AUTO AGROAMBIENTAL PLURINACIONAL S2° 060/2021
Expediente: No. 4148-RCN-2021
Proceso: Desalojo por avasallamiento | |
Partes: Tatiana Georgina Martínez Maldonado contra Delicia Ramos Meriles de Baldiviezo y Felix Orlando Baldiviezo Arroyo | |
Recurrente: Delicia Ramos Meriles de Baldiviezo | |
Resolución recurrida: Sentencia 01/2021 de 01 de febrero de 2021, pronunciada por el Juez Agroambiental de Tarija | |
Distrito: Tarija | |
Asiento Judicial: Tarija | |
Predio: " Comunidad Campesina Tolomosita Centro Parcela 151" |
Lugar y fecha: Sucre, 23 de Julio de 2021
Magistrado Relator: Dr. Rufo N. Vásquez Mercado
El presente Auto Agroambiental Plurinacional resuelve el recurso de casación de fojas 137 a 138, interpuesto por Delicia Ramos Meriles -demandada y ahora recurrente- contra la Sentencia 01/2021 de 01 de febrero de 2021, pronunciada por el Juez Agroambiental de Tarija (fojas 123 a 131 vta.) dentro del proceso de desalojo por avasallamiento a instancia de Tatiana Georgina Martínez Maldonado contra Delicia Ramos Meriles de Baldiviezo y Felix Orlando Baldiviezo Arroyo.
I. ANTECEDENTES PROCESALES
I.1. Argumentos de la sentencia recurrida en casación o nulidad
A través de Sentencia 01/2021 de 01 de febrero de 2021, el Juez Agroambiental de Tarija, con asiento judicial en Tarija, (fojas 123 a 131 vta.), declaró probada en todas sus partes la demanda interpuesta por Tatiana Georgina Martínez Maldonado, respecto al predio rural "Comunidad Campesina Tolomosita Centro Parcela 151", con una superficie de 0.0445 ha que según el Título Ejecutorial de propiedad de la accionante Tatiana Georgina Martínez Maldonado, disponiendo que en un plazo de noventa y seis horas hábiles una vez que se declarare la ejecutoria, los accionados Delicia Ramos Meriles de Baldiviezo y Felix Orlando Baldiviez Arroyo, procedan al desalojo voluntario de la totalidad del predio indicado, todo en mérito a lo dispuesto en el art. 5 - I- inc. 7) de la Ley No 477, Contra el Avasallamiento y Tráfico de Tierras de 30 de diciembre de 2013. Con costas y costos.
La sentencia recurrida en casación, contiene los siguientes argumentos jurídicos, que sustentan la decisión del Juez agroambiental:
Teniéndose presente, que la Ley No 477 tiene como finalidad precautelar el derecho propietario y evitar los asentamientos irregulares de la población. Conforme al artículo 3 de la mencionada Ley, para la procedencia del desalojo por avasallamiento, deben concurrir dos requisitos: 1) La calidad de propietario del demandante, acreditado mediante título idóneo con antecedente en Título Ejecutorial y/o tradición agraria o, en su caso cualquier documento ordinario debidamente registrado en Derechos Reales; 2) El avasallamiento, es decir, la invasión u ocupación de hecho de la propiedad".
1. Con referencia al primer requisito , el Juez Agroambiental sostiene: Que conforme al artículo 5.I.1) de la Ley No 477, concordante con el artículo 2 de la misma Ley y artículo y 1538.I del Código Civil (CC), la demandante Tatiana Georgina Martínez Maldonado ha cumplido con la carga de la prueba con la presentación del Título Ejecutorial D-NAL-869691, de 14 de diciembre de 2018, con una superficie de 0.0445 Hectáreas, clasificada como pequeña propiedad agrícola, con Número de Matrícula o Partida en DD.RR. 6.01.0.10.0011150, parcela denominada "Comunidad Campesina Tolomosita Centro Parcela 151".
2. Con relación al segundo presupuesto , el Juez Agroambiental sostiene: a. Que, los demandados Delicia Ramos Meriles de Baldiviezo y Felix Orlando Baldiviezo Arroyo durante el desarrollo de la audiencia de inspección judicial, de manera espontánea y conforme al parágrafo III del artículo 157 del Código Procesal Civil, sostienen que efectivamente, el bien inmueble objeto de la discordia judicial es de su propiedad y que los productos existentes lo sembraron ellos; b. que los testigos de descargo de manera uniforme indican que los demandantes son lo que se encuentran en la totalidad del predio 151.
Con los fundamentos expuesto, el Juez Agroambiental concluye que, de la compulsa de la totalidad de la prueba propuesta, admitida y oportunamente producidas en el desarrollo y sustanciación del proceso, ha permitido a su autoridad, establecer con absoluta nitidez la existencia real y corpórea de la propiedad intitulada "Comunidad Campesina Tolomosita parcela 151" es de dominio de la demandante Tatiana Georgina Martínez Maldonado y que los demandados ocupan el predio en su totalidad el predio objeto de controversia; por lo que, la demandante cumplió los presupuestos procesales exigidos en el proceso de desalojo por avasallamiento, por cuanto demostró el derecho propietario que le asiste, así como que los demandados procedieron a ocupar parte de su terreno sin acreditar derecho propietario; por el contrario, no desvirtuaron la demanda.
I.2. Argumentos del recurso de casación
La codemandada Delicia Ramos Meriles, agraviada por la Sentencia, interpone Recurso de Casación en el fondo conforme cursa en obrados de fojas 137 a 138, con el siguiente fundamento:
1. Casación en el Fondo
La recurrente sostiene que la sentencia dictada por el Juez Agroambiental de Tarija declarando probada la demanda de Desalojo por Avasallamiento, no es el resultado de una correcta apreciación de la prueba; por el contrario, es el reflejo de una errónea valoración, tanto de derecho, como de hechos, contraviniendo lo determinado en el artículo 1286 del Código Civil y 145.II de su Procedimiento; y, fundamenta de la siguiente manera:
1.a. Que el Juez Agroambiental de Tarija en la emisión de la sentencia, solo valoró la prueba consistente en Título Ejecutorial y documento de compra venta, sin tomar en cuenta que la Ley 477 Contra el Avasallamiento y Tráfico de Tierras señala textualmente en el artículo 3°, "Para fines de esta ley, se entiende por avasallamiento las invasiones ocupaciones de hecho, así como la ejecución de trabajos o mejoras con incursión violenta o pacífica, temporal o continua de una o varias personas que no acrediten derecho de propiedad, Posesión Legal , derechos o autorizaciones sobre propiedades privadas individuales o colectivas..."; asimismo la recurrente refiere que se ha demostrado a través de la prueba testifical de descargo, pericial e inspección judicial, la posesión legal que ostenta sobre la parcela, en consecuencia alega que se vulneró el artículo 87 del Código Civil que habla de la posesión y que tampoco se jabría aplicado el artículo 88.I del mismo cuerpo legal respecto a la presunción legal, pese a poseer el terreno en litigio desde más de cuatro décadas o cuarenta años; como leyes infringidas se tendría los artículos referidos y la propia Ley 477 en su artículo 3°, porque no se puede considerar invasora a la persona que hace muchos años se encuentra en posesión del terreno cumpliendo la función social.
1.b. Otro error cometido por el Juez Agroambiental, es en la apreciación de la prueba en la inspección judicial, al no valorarla correctamente; en dicha actuación procesal y conforme consta en el acta respectiva, se constató la existencia de cultivos (sembradíos que han sido realizados por su persona, y no así por la demandante), extremo corroborado por el peritaje realizado por el personal de apoyo técnico Ing. Amael Padilla Barrientos, que informa que en el predio motivo de la litis existen "dos ligustres, tres plantas de sauco, un sauce llorón, canal de agua de riego y alambres de púa oxidados de antigua data, y la sentencia solo hace referencia a plantas menores, rosas, repollos, lechuga, choclos, arveja y otros; pero no hace referencia a las plantas grandes de antigua data y nativas". Sic. Contraviniendo lo dispuesto en el artículo 1186, con relación al artículo 1334 del Código Civil, y 476 de la Ley Procesal Civil 439, "al tener como hecho probado la posesión continuada de la demandante (¿?) años y que la perdió, extremo no demostrado" (sic).
Además, en la misma inspección se pudo evidenciar que los trabajos realizados por la parte actora SON NUEVOS, lo que denota que nunca estuvieron en posesión del predio como pretenden demostrar.
1.c. La resolución recurrida se sustentaría también en la prueba testifical de cargo erróneamente apreciada y valorada por el Juez, toda vez que se hubiese tenido como hecho probado la posesión de la demandante basándose en testimonios únicamente referenciales, no constando a los testigos la posesión de la actora; por lo que no se explica porque el A quo le atribuye un valor que no tiene, habiendo cometido otro error en la apreciación y valoración de la prueba vulnerando los artículos 1286 del Código Civil y 145 II concordante con el artículo de su Procedimiento.
Petitorio
Con los argumentos expuestos en mérito a la previsión contenida en el artículo 87 de la Ley N° 1715 modificada por la Ley N° 3545 de Reconducción Comunitaria de 28 de noviembre de 2006, la demandada Delicia Ramos Meriles de Baldiviezo interpone Recurso de Casación en el fondo contra la Sentencia 01/2021 de 01 de febrero de 2021 de fojas 123 a 131 solicitando se conceda el recurso ante el Tribunal Agroambiental en una de sus Salas y con los fundamentos expuestos se CASE la sentencia y deliberando en el fondo se declare IMPROBADA con costas y costos.
I.3. Argumentos de la contestación al recurso de casación
La demandante Tatiana Georgina Martínez Maldonado, responde al recurso de casación con los fundamentos que contiene el memorial de fojas 144 a 146, de donde se tiene lo siguiente:
Que los demandados, en su Recurso de Casación como en el transcurso de la sustanciación del proceso continúan de manera machacona y errónea a derecho, afirmando que la justa sentencia pronunciada por el juzgador no es el resultado de una correcta apreciación de la prueba, por el contrario, es el reflejo de una errónea valoración, tanto en el derecho, como de hechos, contraviniendo lo determinado en el artículo 1286 del Código Civil y 145.II de su Procedimiento.
Al punto uno
Empezando la fundamentación la parte demandante, indica que los demandados hoy recurrentes, se olvidan que el INRA TARIJA ha ejecutado un proceso de saneamiento en la comunidad de Tolomosita Centro, oportunidad en la cual se saneó el derecho propietario de todos los predios incluidos el del presente litigio, ocasión en la cual el esposo de la demandada Felix Orlando Baldiviezo Arroyo se hubiese desempeñado como autoridad de la Comunidad; qué la demandada y demandado de forma conveniente hubiesen olvidado, que su madre en vida vendió la parcela objeto del presente litigo a GOTHARD WALKER LINK y FATIMA MARTINEZ PAZ DE LINK, persona que se afilió a la comunidad, testifical efectuada por el testigo Orlando Walker Cartagena Miranda quién habría desempeñado el rol de miembro de la Comisión de saneamiento de la comunidad de TOLOMOSITA CENTRO desde 2011 hasta 2019. También estarían olvidando que la demandante compró dicho terreno, del cual la demandada tenía pleno conocimiento, porque su familia compró un predio a la familia de ella, y se abría afiliado a la comunidad sin oposición alguna.
Al punto dos
Se indica, que los demandados no se presentaron al proceso de saneamiento, porque eran conscientes que su madre vendió el terreno y que su persona (compradora) se afilió a la comunidad, por esas razones no presentaron oposición o reclamo alguno, por lo que injustamente estarían arremetiendo contra el juzgador, señalando que no se ha valorado las pruebas, inspección judicial, ni tomado en cuenta los trabajos sobre la parcela y con ello habría contravenido el artículo 1186, con relación al artículo 1334 del Código Civil, así como el artículo 476 de la Ley Procesal Civil.
Que, los recurrentes tuvieron en sus manos las herramientas legales determinadas en nuestra legislación, concretamente aquellas aplicables al proceso de saneamiento y la institución encargada de la misma, donde callaron, no hicieron nada como ser presentar oposición, denunciar un posible fraude, falsedad y cualquier otro dispositivo que paralice el trámite y se substancie por la vía del conflicto.
