Dentro del proceso de Rectificación de Estado Civil en Folio Real de Derechos Reales, el tercer Interesado, Director Nacional a.i. del INRA, interpone recurso de casación contra la Sentencia 07/2023 de 29 de agosto, pronunciada por el Juez Agroambiental de Inquisivi, que resolvió declarar PROBADA la demanda;identificándose los siguientes problemas jurídicos: 1) Si el Juez Agroambiental de Inquisivi al tramitar y resolver la demanda de rectificación de dato sobre estado civil, actuó sin competencia, vulnerando el art. 122 de la CPE, correspondiéndole al Instituto Nacional de Reforma Agraria dicha competencia en atención a los arts. 407, 414 y siguientes del D.S. 29215; asimismo, resolverá: 2) Si es evidente que la Autoridad Judicial, fundamentó su decisión basándose en disposiciones normativas inexistentes en referencia al texto vigente de los arts. 408 y 424, ambos del DS 29215, incurriendo en interpretación errónea de dichas disposiciones
"...Respecto a que el Juez Agroambiental de Inquisivi al tramitar y resolver la demanda de rectificación de dato sobre estado civil, actuó sin competencia, vulnerando el art. 122 de la CPE, correspondiéndole al Instituto Nacional de Reforma Agraria dicha competencia en atención a los arts. 407, 414 y siguientes del D.S. 29215., Siendo la materia agroambiental mucho más joven en cuanto a su desarrollo que el Derecho Civil del cual llega a desprenderse para asumir su autonomía con una característica y naturaleza propia, es innegable que los institutos desarrollados desde el fuero civil son más amplios y abarcan campos que no son necesariamente opuestos ni diferentes al campo competencial de la jurisdicción agroambiental, es precisamente por ello que aún ahora existe la permisividad de acudir supletoriamente a ellas en lo pertinente de acuerdo a lo establecido por el art. 78 de la Ley N° 1715 y en lo que corresponde a materia registral, si bien existen importantes disposiciones legales administrativas contempladas en la Ley N° 1715, ello no implica el desconocimiento de la normativa que regula actualmente el registro inmobiliario en Bolivia a través de Derechos Reales, dependiente del Consejo de la Judicatura dentro de las cuales está contemplada permanentemente la intervención judicial como garantía del resguardo de la información contenida puesto que el Derecho Registral por todas sus connotaciones y complejidades implica ambos campos el administrativo y el judicial, entonces la delimitación de competencias no puede responder a situaciones de interés institucional por encima del interés de quienes acuden a las entidades a registrar sus propiedades, debiendo responder fundamentalmente a procurar el acceso efectivo a la justicia, resguardando en el caso de propiedades agrarias la información técnico jurídica consolidada y ejecutoriada generada como resultado del proceso de regularización de la propiedad agraria y otros procesos administrativos agrarios; en este sentido, el Tribunal Agroambiental ha generado precedentes judiciales en el marco del cumplimiento efectivo de dichas normas de registro interno y primario, lo que de ninguna manera puede desconocer la competencia de la judicatura agroambiental para responder de manera efectiva e inmediata a este tipo de acciones voluntarias como la que nos ocupa, en la que además se trata únicamente de una acción voluntaria tal como se ha descrito y desarrollado en el FJ.II.i. que no implica ninguna afectación de intereses o derechos sino que la autoridad judicial luego de verificar el estado civil de las personas, a través de información generada por un sistema de registro de las personas en nuestro país - cuyos reportes gozan de fe pública - analizados y evaluados los mismos, de curso a la orden de inscripción en este caso, en el Folio Real en el que se hizo constar un dato errado de “casado” a quien entonces ya era “viudo”. En tal sentido y de acuerdo a lo desarrollado en el FJ.II.i., al haber asumido conocimiento en la vía voluntaria de la demanda sobre rectificación de estado civil de Natalio Yujra Tapia, el Juez Agroambiental de la provincia Inquisivi del departamento de La Paz, ha actuado correctamente asumiendo una competencia legal establecida tanto en la Ley N° 1715 parcialmente modificada por Ley N° 3545 como por la Ley N° 025, art. 152, además en el marco de las normas civiles que refieren a los registros de los Derechos Reales, Ley de Inscripción de Derechos Reales de 15 de Noviembre de 1887 y su reglamento, D.S.27957.
