SAN-S1-0115-2017

Fecha de resolución: 27-11-2017
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Ficha 1 Jurisprudencia agroambiental precedencial reiteradora -> Confirmadora




Interpone demanda contenciosa Administrativa Nelson Rojas Domínguez y Claudia Patricia Rojas Gutiérrez, contra el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia y Ministro de Desarrollo Rural y Tierras, impugnando la Resolución Suprema Nº 09845 de 17 de mayo de 2013.

Bajo los siguientes fundamentos:

a) La aplicación del art. 266 y la Disposición Transitoria Primera del D.S. Nº 29215 de Control de Calidad, Supervisión y Seguimiento a etapas concluidas y aprobadas;

b) el INRA efectuó razonamiento errado respecto de los alcances del art. 399 de la C.P.E, por que es atribución de la Asamblea Legislativa Plurinacional interpretar la ley, aplicando el Tribunal Constitucional en su función interpretativa con preferencia la voluntad del constituyente, evidenciando de la redacción del citado artículo que el espíritu del legislador es la de reconocer los derechos de posesión y propiedad y en caso de ser poseedor de una superficie excedente, tiene derecho a que se le titule, estando previsto el límite constitucional de 5000 has y;

c) el Informe Legal DGS.LEGAL Nº 442/2011 contiene error de fondo al desconocer la transferencia de la alícuota que le correspondía al copropietario Carlos Gutiérrez Roca a favor de Nelson Rojas Domínguez.

El codemandado Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia responde a la demanda argumentando que el Informe de Evaluación Técnico Jurídica al igual que los informes complementarios no constituyen ni definen derechos, toda vez que solo sugieren y recomiendan siendo susceptibles de modificación hasta antes de la emisión de la Resolución Final por lo que  no se ha vulnerado ningún derecho de la parte interesada, con relación al art. 399 d ela C.P.E manifiesta que existe pronunciamiento al respecto señalando la SAN S2ª Nº 051/2014 por lo que solita se declare improbada la demanda.

El codemandado Ministro de Desarrollo Rural y Tierras responde a la demanda argumentando que el Informe Técnico INF DGS-TCO´S SC Nº 2717/10 que es complementado a través del Informe Técnico INF DGS-TCO´S Nº 434/2011 con lo que se subsanó las observaciones del proceso de saneamiento, no habiéndose causado perjuicio a los demandantes, también manifiesta que el art. 266 del D.S. Nº 29215 que en ninguna parte de dicha norma se señala que el control de calidad es únicamente en procesos que se encuentran ya en curso previo a la publicación del D. S. Nº 29215, con relación a los argumentos del demandante respecto del límite máximo de la propiedad agraria, se remite a lo establecido en la SAN S2ª Nº 059/2016, solicitando  se declare improbada la demanda.

"no fue cumplido a cabalidad por el INRA al elaborar el Informe Legal INF.DGS-SCS Nº 148/2012 cursante de fs. 550 a 552 del legajo de saneamiento ... razonamiento y conclusión que no condice con los alcances de la previsión contenida en el art. 399 de la C.P.E., que con meridiana claridad establece que los nuevos límites de la propiedad agraria zonificada se aplicarán a predios que se hayan adquirido con posterioridad a la vigencia de la Constitución y que a efectos de la irretroactividad de la Ley, se reconocen y respetan los derechos de posesión y propiedad agraria de acuerdo a Ley, desprendiéndose del cuadro fáctico del predio "San Pablo" analizado en el Informe Legal DGS-LEGAL Nº 0442/2011 de fs. 541 a 544 del legajo de saneamiento, que el mismo cuenta con antecedente agrario con expediente Nº 24530 y Título Ejecutorial Nº 471758 por el que se consolidó a favor de Carlos Gutiérrez Gutiérrez la propiedad denominada Santa Fe o Angua, con la superficie de 9250.5000 ha., derecho propietario que ante el fallecimiento de su titular se transmitió a sus herederos, así como la venta efectuada por uno de ellos a sus hijos, formando con ello la tradición civil del predio ahora denominado "San Pablo"; tradición y derecho propietario que fue sometido a proceso de saneamiento para la regularización del mismo, estableciéndose que los actuales subadquirentes del indicado predio ...  acreditaron derecho de propiedad sobre la superficie de 6937.8750 ha, así como superficie excedente en posesión de 2076.6612 ha., en cuyo mérito se sugería reconocer la superficie por la que se acredita derecho propietario y vía adjudicación conceder la superficie en que se hallan en posesión, en observancia de la previsión contenida en el art. 399 de la C.P.E., sugerencia que al estar enmarcada a derecho, no correspondía su modificación declarándola Tierra Fiscal la superficie poseída"