Al punto tres
Que los recurrentes no han desvirtuado el contenido íntegro de la sentencia a través del Recurso de Casación en el fondo. El juzgador en la fundamentación de hechos y el derecho, inspección judicial, prueba testifical y otros en el Considerando II), señala en cuanto a la documentación que cursa en obrados que se ha tomado en cuenta las determinaciones y previsiones de los artículos 1296, 1297, 1311 y 1538 del Código Civil, en concordancia legal del artículo 393 y siguientes del D.S. No. 29215 de 7 de agosto de 2007. Con referencia a la valoración testifical, ha permitido al juzgador que bajo el principio de la libre valoración, apreciar de manera objetiva los hechos acaecidos que el entorno familiar y los comunarios tuvieron conocimiento del proceso de saneamiento, tal cual manifestaron los testigos Arnildo Aquino Rueda Cadena, Marco Antonio Segovia y Orlando Walker Cartagena Miranda que llevo al juzgador a comprobar la participación de su persona en el proceso de saneamiento del predio adquirido a título oneroso de los señores GOTHARD WALKER LINK y FATIMA MARTINEZ PAZ DE LINK.
Que el juzgador mediante la sentencia ha realizado una correcta ponderación de los hechos reclamados por ambas partes, y aplicando el derecho, por la cual se ha formado la firme convicción de fallar en su favor declarando probada en todos sus partes la demanda.
Petitorio
En mérito a lo expuesto, la demandante solicita tenerse por respondido el Recurso de Casación en el Fondo presentado por los demandados, se ordene que se eleve los antecedentes ante el Tribunal Agroambiental Plurinacional, a fin de que esa instancia, tomando conocimiento el recurso deniegue el Recurso de Casación en el Fondo.
I.4. Trámite procesal
1.4.1. Decreto de Autos para resolución
Remitido el expediente N° 4148-RCN-2021, sobre desalojo por avasallamiento, se dispuso proceder con el sorteo del expediente mediante decreto de 20 de mayo de 2021, cursante a fojas 214 de obrados.
1.4.2. Sorteo
Por decreto de 26 de mayo de 2021, cursante a fojas 216 de obrados, se señaló fecha y hora de sorteo para el día 27 de mayo de 2021, procediéndose al sorteo de la presente causa en la fecha señalada, conforme cursa a fojas 218 de obrados.
1.5. Actos procesales relevantes
1.5.1. A fs. 5 cursa Título Ejecutorial PPD-NAL-869691 con No de expediente I-35610, expedido el 14 de diciembre de 2018, a favor de Tatiana Georgina Martínez Maldonado, en base a la Resolución Suprema No. 21823 de 10 de agosto de 2017, clasificada como pequeña propiedad agrícola, predio denominado "Comunidad Campesina Tolomosita Centro Parcela 151", con una superficie de 0.0445 ha hectáreas, titulada por adjudicación, ubicada en el Departamento de Tarija, provincia Cercado, Municipio Tarija. Asimismo, copia legalizada de Plano Catastral de ubicación 060101131151 y copia legalizada de inscripción en el Registro de Derechos Reales, bajo la matrícula No. 6.01.0.10.0011150, Asiento A-1 (fojas 7).
I.5.2. A fs. 9, cursa el documento de compra venta consigo misma de fecha 15 de agosto de 2016, debidamente reconocido por ante Notario de Fe Pública No. 6 de Tarija, suscrito por Tatiana Georgina Martínez Maldonado.
1.5.3. A fojas 56, corre el Título Ejecutorial No. 719447 a nombre de Prudencia M. Vda. de Ramos como propietaria del predio "Tolomosita Zona San Isidro" de fecha 14 de abril de 1986.
I.5.4. De fojas 58 a 60 vta., cursa Testimonio de algunas piezas del proceso sumario posesorio seguido por Tomás Ramos y Prudencia Meriles de Ramos.
I.5.5. De fojas 62 a 68, corre el Testimonio de las principales piezas del proceso voluntario de Declaratoria de Herederos seguido por Delicia, Isabel Priscilia, Román Gines, Eloy y Aristo Ramos Meriles al fallecimiento de la señora Prudencia Meriles Ortiz.
I.5.6. De fojas 110 a 112, corre la declaración de los testigos de descargo identificados como: Eliberto Rueda Tapia, Alejandro Felix Gerónimo Guzmán y Facundo Huanca; de manera uniforme declaran que la demandada señora Delicia Ramos Meriles se encuentra en posesión del bien objeto de litigio; es más, el último de los testigos indica que la mencionada señora sería la propietaria del terreno.
I.5.7. De fojas 113 a 118 del expediente, cursa el Informe Técnico elaborado por el Agr. Amael Padilla Barrientos como Técnico del Juzgado Agroambiental de Tarija, a manera de conclusión hace saber, que los accionados Delicia Ramos Meriles y Felix Orlando Baldiviezo Arroyo, se encuentran en posesión actual de la parcela 151 en su integridad que tiene una superficie de 0.0445 ha, efectuando siembra de maíz, cebolla, repollo y otros en pequeñas áreas y plantas de cítricos y durazno; informe que además en Audiencia Pública de 01 de febrero de 2021 fue puesto a conocimiento de las partes, quienes no efectuaron ninguna observación, manifestando su conformidad.
I.5.8. Conforme a la previsión contenida en el artículo 5 - I - 3) de la Ley N° 477 Ley Contra el Avasallamiento y Tráfico de Tierras, se ha llevado a cabo como una de las actividades procesales, la inspección judicial al terreno objeto de litigio, donde se ha constatado que existe actividad agrícola y que los accionados indicaron que fueron ellos quienes sembraron (fs. 109).
II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS
El Tribunal Agroambiental, conforme a los argumentos jurídicos del recurso de casación y de la contestación, resolverá el problema jurídico del caso concreto vinculado a la casación y nulidad del proceso de desalojo por avasallamiento, referido a: 1) Si se demostró la titularidad del derecho propietario de la parte demandante y, si su derecho no está controvertido; y de manera concurrente, 2) Si a partir de la valoración integral de todas las pruebas aportadas por ambas partes existe certidumbre sobre si las personas demandadas incurrieron en medidas de hecho vinculadas a actos de avasallamiento de la propiedad de la parte demandante. Al respecto, se desarrollará los siguientes temas: i) La naturaleza jurídica del recurso de casación en materia agroambiental; ii) El proceso de desalojo por avasallamiento, naturaleza jurídica y principios caracterizadores; y iii) Presupuestos o requisitos concurrentes de procedencia.
FJ.II.1. La naturaleza jurídica del recurso de casación
El Tribunal Agroambiental tiene competencia para resolver los recursos de casación contra las Sentencias o Autos Interlocutorios definitivos emitidos por las juezas y jueces agroambientales, en virtud a lo dispuesto en los arts. 189.1 de la CPE, 144.I.1 de la Ley del Órgano Judicial (Ley No 025) y 36.1 de la Ley No 1715, modificada parcialmente por la Ley No 3545.
FJ.II.1.1 El recurso de casación en materia agroambiental
El recurso de casación se asemeja a una demanda nueva de puro derecho. Si bien el recurso de casación en materia civil, está sujeta al cumplimiento de requisitos esenciales específicamente determinados por ley, esto no ocurre en materia agroambiental, dado el carácter social de la materia y los derechos involucrados, como son la propiedad agraria, actividad agraria y pecuaria vinculados a la tierra, territorio y medio ambiente, que han permitido realizar flexibilizaciones para la admisión del recurso de casación.
En efecto, el Tribunal Agroambiental , en su jurisprudencia con el estándar más alto de protección en resguardo del derecho de acceso amplio a la justica agroambiental, ha entendido que el incumplimiento de requisitos en la interposición del recurso de casación -adoleciendo de "técnica recursiva"- no impiden el análisis de fondo, en observancia del principio pro actione (acceso a la jurisdicción agroambiental en sentido amplio, sin obstáculos y restricciones formales, contenido en el art. 115 de la CPE) y el principio por persona o pro homine. Esto supone que si el recurrente de casación no identifica ni distingue claramente los argumentos de casación en la forma y en el fondo, efectuándose sólo una relación de los antecedentes del proceso, sin especificar de forma puntual la ley o leyes supuestamente infringidas o aplicadas, menos se explica en qué consiste la violación, falsedad o error en la apreciación de la prueba, ni establece la relación de causalidad entre las normas citadas, de todas formas, el Tribunal Agroambiental, debe ingresar al fondo del análisis. Así lo han entendido el AAP S2a No 0055/2019 de 15 de agosto, el AAP S2a No 90/2019 de 5 de diciembre y el AAP S2 No 0013/2019 de 12 de abril, entre otros Autos Agroambientales Plurinacionales.
FJ.II.1.2 El recurso de casación en el fondo y recurso de casación en la forma en la jurisdicción agroambiental: Distinción y formas de resolución
La interposición del recurso de casación en la forma y en el fondo puede ser de manera simultánea. La distinción entre el recurso de casación en la forma y el recurso de casación en el fondo y las formas de resolución ha sido motivo de la profusa jurisprudencia agroambiental, que, en innumerables Autos Agroambientales Plurinacionales, de manera uniforme, ha señalado que:
1) El recurso de casación en el fondo procede cuando la sentencia recurrida contenga violación de leyes, interpretación errónea o la indebida aplicación de la ley, así como el error de derecho o de hecho en la apreciación y valoración de la prueba. En este caso, de ser evidentes las infracciones acusadas en el recurso de casación en el fondo, dará lugar a que se case la sentencia recurrida y se modifique la parte resolutiva de la misma (art. 220.IV de la Ley No 439); de lo contrario, cuando el Tribunal Agroambiental, no encontrare haber sido violada la ley o leyes acusadas, declarará infundado el recurso (art. 220.II de la Ley No 439).
2) El recurso de casación en la forma, procede por la vulneración de las formas esenciales de proceso. De ser ciertas las infracciones de la forma denunciadas o verificadas de oficio, dará lugar a la nulidad del proceso hasta el vicio más antiguo. Es decir, tiene por objeto subsanar los derechos procesales del proceso.
Esa distinción, entre el recurso de casación en la forma y el recurso de casación en el fondo y las formas de resolución, ha sido asumida en el AAP S2a 0055/2019 de 15 de agosto, en el que se ha señalado que:
"...el recurso de casación se asemeja a una demanda nueva de puro Derecho mediante la cual se expone de manera clara y precisa la violación de leyes, interpretación errónea o la indebida aplicación de la ley, así como el error de Derecho o de hecho en la apreciación y valoración de la prueba; por ello, el recurso de casación en el fondo procederá cuando la Sentencia recurrida contuviere violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la ley o cuando contuviere disposiciones contradictorias, error de hecho o de derecho en la apreciación de las pruebas que puedan evidenciarse por documentos o actos auténticos; mientras que el recurso de casación en la forma , procederá por la vulneración de las formas esenciales de proceso. En el primer caso, de ser evidentes las infracciones acusadas en el recurso de casación en el fondo, dará lugar a que se case la Sentencia recurrida y se modifique la parte resolutiva de la misma; mientras en el recurso de casación en la forma , de ser ciertas las infracciones de la forma denunciada, dará lugar a la nulidad del proceso hasta el vicio más antiguo". (las negritas nos pertenecen)
FJ.II.2. El proceso de desalojo por avasallamiento en el marco de la Ley No 477 de 30 de diciembre de 2013 (Ley No 477)
Para mayor abundamiento se tiene el AAP S1a 09/2021 de 11 de febrero de 2021, que al respecto de este instituto señaló:
"FJ.II.2.1. Naturaleza jurídica y finalidad
"El proceso de desalojo por avasallamiento, bajo la competencia de las juezas y jueces agroambientales (art. 4 de la Ley No 477), tiene el objeto de resguardar, proteger, defender y precautelar el derecho propietario de la propiedad individual y colectiva rural o urbana destinada a la actividad agropecuaria, la propiedad estatal y las tierras fiscales de los avasallamientos y el tráfico de tierras en el área rural y así evitar los asentamientos irregulares de poblaciones, esto, con la finalidad de precautelar además del interés público, la soberanía y seguridad alimentaria (art.1 y 2). Ahora bien, la Ley No 477 en su art. 3 establece que la condición para que el acto o medida asumida por una o varias personas, traducidas en invasión, ocupación, ejecución de trabajos o mejoras sea de forma violenta o pacífica, temporal o continua que se produzca en la propiedad, se considere como "avasallamiento", debe ser de hecho, conforme expresa literalmente la parte final de esta norma. De ahí que, si la parte demandada acredita derecho de propiedad, posesión legal, derechos o autorizaciones sobre propiedades individuales, colectivas, bienes de patrimonio del Estado, bienes de dominio público o tierras fiscales el acto o medida no puede ser de hecho sino de derecho, por tener alguna causa jurídica.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en el marco de los postulados del Estado Constitucional de Derecho, en acciones de amparo constitucional, donde resolvió casos de violación a derechos fundamentales a consecuencia de medidas de hecho o justicia por mano propia, enfatizó que estos, para ser considerados tales, deben haber sido asumidos "...sin causa jurídica ; es decir, en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales establecidos para la definición de hechos o derechos y estar circunscrita a aspectos que no impliquen la existencia de hechos controvertidos a ser sustanciados por la jurisdicción ordinaria" (SCP 119/2018-S2 de 11 de abril). Del mismo modo, en la SCP 0998/2012 de 5 de septiembre, el Tribunal Constitucional entendió que "...las vías de hecho se definen como el acto o los actos cometidos por particulares o funcionarios públicos, contrarios a los postulados del Estado Constitucional de Derecho por su realización al margen y en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales vigentes para una administración de justicia , afectando así derechos fundamentales reconocidos por el bloque de constitucionalidad...".
