SAN-S2-0059-2015

Dentro de un proceso Contencioso Administrativo, interpuesto por la Asociación Agrícola Ganadera "Candelaria Suyo" contra el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia y el Director Nacional a.i. del INRA, impugnando la Resolución Suprema N° 05938 de 7 de septiembre de 2011. Bajo los siguientes fundamentos;

1.- Que la demanda de saneamiento no señala domicilio, realiza errónea invocación de reglas del anterior Reglamento de la L. N° 1715 aprobado por el D.S. N° 24784, presenta simplemente una Declaración Jurada de Posesión Pacífica, no hace mención a la fecha de posesión; no acredita la calidad de poseedora de la interesada, anterior a la vigencia de la L. N° 1715 de 18 de octubre de 1996;

2.- que el Informe Técnico de 17 de noviembre de 2000, hace mención a la extensión de 139,9475 ha. consigna a 5 personas como demandantes (cuando en realidad es una) obteniéndose coordenadas mediante GPS navegador y no estático, no identifica la sobreposición ni a los actuales propietarios que tienen calidad de sub adquirentes y habiéndose determinando, la existencia de sobreposición con el Parque Nacional Tunari, aspecto que no es resuelto en la Evaluación Técnica jurídica;}

3.- que el Informe Legal de 24 de noviembre de 2000, no toma en cuenta los antecedentes jurídicos, ni la invalidez de la declaración jurada respecto a la posesión;

4.- que, el Informe de Inspección ocular 1203/478 de 28 de noviembre de 2000, es copia fiel del primer informe técnico, porque no identifica la superficie y menos referencias o accidentes naturales del lugar;

5. que la Resolución Determinativa de 1 de diciembre de 2000, fue dictada sin que se hubiere realizado un Informe de Gabinete, sin identificar los expedientes N° 5323 y N° 37153, vulnerando el art. 169 -I -a) del Reglamento de La L. N° 1715;

6.- que durante las Pericias de campo se apersonaron para poner en conocimiento del INRA Cochabamba que el proceso de saneamiento atentaba a su derecho propietario además de que a pesar de haber acreditado su derecho propietario, el saneamiento siguió su curso y la Empresa SANEA SRL en el mes de septiembre de 2001 recién identificó sobreposición en más del 80% existente en sus predios;

7. que el Informe de Evaluación de 6 de diciembre de 2007, vulnera el debido proceso porque no ha sido denominado "Informe de Evaluación Técnica Jurídica" conforme dispone el art 169 inc. b) y el art. 176 del Reglamento de la L. N° 1715, consigna a Gertrudis Olmos de Rojas y Hugo Rojas Zenteno como "poseedores" y no beneficiarios del fundo rural, no considera la transferencia de los predios a nombre de la Asociación Agrícola Ganadera "Candelaria Suyo" y la calidad de sub adquirentes;

8.- que debió realizarse el Informe de Readecuación, informe que debió reconocer a la ASOCIACION AGRICOLA CANDELARIA SUYO como subadquirentes, además de regularizar el tramite y proceso de saneamiento lo que no ocurrió ni cumplieron al expedir la Resolución Suprema N° 00997, que también fue recurrida y cuyo fallo fue expedido a favor de los demandantes como legítimos titulares;

9.- que el Informe de Diagnóstico, no cursa en antecedentes, limitándose el INRA Nacional a dictar una nueva Resolución Suprema con la firma del Presidente, violando la Sentencia Agraria Nacional N° 026/2003, cuya parte resolutiva dispone se regularice el trámite y se dicte nueva resolución de saneamiento;

10.- que el Informe en Conclusiones no existe ni cursa en obrados, aspecto que viola la Resolución Suprema (que ilegalmente dispone su propiedad como tierra fiscal, sin siquiera habérseles identificado como subadquirentes);

11.- que el Informe de Cierre, dispuesto por el art. 305 del D.S. N° 29215, tampoco existe en obrados, viola los pasos de saneamiento, ya que no se hizo público el resultado del proceso de saneamiento;

12.- que la Función Social, es la única que debe cumplirse, porque los fundos "Combuyo o Anocaraire" y "Candelaria Suyo", con capacidad cultivable de 3 y 2 has., total de 5 ha., son considerados como pequeñas propiedades, protegidas por los arts. 56, 393 y 394 de la C.P.E. y la L. N° 1715, mas no la función económica social;

13.- que no se trata de proceso de afectación sino de " inafectabilidad y consolidación" y que no se puede declarar área fiscal a una propiedad privada que cumple la función social y es considerada pequeña propiedad;