" (...) en cuanto a la legalidad de posesión se refiere, ésta se traduce, en que la misma debe ser anterior a la promulgación de la Ley N° 1715, conforme lo establece el art 309 del D.S. Nº 29215 y la Disposición Transitoria Octava de la Ley Nº 3545, aspecto que en el caso de autos, fue cumplido a cabalidad, al estar ejerciéndose la FES en la superficie excedente coetáneamente al ejercicio del derecho de propiedad del predio "San Pablo" conforme se tiene de los antecedentes descritos ... que, en el caso de autos, también se dio cumplimiento, considerando que en la propiedad "San Pablo", se desarrolla efectivamente en la superficie con título de dominio, así como en la que ejercen posesión legal la actividad ganadera, coexistiendo por tal para el reconocimiento del derecho propietario agrario ambos presupuestos, ya sea para un predio Titulado con antecedente agrario, o con relación a una posesión legal, como ocurre en el predio "San Pablo"; consiguientemente, el enfoque del constituyente establecido en la parte in fine del art. 399-I de la C.P.E., al disponer expresamente el reconocimiento y respeto de los derechos de posesión y propiedad agraria de acuerdo a Ley , contempla ambas modalidades de adquisición del derecho de propiedad agraria, sin distinción alguna, o sea mediante la "posesión" y la "propiedad", siendo ambos institutos jurídicos tutelados siempre y cuando cumplan efectivamente con la Función Social o Económico Social, según sea el caso, conforme establece el art. 397 de la C.P.E. y el art. 2-III de la Ley N° 1715; de lo que se desprende que el reconocimiento y salvaguarda de los derechos de posesión, es independiente del derecho de propiedad agraria, resultando por ello justa, legal, equitativa y razonable la sugerencia emitida en el señalado Informe Legal DGS-LEGAL Nº 0442/2011 de fs. 541 a 544 del legajo de saneamiento.

En ese sentido, la decisión administrativa plasmada en la R.S. Nº 09845 de 17 de mayo de 2013 impugnada en el presente proceso contencioso administrativo, de no reconocer la adjudicación respecto de la superficie poseída, declarándola más al contrario Tierra Fiscal, vulnera la previsión contenida en el art. 399 de la C.P.E., al haber sido dicha posesion "regularizado y perfeccionado" conjuntamente con el derecho de propiedad mediante el proceso de saneamiento, al ser ésa su finalidad, conforme señala el art. 64 de la L. Nº 1715, resultando en consecuencia imperioso la tutela por parte del Estado."

La demanda Contenciosa Administrativa ha sido declarada PROBADA en su mérito, NULA la Resolución Suprema Nº 09845 de 17 de mayo de 2013, debiendo la entidad ejecutora subsanar las irregularidades en que incurrió, elaborando nuevo Informe Técnico-Legal que contenga el análisis y fundamento legal respecto de la posesión legal que ejercen los demandantes a efectos de la adjudicación correspondiente dentro de los alcances del art. 399 de la C.P.E., observando los fundamentos contenidos en el presente fallo, aplicando y adecuando sus actuaciones a la normativa agraria que rige el trámite administrativo de saneamiento y el resguardo de las garantías constitucionales.