En ese marco, queda claro que el proceso de desalojo por avasallamiento sustanciado en la jurisdicción agroambiental en el marco de la Ley No 477, ha sido concebido única y exclusivamente para otorgar soluciones eficientes y oportunas en las que el propietario, que se constituye en parte demandante, quede afectado frente a situaciones "de hecho", medidas de hecho, traducidas en invasión, ocupación, ejecución de trabajos o mejoras sea de forma violenta o pacífica, temporal o continua que se produzca en su propiedad agraria individual o colectiva, esto, con el propósito de alcanzar el fin propuesto por esta ley, que no es otra cosa que la de resguardar, proteger, defender, precautelar el derecho propietario de la propiedad individual y colectiva rural o urbana destinada a la actividad agropecuaria.
Por eso, la jurisprudencia agroambiental, diferenció la naturaleza jurídica y finalidad del proceso desalojo por avasallamiento respecto, por ejemplo, a la acción reivindicatoria y, entendió que: "...la figura del Desalojo por Avasallamiento como una acción jurídica que proporciona a los afectados, de una manera oportuna, de revertir una situación de hecho como lo es el avasallamiento, que cuenta con sus propias características, diferentes a la figura del despojo...". (AAP S2ª N° 046/2019, de 2 de agosto).
FJ.II.2.2. Requisitos o presupuestos concurrentes de procedencia del proceso de desalojo por avasallamiento, coherentes con su naturaleza jurídica y características configuradoras
La lectura atenta y acuciosa de la naturaleza jurídica y el fin perseguido que busca el legislador con el proceso de desalojo por avasallamiento, claramente establecida en la ratio legis (razón del legislador) de la Ley No 477 y sus características configuradoras como son la sumariedad, el no formalismo, la inmediación e inmediatez en la protección, que lo distingue de otros procesos agrarios de conocimiento con amplio debate probatorio, permiten concluir que es razonable entender que prospere una demanda de este tipo únicamente cuando se acredite que CONCURREN dos requisitos o presupuestos imprescindibles: 1) La titularidad del derecho propietario de la parte demandante sobre el predio rural o urbano con actividad agropecuaria en litigio; y, 2) El acto o medida de hecho, traducido en invasión, ocupación, ejecución de trabajos o mejoras sea de forma violenta o pacífica, temporal o continua que se produzca en la propiedad rural o urbana con actividad agropecuaria.
La concurrencia de estos dos requisitos, ha sido exigida por la jurisprudencia agroambiental, como ocurre en el AAP S2ª N° 070/2019, de 16 de octubre, entre otros, en el que se ha señalado que, respecto al primer requisito, la inexistencia de sobreposición en el predio objeto del proceso, debe ser demostrado por el Informe Técnico del Juzgado. A esta altura de razonamiento, resulta necesario diferenciar cómo se acredita y valora el cumplimiento de cada uno de esos dos requisitos, para tener certidumbre, de que hubo avasallamiento y, por ende, debe procederse al desalojo.
1) El primer requisito, referido a la titularidad del derecho propietario de la parte demandante sobre el predio rural o urbano con actividad agropecuaria en litigio, debe acreditarse con título idóneo.
La parte demandante debe presentar título idóneo, es decir, Título Ejecutorial emitido como resultado del proceso de saneamiento (Título Ejecutorial pos saneamiento) o contratos de compraventa de subadquirentes emergentes de ese Título, en ambos casos, inscritos en el Registro de Derecho Reales; derecho propietario que no esté controvertido.
Se subraya y aclara que la Ley No 477, cuando configura el proceso de desalojo por avasallamiento, no ha destinado este proceso sumarísimo a declarar indiscutible, incontrovertible ni incólume el derecho propietario con base en un Titulo Ejecutorial pos saneamiento, es decir, no tiene la finalidad de consolidar el derecho propietario, sino que su fin es resguardar, proteger, defender, precautelar el derecho propietario de la propiedad individual y colectiva rural o urbana destinada a la actividad agropecuaria. Una comprensión contraria, esto es que, a través de este proceso sumarísimo se puede consolidar el derecho propietario, haría ineficaz, por ejemplo, el proceso de nulidad y anulabilidad del título, como proceso de puro derecho previsto en el art. 144.I.2) de la Ley 025, o, inútil los procesos de conocimiento agrarios de amplio debate probatorio, como por ejemplo el proceso de mejor derecho propietario. Con esa aclaración, si la jueza o juez agroambiental valora como cumplido con este requisito, debe valorar el segundo presupuesto que debe cumplirse de manera concurrente.
2) El segundo requisito, referido a la certidumbre de que en efecto se ha probado el acto o medida de hecho, traducido en invasión, ocupación, ejecución de trabajos o mejoras sea de forma violenta o pacífica, temporal o continua que se produzca en la propiedad rural o urbana con actividad agropecuaria.
Al respecto, recordemos que conforme lo entendió la jurisprudencia constitucional citada anteriormente, no puede calificarse ningún acto o medida como "de hecho", cuando existen elementos probatorios que, contrariamente generan certidumbre en el juzgador, que esa persona o personas están ocupando un predio con alguna causa jurídica. Se subraya que la existencia de motivo o "causa jurídica" debe analizarse y valorarse en cada caso concreto, tomando en cuenta la valoración integral de todos los medios probatorios propuestos por ambas partes, lo que supone, que un solo medio probatorio, por ejemplo, solo prueba documental, solo prueba pericial o, solo prueba confesoria o testifical, es insuficiente para generar certeza y certidumbre en la autoridad jurisdiccional sobre si existe o no tal "causa jurídica".
En efecto, para que la autoridad jurisdiccional, en el marco de una resolución judicial debidamente motivada (art. 115 de la CPE), llegue a la certidumbre si existió o no actos vinculados a medidas de hecho, debe valorar de manera integral todas las pruebas producidas en el proceso (documental, confesoria, testifical y pericial). Es decir, valorar cada una de las pruebas producidas por ambas partes y, luego, todas ellas en su conjunto.
La valoración judicial de prueba de manera integral, tiene desarrollo legislativo y también jurisprudencial. Así, el art. 134 del Código Procesal Civil (Ley No 439) cuando sostiene que "La autoridad judicial en relación a los hechos alegados por las partes, averiguará la verdad material, valiéndose de los medios de prueba producidos en base a un análisis integral". Del mismo modo, el art. 145 de la Ley No 439, en su parágrafo I, exige al juez o tribunal al momento de pronunciar la resolución la obligación de considerar "todas y cada una de las pruebas producidas, individualizando cuáles le ayudaron a formar convicción y cuales fueron desestimadas, fundamentando su criterio"; y, en su parágrafo II, dispone: "Las pruebas se apreciarán en conjunto tomando en cuenta la individualidad de cada una de las producidas ...". Entonces, le es exigible al juzgador motivar cada una de las pruebas producidas y luego todas de manera integral, incluso aquéllas que se hubieren desestimado y rechazado, explicitando las razones jurídicas para hacerlo, conforme dispone el art. 142 de la Ley No 439, sobre el rechazo de la prueba que tiene que ser justificada conforme a los arts. 213.II.3 y 145 de la Ley No 439.
La valoración integral de los elementos de prueba, ha sido motivo de abundante jurisprudencia constitucional en la revisión de resoluciones judiciales en todas la materias y jurisdicciones. Por ejemplo, la SCP 0550/2018-S2 de 25 se septiembre, es un caso vinculado a materia agroambiental y medidas hecho donde se analiza este aspecto. Finalmente, es necesario señalar, antes de analizar al caso concreto que, conforme se desarrolló en el FJ.II.1.2 de la presente resolución, el recurso de casación en el fondo, está vinculado a dos actividades que realiza la autoridad jurisdiccional: 1) La interpretación que realiza de la ley aplicable; y 2) La valoración de la prueba.
De ahí que, procede el recurso de casación cuando la sentencia recurrida contenga violación de leyes, interpretación errónea o la indebida aplicación de la ley, así como el error de derecho o de hecho en la apreciación y valoración de la prueba. Por ello, de ser evidentes las infracciones acusadas en el recurso de casación en el fondo, darán lugar a que se case la sentencia recurrida y se modifique la parte resolutiva de la misma (art. 220.IV de la Ley No 439); de lo contrario, cuando el Tribunal Agroambiental, no encontrare haber sido violada la ley o leyes acusadas ni error de hecho o de derecho en la valoración de la prueba, declarará infundado el recurso (art. 220.II de la Ley No 439). Ambas actividades, es decir, tanto la interpretación de la ley como la valoración judicial de la prueba, como presupuestos del recurso de casación en el fondo, deben tener en cuenta los entendimientos jurisprudenciales emitidos por el Tribunal Constitucional Plurinacional.
Así, procederá el recurso de casación cuando la sentencia recurrida contenga violación de leyes, interpretación errónea o la indebida aplicación de la ley, siempre que en esa interpretación se hubieran quebrantado los principios, valores, derechos y garantías constitucionales, es decir cuando no se hubiera efectuado una interpretación desde y conforme a la Constitución Política del Estado. (SSCC 1846/2004-R, 1917/2004-R, 0085/2006-R, reiteradas por el actual Tribunal Constitucional Plurinacional en la SCP 0659/2012 de 2 de agosto, SCP 0832/2012 de 20 de agosto, entre otras, que desarrolla toda la línea sobre la interpretación de la legalidad ordinaria o la interpretación de la ley).
Del mismo modo, procederá el recurso de casación cuando la sentencia recurrida contenga error de derecho o de hecho en la apreciación y valoración de la prueba. Al respecto, este supuesto de procedencia del recurso de casación está vinculado a la exigencia de valoración integral de la prueba. Asimismo, a los supuestos en los cuales la justicia constitucional ingresa a la revisión de la valoración de la prueba que realizan las autoridades jurisdiccionales, conforme sistematizó la SCP 1215/2012 de 6 de septiembre, cuando señala que revisará la prueba, siempre y cuando:
1)Se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; (SCP 0965/2006-R)
2)Omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente, y (SCP 0965/2006-R)
3) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado en la argumentación. (SCP 115/2007-R)
En todos esos casos, la competencia de la justicia constitucional en el análisis de la revisión de la valoración de la prueba se reduce a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa o a constatar una actitud omisiva en esa tarea o, finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, desconociendo el principio de verdad material. (SCP 1215/2012, de 6 de septiembre). Del mismo modo, la justicia constitucional, cuando revisa la actividad de valoración que realizan los jueces y tribunales, valora la relevancia constitucional; es decir, si incide o no, en el fondo de lo demandado y es o no la causa para la lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales. Es decir, la infracción procedimental de lugar a que la decisión impugnada tenga diferente resultado (SCP 0014/2018-S2 y SCP 313/2019-S2).
Entonces, procederá el recurso de casación cuando la sentencia recurrida contenga error de derecho o de hecho en la apreciación y valoración de la prueba, atendiendo los parámetros que da la justicia constitucional, que es la jurisdicción que eventualmente puede revisar la resolución judicial."