14.- que no se realizó control de calidad, supervisión y seguimiento, que el proceso de saneamiento realizado por la empresa "SANEA" tiene irregularidades y anormalidades, no coincidiendo siquiera el plano de su propiedad. Que en la pericia de campo debió identificarse la invasión y sobreposición a su propiedad por parte de la familia Anibal Corro en una superficie de 4.5000 ha;

15.- que la Resolución Suprema N° 05938 de 7 de noviembre de 2011, contiene varias irregularidades 

16.- que la transferencia de parte de la propiedad rural "Candelaria Suyo o Combuyo" con una extensión superficial de 63.2500 ha., está inscrita en Derechos Reales, a nombre de la extinguida ONAF, propiedad que fue transferida a favor de la "Comunidad de Combuyo o Villa Combuyo",  quienes representan a más de 120 familias o comunarios compradores, suscribiéndose contrato en 10 de julio de 2009, desde la cual ingresan en posesión, asentamiento legal y cumplimiento de la FES;

17.- que el derecho propietario que les asiste, está protegido por el art. 56 de la C.P.E. y arts. 87, 88, 93, 105, 106, 111, 1538 y 1540 numeral 7 del Cód. Civ., derecho que la Resolución Suprema viola y desconoce y;

18.- que en cuanto a la protección de derechos de los sub adquirentes, el INRA no hace diferencia entre calidad de propietarios y sub adquirentes, aplicando en forma general un régimen de afectaciones en forma indiscriminada sin tomar en cuenta que erogaron gastos para adquirir el derecho propietario agrario.

El Codemandado Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia responde a la demanda manifestando: que Carmen Antezana Quiroga incumplió la función social y no demostró actividad productiva agrícola ni ganadera, por ello, la Resolución Suprema N° 05938 de 7 de septiembre de 2011, declara tierra fiscal la superficie de 63.3390 ha., que el Informe Técnico 1203/478 de 17 de noviembre de 2000 no se basa en la utilización de GPS estático sino equipo navegador , se encuentra fuera de lugar porque no toman en cuenta que conforme al D.S. N° 25763, arts. 162, 163, 164 y 165; el Informe permitió establecer: la ubicación del predio, dentro de área protegida y la superficie aproximada, que en la etapa de relevamiento de información en gabinete y campo se identificó el área de saneamiento vinculada a los dos antecedentes agrarios N° 5323 y N° 37153, que fueron valorados en el Informe de Evaluación Técnico Jurídica que sirvieron de base para la emisión de los Títulos Ejecutoriales N° 127316 y 710721, que, a momento de iniciarse el proceso de saneamiento no se conocía a la parte opositora sino hasta la presentación del memorial momento a partir del cual se les consideró en las siguientes actuaciones, habiéndose identificado el conflicto de sobreposición de ambos predios conforme establece el Informe de Evaluación Técnico Jurídica, que la Resolución Final fue emitida conforme a lo resuelto en la Sentencia Agraria 026/2003 de 07 de agosto, estableciendo que el INRA actuó conforme a procedimiento hasta dictar la resolución final, que la parte actora confunde los conceptos de F.S. y F.E.S.; ya que la superficie de 163.0000 ha. es el resultado de la Resolución Determinativa, que es referencial, siendo en la etapa de campo que se determina la superficie real del predio, pretendiendo la parte actora hacer valer sus derechos amparada en documentos de compra venta, solicita se declare improbada la demanda. 

