AAP-S2-0048-2023

Dentro del Proceso de Reivindicación, el demandante interpone recurso de casación contra el Auto Interlocutorio Definitivo N° 14/2023 de 09 de marzo, pronunciado por la Juez Agroambiental de Uriondo, que resolvió declarar su incompetencia para conocer la causa de Reivindicación planteada; recurso interpuesto bajo los siguientes argumentos:

Señala la vulneración de los arts. 115 de la CPE, de acceso a la justicia de manera oportuna y efectiva; y, 410 de la misma Norma Constitucional por violación a la primacía constitucional, jerarquía normativa y al principio de legalidad; y, la no aplicación de los arts. 15 de la Ley N° 025, y 8 de la Ley N° 439, con relación al art. 39.8 de la Ley N° 1715; así como, la errónea aplicación de la Ley N° 025 en su art. 152.1.

Indica que, el Auto recurrido carece de fundamento legal, y señala como única causa la aplicación del art. 152 núm. 1 de la Ley N° 025, por mandato de los Magistrados del Tribunal Agroambiental.

Refiere que, el art. 8 de la Ley N° 439, ordena que “las autoridades judiciales y entre ellos los jueces, son independientes en el ejercicio de sus funciones y están sometidos sólo a la Constitución y las leyes”, norma legal secundaria que se desprende del art. 115 de la CPE, que es una garantía Constitucional del acceso a la justicia de manera oportuna y efectiva; mandato que habría sido incumplido por la Juez al declarar su incompetencia para conocer el caso, invocado erróneamente el art. 152.1 de la Ley N° 025. Asimismo, recuerda a la Juez sobre su independencia para el ejercicio de sus funciones en la administración de justicia por mandato del art. 115 de la CPE y art. 8 de la Ley 439.

En cuanto a la violación y la aplicación indebida de las disposiciones legales mencionadas, señala el incumplimiento del principio jurídico de la primacía de la ley especial frente a la ley general, es así que, la misma Ley N° 025 en su art. 15, ordena: “El Órgano Judicial sustenta sus actos y decisiones en la Constitución Política del Estado, Leyes, y Reglamentos, respetando la jerarquía normativa y distribución de competencias establecidas en la Constitución. En materia judicial se aplicará la Constitución con preferencia a cualquier otra disposición legal e reglamentaria. La Ley especial será aplicada con preferencia a la Ley general”. Indicando que, en relación a las competencias de los Jueces Agroambientales, al ser la Ley N° 025 una norma general por mandato constitucional y el art. 15 de la Ley N° 025, debe aplicarse la Ley especial N° 1715 modificada por la Ley 3545; encontrándose plasmada la competencia en el art. 39 núm. 8 y 76 (principio de la especialidad) de la Ley N° 1715, modificada por la Ley N° 3545 y los arts. 115 y 410 de la CPE, que regulan y garantizan el acceso a la justicia y la primacía de la aplicación de las normas en los casos concretos.

Refiere que, no puede superponerse las competencias del Órgano Judicial, Juzgado Agroambiental con el INRA, ni generarse conflicto de competencias para ser remitido ante el Tribunal Constitucional; ya que el INRA es un órgano administrativo y ejecutivo, dependiente del Órgano Ejecutivo y de conformidad al art. 18 de la Ley N° 1715, modificada por la Ley N° 3545, sus atribuciones están destinadas a constituir o consolidar el derecho de propiedad sobre la tierra agraria en nombre del Estado, pero no tiene atribución o competencia para solucionar conflictos que emergen del ejercicio de un derecho de propiedad que está consolidado. Asimismo, la Disposición Transitoria Primera de la Ley N° 3545, es una disposición legal exclusivamente destinada a las acciones posesorias, y no de otras acciones reales; cuya interpretación extensiva es una falta al principio de legalidad.

De dicho análisis concluye que, el INRA en base a las disposiciones legales citadas y el art. 18 de la Ley N° 1715, con relación al art. 349 de la CPE, en nombre del Estado Boliviano, constituye un derecho de propiedad agraria o transferencia del derecho de propiedad a los particulares y por su parte, el Órgano Jurisdiccional tienen competencia para la solución de conflictos emergentes del ejercicio del derecho de propiedad; es decir, son dos funciones complementarias del Estado Boliviano, por dos niveles distintos, por lo que no podría darse conflicto de competencias.

Arguye que, su derecho de propiedad está constituido y acreditado mediante la Escritura Pública N° 1.008/97 de 4 de diciembre, con registro en Derechos Reales con la Matrícula 6.03.1.05.0000020, Asiento N° 1 de 4 de diciembre de 1997, derecho que en tanto no sea anulado, cuenta con todo el valor legal.

En cuanto al proceso de saneamiento, se tiene que se encuentra paralizado desde el 23 de agosto de 2008 y fue anulado hasta una nueva evaluación e Informe en Conclusiones; asimismo, refiere que no se consideró que los demandados no son parte del proceso de saneamiento, tampoco existe algún conflicto de sobreposición, ya que los mismos no son miembros de la Comunidad Media Luna y que su derecho de propiedad debe ser tutelado por el Órgano Judicial.