FJ.II.3. El caso concreto
En el caso de examen, conforme se tienen los antecedentes, la identificación de los problemas jurídicos y lo razonado en el FJ.II.2 de la presente resolución, cabe manifestar que la parte demandante con relación al primer requisito exigido en el proceso de desalojo por avasallamiento, referido a la titularidad del derecho propietario de la parte demandante sobre el predio rural con actividad agrícola en litigio, demostró tener titularidad conforme a la prueba pre constituida adjunta, en este caso el Título Ejecutorial N° PPD-NAL-869691, con número de expediente I-35610, de 14 de diciembre de 2017, extendido en base a la Resolución Suprema Nº 21823 de 10 de agosto de 2017, del predio denominado "Comunidad Campesina Tolomosita Centro Parcela 151", clasificado como pequeña propiedad con actividad agrícola, con una superficie de 0.0445 ha, titulada por adjudicación, ubicada en el departamento de Tarija, provincia Cercado, municipio Tarija (fojas 5). Asimismo, adjunta el Plano Catastral en copia legalizada y también en copia legalizada la inscripción en el Registro de Derechos Reales bajo la Matrícula Computariza No. 6.01.0.10.0011150, Asiento-A1.
Por otro lado, y de conformidad a la documentación adjunta por la parte demandada se tiene lo siguiente:
A. Cursa en el expediente a fojas 56, Título Ejecutorial No. 719447 de 14 de abril de 1986, emitido a favor de Prudencia M. Vda. de Ramos que acredita ser titular de 4.7820 ha en el Ex fundo "Tolomosita", zona San Isidro; B. De fojas 58 a 60 vta., corre el Testimonio de las principales piezas referentes al juicio sumario posesorio seguido por Tomas Ramos y Prudencia Meriles de Ramos; dando cuenta que los mencionados señores, fueron posesionados en los terrenos de 3 ha, ubicados en la localidad de Tolomosita, jurisdicción de la provincia Cercado, departamento de Tarija; C. Se tiene en obrados de fojas 62 a 68, en fotocopias autenticadas por el Juez y Secretaria - Abogada del Juzgado Público Civil y Comercial 10° de Tarija, Testimonio de las principales piezas del Proceso Voluntario de Declaratoria de Herederos Forzosos ab Intestato a favor de: Delicia Ramos Meriles , Isabel Priscila Ramos Meriles, Román Gines Ramos Meriles, Eloy Ramos Meriles y Aristo Ramos Meriles de la de cujus Prudencia Meriles Ortiz; D. Los testigos de descargo cuyo testimonio corre de fojas 110 a 112 de obrados, identificados como: Eliberto Rueda Tapia, Alejandro Felix Gerónimo Guzmán y Facundo Huanca; de manera uniforme indican que la demandada señora Delicia Ramos Meriles se encuentra en posesión del bien objeto de litigio, es más, el último de los testigos indica que la mencionada señora sería la propietaria del terreno; E. De fojas 113 a 118 del expediente, cursa el Informe Técnico elaborado por el Agr. Amael Padilla Barrientos como Técnico del Juzgado Agroambiental de Tarija, a manera de conclusión hace saber, que los accionados Delicia Ramos Meriles y Felix Orlando Baldiviezo Arroyo, se encuentran en posesión actual de la parcela 151 en su integridad que tiene una superficie de 0.0445 ha, efectuando siembra de maíz, cebolla, repollo y otros en pequeñas áreas y plantas de cítricos y durazno.
De lo glosado líneas arriba y lo determinado por el Juez Agroambiental en la Sentencia Nº 1/2021, se puede establecer, que la autoridad judicial a momento de dictar su decisión, no valoró integralmente toda la prueba presentada por las partes, olvidando que la apreciación de la misma es facultad privativa de los juzgadores de instancia, conforme lo establece el artículo 1296 del Código Civil, que expresamente señala: "Las pruebas producidas serán apreciadas por el juez de acuerdo a la valoración que les otorga la ley; pero si ésta no determina otra cosa, podrá hacerlo conforme a su prudente criterio", no obstante a ello, puede suscitarse que las autoridades judiciales de instancia, se aparten de los marcos de razonabilidad en la apreciación de las pruebas, en cuyo caso el Tribunal de casación podrá ingresar al análisis de lo impugnado en cuanto a la apreciación de la prueba, conforme ya se tiene desarrollado y analizado en el AAP S2a Nº 94/2018 de 21 de noviembre.
En merito a ello y considerando la naturaleza y los requisitos del proceso de Desalojo por Avasallamiento, detallado en el punto FJ.II.2. del presente auto, cabe manifestar que este tipo de proceso lo que hace es proteger, defender y garantizar la propiedad individual o colectiva, de aquellos que acrediten y demuestren el derecho propietario sobre el bien inmueble, ya sea con un Título Ejecutorial pos saneamiento u otro documento que se encuentre registrado en Derechos Reales, no siendo su finalidad u objeto, cuestionar o resolver la validez de los mismos, de lo contrario se tergiversaría la naturaleza del proceso de avasallamiento, existiendo por consecuencia otros medios y otras acciones que deban instaurarse en un determinado proceso, que resuelva el hecho controvertible suscitado.
En el presente caso, si bien la parte demandante acreditó tener derecho propietario sobre el predio en cuestión, conforme se tiene demostrado en el punto 1.5.1. del presente auto, no es menos cierto, que la parte demandada a través de la documentación descrita en los puntos I.5.3., I.5.4., I.5.5. de la presente resolución, demostró que su derecho propietario deriva del Título Ejecutorial 719447, registrado en Derechos Reales bajo la matricula Nº 6011170000047 de 25 de febrero de 2005 (fs. 56), es más, por memorial de fs. 87 a 88 vta., interpuso demanda reconvencional de mejor derecho propietario, lo que hace suponer, que surge un derecho controvertido entre las partes, que debe ser resuelto a través de otra demanda, aspecto que no ha sido advertido por la autoridad de instancia.
En lo que respecta al segundo requisito , referido a la certidumbre que debe tener la autoridad jurisdiccional de que, en efecto, se hubiera probado el acto o medida de hecho, traducido en invasión, ocupación, ejecución de trabajos o mejoras sea de forma violenta o pacífica, temporal o continua que se produzca en la propiedad rural o urbana con actividad agropecuaria, es posible sostener que este requisito no se cumplió, dicho de otra manera, según lo manifestado precedentemente, se advierte y se tiene certeza que, con relación al segundo presupuesto del proceso de desalojo por avasallamiento, no se probó, toda vez que la documental presentada por la parte demandada y transcrita líneas arriba, genera duda razonable en cuanto a la ocupación que pueda estar ejerciendo la ahora recurrente en el predio en conflicto, es decir, que no se hubiera probado la medida de hecho, requisito imprescindible para que también proceda el desalojo por avasallamiento, a eso se suma las declaraciones testificales de descargo que se encuentra desarrollada en el punto I.5.5. del presente auto, quienes afirman que Delicia Ramos Meriles se encuentra en posesión y que es la propietaria del predio, así como también el Informe Técnico de 1 de febrero de 2021 (fs. 113 a 118), que en sus conclusiones indica que en la integridad del predio con superficie de 0.0445 ha, se encuentra en posesión Delicia Ramos Meriles y Félix Orlando Baldiviezo Arroyo, realizando actividades de siembra de maíz, cebolla, repollo y otros; declaraciones e informe pericial que también generan duda razonable y que el juez debió advertir realizando una valoración integral de la prueba, a efectos de desvirtuar toda incertidumbre u oponibilidad de derechos que pudiera haber surgido entre las partes, discernimiento que también fue ampliamente desarrollado en el AAP S1a 09/2021 de 11 de febrero de 2021, la SCP 0550/2018-S-2 de 25 de septiembre de 2018, así como la SCP 0342/2013 de 18 de marzo, que respecto a la valoración integral de la prueba señaló: "Las normas previstas por el art. 180.I de la CPE, entre los principios de la jurisdicción ordinaria, contemplan el de verdad material, cuyo contenido constitucional implica la superación de la dependencia de la verdad formal o la que emerge de los procedimientos judiciales, por eso es aquella verdad que corresponde a la realidad, superando cualquier limitación formal que restrinja o distorsione la percepción de los hechos, a la persona encargada de juzgar a otro ser humano, o de definir sus derechos y obligaciones, dando lugar a una decisión injusta que no responda a los principios, valores y valores éticos consagrados en la Carta constitutiva de nuestro país, a los que, todas las autoridades del Órgano Judicial y de otras instancias, se encuentran impelidos a dar aplicación, entre ellas, al principio de verdad material, por sobre la limitada verdad formal. Obligación que para su cumplimiento requiere, entre otros, de una correcta apreciación de los medios probatorios aportados durante el proceso, conforme a la realidad de su ocurrencia, con la finalidad de efectivizar la función de impartir justicia menos formalista y procesalista, para dar lugar a la justicia material y efectiva; velando por la aplicación y respeto de los derechos fundamentales y de las garantías constitucionales de las personas". De lo anteriormente se puede inferir, que, dentro del proceso de desalojo por avasallamiento, no concurrieron los requisitos que fueron desarrollados y que se exigen en el FJ.II.2. del presente auto, toda vez que, por un lado, se advierte la existencia de un hecho controvertido, en el entendido de que ambas partes acreditaron tener un título idóneo, del primero (demandante) emerge del Título Ejecutorial PPD-NAL-869691 como resultado del proceso de saneamiento, y del segundo (demandado), producto de una Declaratoria de Herederos de la de cujus Prudencia Meriles Ortiz, titular del Título Ejecutorial 719447, registrado en Derechos Reales, aspectos que hacen inviable la procedencia del proceso incoado; por otro lado, está la medida de hecho, que conforme lo expresado precedentemente, tampoco fue probada, toda vez que no se tiene demostrado jurídicamente, que la ocupación del predio por parte de la demandada sea sin causa jurídica, es decir, que al advertirse que Delicia Ramos Meriles y Felix Orlando Baldiviezo Arroyo, también presentaron documentación que acredita su derecho propietario, no podría suponerse que existe incursión violenta o pacífica en la propiedad o que esta sea sin causa jurídica; por lo que en este caso específico, al no haberse probado los dos requisitos que deben ser concurrentes, para que prospere una demanda de desalojo por avasallamiento, esta Sala Primera CASA la sentencia y, por ende, declara improbada la demanda, toda vez que la autoridad judicial no efectuó una correcta interpretación de la Ley No 477, ni tampoco realizó una valoración integral de la prueba a momento de dictar sentencia, en ese sentido se falla.
III. POR TANTO
La Sala Segunda del Tribunal Agroambiental Plurinacional, con la atribución conferida por los artículos 189.1) de la Constitución Política del Estado, 11,12 y 144.I inc. 1) de la Ley 025, 36.1) y 87. IV de la Ley 1715, de conformidad a los arts. 220.II de la Ley No 439, esta última en aplicación supletoria a materia agroambiental por disposición del art. 78 de la Ley 1715 y, en virtud a la jurisdicción y competencia que se ejerce:
1. CASA la Sentencia 01/2021 de 01 de febrero de 2021, emitida por el Juez Agroambiental de Tarija; deliberando en el fondo, se declara IMPROBADA la demanda de desalojo por avasallamiento, interpuesta por Tatiana Georgina Martínez Maldonado de fojas 22 a 27 de obrados.
2. Dispone la condenación de costas y costos a la parte demandante, conforme lo dispuesto en el art. 223.V.3 de la Ley No. 439.
Se tenga presente; no firma el magistrado Dr. Gregorio Aro Rasguido por ser de voto disidente.
Regístrese, notifíquese y devuélvase. -
Fdo.
Rufo N. Vásquez Mercado Magistrado Sala Segunda
Ángela Sánchez Panozo Magistrada Sala Primera
VOTO DISIDENTE
Expediente: Nº 4148/2021
Proceso: Desalojo por Avasallamiento
Demandante: Tatiana Georgina Martínez Maldonado
Demandado: Delicia Ramos Meriles y Félix Orlando Baldiviezo
Objeto del proyecto: Recurso de casación
Distrito: Tarija
El suscrito Magistrado manifiesta su desacuerdo con la determinación asumida en el Auto Agroambiental Plurinacional, la propuesta de CASAR la Sentencia recurrida y declarar improbada la demanda, por los siguientes motivos:
Los fundamentos del proyecto. -
El recurso de casación en el fondo planteado si bien adolece de técnica recursiva, da entender que la fundamentación de agravios cuestiona que la Sentencia N° 01/2021 de 01 de febrero de 2021, del Juez Agroambiental de Tarija, cuestionada en el recurso de casación, habría incurrido en error de derecho o error de hecho en la apreciación de las pruebas al acusar una incorrecta valoración de la las mismas.