Ahora bien, es evidente que el Instituto Nacional de Reforma Agraria, al ser la entidad encargada de llevar adelante los procesos administrativos agrarios y entre ellos fundamentalmente el proceso de regularización técnica y jurídica de la propiedad agraria a cuya conclusión se emiten los títulos de propiedad agraria, tiene competencia para rectificar errores u omisiones de datos contenidos en los mismos, pero en el caso que nos ocupa no se ha demandado la rectificación de error u omisión en título ejecutorial alguno, además el estado civil del o los beneficiarios, no constituye un dato que esté contenido en el mismo, conforme a lo descrito en el art. 395 del D.S. 29215.
Por otro lado, el Sistema de Catastro Rural implementado y administrado por el INRA cuyo objeto es el mantenimiento, la administración y actualización de la información catastral generada en los procedimientos agrarios administrativos junto a las municipalidades, a decir del impetrante, no solamente no ha respondido de manera efectiva cuando el interesado acudió al mismo, es decir fue rechazado y remitido a la autoridad judicial - pues no ha negado esta acusación el recurrente - cuando en todo caso es la misma entidad la que en función a la protección del acceso de las mujeres a la tierra, debió advertir del documento de identidad presentado en el proceso de saneamiento respectivo el estado civil de “casado” sin que la esposa hubiese participado del proceso de saneamiento y así exigir aclarar la situación, dando lugar a que se exija al beneficiario del proceso de saneamiento de entonces, actualice su documento de identidad o presente prueba de su estado civil real, evitándole al beneficiario este posterior peregrinaje legal, puesto como ya se expresó precedentemente, la inscripción inicial en el Registro de Derechos Reales de títulos ejecutoriales de propiedades pequeñas, las realiza el mismo INRA, por ello es que los títulos ejecutoriales se entregan con dicha inscripción y ante su negligencia no puede esta entidad ahora pretender que la autoridad judicial no asuma su competencia disponiendo dicha modificación en respuesta a la demanda voluntaria planteada por Natalio Yujra Tapia, por una vía gratuita como es la vía judicial, además protegiendo oportuna y efectivamente el acceso a la justicia del interesado, derecho que se ha desarrollado en el FJ.II.ii., por lo que este Tribunal concluye en este punto que el Juez Agroambiental de Inquisivi al tramitar la demanda de rectificación de dato sobre estado civil, actuó con plena competencia no habiéndose vulnerando el art. 122 de la CPE, ni las competencias administrativas del INRA en cuanto a la administración del Sistema de Catastro Rural, sin embargo de lo expresado, observa este Tribunal que la autoridad judicial debió garantizar el efectivo cumplimiento de la decisión asumida removiendo obstáculos que puedan tornar en inútil la acción voluntaria promovida pese a haber sido acogida favorablemente por la autoridad competente para ello, limitando su decisión única y exclusivamente a la autoridad demandada, cuando los datos registrados ante el registro de Derechos Reales, tratándose de predios rurales, deben también ser insertados, modificados o actualizados, según corresponda en el registro del Sistema de Catastro Rural actualmente cargo del INRA, es decir que ambos registros son reconocidos, válidos y coexisten legalmente y debe la autoridad judicial de oficio asumir sus facultades en la dirección del proceso para resolver sin alterar esta coexistencia registral, disponiendo respecto del Director Nacional a.i. del INRA para que en el marco de sus funciones y atribuciones mediante la Dirección Nacional de Catastro bajo su dependencia, cumpla con la decisión de rectificación de dato del interesado respecto de su estado civil en sus registros internos.
