normativa agraria, en cuyo marco, al constituir la posesión agraria un derecho independiente del derecho de propiedad, como se manifestó en el inciso A) del presente CONSIDERANDO, correspondía que también éste sea respetado y reconocido”

“(…) En esa lógica, se concluye, que los predios que cuenten con derecho propietario y con derecho de posesión y que cumplan con la FS o la FES se encuentran ampliamente garantizados conforme lo disponen los arts. 3-IV y 66-I-1 de la L. N° 1715 y 159 del D.S. N° 29215, disposiciones que concuerdan plenamente con lo establecido en los arts. 393 y 397-I de la CPE que refieren que el Estado garantiza y protege la propiedad privada individual, siempre y cuando cumplan con la FS o la FES, en función al trabajo como fuente fundamental para adquirir y conservar la propiedad agraria”

"(...) "En tal sentido, se considera que al existir en Saneamiento, una valoración independiente para el derecho de posesión y para el derecho de propiedad, corresponde que el art. 399-I de la CPE sea aplicado en sentido de que los límites de la propiedad agraria zonificada no aplican de ninguna manera para los predios adquiridos en propiedad o con antecedente agrario anteriores a la CPE y que respecto a la posesión, entendida ésta como aquella ejercida antes de la actual CPE y por tanto anterior a 1996, conforme a la ley agraria, corresponde que sea reconocida hasta un límite de 5000 ha, independientemente del que corresponde por propiedad; razonamiento que se halla acorde a una valoración integral de la Norma Constitucional, ya que ésta se fundamenta en el reconocimiento del derecho de propiedad sobre la tierra, siempre que cumpla la Función Social y Económico Social, en los términos del art. 397 de la CPE."

 

SENTENCIA AGROAMBIENTAL NACIONAL S1ª Nº 23/2016
“(...) cuando el art. 399-I de la C.P.E. sostiene que se salvan los derechos de propiedad y de posesión anteriores a dicha Norma Suprema, en virtud a la irretroactividad de la Ley, quiere decir que la “posesión agraria” anterior también debe ser respetada, ya que ésta para ser tal requiere el requisito de antigüedad previsto en la ley, es decir que necesariamente su ejercicio sea anterior y no actual o posterior a 2009 (...)”; aclarando la precitada Sentencia, más adelante, lo siguiente: “En tal sentido, se considera que al existir en Saneamiento, una valoración independiente para el derecho de posesión y para el derecho de propiedad, corresponde que el art. 399-I de la C.P.E. sea aplicado en sentido de que los límites de la propiedad agraria zonificada no se aplican de ninguna manera para los predios adquiridos en propiedad o con antecedente agrario anteriores a la CPE y que respecto a la posesión, entendida ésta como aquella ejercida antes de la actual C.P.E. y por tanto anterior a 1996, conforme a la ley agraria, corresponde que sea reconocida hasta un límite de 5000 ha, independientemente del que corresponde por propiedad (…)” (Las negrillas son añadidas).

Tal criterio emitido por el Tribunal Agroambiental ha sido replicado en diversas Resoluciones posteriores, habiendo generado línea jurisprudencial integrada por las Sentencias Agroambientales Nacionales S1ª N° 84/2016 de 14 de septiembre de 2016 y S1ª Nº 100/2017 de 20 de octubre de 2017, las Sentencias Agroambientales Plurinacionales S2ª Nº 17/2018 de 10 de mayo de 2018, S1ª Nº 76/2018 de 05 de diciembre de 2018, S1ª Nº 16/2019 de 3 de abril de 2019, S2a N° 21/2019 de 18 de abril de 2019 y S1ª Nº 38/2019 de 10 de mayo de 2019, entre muchas otras, teniendo como común denominador todas ellas, que en virtud de la aplicación de la irretroactividad de la Ley, se reconoce en su totalidad el “derecho de propiedad agraria” sobre la tierra, en la superficie que corresponda, en aquellos predios que cuenten con antecedente agrario y que cumplan con la Función Económico Social; empero, respecto al área mensurada “sin antecedente agrario, pero con posesión legal y cumplimiento de la Función Económico Social”, corresponde su reconocimiento sólo hasta el límite máximo constitucional de cinco mil hectáreas; porque si bien la posesión se constituye en un derecho, sin embargo, la misma requiere un reconocimiento posterior por el Estado, a través del Saneamiento de Tierras, siendo por consiguiente su tratamiento diferente al del derecho de propiedad, cuyo reconocimiento ya se encuentra perfeccionado antes de la vigencia de la C.P.E. de 07 de febrero de 2009 y de la Ley Nº 1715 de 18 de octubre de 1996.