Ahora por una parte, el proyecto se sustenta en que de acuerdo a la prueba producida; es decir, testifical, inspección judicial e Informe del Técnico de Apoyo del Juzgado, los demandados Delicia Ramos Meriles y Félix Orlando Baldiviezo tendrían la posesión legal del área reclamada en la demanda; o sea, del lote denominado Comunidad Campesina Tolomosita Centro Parcela 151, que fue otorgado en favor de la demandante Tatiana Georgina Martínez Maldonado sobre una superficie de 445 m2., con ubicación en el municipio de Tarija, provincia Cercado del departamento de Tarija, en favor de la parte actora con la emisión del Título Ejecutorial PPD-NAL-869691 emitido el 14 de diciembre de 2018 como emergencia y a la conclusión del proceso de saneamiento.
Asimismo, el proyecto establece que la Sentencia adolece de falta de fundamentación y omisión de valoración probatoria, citando y glosando al efecto sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional respecto a la obligación de las autoridades judiciales de observar al momento de resolver las controversias puestas a su conocimiento, los componentes de fundamentación, motivación y valoración probatoria como elementos del debido proceso.
Observaciones.- Si bien el proyecto por una parte desarrolla una fundamentación sobre el fondo; es decir, respecto a la concurrencia o no de los presupuestos que hacen procedente el avasallamiento, llegando a establecer que si bien se cumple el requisito de la acreditación del derecho de propiedad sobre el lote cuyo avasallamiento se acusa, no se llegó a establecer el presupuesto de la incursión violenta o pacífica, en mérito a que la prueba producida (testifical, inspección judicial e informe técnico) dan cuenta que los demandados están en posesión del predio desde tiempo atrás; el proyecto no considera que en el trámite del proceso no se han cumplido determinadas formalidades y actuados procesales que hacen al debido proceso, de obligatorio acatamiento por mérito del art. 4 de la Ley N° 439, de aplicación a la materia por expresa determinación del art. 78 de la Ley N° 1715.
En efecto, por una parte, como bien lo anota el propio proyecto, se habría identificado falta de fundamentación o fundamentación inadecuada; no obstante, en la parte resolutiva se plantea casar e la Sentencia; vale decir, que hay una infracción procesal (ausencia de fundamentación- que afecta el debido proceso) pero propone tomar una decisión en el fondo sacando la Sentencia.
En todo caso, se advierte en la Sentencia que existe una falta de fundamentación que es motivo de anulación al establecer entre otras cosas conforme a la prueba producida y en particular a las declaraciones testificales y la afirmación de los propios demandados en la inspección judicial que son quienes cultivan y poseen el predio desde tiempo atrás y contradictoriamente se declara probada la demanda de avasallamiento; es decir sin demostrar o probar la incursión violenta o actual.
Otro motivo de nulidad se encuentra en la omisión de la autoridad judicial de no haber puesto en conocimiento de las partes, el Informe Técnico resultante de la inspección judicial cursante de fs. 113 a 119 de obrados, cuyos datos e información debieron comunicarse a las mismas a los fines de solicitar aclaraciones, realizar observaciones u objeciones; no advirtiéndose por consiguiente el proveído que disponga ese aspecto, habiéndose ingresado directamente como consta a fs. 122 de obrados a la lectura de la Sentencia, lo que desde luego ha impedido a las partes el ejercicio de su derecho a la defensa consagrado en el art. 115-II de la CPE.
Finalmente, la autoridad judicial llegó a establecer que a la parte actora le asiste el derecho de propiedad por virtud del Título Ejecutorial PPD-NAL-869691 emitido el 14 de diciembre de 2018, en favor de Tatiana Georgina Martínez Maldonado, sin llegar a establecer cual la situación jurídica del Título Ejecutorial N° 719447 extendido en favor de Prudencia Ramos, por el ex Servicio Nacional de Reforma Agraria en fecha 14 de abril de 1986, sobre cuya base los demandados tramitaron una declaratoria de herederos y sustentan la posesión que según dicen habrían ejercitado desde hace aproximadamente 40 años atrás. A este respecto, correspondería que la autoridad judicial A quo, recabe del INRA un informe respecto a la situación jurídica del mismo a fin de que se pueda establecer si el mismo sigue vigente, o ha quedado sin efecto a través de una de las formas previstas en las normas que regulan el proceso de saneamiento
Conclusión. -
Por lo expuesto, se sugiere ANULAR OBRADOS hasta fs. 122 inclusive a objeto de que el Juez Aquo, ponga en conocimiento de las partes el Informe Técnico de 01 de febrero de 2021, del técnico de apoyo del Juzgado Agroambiental de Tarija y se recabe un informe pormenorizado del Título Ejecutorial N° 719447 extendido en favor de Prudencia Ramos, por el ex Servicio Nacional de Reforma Agraria en fecha 14 de abril de 1986, debiendo en caso contrario considerarse como voto disidente.
Fdo.
Gregorio Aro Rasguido Magistrado Sala Segunda
DISTRITO JUDICIAL de TARIJA
JUZGADO AGROAMBIENTAL CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE TARIJA Y CON JURISDICCION EN LA PROVINCIA CERCADO
DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA .
EXPEDIENTE : No.2570/2020
PROCESO : "DESALOJO por AVASALLAMIENTO"
DEMANDANTE : TATIANA GEORGINA MARTINEZ MALDONADO
ABOGADO : Dr. HUGO AUGUSTO LEON GUTIERREZ
DEMANDADOS : DELICIA RAMOS MERILES de BALDIVIEZO y FELIX ORLANDO BALDIVIEZO ARROYO
ABOGADOS : Dra. LUCIANA PÉREZ ROCHA y Dr. VICTOR PORTAL YURQUINA
DISTRITO : TARIJA
ASIENTO JUDICIAL : TARIJA
FECHA : 01 de Febrero del 2021.
JUEZ : Msc. JORGE E. CARDENAS CHAVEZ
SECRETARIA : Lic. CARMEN VALERIA PANIQUE HOYOS
S E N T E N C I A
Pronunciada dentro del Proceso Social Agrario Contencioso y Contradictorio sobre: "DESALOJO por AVASALLAMIENTO", instaurado por la señora TATIANA GEORGINA MARTINEZ MALDONADO, acción legal dirigida en contra de los señores DELICIA RAMOS MERILES de BALDIVIEZO y FELIX ORLANDO BALDIVIEZO ARROYO.
V I S T O S: Los antecedentes del proceso y todo cuanto ver convino y se tuvo Presente.
I).- C O N S I D E R A N D O: Que, por Memorial cursante de fs. 22 a 27, con data 07 de Diciembre del 2020,
Subsanado por uno Otro de fs. 32 a 34 de 11 de Diciembre del 2020 la señora TATIANA GEORGINA MARTINEZ MALDONADO se APERSONA a este despacho jurisdiccional, demandando en la Vía Oral Agraria Contenciosa y Contradictoria sobre: "DESALOJO por AVASALLAMIENTO" , acción judicial incoada y dirigida en contra de los señores: DELICIA RAMOS MERILES de BALDIVIEZO y FELIX ORLANDO BALDIVIEZO ARROYO, conforme a los argumentos facticos y fundamentos de jure a desarrollar infra:
I-1).-(IDENTIFICACION del PROBLEMA JURIDICO:FUNDAMENTOS de la DEMANDA:
Que, la ACCIONANTE a través de los memoriales referenciados en el apartado precedente, empieza señalando que mediante TITULO EJECUTORIAL N° PPD-NAL-869691 de 14 de Diciembre del 2018, registrado en Derechos Reales con MATRICULA N°6010100011150 , Bajo el ASIENTO N° "A-1" en 27 de Junio del 2019, se constituye en legítima propietaria de un predio rural denominado "COMUNIDAD CAMPESINA TOLOMOSITA CENTRO PARCELA 151" , parte integrante de la provincia Cercado del Departamento de Tarija, clasificada como PEQUEÑA PROPIEDAD AGRICOLA con una superficie de 0.0445 Hectáreas, terrenos que los habría adquirido en el proceso de "Saneamiento "a título de ADJUDICACION , no sin antes aclarar que con anterioridad lo obtuvo a título oneroso de sus anteriores propietarios los señores GOTTHARD WALTER LINK y FATIMA MARTINEZ PAZ de LINK .
Que, complementa señalando que en el año 2012 por intermedio de su hermano LUIS JAVIER MARTINEZ MALDONADO contrato los servicios del señor CIMAR ORTEGA YEBARA de profesión ALBAÑIL para la construcción y cierre de la pared que da hacia el camino, que consistía en cimientos, zapatas con hormigón armado con hierro y levantamiento de pared con ladrillo, en estas circunstancias cuando el albañil comenzó a cavar los cimientos, se apersona la señora DELICIA RAMOS (Hija de los iniciales vendedores) acompañado de su hijo LEYDER BALDIVIEZO, refiriendo que ese terreno es de ella, puesto que su madre lo habría vendido a precio de "Gallina Muerta", prácticamente "Regalado" , circunstancias en el que su nombrado hermano, EXHIBIO los documentos de titularía a la indicada señora y al señor Corregidor de la Comunidad, a lo que ella se enojó manifestando de que nadie tocara el terreno puesto que era suya. Posteriormente en el mes de Julio del 2019 por intermedio siempre de su nombrado hermano LUIS JAVIER MARTINEZ MALDONADO contrató al ALBAÑIL señor ARNILDO AGUINO RUEDA CADENA, para que realice la construcción de cimientos con zapatas de hierro y hormigón armado en el predio, una vez en el lugar el albañil trabajo por el lapso de DOS SEMANAS sin problema alguno, vacío las zapatas, cimientos, además de haber colocado las columnas de hierro. Sin embargo cuando regreso el día LUNES a continuar con los trabajos, constato Que el Inmueble se encontraba cercado con alambre de púas y postes de madera colocados en la parte posterior a los cimientos que da hacia la calle y columnas de hierro, es decir hacia el camino, sujetados en el hierro de las zapatas construidas por el albañil, lugar donde se encontraba el señor ORLANDO BALDIVIEZO, quien no le dejo ingresar al terreno, preguntando de manera violenta quien le CONTRATO , vociferando que nadie va a tocar nada hasta que el problema se solucione. Complementa señalando la ACCIONANTE, que el nombrado señor en circunstancias en que el INRA-TARIJA ingreso a la Comunidad a efectuar las PERICIAS de CAMPO en el proceso de "Saneamiento " y posterior TITULACION fue parte activa del mismo, en razón en que en esa oportunidad fue AUTORIDAD COMUNAL y en esas circunstancias las Resoluciones Administrativas no fueron IMPUGNADAS , dando por bien actuado todo lo realizado por el indicado ente Administrativo el INRA-TARIJA .
I-2).- Que, con base a los argumentos facticos y exposición de hechos desarrollados en apartados precedentes, TATIANA GEORGINA MARTINEZ MALDONADO, fundando sus pretensiones en los Arts. 1,2,4 ,5,7 de la Ley N° 477 de 30 de Diciembre del 2013 (Ley contra el Avasallamiento y Tráfico de Tierras), con relación al Art.110 de la Ley N° 439 de 19 de Noviembre del 2013 (Nuevo Código Procesal Civil) y Art.78 de la Ley N° 1715 de 18 de Octubre de 1996, instaura Demanda Agraria sobre "DESALOJO por AVASALLAMIENTO ", acción legal dirigida en contra de los señores: DELICIA RAMOS MERILES de BALDIVIEZO y FELIX ORLANDO BALDIVIEZO ARROYO , alegando el AVASALLAMIENTO del predio rural intitulado: "COMUNIDAD CAMPESINA TOLOMOSITA CENTRO PARCELA 151", parte integrante de la provincia Cercado del Departamento de Tarija, con una superficie de 0.0445 Hectáreas. En definitiva, solicita a la autoridad jurisdiccional imprimir al trámite el procedimiento señalado en el Capítulo II) del Art.5 de la aludida Ley N° 477 de 21 de diciembre del 2013, promulgado el 30 de Diciembre del 2013, ADMITIENDO la demanda interpuesta, señalando dentro de las VEINTICUATRO HORAS día y hora para la Audiencia de INSPECCION OCULAR, previa notificación a los demandados., en cuyo mérito y una vez efectuada la Inspección señalada por la Ley, valorada la prueba adjunta al memorial de demanda, solicitan se dicte SENTENCIA declarando en calidad de PROBADA la demanda interpuesta con imposición de COSTAS y COSTOS , disponiendo el DESALOJO de la propiedad objeto de la controversia judicial, fijando al efecto el plazo correspondiente para su ejecución y sea con la ayuda de la FUERZA PUBLICA .