En cuanto a que la Autoridad Judicial, fundamentó su decisión basándose en disposiciones normativas inexistentes en referencia al texto vigente de los arts. 408 y 424, ambos del DS N° 29215, incurriendo en interpretación errónea de dichas disposiciones.
Si bien es cierto que la autoridad judicial, hizo referencia a normas cuyo texto no se encuentran en vigencia, específicamente el art. 408 del D.S. N° 29215, pues el mismo fue derogado por D.S. 4494 de entre las disposiciones con las que fundamentó su decisión, este Tribunal observa que no fueron parte central de la fundamentación de la decisión emitida y en todo caso, el texto erradamente asumido por la autoridad judicial corresponde a una modificación de la norma que estuvo vigente hasta la emisión del D.S. N° 4494 de 21 de abril de 2021 que derogó dicha modificación, retornando nuevamente al texto original, respecto de las personas legitimadas para solicitar rectificación de errores u omisiones consignadas en títulos ejecutoriales y registros internos del INRA y un plazo para hacerlo desde la entrega del respectivo título, a cuyo vencimiento procedía expresamente la vía judicial, pero reiteramos que no significa que con esta derogación, se hubiesen modificado todas las razones descritas en sentido del reconocimiento de la competencia de la Jurisdicción Agroambiental para el conocimiento y resolución de procesos voluntarios que demanden la rectificación de estado civil de las personas en los registros tanto del INRA como de Derechos Reales, pues el sentido general de la normativa registral en Bolivia, no puede desconocer una decisión judicial respecto a instrucciones emanadas de procesos en los que los interesados demandan un derecho, es decir no reviste mayor trascendencia en el marco de la decisión emitida y recurrida además que hacen referencia únicamente a normas que tienen que ver con las competencias administrativas del Instituto Nacional de Reforma Agraria entre las que se insertó dicho texto, en todo caso corresponde desde este Tribunal un llamado de atención a la autoridad judicial por la inclusión de normas en el fallo recurrido sin el debido cuidado y análisis sobre su actual vigencia..."
La Sala Primera del Tribunal Agroambiental ANULA OBRADOS hasta la Sentencia 07/2023 de 29 de agosto de 2023, únicamente a efectos de que, velando por la tutela judicial efectiva del impetrante y el cabal cumplimiento de la decisión asumida, el Juez Agroambiental de Inquisivi, disponga también su cumplimiento al Director Nacional a.i. del INRA para que en el marco de sus funciones y atribuciones, mediante la Dirección Nacional de Catastro bajo su dependencia, cumpla con la decisión de rectificación del dato del interesado respecto de su estado civil en sus registros internos, debiendo además ser prolijo y pertinente respecto a la vigencia de los textos en los que fundamenta su decisión. Tal decisión fue asumida tras establecer:
Respecto a que el Juez Agroambiental de Inquisivi al tramitar y resolver la demanda de rectificación de dato sobre estado civil, actuó sin competencia, vulnerando el art. 122 de la CPE, correspondiéndole al INRA dicha competencia en atención a los arts. 407, 414 y siguientes del D.S. 29215. Siendo la materia agroambiental mucho más joven en cuanto a su desarrollo que el Derecho Civil del cual llega a desprenderse para asumir su autonomía con una característica y naturaleza propia, es innegable que los institutos desarrollados desde el fuero civil son más amplios y abarcan campos que no son necesariamente opuestos ni diferentes al campo competencial de la jurisdicción agroambiental, es precisamente por ello que aún ahora existe la permisividad de acudir supletoriamente a ellas en lo pertinente de acuerdo a lo establecido por el art. 78 de la Ley N° 1715 y en lo que corresponde a materia registral, si bien existen importantes disposiciones legales administrativas contempladas en la Ley N° 1715, ello no implica el desconocimiento de la normativa que regula actualmente el registro inmobiliario en Bolivia a través de Derechos Reales, dependiente del Consejo de la Judicatura dentro de las cuales está contemplada permanentemente la intervención judicial como garantía