Son fundamentos centrales y puntuales para esta decisión:

a) En el legajo de saneamiento del predio "San Pablo", se ha desarrollado las actividades referidas conforme a las previsiones contenidas en el D.S. Nº 25763 vigente en ésa oportunidad, mismas que según Informe Técnico-Legal INF. DGS-TCO´S SC Nº 266/2010 fueron declarados válidos y subsistentes, por lo que al entrar en vigencia el D.S Nº 29215, debe adecuarse los actuados procesales del saneamiento a dicha norma respetando actos cumplidos aprobados, lo que significa que los actos procesales anteriores a la promulgación del D.S. Nº 29215 no son definitivos, por ende, son susceptibles de ejercer sobre los mismos controles de calidad si así correspondiere en derecho, sin que se advierta vulneración de las disposiciones legales descritas y menos del art. 123 de la C.P.E;

b) si bien la parte in fine del art. 398 de la C.P.E., establece que la superficie máxima en ningún caso podrá exceder de las cinco mil hectáreas, sin embargo, éste nuevo límite de la propiedad zonificada es aplicable a predios que se hayan "adquirido" con posterioridad a la vigencia de la actual Constitución Política del Estado, conforme señala el art. 399-I de la Carta Magna, previendo asimismo dicha normativa que a efectos de la irretroactividad de la ley, se "reconocen y respetan" los derechos de "posesión y propiedad agraria" conforme a ley, reflejándose el término "de acuerdo a Ley", al cumplimiento de presupuestos que hacen a la acreditación de la titularidad de la tierra cursante en documentación agraria, la legalidad de la posesión y el cumplimiento de la FES, por lo que la decisión administrativa plasmada en la R.S. Nº 09845 de 17 de mayo de 2013 de no reconocer la adjudicación respecto de la superficie poseída, declarándola más al contrario Tierra Fiscal, vulnera la previsión contenida en el art. 399 de la C.P.E., al haber sido dicha posesion "regularizado y perfeccionado" conjuntamente con el derecho de propiedad mediante el proceso de saneamiento y;

c) con relación al  referido Informe se desprende que no es evidente lo afirmado por los demandantes, toda vez que no adjuntaron durante el desarrollo del proceso de saneamiento los documentos de transferencia a que hacen referencia, habiendo adjuntado recién con la presentación del memorial de ampliación de demanda, consecuentemente, no puede afirmarse que el INRA hubiere incurrido en error de fondo al desconocer documentos de transferencia, cuando el ente administrativo no tuvo conocimiento alguno de los mismos, por lo que tampoco le correspondía emitir pronunciamiento sobre el particular; además dichos documentos no cuentan con inscripción en Registro de Derechos Reales, no siendo por tal oponibles a terceros, menos aún del INRA.

PRECEDENTE 

En cuanto a los límites de la propiedad agraria zonificada, puede coexistir el reconocimiento de un predio Titulado con antecedente agrario, o con relación a una posesión legal, siempre que cumplan la FS o la FES, no correspondiendo al INRA declarar tierra fiscal a una superficie legalmente poseída

LÍNEA POSESIÓN Y LÍMITE DE SUPERFICIE

FUNDADORA

SENTENCIA AGROAMBIENTAL NACIONAL S1ra N° 32/2013 de 24 de octubre de 2013

 