Que, mediante AUTO INTERLOCUTORIO cursante a fs. 36 Vta., con data 18 de Diciembre del 2021, se ADMITE la demanda Interpuesta en todos sus términos, corriendo en TRASLADO a efectos de que los ACCIONADOS puedan asumir una DEFENSA amplia e irrestricta dentro de los cánones jurídico legales del "Debido Proceso" establecidas por ley. Bajo ése marco de acontecimientos, los demandados los nombrados DELICIA RAMOS MERILES de BALDIVIEZO y FELIX ORLANDO BALDIVIEZO ARROYO , son CITADOS con la acción legal interpuesta en su contra en forma PERSONAL , así se advierte de las diligencias cursantes de fs.39 a 40 de Obrados efectuado por la señora Oficial de Diligencias de éste Juzgado Agroambiental.
Que, no obstante el transcurrir de la de los plazos hábiles y oportunos señalados en el parágrafo I-4) del Art. 5 de la Ley N° 477 de 30 de Diciembre del 2013, los ACCIONADOS señores DELICIA RAMOS MERILES de BALDIVIEZO y FELIX ORLANDO BALDIVIEZO ARROYO, extrañamente optan inicialmente por un silencio casi absoluto al NO ABSOLVER la demanda Social Agraria interpuesta en su contra OPORTUNAMENTE a efectos de pretender desvirtuar la acción jurisdiccional intentada. No obstante, lo efectúan de manera extemporánea mediante memorial de fs.82 a 85 Vta., de 19 de Enero del 2021, arguyendo que el terreno objeto de la discordia judicial perteneció a sus señores padres: TOMAS RAMOS CHOQUE y PRUDENCIA MERILES ORTIZ de RAMOS y que a la muerte de su señor progenitor, su madre los llamo para que se hagan cargo del terreno ubicado en la zona de SAN ISIDRO, realizando cultivos de maíz, papa, cebolla entre otros, plantando Sauces y Saucos en la parte que da al camino, cerrando el predio con postes de palo. Continúan refiriendo que a partir del año de 1988 se llena el embalse de agua originando el LAGO de SAN JACINTO, recogiendo la INDEMINIZACION que cancelaba el proyecto multipropósito de "SAN JACINTO ", quedando un sobrante de 360 Mts2 sobre el camino vecinal, zona "San Isidro ", terrenos que pretende Adueñarse dicen la parte ACCIONANTE, quien habría logrado obtener un TITULO con afirmaciones FALSAS. En fecha 04 de Noviembre del 2010 fallece dice su señora madre y junto a sus hermanos tramitó la correspondiente DECLARATORIA de HEREDEROS. En este estado de cosas, señalan que en su ignorancia, creían que con el TITULO AGRARIO de sus padres, firmado por VICTOR PAZ ESTENSORO ya no era necesario hacer más, puesto que desde su niñez se encuentra en POSESION del terreno y hasta la fecha.
Que, a pesar de la CONFIANZA de estar en TIERRAS de sus PADRES , se APERSONARON a las oficinas del INRA los años 2014 y 2015, sin lograr explicación alguna sobre sus TERRENOS SOBRANTES en la zona de "San Isidro". En el año del 2017, una vez más dice se APERSONAN al INRA TARIJA, en circunstancias en que fungía como Director el señor HUGO AUGUSTO LEON GUTIERREZ, no obstante la Secretaria no le habría hecho llegar el escrito a su despacho razón por la que quedo dice "Desinflada ", dándose cuenta de que tenía que haber pagado a un ABOGADO para que los escuchen en su nombre. Al año siguiente, manifiestan el haber ido nuevamente al INRA preocupada por sus tierras y los funcionarios en son de burla y riéndose le habrían contestado que ya es TARDE y que tendría que haber ido antes, actuaciones que le causaban tristeza y rabia a la vez. En estas circunstancias, señalan el haber ocurrido a las autoridades de la Comunidad, nominándose a cuatro o cinco comunarios para que les ayuden en el "Saneamiento " de los terrenos, sin lograr resultados favorables.
Que, continúan diciendo que la primera semana del mes de Junio del 2019, mientras se fueron a cosechar zanahoria a otro punto del terreno, un ALBAÑIL más su AYUDANTE, habrían INGRESADO a trabajar al predio por DOS DIAS y MEDIO , hasta que un vecino les llamo informándoles sobre el particular avisándoles que en el terreno estaban trabajando un hombre grande y un chico. En tal virtud un lunes por la mañana se hicieron presentes en el terreno encontrando que en dirección de la carretera habían colocado cimientos, circunstancia en que llego un hombre y un joven quienes manifestaron que el trabajo lo hicieron por órdenes de RICARDO MARTINEZ quien les habría entregado un papel del INRA para que muestren a la persona que aparezca como dueño del terreno donde figuraba el nombre de TATIANA MARTINEZ, persona que les habría instaurado una querella por AVASALLAMIENTO de su propio terreno con mentiras y testigos falsos, razón por la que el FISCAL de TURNO procedo a RECHAZAR la misma. Argumentos y fundamentos que constituyen base de la RESPUESTA a la DEMANDA por parte de los ACCIONADOS , lo extraño de todo es que no solicitan lo que en derecho corresponde, señalando que su CONTESTACION se sustenta en los Arts.56-II).393 y 394 de la Const.Pol.Del Est.,Arts.79 y siguientes de la Ley N° 1715 de 18 de Octubre de 1996 y Arts.128-1-8,130 y 134 de la Ley N° 439 de 19 de Noviembre del 2013 (Nuevo Código Procesal Civil).
III).-C O N S I D E R A N D O: (FORMALIDADES de ORDEN PROCEDIMENTAL): Que, cumplidas con las formalidades
Legales de orden procedimental establecidas por la Ley No.477 de 30 de Diciembre del 2015 (Ley contra el Avasallamiento y Tráfico de Tierras ), se señala AUDIENCIA PUBLICA dentro de los alcances jurídico legales señalados en los numerales 3) y 4) del Art.5 de la Ley Especial de cita, actuado judicial realizado en inmediaciones de la propiedad rural intitulada: "COMUNIDAD CAMPESINA TOLOMOSITA CENTRO PARCELA 151" , parte integrante de la Comunidad de TOLOMOCITA CENTRO, provincia Cercado del Departamento de Tarija, extremo advertido en el texto de la PROVIDENCIA cursante a fs. 92 Vta., de 21 de Enero del 2021.
Que, del análisis prolijo de todo lo obrado en la AUDIENCIA PÚBLICA de referencia se establecieron los siguientes hechos:
1.- La ASISTENCIA de la parte DEMANDANTE, nos estamos refiriendo a la señora: TATIANA GEORGINA MARTINEZ MALDONADO asistida de sus abogado patrocinante Lic. HUGO AUGUSTO LEON GUTIERREZ . Se advirtió igualmente la ASISTENCIA de los ACCIONADOS señores: DELICIA RAMOS MERILES de BALDIVIEZO y FELIX ORLANDO BALDIVIEZO ARROYO, acompañados de sus abogados defensores Dra. LUCIANA PEREZ ROCHA y Dr. VICTOR PORTAL YURQUINA, actuado jurisdiccional que se aprecia a juzgar de las piezas procesales cursantes de fs. 107 a 111, de obrados fechado en 29 de Enero del 2021.
2.- Continuando con el desarrollo de la AUDIENCIA PUBLICA de referencia y en cabal aplicación de lo señalado en el numeral 4) del Art.5 de la antes referida Ley No.477 de 30 de Diciembre del 2013 (Ley Contra el Avasallamiento y Tráfico de Tierras), se procedieron a cumplir rigurosamente con todas las ACTIVIDADES PROCESALES pertinentes dispuestas por nuestra normativa legal de cita, extremos éstos claramente identificados en el Acta de fs.107 a 111 del cuaderno procesal.
3. -Que, a esta altura es importante recordar que en el mismo actuado jurisdiccional y conforme a ley se ADMITIO expresamente como PRUEBAS de CARGO, nos estamos refiriendo a Las literales cursantes de fs.05 a 09, en la misma calidad las que cursan de fs.30 a 31, Muestrario Fotográfico de fs.10 a 13, y TESTIFICAL propuestos por la parte ACCIONANTE mediante memorial de demanda de fs.22 a 27 de 07 de Diciembre del 2020, y los propuestos mediante memorial de demanda de fs.32 a 34 de 11 de Diciembre del 2020. Los ACCIONADOS, durante el desarrollo y sustanciación del proceso si bien en forma extemporánea ofrecieron en calidad de PRUEBA de DESCARGO las Literales cursantes de fs.47 a 74 y TESTIFICAL propuesto mediante memorial cursante de fs.82 a 85 Vta., de 19 de Enero del 2021 a los efectos de pretender desvirtuar las imputaciones y argumentaciones esgrimidas en la demanda y solventar de esta manera una defensa sólida en resguardo de sus legítimos derechos, pues el desarrollo y sustanciación del Proceso Oral Contencioso y Contradictorio de índole Agrario debe desarrollarse con rigorismo dentro de los cánones y paradigmas del "Debido Proceso" que se constituye en una: "Verdadera garantía que provee elementos y preceptos Constitucionales resguardando derechos fundamentales que toda persona tiene, ineludible derecho a ciertas garantías Constitucionales mínimas tendientes a asegurar un resultado pronto, justo y equitativo dentro de un proceso y particularmente para permitirle tener la oportunidad de ser oído y hacer valer sus derechos judiciales frente a un Juez".
Que, se torna de trascendental importancia complementar fundadamente el anterior considerando, profundizando de esta manera los alcances del "Debido Proceso" desde un enfoque doctrinario y Constitucional. En efecto la expresión "Debido Proceso" procede del derecho Anglosajón y concretamente del conocido como "Due process of Law", traducible como "Debido proceso legal", que en su contexto y entre otras cosas presupone el "El respeto al derecho de Defensa" y a su vez, éste es una manifestación del "Principio de Contradicción", cuya observancia Debe integrar la posibilidad de prueba que respalde la posición de la parte procesal. Sin duda toda persona puede acudir ante los órganos jurisdiccionales para obtener la protección de sus derechos o para hacer valer cualquier otra pretensión , así se resume el texto del Art. 10 de la "DECLARACION UNIVERSAL de los DERECHOS HUMANOS". En nuestro territorio patrio el parágrafo I) del Art. 13 de la C.P.E. Establece lo siguiente:
"Los derechos reconocidos por ésta Constitución son inviolables, universales,
Interdependientes y progresivos. El Estado tiene el deber de promoverlos, protegerlos
Y respetarlos".
Sobre lo dicho, la protección Constitucional sobre el "Debido Proceso" está consagrada en el parágrafo II) del Art. 115 de nuestra carta magna, proclamando la IGUALDAD entre las partes en el parágrafo I) del Art. 119. En efecto, los preceptos Constitucionales de cita nos conllevan a la firme convicción de que no se puede considerar que se ha celebrado con las debidas garantías el proceso en el que no se ha permitido a alguna de las partes la prueba de los hechos que afirma, o incluso de otros cuya realización es incompatible con los que niega, pues de obrar así se estaría violentando derechos fundamentales de las personas como son los derechos a la defensa, contradicción e igualdad.