del resguardo de la información contenida puesto que el Derecho Registral por todas sus connotaciones y complejidades implica ambos campos el administrativo y el judicial, entonces la delimitación de competencias no puede responder a situaciones de interés institucional por encima del interés de quienes acuden a las entidades a registrar sus propiedades, debiendo responder fundamentalmente a procurar el acceso efectivo a la justicia, resguardando en el caso de propiedades agrarias la información técnico jurídica consolidada y ejecutoriada generada como resultado del proceso de regularización de la propiedad agraria y otros procesos administrativos agrarios; en este sentido, el Tribunal Agroambiental ha generado precedentes judiciales en el marco del cumplimiento efectivo de dichas normas de registro interno y primario, lo que de ninguna manera puede desconocer la competencia de la judicatura agroambiental para responder de manera efectiva e inmediata a este tipo de acciones voluntarias como la que nos ocupa, en la que además se trata únicamente de una acción voluntaria tal como se ha descrito y desarrollado en el FJ.II.i. que no implica ninguna afectación de intereses o derechos sino que la autoridad judicial luego de verificar el estado civil de las personas, a través de información generada por un sistema de registro de las personas en nuestro país - cuyos reportes gozan de fe pública - analizados y evaluados los mismos, de curso a la orden de inscripción en este caso, en el Folio Real en el que se hizo constar un dato errado de “casado” a quien entonces ya era “viudo”. En tal sentido y de acuerdo a lo desarrollado en el FJ.II.i., al haber asumido conocimiento en la vía voluntaria de la demanda sobre rectificación de estado civil de Natalio Yujra Tapia, el Juez Agroambiental de la provincia Inquisivi del departamento de La Paz, ha actuado correctamente asumiendo una competencia legal establecida tanto en la Ley N° 1715 parcialmente modificada por Ley N° 3545 como por la Ley N° 025, art. 152, además en el marco de las normas civiles que refieren a los registros de los Derechos Reales, Ley de Inscripción de Derechos Reales de 15 de Noviembre de 1887 y su reglamento, D.S.27957.
Ahora bien, es evidente que el Instituto Nacional de Reforma Agraria, al ser la entidad encargada de llevar adelante los procesos administrativos agrarios y entre ellos fundamentalmente el proceso de regularización técnica y jurídica de la propiedad agraria a cuya conclusión se emiten los títulos de propiedad agraria, tiene competencia para rectificar errores u omisiones de datos contenidos en los mismos, pero en el caso que nos ocupa no se ha demandado la rectificación de error u omisión en título ejecutorial alguno, además el estado civil del o los beneficiarios, no constituye un dato que esté contenido en el mismo, conforme a lo descrito en el art. 395 del D.S. 29215.
Por otro lado, el Sistema de Catastro Rural implementado y administrado por el INRA cuyo objeto es el mantenimiento, la administración y actualización de la información catastral generada en los procedimientos agrarios administrativos junto a las municipalidades, a decir del impetrante, no solamente no ha respondido de manera efectiva cuando el interesado acudió al mismo, es decir fue rechazado y remitido a la autoridad judicial - pues no ha negado esta acusación el recurrente - cuando en todo caso es la misma entidad la que en función a la protección del acceso de las mujeres a la tierra, debió advertir del documento de identidad presentado en el proceso de saneamiento respectivo el estado civil de “casado” sin que la esposa hubiese participado del proceso de saneamiento y así exigir aclarar la situación, dando lugar a que se exija al beneficiario del proceso de saneamiento de entonces, actualice su documento de identidad o presente prueba de su estado civil real, evitándole al beneficiario este posterior peregrinaje legal, puesto como ya se expresó precedentemente, la inscripción inicial en el Registro de Derechos Reales de títulos ejecutoriales de propiedades pequeñas, las realiza el mismo INRA, por ello es que los títulos ejecutoriales se entregan con dicha inscripción y ante su negligencia