Por lo expuesto, indica que se ha acreditado la violación al art. 115 de la CPE y la omisión en la aplicación del art. 15.1 de la Ley N° 025 con relación al art. 39.8 de la Ley N° 1715 modificada por la Ley N° 3545 y la errónea aplicación del art. 152.1 de la Ley N° 025.

La Sala Segunda del Tribunal Agroambiental declara: INFUNDADO el recurso de casación, interpuesto por Nery Guillermo Ovando Mamani, contra el Auto Interlocutorio Definitivo N° 14/2023 de 09 de marzo de 2023; decisión asumida tras establecer que, conforme al Informe Legal DDT-INF-SAN N° 32/2022 de 24 de febrero , concordante con el Informe Técnico DDT-INF-SAN N° 1283/2022 de 2 de septiembre y en cumplimiento a la disposición establecida por el Auto Agroambiental Plurinacional S1^a N° 125/2022 de 06 de diciembre de 2022, la Juez Agroambiental de Uriondo ha requerido información al INRA, el cual emitió la nota DDT-C-EXT N° 49/2023 de 14 de febrero de 2023, que señala que de la revisión realizada en la Unidad de Titulación y Archivos de la Dirección Departamental del INRA – Tarija, se evidencia la existencia del proceso de saneamiento del predio Media Luna Centro, mismo que se encuentra para control de calidad; así también, por nota DDT-C-EXT N° 71/2023 de 07 de marzo de 2023, se establece que el predio denominado Media Luna Centro, se encuentra paralizado por conflicto de derecho propietario. Dicha documentación ha sido tomada en cuenta por la Juez recurrida, emitiendo el Auto Interlocutorio Definitivo N° 14/2023 de 09 de marzo de 2023, por el cual se declaró incompetente para conocer la causa de Reivindicación planteada, determinándose que su actuar se ha llevado en el marco de la debida diligencia, dando cumplimiento a su rol de directora del proceso, en razón a que al encontrarse el predio objeto de Litis en proceso de saneamiento ante la entidad administrativa y que tal vía aún no está concluida, hace inviable el conocimiento de la causa por la Autoridad Agroambiental, en aplicación del art. 131.II de la Ley N° 025, así como el art. 152.1 de la señalada norma, que es de aplicación preferente frente a la Ley N° 1715 al ser esta última una norma preconstitucional.

A momento de determinar los procesos respecto a los cuales, las y los jueces agroambientales tienen competencia, tiene prevalencia en su aplicación la Ley N° 025, frente a normas preconstitucionales, como la Ley N° 1715. (AAP-S2-0048-2023)

“…Dentro del marco normativo expuesto precedentemente, se advierte con absoluta claridad que el Juez Agroambiental tiene un límite al ejercicio de su competencia, determinada en razón de materia; es así que la jurisprudencia agroambiental en el Auto Agroambiental Plurinacional S2^a N° 83/2022 de 28 de septiembre, estableció “No obstante, lo expresado en la jurisprudencia agroambiental, la Ley N° 025 del Órgano Judicial, en su art. 152 núm. 10), establece que las juezas y los jueces agroambientales tienen competencia para: “Conocer interdictos de adquirir, retener y recobrar la posesión de predios agrarios, y de daño temido y obra nueva perjudicial; para otorgar tutela sobre la actividad agraria en predios previamente saneados” (negrillas y subrayado son incorporados) de donde se tiene que la competencia de la jueza o el juez agroambiental, en materia de interdictos posesorios, se encuentra condicionada al proceso de saneamiento de la propiedad agraria, ésta última norma cobra relevancia frente a normas preconstitucionales, por cuando la Ley del Órgano Judicial es una de las cinco normas orgánicas fundamentales en el Estado Plurinacional de Bolivia, conforme previsión de la Disposición Transitoria Segunda de la Constitución Política del Estado promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, que establece: “La Asamblea Legislativa Plurinacional sancionará, en el plazo máximo de ciento ochenta días a partir de su instalación, la Ley del Órgano Electoral Plurinacional, la Ley del Régimen Electoral, la Ley del Órgano Judicial , la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y la Ley Marco de Autonomías y Descentralización” (negrillas y subrayado incorporados) de donde se advierte su aplicación prevalente frente a las normas preconstitucionales vigentes; en consecuencia, los jueces agroambientales deben aplicar prevalentemente la Ley N° 025, en cuento sus competencias descritas en el art. 152 del mismo cuerpo normativo.” En tal sentido, del contenido de las normas precedentemente transcritas y de conformidad a lo previsto por el art. 5 del Código Procesal, las normas procesales son de orden público y en consecuencia de obligado acatamiento, tanto por la autoridad judicial como por las partes”. En este contexto, conforme lo desarrollado en el Auto Agroambiental Plurinacional S2^a N° 83/2022 de 28 de septiembre, a momento de determinar los procesos respecto a los cuales, las y los jueces agroambientales tienen competencia, tiene prevalencia en su aplicación la Ley N° 025, frente a normas preconstitucionales, como sería en este caso la Ley N° 1715…”