Que a esta altura, se torna imperativo a mérito de las anteriores consideraciones aclarar que en el desarrollo de la AUDIENCIA a mérito de lo expresamente dispuesto en el parágrafo I-4-a) del Art.5 de la Ley N° 477 de 30 de Diciembre del 2013 se instó a los SUJETOS PROCESALES a dirimir sus controversias a través del mecanismo de la CONCILIACION como solución alternativa de conflictos, sin resultados favorables alegando a su turno DERECHO PROPIETARIO sobre el bien inmueble objeto de la discordia judicial, en estas circunstancias, menos se pudo haber promovido una eventual "DESALOJO VOLUNTARIO" de la COSA LITIGADA por la misma razón referida, empero lo Que sí se pudo efectuar es la valoración correspondiente de las pruebas propuestas, admitidas y producidas en el desarrollo y sustanciación del proceso, todo en cumplimiento estricto de lo expresamente dispuesto en los incisos a),b) y c) del Art. 5 de la supra referida Ley No.477 de 30 de Diciembre del 2013(Ley Contra el Avasallamiento y Trafico de Tierras). Precautelando de esta manera el DERECHO de DEFENSA que debe regir dentro del marco del "Debido Proceso" máxime si se trata como en el caso que nos ocupa de un proceso Social de índole Agraria, donde debe de primar el "SERVICIO a la SOCIEDAD" , conforme a los PRINCIPIOS establecidos en el Art. 76 de la Ley N° 1715 de 18 de Octubre de 1996.
IV).-C O N S I D E R A N DO: (VALORACION de la PRUEBA de CARGO y DESCARGO): Que, conforme a ley se hace
Menester efectuar un riguroso análisis de las referidas PRUEBAS propuestas y ADMITIDAS en el desarrollo y sustanciación del proceso:
A-1).- Que, en lo referido a la documental de fojas 05 a 06 de obrados, ofrecido en calidad de CARGO por la parte ACTORA, consistente en un TITULO EJECUTORIAL No. PPD-NAL-869691 de 14 de Diciembre del 2018, registrado en Derechos Reales del Departamento de Tarija, en el Folio con MATRICULA No.6010100011150 Bajo el ASIENTO No. "A-1" de Titularidad de Dominio de 27 de Junio del 2019, con el valor probatorio asignado por los arts.1296, 1311 y 1538 del Cód. Civ., con relación al Art.393 y siguientes del D.S.N° 29215 de 07 de Agosto del 2007, acreditando de esta manera la existencia jurídica, real y corpórea de la propiedad rural intitulada "COMUNIDAD CAMPESINA TOLOMOSITA CENTRO PARCELA 151" , parte integrante de la provincia Cercado del Departamento de Tarija, a nombre de la ACCIONANTE señora TATIANA GEORGINA MARTINEZ MALDONADO , adquirido en el proceso de "Saneamiento" por ADJUDICACION con una superficie de 0.0445 Hectáreas. Ídem. Comentario para el FOLIO REAL de fs.0 a 07, que no hacen otra cosa que graficar la tradición historiológica del predio rural objeto de nuestro análisis. Por lo demás el PLANO CATASTRAL de fs.06, complementa técnica y geográficamente al TITULO EJECUTORIAL de fs.05 y Vta. Al constituirse en parte indisoluble de este instrumento público conforme a lo expresamente dispuesto en el parágrafo III) del Art.395 del D.S. No.29215 de 02 de Agosto del 2007.
A-2).- Que, de fs. 08 a fs.10, en originales conforme a los alcances jurídico legales establecidos en el Art.1297 del Cód.Civ., se advierte un CONTRATO de VENTA de 15 de Agosto del 2016 del predio rural intitulado "COMUNIDAD CAMPESINA TOLOMOSITA CENTRO 151", POLIGONO 131 efectuado por TATIANA GEORGINA MARTINEZ MALDONADO en representación de los señores GOTHARD WALTER LINK y FATIMA MARTINEZ PAZ de LINK en su condición de VENDEDORES en favor de la señora TATIANA GEORGINA MARTINEZ MALDONADO en su condición de COMPRADORA. En la misma línea de nuestro análisis, la literal de fs.30, consistente en un CERTIFICADO CATASTRAL N°CC-T-TJA01063/2020 de 30 de Octubre del 2020 con el valor probatorio asignado al efecto por el Art.1296 del Cód.Civ., CERTIFICA de manera inequívoca que el predio rural "COMUNIDAD CAMPESINA TOLOMOSITA CENTRO PARCELA 151", parte integrante de la provincia Cercado del Departamento de Tarija con una superficie de 0.0445 Hectáreas se encuentra REGISTRADO en el INRA a nombre de la señora TATIANA GEORGINA MARTINEZ MALDONADO. Por lo demás la literal de fs.31 al constituirse en fotocopia simple carece de valor legal alguno. Finalmente, el MUESTRARIO FOTOGRAFICO de fs.10 a 12, al conculcar el PRINCIPIO de INMEDIACION reconocido por el Art.76 de la Ley N° 1715 de 18 de Octubre de 1996 no se lo toma en cuenta.
A-3).- Que, en lo concerniente a la PRUEBA TESTIFICAL de CARGO receptado en el propio lugar del litigio, esto es en inmediaciones de la Comunidad de "TOLOMOSITA CENTRO" , específicamente en inmediaciones del terreno rural objeto de la litis, denominado "COMUNIDAD CAMPESINA TOLOMOSITA CENTRO PARCELA 151" , parte integrante de la provincia Cercado del Departamento de Tarija, nos estamos refiriendo en forma específica a la declaración de los señores: ARNILDO AGUINO RUEDA CADENA, MARCO ANTONIO SEGOBIA, y ORLANDO WALTER CARTAGENA MIRANDA , conforme al texto del ACTA cursante de fs. 107ª 111 de obrados, Declaraciones que, por su elocuencia e uniformidad en tiempos hechos y lugares, nos conlleva a la firme convicción de que los ACTORA señora TATIANA GEORGINA MARTINEZ MALDONADO participo en el "Proceso de Saneamiento " del predio litigioso "COMUNIDAD CAMPESINA TOLOMOSITA CENTRO PARCELA 151 " objeto de la discordia judicial, terreno que lo habría adquirido a título oneroso de los esposos GOTHARD WALTER LINK y FATIMA MARTINEZ PAZ de LINK , quienes eran AFILIADOS a la Comunidad de TOLOMOSITA CENTRO y que en esas circunstancias el señor FELIX ORLANDO BALDVIEZO ARROYO fungía como DIRIGENTE de la Comunidad y no Opuso ninguna OBJECION al procedimiento del "Saneamiento " que fue de conocimiento de toda la Comunidad y que por Otro lado la señora DELICIA RAMOS MERILES de BALDIVIEZO jamás solicito participar en el "Saneamiento " del terreno litigioso, aseveración efectuada por el testigo señor ORLANDO WALTER CARTAGENA MIRANDA quien habría desempeñado el rol de Miembro de la COMISION de SANEAMIENTO de la comunidad de TOLOMOSITA CENTRO desde el 2011 hasta el 2019 junto a los señores ANA BALDIVIEZO, DIOSMIRA TORREZ y VICENTE CALDERON entre Otros. En la misma línea de nuestro análisis, se considera trascendente la ATESTACION del testigo señor ARNILDO AGUINO RUEDA CADENA, quien asevera que entre los meses de Junio o Julio del 2019, habría sido CONTRADO en su condición de ALBAÑIL por el señor RICARDO MARTINEZ padre de la ACCIONANTE a efectos de CERRAR el terreno objeto de la discordia judicial, habiendo realizado su trabajo en compañía de tres compañeros, por el espacio de DOS SEMANAS y MEDIA , haciendo zapatas, hormigón armado y Otros, en ese espacio de tiempo, refiere que su actividad fue normal sin interrupción alguna, empero cuando volvió a continuar con su trabajo un día MARTES el señor FELIX ORLANDO BALDIVIEZO ARROYO no le dejo ingresar al terreno con VOZ ALTA, ni siquiera para sacar sus herramientas, donde se advertía una MALLA OLIMPICA que impedía el ingreso al predio. Por lo demás, la atestación del señor MARCO ANTONIO SEGOVIA VARGAS en lo trascendente se rescata la aseveración en el entendido de que el vio que se realizó los TRABAJOS como encadenado y una pilastra en el terreno y que además vio que un hombre que no conoce prohibió el ingreso al mismo, por lo demás señalo que estos terrenos eran CUIDADOS y LIMPIADOS por un hombre de nombre VENANCIO por encargo de la parte demandante. Atestaciones que, a mérito de las razones anotadas, la condición de los deponentes al ser mayoritariamente oriundos del lugar del conflicto, merecen sin duda credibilidad personal y por ende enmarcado en sus alcances dentro de la EFICACIA PROBATORIA asignada por el Art.1330 del Cód. Civ. Aplicable a la materia por la permisión del Art.78 de la Ley No.1715 de 18 de Octubre de 1996. Considerando además que en materia Social conforme constituye ser la jurisdicción Agroambiental lo que se pretende a decir verdad es conocer con certidumbre la "Verdad Material " e "Histórica " de los acontecimientos y hechos controversiales sometidos a nuestro juzgamiento a efectos de prestar un verdadero "Servicio Social " a los justiciables conforme a los alcances jurídico legales establecidos en el Art.76 de la Ley No.1715 , en circunstancias en que la PRUEBA se rige por el principio de la "Libre Valoración " facultando al Juez amplios poderes para apreciar y valorar la prueba recibida sin tener que sujetarse a una "Tarifa " previamente determinada por ley, amén de que en vigencia de un Estado Constitucionalizado conforme constituye ser nuestro Estado Plurinacional Boliviano, el juzgador público está obligado a analizar la norma a partir de las bases Constitucionales y en la VALORACION de la PRUEBA apreciará las mismas tomando en cuenta la realidad cultural en el medio probatorio. Y precisamente esa "Realidad Cultural " nos conlleva a la inequívoca conclusión de que los "Hechos " ocurridos en una Comunidad son de conocimiento primero por los miembros del entorno familiar, los comunarios vecinos, constituyéndose en los "Primeros Testigos", razón por demás fundada para no existir óbice para restarle credibilidad a la declaración de los testigos propuestos en calidad de CARGO, independiente de que se haya o no opuesto TACHA sobre los mismos.
A-4).- Que, en lo concerniente a la INSPECCION JUDICIAL , efectuada en el lugar del litigio, esto es en inmediaciones de la propiedad intitulada "COMUNIDAD CAMPESINA TOLOMOSITA CENTRO PARCELA 151" , parte integrante del Municipio de Tarija, provincia Cercado del Departamento de Tarija, distante a Siete Kilómetros aproximadamente con dirección SUD del Juzgado Agroambiental de Tarija, la misma ha permitido al juzgador público acreditar mayores elementos de convicción en el desarrollo del proceso Social Agrario al obtener elementos confirmatorios a los emergentes de la COMPULSA de las demás pruebas conforme a las previsiones señaladas en el Art.187 y siguientes de la Ley N° 439 de 19 de Noviembre del 2013 (Nuevo Código Procesal Civil), evidenciando de esta manera la existencia real y corpórea del predio rustico intitulado "COMUNIDAD CAMPESINA TOLOMOSITA CENTRO PARCELA 151" , la misma comprende una superficie total de 0.0445 Hectáreas, ubicada a la vera del camino Vecinal que conduce al camino carretero a la comunidad de TOLOMOSA , cuenta con "Columnas de Hormigón Armado" y una malla olímpica de Este a Oeste donde se observa una puerta de ingreso precaria hecha de palos y malla olímpica, el mismo lleva un candado para asegurar, en el interior del predio se advierte ACTIVIDAD AGRICOLA en estado de cosechar como ser maíz, zapallo, perejil, brócoli, plantas frutales entre durazno, mandarina, pomelos, flores, arboles de algarrobo, molle y "Sauce llorón" de antigua data, una choza precaria construida con palos y calamina vieja, una acequia o canal de riego cuyas aguas desembocan al lago de "San Jacinto" que se encuentra en la parte SUD del predio. En estas circunstancias los ACCIONADOS señores DELICIA RAMOS MERILES de BALDIVIEZO y FELIX ORLANDO BALDIVIEZO ARROYO señalan que fueron ellos quienes SEMBRARON los productos existentes en el predio y lo hicieron igualmente en las pasadas gestiones, aseveraciones que se los debe de contemplar dentro de los alcances y paradigmas de una CONFESION JUDICIAL ESPONTANEA conforme a lo establecido en el parágrafo III) del Art.157 de la Ley N° 439 de 19 de Noviembre del 2013 (Nuevo Código Procesal Civil).