no puede esta entidad ahora pretender que la autoridad judicial no asuma su competencia disponiendo dicha modificación en respuesta a la demanda voluntaria planteada por Natalio Yujra Tapia, por una vía gratuita como es la vía judicial, además protegiendo oportuna y efectivamente el acceso a la justicia del interesado, derecho que se ha desarrollado en el FJ.II.ii., por lo que este Tribunal concluye en este punto que el Juez Agroambiental de Inquisivi al tramitar la demanda de rectificación de dato sobre estado civil, actuó con plena competencia no habiéndose vulnerando el art. 122 de la CPE, ni las competencias administrativas del INRA en cuanto a la administración del Sistema de Catastro Rural, sin embargo de lo expresado, observa este Tribunal que la autoridad judicial debió garantizar el efectivo cumplimiento de la decisión asumida removiendo obstáculos que puedan tornar en inútil la acción voluntaria promovida pese a haber sido acogida favorablemente por la autoridad competente para ello, limitando su decisión única y exclusivamente a la autoridad demandada, cuando los datos registrados ante el registro de Derechos Reales, tratándose de predios rurales, deben también ser insertados, modificados o actualizados, según corresponda en el registro del Sistema de Catastro Rural actualmente cargo del INRA, es decir que ambos registros son reconocidos, válidos y coexisten legalmente y debe la autoridad judicial de oficio asumir sus facultades en la dirección del proceso para resolver sin alterar esta coexistencia registral, disponiendo respecto del Director Nacional a.i. del INRA para que en el marco de sus funciones y atribuciones mediante la Dirección Nacional de Catastro bajo su dependencia, cumpla con la decisión de rectificación de dato del interesado respecto de su estado civil en sus registros internos.
En cuanto a que la Autoridad Judicial, fundamentó su decisión basándose en disposiciones normativas inexistentes en referencia al texto vigente de los arts. 408 y 424, ambos del DS N° 29215, incurriendo en interpretación errónea de dichas disposiciones.
Si bien es cierto que la autoridad judicial, hizo referencia a normas cuyo texto no se encuentran en vigencia, específicamente el art. 408 del D.S. N° 29215, pues el mismo fue derogado por D.S. 4494 de entre las disposiciones con las que fundamentó su decisión, este Tribunal observa que no fueron parte central de la fundamentación de la decisión emitida y en todo caso, el texto erradamente asumido por la autoridad judicial corresponde a una modificación de la norma que estuvo vigente hasta la emisión del D.S. N° 4494 de 21 de abril de 2021 que derogó dicha modificación, retornando nuevamente al texto original, respecto de las personas legitimadas para solicitar rectificación de errores u omisiones consignadas en títulos ejecutoriales y registros internos del INRA y un plazo para hacerlo desde la entrega del respectivo título, a cuyo vencimiento procedía expresamente la vía judicial, pero reiteramos que no significa que con esta derogación, se hubiesen modificado todas las razones descritas en sentido del reconocimiento de la competencia de la Jurisdicción Agroambiental para el conocimiento y resolución de procesos voluntarios que demanden la rectificación de estado civil de las personas en los registros tanto del INRA como de Derechos Reales, pues el sentido general de la normativa registral en Bolivia, no puede desconocer una decisión judicial respecto a instrucciones emanadas de procesos en los que los interesados demandan un derecho, es decir no reviste mayor trascendencia en el marco de la decisión emitida y recurrida además que hacen referencia únicamente a normas que tienen que ver con las competencias administrativas del Instituto Nacional de Reforma Agraria entre las que se insertó dicho texto, en todo caso corresponde desde este Tribunal un llamado de atención a la autoridad judicial por la inclusión de normas en el fallo recurrido sin el debido cuidado y análisis sobre su actual vigencia.
FJ.II.i. Competencia de los Jueces Agroambientales en Procesos Voluntarios de Rectificación ante entidades registrales respecto de datos referidos a estado civil de las personas.