Los terceros interesados Presidente y Vicepresidenta del Sindicato Agrario "Villa Combuyo", se apersonan manifestando: que adquirieron 40.0000 has., de la Asociación Agrícola y Ganadera Candelaria Suyo y que son propietarios subadquirentes debidamente registrados en Derechos Reales, que la fracción adquirida no tenía carácter de tierra fiscal, de modo que se encuentran en actual posesión legal, que con relación al certificado de posesión emitido por Tito Cárdenas Martínez e Isidro Ascuy Tapiz, el primero es dirigente de la OTB Anocaraire y el segundo nunca fue dirigente de la OTB Combuyo, quien afirma no haber suscrito, que la solicitud de saneamiento efectuada por Carmen Altagracia Antezana de Salazar y otros, fue admitida sin que los otros hubiesen firmado solicitud u otorgado poder; dictando el Director del INRA Resolución Determinativa de Área de Saneamiento Simple a pedido de parte reconociendo la solicitud de Carmen Antezana y otros; siendo que la única que firmó el contrato para efectuar la pericia fue Carmen Antezana; informe que el INRA dio por bien hecho, que la Resolución Instructoria R.I. N° 0003/2001 de 15 de enero de 2001, reduce el trámite de saneamiento únicamente a nombre de Carmen Antezana, excluyendo a los otros peticionantes, sin dictarse resolución fundada y que los solicitantes no fueron notificados y si bien consta la notificación al apoderado de la Asociación Ganadera "Candelaria Suyo", efectuada el 24 de septiembre de 2001, ésta se la realizó casi 40 días después de haberse realizado las pericias de campo, vulnerando el derecho a la defensa, debido proceso y transparencia y el art. 44 parágrafo II del D.S. N° 25763, que el acta de conformidad de linderos y ficha catastral solo fueron suscritas por Carmen Antezana, realizándose de manera tardía y errónea un anexo de beneficiarios donde figuran los supuestos otros poseedores; ocurriendo lo propio con las responsables del Informe de apersonamiento de Rodrigo Navarro Contreras, refiriendo que para la realización de pericias de campo los propietarios iníciales y colindantes no fueron citados, tal cual se desprende del informe de medición de septiembre de 2001, que en el Informe en Conclusiones se subsanó algunas observaciones mas no la falta de firmas de los otros solicitantes, la inexistencia del decreto que cumpla con el art. 214-V del Reglamento de la Ley INRA, la firma del contrato suscrita sólo por Carmen Antezana, que las diligencias de notificación no concretizan con qué actuado, solicitan se declare probada la demanda.

El Tribunal Agroambiental FALLO declarando IMPROBADA la demanda contenciosa administrativa interpuesta por la Asociación Agrícola Ganadera "Candelaria Suyo", contra el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia y el Director Nacional del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), en consecuencia, subsistente la Resolución Suprema N° 05938 de 7 de septiembre de 2011. Bajo los siguientes fundamentos:

1.- Respecto a que Carmen Antezana Quiroga, a tiempo de presentar su solicitud de saneamiento, no tendría acreditada la calidad de poseedora, se debe manifestar que, cursa formulario de Declaración Jurada de Posesión Pacífica del Predio con membrete del Instituto Nacional de Reforma Agraria, el mismo no desvirtúa el contenido del certificado, mas aún cuando los poseedores de predios agrarios, se encontraban obligados a acreditar la fecha y origen de su posesión durante el desarrollo de las pericias de campo, resultando de ello, sin sustento legal lo acusado en éste punto por la parte actora;

2.- respecto a que entre la superficie demandada y la mensurada durante las pericias campo existiría una diferencia (aproximada) de 76 hectáreas, la parte actora, ingresa en afirmaciones relativas a la superficie demandada y la mensurada,  pues no precisa la norma legal infringida, menos acredita el perjuicio que, se le ha causado ni la forma en la cual sus derechos han sido menoscabados, sin embargo corresponde precisar que las superficies sujetas a saneamiento, se consideran, en todo momento, preliminares y sujetas a confirmación, de acuerdo a los resultados que se vayan obteniendo en el transcurso del mismo, por lo que, menos podrían considerarse definitivas las superficies que se incluyen en una solicitud (demanda) de saneamiento;

3.- con relación a la vulneración del art. 163, inc. c) del D.S. N° 25763, los demandantes no acreditan la forma en la que ésta omisión le hubiera causado un perjuicio cierto e irreparable a más de que, deberá considerarse que al no haberse fijado domicilio, se tiene por tal, la secretaría de la autoridad ante quien se dirige el petitorio, no siendo por lo mismo, atendible lo acusado en éste punto por la parte demandante, máxime si se toma en cuenta que ésta omisión, en cuanto a sus efectos, incumbe directamente a la parte interesada, por lo que, no tiene la cualidad;

4.- respecto a que la demanda fue presentada en base a normas legales desarrolladas por el D.S. N° 24784 los demandantes no acreditan la forma en la que, lo acusado le causa un perjuicio, menos precisa la norma legal que sanciona con nulidad la omisión o error mas aún cuando la entidad ejecutora de saneamiento, conforme al principio de informalismo, recondujo el proceso conforme a normativa en vigencia, resultando por ello, inconsistente y sin asidero legal lo acusado por los demandantes;

5.- sobre los  Informes Técnicos de 17 de noviembre de 2000 y de 28 de noviembre de 2000, se debe manifestar que la parte actora, omite precisar la norma o normas legales vulneradas, no identifica la forma en la que se le ha causado un perjuicio cierto e irreparable y menos identifica la norma legal que incluye la sanción de nulidad sin embargo se concluye que la entidad administrativa asume una posición en función de los resultados obtenidos durante los trabajos de pericias de campo, resultando por lo mismo inconsistente e irrelevante lo acusado;