SEGUIDORAS

SENTENCIA AGROAMBIENTAL PLURINACIONAL S2a Nº 02/2020

SENTENCIA AGROAMBIENTAL PLURINACIONAL S1a N° 131/2019

SENTENCIA AGROAMBIENTAL PLURINACIONAL S1a N° 098/2019

SENTENCIA AGROAMBIENTAL PLURINACIONAL S1a N° 38/2019

SENTENCIA AGROAMBIENTAL PLURINACIONAL S2a N° 21/2019

SENTENCIA AGROAMBIENTAL PLURINACIONAL S1a N° 16/2019

SENTENCIA AGROAMBIENTAL PLURINACIONAL S1a N° 076/2018

SENTENCIA AGROAMBIENTAL PLURINACIONAL S1a N° 069/2018

SENTENCIA AGROAMBIENTAL PLURINACIONAL S1a N° 067/2018

SENTENCIA AGROAMBIENTAL PLURINACIONAL S2a N° 17/2018

SENTENCIA AGROAMBIENTAL PLURINACIONAL S1a N° 08/2018

SENTENCIA AGROAMBIENTAL NACIONAL S1ª Nº 115/2017

SENTENCIA AGROAMBIENTAL NACIONAL S2a Nº 114/2017

SENTENCIA AGROAMBIENTAL NACIONAL S1a Nº 100/2017

SENTENCIA AGROAMBIENTAL NACIONAL S1ª Nº 095/2017

SENTENCIA AGROAMBIENTAL NACIONAL S1a N° Nº 89/2017

SENTENCIA AGROAMBIENTAL NACIONAL S1a N° Nº 88/2017

SENTENCIA AGROAMBIENTAL NACIONAL S1a N° Nº 68/2017

SENTENCIA AGROAMBIENTAL NACIONAL S1ª Nº 57/2017

SENTENCIA AGROAMBIENTAL NACIONAL S2ª Nº 53/2017

SENTENCIA AGROAMBIENTAL NACIONAL S2ª Nº 31/2017

SENTENCIA AGROAMBIENTAL NACIONAL S1ª Nº 28/2017

SENTENCIA AGROAMBIENTAL NACIONAL S2ª Nº 19/2017

SENTENCIA AGROAMBIENTAL NACIONAL S1ª Nº 115/2016

SENTENCIA AGROAMBIENTAL NACIONAL S1ª Nº 100/2016

SENTENCIA AGROAMBIENTAL NACIONAL S1a N° 84/2016

SENTENCIA AGROAMBIENTAL NACIONAL S1a N° 44/2016

SENTENCIA AGROAMBIENTAL NACIONAL S1a N° 23/2016

 

 

SENTENCIA AGROAMBIENTAL PLURINACIONAL S1ª Nº 67/2018

"C) En cuanto a que la irretroactividad de la norma alcanzaría tanto al derecho de propiedad como al derecho de posesión

Al respecto el art. 399-I de la CPE dispone: "Los nuevos límites de la propiedad agraria zonificada se aplicarán a predios que se hayan adquirido con posterioridad a la vigencia de esta Constitución. A los efectos de la irretroactividad de la Ley, se reconocen y respetan los derechos de posesión y propiedad agraria de acuerdo a Ley." Del análisis de dicha disposición se puede colegir que el límite de la propiedad agraria zonificada dispuesta hasta 5000 ha conforme con el art. 398 de la CPE, sólo resulta aplicable a propiedades agrarias adquiridas con posterioridad a la Constitución, no alcanzando dicha limitación, en aplicación de la irretroactividad de la Ley, prevista por el art. 123 de la CPE, a derechos de propiedad y posesión preexistentes, regulados por ley, en este caso por la normativa agraria, en cuyo marco, al constituir la posesión agraria un derecho independiente del derecho de propiedad, como se manifestó en el inciso A) del presente CONSIDERANDO, correspondía que también éste sea respetado y reconocido”

“(…) En esa lógica, se concluye, que los predios que cuenten con derecho propietario y con derecho de posesión y que cumplan con la FS o la FES se encuentran ampliamente garantizados conforme lo disponen los arts. 3-IV y 66-I-1 de la L. N° 1715 y 159 del D.S. N° 29215, disposiciones que concuerdan plenamente con lo establecido en los arts. 393 y 397-I de la CPE que refieren que el Estado garantiza y protege la propiedad privada individual, siempre y cuando cumplan con la FS o la FES, en función al trabajo como fuente fundamental para adquirir y conservar la propiedad agraria”

"(...) "En tal sentido, se considera que al existir en Saneamiento, una valoración independiente para el derecho de posesión y para el derecho de propiedad, corresponde que el art. 399-I de la CPE sea aplicado en sentido de que los límites de la propiedad agraria zonificada no aplican de ninguna manera para los predios adquiridos en propiedad o con antecedente agrario anteriores a la CPE y que respecto a la posesión, entendida ésta como aquella ejercida antes de la actual CPE y por tanto anterior a 1996, conforme a la ley agraria, corresponde que sea reconocida hasta un límite de 5000 ha, independientemente del que corresponde por propiedad; razonamiento que se halla acorde a una valoración integral de la Norma Constitucional, ya que ésta se fundamenta en el reconocimiento del derecho de propiedad sobre la tierra, siempre que cumpla la Función Social y Económico Social, en los términos del art. 397 de la CPE."