Entendiendo la jurisdicción como la potestad que tiene el Estado de administrar justicia que emana del pueblo boliviano y se ejerce por medio de las autoridades del Órgano Judicial; la facultad que tienen las autoridades para ejercer esta jurisdicción en un determinado asunto, constituye la competencia, de acuerdo a lo establecido por los arts. 11 y 12 de la Ley del Órgano Judicial; en tal sentido, y en previsión de los arts. 30 y 39 de la Ley N° 1715 parcialmente modificada por la Ley 3545 y art. 152 parágrafo I de la Ley N° 025, le corresponde a la Jurisdicción Agroambiental, el conocimiento y la resolución de todos los conflictos emergentes de la posesión, derecho de propiedad y actividad agraria o de naturaleza agroambiental así como de la actividad forestal, biodiversidad, ambiental, sobre uso y aprovechamiento de aguas y otros que le señale la ley; contemplado de esta manera, competencias expresamente descritas que no limitan el conocimiento pleno de otras acciones reales, personales y mixtas asumidas en función a la materia. Algunas de estas competencias pueden ser interpuestas en la vía voluntaria y si el fuero que regula las mismas contempla su desarrollo y aplicación en normativa específica del área como es la que regula el sistema de registro boliviano (Ley de Inscripción de Derechos Reales y su Reglamento, D.S.27957), al referirse a una intervención judicial, mediante instrucciones dirigidas a realizar alguna modificación o inscripción en sus registros de ahí la competencia de la judicatura agroambiental en el marco de dichos procesos en cuanto corresponda y en atención a la naturaleza de la materia, como en el caso presente, a través de la demanda que solicita una orden o instrucción judicial para la rectificación de datos relativos al estado civil de las personas en registros de Derechos Reales respecto de predios agrarios.
Como señala el tratadista argentino Lino Enrique Palacio, “el objeto del proceso voluntario está constituido por una petición procesal extracontenciosa, en cuya virtud se reclama ante un órgano y en interés del propio peticionario la emisión de un pronunciamiento que constituya, integre o acuerde eficacia a un determinado estado o relación jurídica privada”, lo que implica que no existe conflicto u oposición de intereses, siendo más de carácter documental, probatorio, fiscalizador para dar notoriedad pública a un hecho.
Esto es lo que sucede cuando se solicita a la autoridad judicial que previo a comprobar con documentación pertinente la existencia de un dato errado o no actualizado respecto al estado civil de la persona impetrante, disponga se inscriba el mismo en el registro público que corresponda, ya sea porque se le ha negado dicha inscripción expresamente o porque preventivamente la persona interesada acude a la autoridad judicial para allanar la inscripción requerida, de manera que negar esta competencia implicaría a la autoridad judicial soslayar el cumplimiento de una obligación negando el acceso a la justicia y sin desconocer que la entidad responsable de llevar adelante el proceso de saneamiento de tierras en Bolivia, el INRA, es la que debe previamente disponer en sus registros internos dichas modificaciones para una adecuada y eficiente fiscalización y control cruzado en el sistema registral en Bolivia desde el Sistema de Catastro Rural implementado.
Por lo expresado, el conocimiento de procesos voluntarios respecto de datos del estado civil de las personas, cuando se trata de registros referidos a propiedades agrarias, constituye una de las acciones que competen a la judicatura agroambiental como autoridad que puede disponer dicha inscripción no solamente ante la oficina de Derechos Reales sino también ante el Instituto Nacional de Reforma Agraria en consideración a que el registro catastral rural interno a su cargo es condición previa al registro en Derechos Reales.