6.- sobre el Informe Legal de 24 de noviembre de 2000, se debe manifestar que la identificación, acreditación y valoración sobre la calidad de poseedor legal debía efectuarse en la etapa de evaluación técnico jurídica sobre la base de información generada en las pericias de campo, por lo que, lo anotado en torno a la certificación, el formulario observado por la parte actora no llegó a constituir el fundamento de la decisión de la entidad ejecutora del proceso de saneamiento resultando inconsistente refutar su validez, pues el Instituto Nacional de Reforma Agraria, lo desestimó (tácitamente) en el curso del proceso;

7.- sobre el auto de admisión se debe manifestar que los informes técnico y legal emitidos tenían por principal objeto, determinar si la superficie demandada se encontraba o no sobrepuesta a áreas predeterminadas de saneamiento, caso en el que, habría correspondido aplicar la prohibición contenida en el art. 151 del mismo cuerpo legal, se reitera que los informes técnicos emitidos con anterioridad al auto de admisión de la demanda, son claros al señalar que la superficie demandada no se sobrepone a áreas predeterminadas de saneamiento;

8.- con relación a la Resolución Determinativa, el Relevamiento de Información en Gabinete, tiene por objeto, entre otros, identificar títulos ejecutoriales o procesos agrarios en trámite que se sobreponen al área sujeta a saneamiento, por lo que, al contener datos preliminares, los mismos se encuentran sujetos a confirmación o modificación durante las subsiguientes etapas del proceso de saneamiento en tal sentido su inexistencia, errónea elaboración o inadecuada ubicación en el expediente, no constituye causal de nulidad siempre que, se haya alcanzado, de una u otra forma, su finalidad, por lo que resulta inconsistente acusar la vulneración de derechos a partir de éste hecho;

9.- respecto a las Pericias de Campo, se debe manifestar que la Resolución Suprema que se impugna, en ningún momento del proceso de saneamiento, desconoció la existencia de derechos otorgados mediante títulos ejecutoriales, habiendo basado su decisión, en el incumplimiento de la FES y FS;

10.- respecto al Informe de Evaluación se debe manifestar que, la decisión de la entidad administrativa, no se basa en el no apersonamiento de la Asociación Agrícola Ganadera Candelaria Suyo o en la no acreditación de la transferencia de los derechos reconocidos mediante Títulos Ejecutoriales N° 127316 y 710721 sino en el incumplimiento de la Función Económico Social (FES), por lo que se concluye que el Informe de Evaluación desarrolla un fundamento claro y concreto;

11.- con relación al Informe de Readecuación , al haberse anulado la Resolución Final de Saneamiento de 20 de junio de 2002 y vigente el D.S. N° 29215 de 2 de agosto de 2007, se emite el Informe Legal, de adecuación al nuevo Decreto Reglamentario, resultando alejado de la realidad el señalarse que la entidad administrativa no haya dispuesto la adecuación del procedimiento al nuevo Decreto Reglamentario de la L. N° 1715, por lo mismo inconsistente lo acusado en éste punto por la parte actora;

12.- con relación al Informe de Diagnóstico, Informe en Conclusiones e Informe de Cierre, se debe manifestar que, éstos actuados, no se encuentran contemplados en el D.S. N° 25763 de 5 de mayo de 2000 vigente al momento de sustanciarse el proceso de saneamiento hasta la etapa de Exposición Pública de Resultados, por lo mismo, no correspondió emitir los mismos, por haberse sustanciado el procedimiento en vigencia del D.S. N° 25763 y no del D.S. N° 29215, resultando de ello sin asidero legal el pretenderse que la entidad ejecutora del saneamiento, emita informes que se encuentran contemplados en una norma legal que no se encontraba en vigencia al momento de sustanciarse el procedimiento;

13.- respecto a la función social, conforme al art. 15  del Decreto Ley 3464, el límite máximo de la pequeña propiedad en cabeceras de valle, alcanza a 20 hectáreas, habiendo correspondido aplicar las normas que regulan el cumplimiento de la Función Económico Social y no las que regula el cumplimiento de la Función Social, sin embargo en el Informe de Evaluación, se concluye señalando que el predio se encuentra en total estado de abandono, no habiéndose identificado mejoras por lo que no se acreditó el cumplimiento no solo de la FES sino también de la FS, resultando sin asidero legal lo acusado en éste punto por la parte actora;

14.- sobre las nulidades identificadas en los expedientes 5323 y 37153, se debe manifestar que el Informe de Evaluación concluye que no se ha dado cumplimiento a lo normado por el art. 26 del D.S. N° 3471 de 27 de agosto de 1953 concluyéndose que, si bien, se identifica el acta de juramento del perito designado, profesional Federico Arce, dicho actuado, no contiene la firma de quien, supuestamente, habría prestado el juramento de ley, invalidándose el acto, teniéndoselo como inexistente, concluyéndose por lo mismo, que la entidad administrativa identificó correctamente la existencia de vicios de nulidad relativa;