 

 

Ficha 2 Jurisprudencia agroambiental precedencial reiteradora -> Confirmadora




Interpone demanda Contenciosa Administrativa  Victor Hugo Leaños Molina y Jairo De Paula E Silva, contra el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia y Ministro de Desarrollo Rural y Tierras,  impugnando la Resolución Suprema N° 08971 de 31 de diciembre de 2012, emitida dentro el proceso de Saneamiento Simple de Oficio (SAN SIM), respecto al polígono N° 120 del predio denominado "Santa Elena", ubicado en los municipios El Carmen Rivero Torrez y Puerto Suarez, provincia German Busch del departamento de Santa Cruz. Conforme los siguientes fundamentos:

a) Que durante el proceso de saneamiento del predio "Santa Elena" se mensuraron 14.971,86 ha , los cuales devienen de la fusión de los predios Puesto Nuevo, Campo Verde, Cinco Palmas, Yesky y Porvenir, sin embargo, la Resolución Suprema N° 08971 de 31 de diciembre de 2012, dispone el cercenamiento de 5506,9935 ha , declarándose como tierra fiscal, bajo el argumento de que tres de los antecedentes agrarios no respaldarían al predio "Santa Elena" por lo que no puede ser fundamento para restar superficie al predio de sus representados y;

b) que el INRA a través del Informe Técnico Legal N° INF. DGS - SC No. 214/2012 efectúa una incorrecta interpretación del art. 399.II de la C.P.E, ya que el citado precepto constitucional no es aplicable al presente caso, debido a que se refiere a los predios adquiridos posterior a la vigencia de la actual norma suprema, olvidando que el predio "Santa Elena" ha sido adquirido con anterioridad a su promulgación.

El codemandado Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia responde a la demanda manifestando: que el recorte en la superficie del predio sería adoptado en consideración a la expresa prohibición constitucional del latifundio identificado en el predio "Santa Elena", por lo que el Informe Técnico Legal INF. DGS - SC N° 214/2012 se enmarcó a lo establecido en el art. 398 de la CPE, por lo que solicita se declare improbada la demanda contenciosa administrativa, y se mantenga firme y subsistente la Resolución Suprema N° 08971.

El codemandado Ministro de Desarrollo Rural y Tierras respondió a la demanda de manera extemporánea por lo que no se dio lugar a su consideración.

"el art. 76 del D.S. N° 24423 de 29 de noviembre de 1996 sobre el Régimen Legal de Migración vigente al momento de naturalización y transferencia de predios, señala: "Quienes por naturalización adquieren la nacionalidad boliviana, tendrán todos los derechos y obligaciones que las leyes reconocen a los bolivianos de origen, salvo las excepciones señaladas específicamente en la Constitución y en las Leyes (...)". Entonces habrá que preguntarse ¿cuáles son estas excepciones?, sin lugar a dudas aquellas prohibiciones establecidas entre otras, en el art. 25 de la CPE. abrogada y demás leyes citadas precedentemente y arts. 262.I, 396.II de la CPE actual, prohibición que debe ser entendida en función de la finalidad, que viene a ser la preservación de la integridad territorial ... franja o zona de seguridad exterior ." 

En ese contexto, los extranjeros bajo ninguna modalidad de reconocimiento de derecho propietario o posesorio podrían ser reconocidos con derechos de propiedad agraria o agroambiental, sea directamente del Estado o vía terceros; en el presente caso, los predios se encuentran dentro los 50 kilómetros a la frontera internacional , a mas de que la pretensión (predios) del demandante coincide con los limites de frontera internacional justamente del país de su origen (Brasil), lo cual de por si es bastante delicado, pudiendo ameritar que las operaciones de transferencia del año 2008 (año de compra de los seis predios) sean declarados nulos, sin derecho a reclamo alguno, entendimiento que perfectamente se acomoda a lo establecido en el art. 46.II de la ley N° 1715 al señalar "Los propietarios nacionales de (...) pueden suscribir (...), con excepción de las que pertenecen a países limítrofes a la propiedad..."; demás está decir las amargas experiencias de desmembramiento que sufrió el país a lo largo de su historia; en el caso en concreto, a fs. 439 y 440 del expediente contencioso se tiene el Informe Técnico TA-G N° 047/2016 emitido por la Unidad de Geodesia, a requerimiento de este Alto Tribunal, del mismo se observa que todo el predio objeto de saneamiento o mensurado "Santa Elena" se encuentra dentro de los 50 km de la zona de seguridad exterior ; por otro lado, los expedientes de los predios desplazados Campo Verde, Puesto Nuevo y Cinco Palmas están a 8, 8 y 0.9 km respectivamente de la frontera internacional con el Estado Federativo de Brasil; siendo entonces susceptible de declararse nulo cualquiera de sus derechos respecto a los predios agrarios mensurados o desplazados, pues todas ellas se encuentran en la franja de seguridad exterior.