“…se cita el art. 12 de la Ley N° 025, que haciendo mención a “la competencia”, señala que, es “la facultad que tiene una magistrada o magistrado, una o un vocal, una jueza o un juez, o autoridad indígena originaria campesina para ejercer la jurisdicción en un determinado asunto”, en el mismo sentido, el autor Gonzalo Castellanos Trigo, en su libro “Comentarios de la Nueva Ley del Órgano Judicial”, Primera Edición, pág. 57, señala: “Competencia es la cualidad que legitima a un órgano judicial para conocer de un determinado asunto, preciso y concreto, con exclusión de los demás órganos judiciales de la misma rama de la jurisdicción. Para cada caso judicial existe un juez concreto que debe conocer y resolver el caso”. Que, los actos realizados por las juezas y jueces agroambientales deben ser desarrollados en el ámbito del debido proceso resguardado por el art. 115-II de la CPE, entendido por algunos autores como: “...la garantía de garantías, (es) el principio general que engloba todo el derecho procesal y de todo proceso jurisdiccional. Se lo comprende como una cláusula general residual o subsidiaria por antonomasia, porque ella permite constitucionalizar todas las garantías orgánicas o procedimentales en tanto y cuando contribuyan directa o indirectamente a la dilucidación de un conflicto en sede jurisdiccional de modo justo y equitativo”, Cáceres Julca citado por Arturo Yáñez Cortés, en su libro “Excepciones e Incidentes”, Primera Edición, pág. 88.

En ese entendido, el ejercicio de la competencia en estricto apego a las normas, constituye una verdadera garantía del debido proceso, lo que implica la vigencia del derecho al juez natural, entendimiento desarrollado en la SCP N° 874/2014 12 de mayo, como sigue: “la competencia de las autoridades resulta ser determinante para un debido procesamiento, de manera que, si una determinada controversia fuere resuelta o sometida a una autoridad que no tiene competencia, la consecuencia inmediata sería la franca vulneración del debido proceso”; asimismo, el ejercicio de la competencia por el juez o tribunal, son de orden público; consiguientemente, su acatamiento y cumplimiento es obligatorio.

Ahora bien, precisado el concepto de competencia conforme lo descrito líneas arriba, corresponde hacer énfasis que por mandato del art. 39.8 de la Ley Nº 1715 modificada por la Ley Nº 3545, los jueces agrarios (ahora jueces agroambientales) son competentes para conocer otras acciones reales, personales y mixtas derivadas de la propiedad, posesión y actividad agraria, norma precitada concordante con el art. 152.1 de la Ley Nº 025, que establece que los jueces agroambientales tienen competencia para: “Conocer acciones reales agrarias en predios previamente saneados”; en esa misma línea, el art. 131.II de la Ley supra referida, señala que la jurisdicción agroambiental: “Desempeña una función especializada y le corresponde impartir justicia en materia agraria, pecuaria, forestal, ambiental, aguas y biodiversidad; que no sean de competencia de autoridades administrativas” ^{(subrayado añadido)}.

Dentro del marco normativo expuesto precedentemente, se advierte con absoluta claridad que el Juez Agroambiental tiene un límite al ejercicio de su competencia, determinada en razón de materia; es así que la jurisprudencia agroambiental en el Auto Agroambiental Plurinacional S2^a N° 83/2022 de 28 de septiembre, estableció “No obstante, lo expresado en la jurisprudencia agroambiental, la Ley N° 025 del Órgano Judicial, en su art. 152 núm. 10), establece que las juezas y los jueces agroambientales tienen competencia para: “Conocer interdictos de adquirir, retener y recobrar la posesión de predios agrarios, y de daño temido y obra nueva perjudicial; para otorgar tutela sobre la actividad agraria en predios previamente saneados” (negrillas y subrayado son incorporados) de donde se tiene que la competencia de la jueza o el juez agroambiental, en materia de interdictos posesorios, se encuentra condicionada al proceso de saneamiento de la propiedad agraria, ésta última norma cobra relevancia frente a normas preconstitucionales, por cuando la Ley del Órgano Judicial es una de las cinco normas orgánicas fundamentales en el Estado Plurinacional de Bolivia, conforme previsión de la Disposición Transitoria Segunda de la Constitución Política del Estado promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, que establece: “La Asamblea Legislativa Plurinacional sancionará, en el plazo máximo de ciento ochenta días a partir de su instalación, la Ley del Órgano Electoral Plurinacional, la Ley del Régimen Electoral, la Ley del Órgano Judicial , la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y la Ley Marco de Autonomías y Descentralización” (negrillas y subrayado incorporados) de donde se advierte su aplicación prevalente frente a las normas preconstitucionales vigentes; en consecuencia, los jueces agroambientales deben aplicar prevalentemente la Ley N° 025, en cuento sus competencias descritas en el art. 152 del mismo cuerpo normativo.” En tal sentido, del contenido de las normas precedentemente transcritas y de conformidad a lo previsto por el art. 5 del Código Procesal, las normas procesales son de orden público y en consecuencia de obligado acatamiento, tanto por la autoridad judicial como por las partes”…”