15.- respecto al control de calidad, supervisión y seguimiento, se debe manifestar que deberá considerarse que las tareas de control de calidad, supervisión y seguimiento se encuentran reguladas por el D.S. N° 29215, no habiendo correspondido aplicar dicha norma en su momento, mas aun cuando la norma contiene un precepto facultativo no aplicable ante la existencia de consentimiento, además debe tenerse presente que la decisión del Instituto Nacional de Reforma Agraria se funda en el incumplimiento de la FES o FS, resultando por lo mismo irrelevante que hayan podido existir sobreposiciones que en todo caso no fueron acusados oportunamente toda vez que no se encuentran reconocidos derechos a favor de ninguna persona individual o colectiva, por lo que, con éste hecho, no se acredita la existencia de un perjuicio cierto e irreparable por no constituir el fundamento de la decisión adoptada por el INRA;

16.- sobre los vicios identificados en la Resolución Suprema N° 05938, se debe manifestar que, la Resolución Suprema impugnada sustenta su decisión en el incumplimiento de la función social o función económico social, aspecto que, se tiene acreditado no únicamente en relación a quien efectúa la solicitud de saneamiento sino también en relación a la Asociación Agrícola Ganadera Candelaria Suyo, resultando de ello sin asidero el señalarse que la entidad administrativa, ha omitido considerar el apersonamiento o los derechos de la Asociación Agrícola Ganadera Candelaria Suyo cuando, se concluyó que la superficie sujeta a saneamiento se encuentra en estado de abandono por lo mismo con incumplimiento de la Función Económico Social o Función Social siendo éste el fundamento de lo decidido y no la falta de apersonamiento de la Asociación Agrícola Ganadera Candelaria Suyo como pretende hacer creer la parte actora;

17.- respecto a que la Resolución Suprema 05938 no anula las Resoluciones Supremas 108418 de 9 de octubre de 1961 y 186831 de 14 de abril de 1978, se debe manifestar que la resolución impugnada a tiempo de anular los Títulos Ejecutoriales antecedente del derecho, hace referencia a sus antecedentes próximos, disponiendo el archivo definitivo de obrados, no únicamente a los títulos ejecutoriales sino a todo el expediente que le sirviera de base por lo que lo acusado por la parte actora resulta irrelevante y sin asidero legal;

18.- sobre la transferencia efectuada a favor de la Comunidad Villa Combuyo, se debe manifestar que la entidad ejecutora del proceso de saneamiento no tuvo conocimiento oportuno de los documentos suscritos entre los representantes de la Asociación Agrícola y Ganadera Candelaria Suyo y la Comunidad o Villa Combuyo,  por lo que no se encontraban obligados a emitir pronunciamiento sobre actos o hechos que no fueron de su conocimiento, menos considerar a la Comunidad Combuyo en calidad de subadquiriente de derechos como pretende la parte actora, toda vez que la misma no se encontraba apersonada al procedimiento, por lo que, cualesquier acto que no fue de conocimiento oportuno de la entidad administrativa de modo alguno podría afectar el fondo de la decisión asumida, así mismo no se tiene acreditado que la transferencia realizada haya sido registrada en oficinas del Instituto Nacional de Reforma Agraria, y;

19.- sobre la pequeña propiedad, el derecho propietario y el derecho de los subadquirientes, se debe manifestar que la parte actora, no tiene acreditado el cumplimiento de la Función Económico Social o Función Social, pues quedó establecido que el predio se encuentra en estado de abandono, se debe aclarar que las características de la pequeña propiedad no impiden que el Estado, a través de la entidad competente, aplique los procedimientos fijados por Ley, por lo que el pretenderse que el Estado, reconozca, vía proceso de saneamiento, derechos respecto a predios que se encuentran en estado de abandono resulta atentatorio al ordenamiento jurídico vigente, de manera particular, contrario a lo normado por los arts. 393, 397, 398 y 401 de la CPE.