 

SENTENCIA AGROAMBIENTAL NACIONAL S1ª Nº 23/2016
“(...) cuando el art. 399-I de la C.P.E. sostiene que se salvan los derechos de propiedad y de posesión anteriores a dicha Norma Suprema, en virtud a la irretroactividad de la Ley, quiere decir que la “posesión agraria” anterior también debe ser respetada, ya que ésta para ser tal requiere el requisito de antigüedad previsto en la ley, es decir que necesariamente su ejercicio sea anterior y no actual o posterior a 2009 (...)”; aclarando la precitada Sentencia, más adelante, lo siguiente: “En tal sentido, se considera que al existir en Saneamiento, una valoración independiente para el derecho de posesión y para el derecho de propiedad, corresponde que el art. 399-I de la C.P.E. sea aplicado en sentido de que los límites de la propiedad agraria zonificada no se aplican de ninguna manera para los predios adquiridos en propiedad o con antecedente agrario anteriores a la CPE y que respecto a la posesión, entendida ésta como aquella ejercida antes de la actual C.P.E. y por tanto anterior a 1996, conforme a la ley agraria, corresponde que sea reconocida hasta un límite de 5000 ha, independientemente del que corresponde por propiedad (…)” (Las negrillas son añadidas).

Tal criterio emitido por el Tribunal Agroambiental ha sido replicado en diversas Resoluciones posteriores, habiendo generado línea jurisprudencial integrada por las Sentencias Agroambientales Nacionales S1ª N° 84/2016 de 14 de septiembre de 2016 y S1ª Nº 100/2017 de 20 de octubre de 2017, las Sentencias Agroambientales Plurinacionales S2ª Nº 17/2018 de 10 de mayo de 2018, S1ª Nº 76/2018 de 05 de diciembre de 2018, S1ª Nº 16/2019 de 3 de abril de 2019, S2a N° 21/2019 de 18 de abril de 2019 y S1ª Nº 38/2019 de 10 de mayo de 2019, entre muchas otras, teniendo como común denominador todas ellas, que en virtud de la aplicación de la irretroactividad de la Ley, se reconoce en su totalidad el “derecho de propiedad agraria” sobre la tierra, en la superficie que corresponda, en aquellos predios que cuenten con antecedente agrario y que cumplan con la Función Económico Social; empero, respecto al área mensurada “sin antecedente agrario, pero con posesión legal y cumplimiento de la Función Económico Social”, corresponde su reconocimiento sólo hasta el límite máximo constitucional de cinco mil hectáreas; porque si bien la posesión se constituye en un derecho, sin embargo, la misma requiere un reconocimiento posterior por el Estado, a través del Saneamiento de Tierras, siendo por consiguiente su tratamiento diferente al del derecho de propiedad, cuyo reconocimiento ya se encuentra perfeccionado antes de la vigencia de la C.P.E. de 07 de febrero de 2009 y de la Ley Nº 1715 de 18 de octubre de 1996.

 

 

En la línea en sentido de que el derecho de posesión legal, es independientemente del derecho de propiedad con antecedente agrario

SENTENCIA AGROAMBIENTAL NACIONAL S1a N° 069/2018

SENTENCIA AGROAMBIENTAL NACIONAL S1 067/2018

SENTENCIA AGROAMBIENTAL NACIONAL S2a N° 17/2018

SENTENCIA AGROAMBIENTAL NACIONAL S1a N° 08/2018

SENTENCIA AGROAMBIENTAL NACIONAL S2a Nº 114/2017

SENTENCIA AGROAMBIENTAL NACIONAL S1a N° Nº 88/2017

SENTENCIA AGROAMBIENTAL NACIONAL S1a N° 84/2016

SENTENCIA AGROAMBIENTAL NACIONAL S1a N° 44/2016

SENTENCIA AGROAMBIENTAL NACIONAL S1a N° 23/2016