También, cabe señalar que la nacionalidad de origen tiene mayor prevalencia frente a la naturalizada o derivada, a mas de que conforme a la doctrina de seguridad, las ocupaciones de porciones geografías se da inicialmente por la población (extranjera) luego por la economía hasta que finalmente la población local es absorbida, trayendo consigo una posible secesión de una fracción geográfica (caso Acre, Litoral); en ese sentido es deber de todo boliviano velar por los intereses del país, particularmente su seguridad externa conforme manda el art. 108 nums. 1, 13,14 y 15 en relación del art. 261 y 262.I de la CPE.; además de las documentales de transferencia y fusión de los seis predios se infiere como único propietario de los predios al ciudadano naturalizado Jairo De Paula E Silva, así se observa de fs. 365 y sgts del antecedente agrario."

"(...) el INRA desconoció la normativa relativo a la zona de seguridad exterior del Estado, que en el caso en cuestión tiene doble protección puesto que estamos ante un área protegida y por otra la franja de seguridad; en ese sentido se concluye que a momento de efectuar el proceso de saneamiento, el INRA no observó diligentemente las normativas relativas al proceso de saneamiento, áreas protegidas, zona de seguridad exterior del Estado; correspondiendo en consecuencia fallar en ese sentido."

La demanda Contenciosa Administrativa ha sido declarada PROBADA EN PARTE, en consecuencia, NULA la Resolución Suprema N° 08971 del 31 de diciembre de 2012 anulando antecedentes hasta el inicio de los trabajos de campo, debiendo el INRA cumplir con el art. 295 y sgts. del D.S. N° 29215 si correspondiere. Conforme los fundamentos siguientes:

a) Se debe precisar que la superficie en cuestionamiento no tiene antecedente agrario, tampoco se evidencia que la posesión de la misma sea legal por lo que  tanto los actores como la entidad ejecutora del proceso de saneamiento vulneran lo previsto en el art. 398 y 399.I de la CPE., los primeros al pretender un derecho mayor a lo previsto en la suprema norma y la entidad administrativa al desconocer por completo el instituto de la posesión, sin que previamente haya determinado la legalidad o ilegalidad de la posesión respecto a la superficie de 5.506.9935 ha..;

b) se deduce que los servidores públicos del INRA, aplicaron las normas en el marco de la legalidad y la razonabilidad, al reconocer la superficie mensurada con antecedente previo, pero al recortar la superficie en posesión sin antecedentes se ha vulnerado el debido proceso instituido en el art. 115.I y II de la Ley Suprema, pues es evidente que no ha considerado el instituto de la posesión, independientemente si esta es legal o ilegal por lo que se establece que no existe vulneración al art. 266 del D.S. N° 29215, más aún  si el principal punto que se demanda es la interpretación errónea del art. 399 de la Constitución Política del Estado, el cual ya fue resuelto en líneas precedentes y; 

c) los extranjeros bajo ninguna modalidad de reconocimiento de derecho propietario o posesorio podrían ser reconocidos con derechos de propiedad agraria o agroambiental, sea directamente del Estado o vía terceros; en el presente caso, los predios se encuentran dentro los 50 kilómetros a la frontera internacional , a mas de que la pretensión (predios) del demandante coincide con los limites de frontera internacional justamente del país de su origen (Brasil); por lo cual el INRA no observó diligentemente las normativas relativas al proceso de saneamiento, áreas protegidas, zona de seguridad exterior del Estado.

PRECEDENTE 2

El INRA no observa diligentemente las normas, cuando en la franja o zona de seguridad exterior del Estado, a un extranjero se le reconoce derechos de propiedad agraria sobre predios agrarios mensurados o desplazados

En la línea:

SENTENCIA AGROAMBIENTAL PLURINACIONAL S1ª Nº 009/2019

SENTENCIA AGROAMBIENTAL PLURINACIONAL S1ª Nº 019/2018

SENTENCIA AGROAMBIENTAL PLURINACIONAL S1ª Nº 041/2018