CON RELACIÓN A LOS ARGUMENTOS DEL TERCER INTERESADO:

1.- Respecto a los documentos de compromiso de venta y de transferencia, como se dijo anteriormente la entidad administrativa no tuvo conocimiento de los acuerdos suscritos entre la Asociación Agrícola y Ganadera Candelaria Suyo y la Comunidad o Villa Combuyo el 20 de octubre de 2011, no habiendo existido posibilidad de que la entidad ejecutora del proceso de saneamiento, a tiempo de emitir la resolución impugnada, emita o realice algún tipo de consideración respecto a lo ahora reclamado, pues este hecho no fue de su conocimiento;

2.- sobre el incumplimiento de los requisitos fijados por el art. 163 del D.S. N° 25763 de 5 de mayo de 2000 y las observaciones realizadas al contrato suscrito con la empresa SANEA, se debe manifestar que el INRA durante la tramitación del proceso, desestimó la pretensión de Carmen Antezana Quiroga, resultando irrelevante el que se haya apersona a nombre de otras personas, pues la acreditación de su legitimación sólo es considerada con fines de admisión de la demanda presentada y no con fines de reconocimiento de derechos, así mismo debe debe considerarse que la presentación de la empresa que se encargaría de ejecutar los trabajos de campo (pericias de campo) tenía por única finalidad, establecer si la empresa sugerida, se encontraba habilitada para realizar éste tipo de trabajos, resultando irrelevante que el contrato suscrito entre los directamente interesados, contenga o no vicios formales que, en todo caso, debían ser resueltos entre las partes contratantes, más cuando éste hecho no se encuentra sancionado con la nulidad;

3.- respecto a la certificación presentada se debe manifestar que, no corresponde a éste Tribunal ingresar a considerar si las autoridades que firman fueron o no en su momento autoridades del lugar,  mas aún cuando dicho documento no dio curso al reconocimiento de derechos, resultando por lo mismo irrelevante cuestionar su validez;

4.- con relación a no haberse fijado domicilio en el memorial de solicitud de saneamiento, lo acusado en éste punto, no ingresa en los límites del principio de legalidad, menos en el de trascendencia, por no estar acreditado el perjuicio ocasionado, a más de considerarse que, de forma general, sea en la vía administrativa y o jurisdiccional, el no señalarse domicilio procesal conlleva la sanción de tenerse por tal, la secretaría de la entidad o autoridad ante quien se presenta la solicitud, no identificándose norma legal que sancione con la nulidad la ésta omisión;

5.- respecto a la Resolución Instructora y Resolución Administrativa, se debe manifestar que, la intimación a presuntos interesados fue realizada mediante edicto y publicada en una radio emisora de acuerdo a la documental y la Resolución Administrativa, habiendo sido notificada al representante de la Asociación Agrícola Ganadera Candelaria Suyo no fue oportunamente observada habiendo operado los principios de convalidación y preclusión;

6.- sobre las pericias de campo fueron realizadas a espaldas de beneficiarios y poseedores, no habiéndose realizado la citación de los propietarios del predio, se debe manifestar que la intimación a presuntos interesados, poseedores, propietarios y subadquirientes de derechos con antecedente en títulos ejecutoriales o procesos agrarios en trámite fue realizada mediante edicto y publicada en una radio emisora de acuerdo a la documental no obstante ello, el tercero interesado, no acredita haberse apersonado en los plazos fijados para el desarrollo de los trabajos de campo, razón por la que, no podría acusarse que durante la sustanciación del procedimiento se le causo un perjuicio a tiempo de ejecutarse las pericias de campo;

7.- respecto al límite Este del predio se debe manifestar que el tercero interesado, ingresa en afirmaciones subjetivas, pues quien aduce una nulidad, debe acreditar que el acto u omisión cuestionada le ha causado un perjuicio cierto e irreparable, limitándose el demandante a señalar que el acta de conformidad de linderos se encuentra suscrita, únicamente, por Carmen Antezana, mas aún cuando el tercero interesado, no se apersonó al proceso, en los plazos fijados en la Resolución Instructora;

8.- con relación a la ficha catastral y anexo de beneficiarios se debe manifestar que resulta irrelevante el acusar que dichos documentos fueron elaborados sin la participación de autoridades del lugar o se consigno a personas que no se apersonaron al proceso de saneamiento, pues al haberse acreditado que el predio se encuentra en estado de abandono, no corresponde reconocer derechos a favor de personas naturales o colectivas, resultando intrascendente lo acusado por el tercer interesado;

9.-  con relación a que no se habría convocado a la Asociación Agrícola Ganadera Candelaria Suyo para la suscripción de formularios de campo y se habría considerado a éste ente colectivo y a la ONAF como personas diferentes, se debe manifestar que conforme a los antecedentes del proceso se tiene acreditado, que la Asociación Agrícola Ganadera Candelaria Suyo, a través de su representante legal, tuvo plena participación en las distintas etapas del proceso de saneamiento, por lo que no podría acusarse que la autoridad administrativa limitó la participación de ésta persona jurídica;