La jurisprudencia, emitida por el Tribunal Constitucional, mediante la SC 0131/2006-R de 2 de febrero, estableció: “…en cuanto a la naturaleza de los procesos voluntarios, es imprescindible remarcar lo manifestado por la SC 1231/2002-R, de 14 de octubre, respecto a que el Código de Procedimiento Civil en su Título IV prevé que los procedimientos voluntarios tienen una particularidad esencial en el que precisamente se sustenta su denominación, pues en estos procedimientos las partes actúan de común acuerdo sin oponerse una a la otra en la pretensión o en el objeto de la demanda, por ello, la búsqueda de la intervención judicial, sólo tiene un fin, que es el de consolidar y legitimar la situación jurídica, sin que éste pueda dilucidar cuestiones de controversia, pues para esto se requeriría ineludiblemente de la aplicación de otro procedimiento, dado que en el proceso voluntario rige el principio de unilateralidad en las partes; en cambio, cuando estas partes no coinciden en la pretensión, el proceso se convierte en contencioso y por tanto está regido por el principio de bilateralidad. De ello, es que la doctrina ha dado en concluir que el proceso voluntario se desarrolla “intervolentes”; es decir, entre los que quieren, por esto también se considera que, en realidad, los sujetos que intervienen en el mismo no pueden llamarse partes porque son componentes de una pareja, resultando obvio que no existe contradicción en ella. En cambio, el proceso contencioso, se ejerce “internolentes”, entre los que no quieren, y en este proceso se necesita que el juzgador tenga conocimiento de la causa dentro de un plazo probatorio, donde las partes ofrezcan y produzcan las pruebas, o el mismo Juez disponga la que crea conveniente para dilucidar la controversia, lo que no sucede en el proceso voluntario, pues el Juez en éste, sólo se limita a conocer lo que las partes, coincidentemente, y sin ninguna discusión quieran legitimar”. Quedando en este sentido clara la descripción de la naturaleza de un proceso voluntario que no se torna en contencioso y solo es de interés del impetrante.
FJ.II.ii.Tutela judicial efectiva como garantía constitucional del derecho de acceso a la justicia y el debido proceso
La Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 0284/2019-S3 de 11 de julio de 2019, respecto de la tutela judicial efectiva como garantía constitucional del derecho al acceso a la justicia, señala: “Con relación a este derecho fundamental, el art. 115.I de la CPE, establece que: "Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos” (Las cursivas son nuestras).
Asimismo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que forma parte del bloque de constitucionalidad por mandato del art. 410.II de la CPE, en su art. 8.1, regula que: “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable , por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la Ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”.
En ese marco normativo, el Tribunal Constitucional, en la SCP 0797/2010-R de 2 de agosto, señaló: “...comprende el acceso de toda persona, independientemente de su condición económica, social, cultural o de cualquier otra naturaleza, de acudir ante los órganos de administración de justicia para formular peticiones o asumir defensa y lograr el pronunciamiento de una resolución que tutele sus derechos, como bien jurídico protegido; obteniendo el pronunciamiento de la autoridad sea judicial, administrativa o fiscal que debe responder a esa petición de acceso a la justicia, no simplemente recibiendo la denuncia o querella, sino materializando una investigación eficiente... En síntesis, el derecho de la tutela judicial efectiva, permite la defensa jurídica de todos los demás derechos mediante un proceso que se desarrolle dentro de los marcos de las garantías jurisdiccionales, procesales y constitucionales", complementada por la SCP 1020/2013 de 27 de junio, que indicó: "...Entonces, la tutela judicial efectiva, no se reduce en la simple facultad que toda persona tiene para acceder o acudir a los órganos encargados de la administración de justicia, recibir de los mismos una respuesta pronta y oportuna; sino también, en la medida que ello genere certeza y seguridad en sus pretensiones, siendo una verdadera garantía para hacer prevalecer sus derechos e intereses legítimos”. (Las cursivas son nuestras)
Del desarrollo jurisprudencial expuesto, se tiene que el Derecho a la tutela judicial efectiva es, el derecho que garantiza a las personas el acceso a la justicia, lo que implica la obligación que tiene el Juzgador de sustanciar la causa observando el procedimiento establecido por el ordenamiento jurídico para cada caso y en observancia de las garantías que configuran el debido proceso; debiendo por tal, enmarcar sus actuaciones al debido proceso conforme establece la Norma Suprema.
La SCP 1474/2012 de 24 de septiembre, citando la SC 0160/2010-R de 17 de mayo, señaló que el debido proceso: “…ya fue desarrollado y entendido por este Tribunal como el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo, en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar; es decir, comprende el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar esos derechos reconocidos por la Constitución Política del Estado así como los Convenios y Tratados Internacionales”.