10.- respecto a que el decreto no dispuso la notificación de colindantes y terceros interesados se debe manifestar que el tercero interesado, se apersonó al procedimiento con posterioridad a la emisión de la Resolución Suprema impugnada, ingresando en una serie de afirmaciones subjetivas sin acreditar la vulneración de "sus" derechos, ingresando en afirmaciones que denotan la idea de haber llegado a la conclusión de que las tierras adquiridas no "tienen el carácter de tierra fiscal" cual si les correspondería asumir ésta determinación, sin tomar en cuenta que éste aspecto debe ser resuelto, vía proceso de saneamiento, con cargo a la entidad administrativa competente;

11.- respecto a la documentación adjuntada al memorial, se debe manifestar que, las mismas no desvirtúan la información recopilada en el proceso de saneamiento y de forma precisa la generada durante las pericias de campo oportunidad en la que se verificó que el predio se encontraba en estado de abandono, por lo que la documentación presentada no desconoce la información generada por el Instituto Nacional de Reforma Agraria, sino que hace referencia a hechos nuevos (recientes), posteriores al desarrollo de las pericias de campo, por lo mismo no acreditan que el Sindicato Agrario "Villa Combuyo" haya estado en posesión del predio desarrollando actividades productivas durante la ejecución de ésta etapa del saneamiento.

PRECEDENTE 1

SANEAMIENTO / ETAPAS / DE CAMPO / INFORME DE CONCLUSIONES Y/O COMPLEMENTARIO (EVALUACIÓN TÉCNICA JURÍDICA ETJ) / LEGAL

Calificación de la FS / FES

Durante el saneamiento, cuando una persona (colectiva) no acredita posesión ni cumplimiento de la FES o FS, en el Informe de Evaluación (Informe en Conclusiones), no se comete ilegalidad si se concluye que el predio se encuentra en estado de abandono

"(...) Las características de la pequeña propiedad (patrimonio familiar, indivisibilidad, etc.) no impiden que el Estado, a través de la entidad competente (el Servicio Boliviano de Reforma Agraria), aplique los procedimientos fijados por Ley (Saneamiento, Expropiación, etc.), por lo mismo el pretenderse que el Estado, reconozca, vía proceso de saneamiento, derechos respecto a predios que se encuentran en estado de abandono resulta atentatorio al ordenamiento jurídico vigente, de manera particular, contrario a lo normado por los arts. 393, 397, 398 y 401 de la CPE, concordante con los arts. 2, 64, 65 y 66 de la L. N° 1715 modificada parcialmente por L. N° 3545, 237 y siguientes del D.S. N° 25763 de 5 de mayo de 2000 y 164 y siguientes del D.S. N° 29215 de 2 de agosto de 2007 (vigentes, en su momento, a tiempo de ejecutarse el proceso de saneamiento), resultando indistinto que, durante el proceso de saneamiento, se apersone el titular inicial o los subadquirentes del derecho si, como en el caso en análisis, no se tiene acreditado el cumplimiento de la FES o FS a más de no ser evidente que el Instituto Nacional de Reforma Agraria haya omitido considerar el apersonamiento de la Asociación Agrícola Ganadera Candelaria Suyo, toda vez que, el Informe de Evaluación de fs. 397 a 407 de forma clara concluye que el predio se encuentra en estado de abandono y la precitada persona colectiva no acreditó posesión ni cumplimiento de la FES o FS, resultando de ello inconsistente acusarse que producto del proceso de saneamiento se hubiese vulnerado el derecho de propiedad adquirido (inicialmente) mediante fallos emitidos por autoridad jurisdiccional competente, correspondiendo recalcar que el proceso de saneamiento conforme a los arts. 64, 65 y 66 de la L. N° 1715 se aplica, de acuerdo a ley, a todo tipo de propiedades, sea en relación a los titulares iníciales, subadquirentes o poseedores de las superficies sujetas a saneamiento."

PRECEDENTE 2

SANEAMIENTO / PRECLUSIÓN / CONVALIDACIÓN / TRASCENDENCIA

Informe de Conclusiones y/o complementario (ETJ) no observado

Cuando el interesado no se apersona al proceso, en los plazos fijados en la Resolución Instructoria ni en etapas posteriores al saneamiento, pues no observa conclusiones y sugerencias del Informe de Evaluación, precluye la oportunidad de reclamar supuestos derechos, convalidándose actos u omisiones que se consideren irregulares

"(...) la Disposición Transitoria Primera del D.S. N° 29215 señala: "Los procedimientos de saneamiento en curso que se encuentren pendientes de firma de Resoluciones Finales de Saneamiento, cuando exista denuncia o indicios o duda fundada, sobre sus resultados, serán objeto de revisión de oficio por el Instituto Nacional de reforma Agraria, para garantizar la legalidad del procedimiento desarrollado y la correcta verificación de la función social o la función económico social; estableciendo los medios más idóneos para su cumplimiento", norma que introduce una facultad más no un precepto de cumplimiento obligatorio (imperativo), debiendo tomarse en cuenta que, en el caso en examen, la ahora parte actora, participó de forma directa en todo el proceso de saneamiento, habiendo tomado conocimiento de los actos desarrollados, no habiendo observado las conclusiones y sugerencias del Informe de Evaluación (diligencia de fs. 409), habiendo solicitado, en conocimiento del precitado informe, se proceda a emitir la Resolución Final de Saneamiento (memorial de fs. 427 y vta.), emergiendo por lo mismo, los principios de preclusión y convalidación de actos u omisiones que se consideran irregulares, máxime si como se tiene señalado, el Instituto Nacional de Reforma Agraria, procedió a valorar el cumplimiento de la FES o FS, en apego a la normativa legal vigente al momento de ejecutarse las Pericias de Campo al emitirse el Informe de Evaluación y desarrollarse la etapa de Exposición Pública de Resultados."

"(...) nuevamente, el tercero interesado, ingresa en afirmaciones subjetivas, en razón a que, como se tiene remarcado, quien aduce una nulidad, debe acreditar que el acto u omisión cuestionada le ha causado un perjuicio cierto e irreparable, en el punto en examen se limita a señalar que el acta de conformidad de linderos que corresponde al límite éste se encuentra suscrita, únicamente, por Carmen Antezana, no obstante, no señala si con éste acto se menoscaba derechos que le corresponden ejercer en éste sector, habiéndole correspondido acreditar que al fijarse éste límite, de una u otra forma, se le han vulnerado derecho que le corresponde ejercer, debiendo tenerse en cuenta que, como ya se tiene analizado, el tercero interesado, no se apersonó al proceso, en los plazos fijados en la Resolución Instructoria ni en etapas posteriores del saneamiento, habiendo precluído la oportunidad para reclamar supuestos derechos, máxime si se toma en cuenta que, nuevamente se limita a ingresar en afirmaciones sin acreditar un perjuicio cierto e irreparable."

Preclusión

SENTENCIA AGROAMBIENTAL PLURINACIONAL S1ª Nº 094/2019

“no obstante tratarse de supuestos hechos que corresponden más a una demanda contencioso administrativa que a la presente acción de nulidad … no habiéndose identificado durante la fase de campo, observación alguna que manifieste lo contrario o se diga que corresponden a otra persona … En lo que concierne a los vicios de simulación absoluta y ausencia de causa , si bien la parte demandante los citó y enunció en su memorial de demanda, sin embargo, no efectuó una relación precisa con los hechos que se ejecutaron durante el proceso de saneamiento del cual emergió el Título Ejecutorial ahora cuestionado, es decir, no sustenta, ni argumenta cómo es que el acto administrativo emitido por las autoridades administrativas se contraponen a la realidad de los hechos y que además son inexistentes, es decir, que la acusación que hace la parte actora, no es precisa, toda vez que no existe un nexo de causalidad entre los hechos y el derecho invocado”

SENTENCIA AGROAMBIENTAL PLURINACIONAL S1ª Nº 071/2018

“aspectos que, en contraposición no fueron desvirtuados por la actora, ni durante el proceso de saneamiento ni conforme a los términos de la demanda, no evidenciándose en este sentido que el ente administrativo se haya basado para la toma de decisiones en un acto aparente contradicho con la realidad o que en su caso se haya basado en hechos inexistentes o falsos”

SENTENCIA AGROAMBIENTAL PLURINACIONAL S 1ª Nº 105/2019

SENTENCIA AGROAMBIENTAL PLURINACIONAL S1ª Nº 85/2019

SENTENCIA AGROAMBIENTAL PLURINACIONAL S1ª Nº 051/2019

SENTENCIA AGROAMBIENTAL PLURINACIONAL S1ª Nº 043/2019

SENTENCIA AGROAMBIENTAL PLURINACIONAL S1ª Nº 09/2019

SENTENCIA AGROAMBIENTAL PLURINACIONAL S1ª Nº 065/2018

SENTENCIA AGROAMBIENTAL NACIONAL S2ª Nº 93/2017

SENTENCIA AGROAMBIENTAL NACIONAL S1ª Nº 59/2017

SENTENCIA AGROAMBIENTAL NACIONAL S2ª Nº 35/2017