B).- Que, con relación a la PRUEBA de DESCARGO, propuesta por la parte ACCIONADA de manera EXTEMPORANEA y ADMITIDA durante el desarrollo y sustanciación del proceso con facultad amplia por la autoridad jurisdiccional en la búsqueda de la VERDAD MATERIAL de los HECHOS , conforme a lo expresamente establecido en los Arts.1-16) y 134 de la Ley N° 439 de 19 de Noviembre del 2013 (Nuevo Código Procesal Civil) nos hemos de referir específicamente a las literales cursantes de fs. 47 a 53 en copias fotostáticas simples, incumpliendo formalidades de orden legal establecido en el Art.1311 del Cód.Civ., razón por la que no se los considera. En lo referido al TITULO EJECUTORIAL N.719447 de fs. 56, referido a un predio rural "TOLOMOSITA SAN ISIDRO " adquirido por CONSOLIDACION a nombre de PRUDENCIA M.Vda. de RAMOS si bien en original con el valor legal otorgado por el Art.1296 del Cód.Civ., no obstante resulta irrelevante a los fines del presente proceso primero por no identificarse con precisión a la BENEFICIARIA que no resultan siendo ser precisamente los ACCIONADOS del caso de Autos, menos el predio objeto de la discordia judicial considerando las superficies absolutamente distantes, pues mientras el predio litigioso comprende 0.0445 Hectáreas , este último comprende una Superficie Cultivable de 6.7260 Hectáreas y 9.4870 Hectáreas de Pastoreo Colectivo y lo que aún resulta siendo más elocuente es que el predio "COMUNIDAD CAMPESINA TOLOMOSITA CENTRO PARCELA 151" , emerge a la vida jurídica del proceso de "Saneamiento " en plena vigencia de la Ley N°1715 de 18 de Octubre de 1996, en cambio el predio "TOLOMOSITA ZONA SAN ISIDRO " conforme a los ABROGADOS Decretos Leyes N° 03464 y 03471 de 02 y 27 de Agosto de 1953. Con relación al TESTIMONIO cursante de fs.58 a 60 Vta., en originales con el valor probatorio asignado por el Art.1309 del Cód.Civ., da cuenta que por ante el Juzgado de Instrucción Segúndo en lo Civil de la ciudad de Tarija, en fecha 10 de Abril de 1971, se ministra POSESION JUDICIAL a los señores TOMAS RAMOS y PRUDENCIA MERILES de RAMOS del predio rural intitulado "HOYADA CAMPO ALTILLO y EL BARRIAL" con una superficie de TRES HECTAREAS ubicadas en inmediaciones de la Comunidad de TOLOMOSITA , provincia Cercado del Departamento de Tarija, instrumento público que en efecto NADA tiene que ver con la COSA LITIGIOSA del caso de Autos. El Plano de Propiedad de fs.61 en copia simple carece de valor legal alguno por incumplimiento de formalidades de imperativo cumplimiento. Con relación a las literales de fs. 62 a 68, consistente en un TESTIMONIO de DECLARATORIA de HEREDEROS efectuado por los señores: DELICIA RAMOS MERILES, ISABEL PRSCILA RAMOS MERILES, ROMAN GINES RAMOS MERILES, ELOY RAMOS MERILES y ARISTO RAMOS MERILES al infeliz deceso de su común progenitora PRUDENCIA MERILES ORTIZ (Q.E.P.D) , hecho natural acaecido en la comunidad de TOLOMOSITA, provincia Cercado del Departamento de Tarija, en 04 de Noviembre del 2010, trámite judicial voluntario efectuado por ante el Juzgado Publico Civil y Comercial N° 10 de Tarija, mereciendo el AUTO INTERLOCUTORIO de 05 de Febrero del 2014, a través del cual se los declara Herederos Forzosos Ab-Intestato con relación a la Universalidad de Bienes, Acciones y derechos yacentes al deceso de su común causante, instrumento público que si bien merece fe probatoria, no obstante en nada favorece a los fines de los ACCIONADOS de pretender desvirtuar las pretensiones de la ACCIONANTE.
Que, en lo concerniente a la CERTIFICACION de 05 de Julio del 2019, cursante a fs.69 firmado y rubricado por un señor de nombre SAIL GUERRERO VEGA , quien refiere ser AUTORIDAD de la comunidad de TOLOMOSITA sin especificar qué cargo ostenta, señala que el PREDIO en CONFLICTO sin precisar a qué predio se refiere fue de sus Padres y que al fallecimiento de TOMAS RAMOS CHOQUE quedo en poder de PRUDENCIA MERILES ORTIZ Vda., de ORTIZ y a su deceso la señora DELICIA RAMOS MERILES, señala entre otras cosas que el terreno es un "Retazo de Tierra" que quedo como sobrante de una extensión mayor denominada "SAN ISIDRO " ubicado en TOLOMOSITA CENTRO , lugar en el que existen algunas plantas. Por lo demás la CERTIFICACION de fs.70 fechado en 27 de Septiembre del 2019, proveniente del CORREGIMIENTO de TOLOMOCITA da cuenta que los señores DELICIA RAMOS MERILES y ORLANDO BALDIVIEZO se encuentran en actual POSESION del predio "SAN ISIDRO " ubicado en TOLOMOSITA CENTRO , provincia Cercado del Departamento de Tarija, predio que en el pasado inmediato fue de los esposos TOMAS RAMOS CHOQUE y PRUDENCIA MERILES ORTIZ Vda. de RAMOS . Con relación a las literales de fs.71 a 74 al constituirse en copias fotostáticas simples sin cumplimiento de las formalidades de ley no se los considera.
Que, en lo referido a la PRUEBA TESTIFICAL de DESCARGO receptado en el propio lugar del litigio, esto es en inmediaciones de la Comunidad de "TOLOMOSITA CENTRO" , específicamente en inmediaciones del terreno rural objeto de la litis, denominado "COMUNIDAD CAMPESINA TOLOMOSITA CENTRO PARCELA 151" , parte integrante de la provincia Cercado del Departamento de Tarija, nos estamos refiriendo en forma específica a la declaración de los señores: ALEJANDRO FELIX GERONIMO GUZMAN, FACUNDO HUANCA y ELIBERTO RUEDA TAPIA , conforme al texto del ACTA cursante de fs. 107ª 111 de obrados, Declaraciones que, por su elocuencia e uniformidad en tiempos hechos y lugares, nos conlleva a la firme convicción de que los ACCIONADOS en efecto actualmente se encuentran en POSESION del predio rural objeto de la discordia judicial desde que fallecieron sus padres ingresando como HEREDEROS , a quienes la Comunidad los reconocen como PROPIETARIOS sembrando en el lugar maíz arveja y Otros, siendo AFILIADOS a su Sindicato Comunal. Atestaciones que en efecto en NADA favorecen a las pretensiones de los ACCIONADOS , todo lo contrario queda ACREDITADO y RATIFICADO que la COSA LITIGIOSA en efecto se encuentra en su PODER , a mérito de las razones anotadas, la condición de los deponentes al ser mayoritariamente oriundos del lugar del conflicto, merecen sin duda credibilidad personal y por ende enmarcado en sus alcances dentro de la EFICACIA PROBATORIA asignada por el Art.1330 del Cód. Civ. Aplicable a la materia por la permisión del Art.78 de la Ley No.1715 de 18 de Octubre de 1996.
Que, el INFORME TECNICO cursante en obrados de fs. ...... a ..... fechado en 01 de Febrero del 2021, proveniente del
iingeniero AMAEL PADILLA BARRIENTOS , en su condición de personal de APOYO TECNICO de éste despacho jurisdiccional, nos permite introducir trascendentales elementos que a la postre permitirán dictar una resolución judicial absolutamente apegada a la realidad de los hechos sometidos a juzgamiento Agrario. De esta manera ha quedado completamente claro sobre la existencia real y corpórea del predio rural Intitulado "COMUNIDAD CAMPESINA TOLOMOSITA CENTRO PARCELA 151 " con TITULO EJECUTORIAL N° PPD-NAL-869691 , de 14 de Diciembre del 2018, registrado en Derechos Reales con MATRICULA N°6010100011150 , Bajo el ASIENTO N°"A-1 " en 27 de Junio del 2019, con una superficie total de 0.0445 Hectáreas a nombre de TATIANA GEORGINA MARTINEZ MALDONADO, distante a 7. 55 Kms., con dirección SUD desde el Juzgado Agroambiental de la ciudad de Tarija. El terreno en conflicto en superficie abarca conforme se tiene ya referido la cantidad de 0.0445 hectáreas, materialmente ocupados por los ACCIONADOS señores DELICIA RAMOS MERILES de BALDIVIEZO y FELIX ORLANDO BALDIVIEZO ARROYO, con actividades como la siembra de maíz, cebolla, repollo, zapallo, rosas entre Otros, plantas de durazno, cítricos en diferentes tamaños, terrenos que en su frontis a la vía pública se tiene una malla olímpica de 1.5 Mts.de alto, columnas de fierro con una altura de 2.50 Mts., existiendo igualmente seis hilos de alambre de púas en el suelo y algunos postes de madera. En la parte Este y Oeste del inmueble no se tiene Cerco ante la existencia de muros de las construcciones de las viviendas vecinas.
V). -C O N S I D E R A N D O: (DE LOS HECHOS CONTROVERSIALES) :Que, el análisis secuencial de los HECHOS
CONTROVERTIDOS desarrollados por los SUJETOS PROCESALES como base y fundamento de sus pretensiones jurídicas se circunscribe para la parte ACTORA en demandar la RESTITUCION por parte de los ACCIONADOS de un área de 0.0445 Hectáreas específicamente la propiedad rural intitulada "COMUNIDAD CAMPESINA TOLOMOSITA CENTRO PARCELA 151" , parte integrante de la provincia Cercado, del Departamento de Tarija, alegando que en mes de julio del 2019, por intermedio de su hermano LUIS JAVIER MARTINEZ MALDONADO contrato los servicios del ALBAÑIL señor ARNILDO AGUINO RUEDA CADENA para que Realice la CONSTRUCCION de cimientos con zapatas, cimientos con zapatas de hierro y hormigón armado , quien realizado su trabajo por el espacio de DOS SEMANAS sin problema alguno, sin embargo cuando regreso un LUNES a continuar con su trabajo el inmueble se encontraba con alambre de púas y postes de madera, colocados en la parte posterior a los cimientos que da hacia la calle y columnas de hierro, donde se encontraba el señor FELIX ORLANDO BALDIVIEZO ARROYO impidiendo ingresar al albañil al terreno ni siquiera a sacar las herramientas, vociferando que nadie va a tocar nada hasta que el PROBLEMA se SOLUCIONE. Por su parte, los ACCIONADOS, en respuesta a las pretensiones de la parte ACTORA , centralizan sus argumentos NEGANDO en todos sus términos la Demanda Oral Agraria, Contenciosa y Contradictoria sobre DESALOJO por AVASALLAMIENTO interpuesta en su contra. Arguyendo ser propietarios del bien inmueble objeto de la discordia judicial, mismo que refieren lo habrían adquirido a título de SUCESION HEREDITARIA a la muerte de sus extintos señores padres TOMAS RAMOS CHOQUE y PRUDENCIA MERILES ORTIZ de RAMOS, y que los terrenos litigiosos los POSEEN desde niña.
Que, conforme al "Derecho de Petición" y el "Derecho de Acceso a la Jurisdicción", consagrado por los Arts.24 y 115 de la Constitución Política del Estado Plurinacional Boliviano, las PERSONAS tienen la facultad de demandar y Hacer valer sus derechos ante la justicia por intermedio del PROCESO JUDICIAL ; sin embargo, pesa sobre ellas la CARGA de la PRUEBA, que en forma general significa que deben DEMOSTRAR sus AFIRMACIONES . Ciertamente en el PROCESO JUDICIAL se discuten HECHOS CONTROVERTIDOS que deben ser probados o desvirtuados por las Partes involucradas en el mismo, no obstante el juzgador público en relación a los hechos alegados, tiene el deber imperativo y de inexcusable cumplimiento de averiguar la "VERDAD MATERIAL" , valiéndose de los medios de prueba producidos en base a un análisis integral y completo, con el objeto de dictar Sentencia que satisfaga los intereses de las partes y de la administración de justicia, a partir de una interpretación de los DERECHOS y GARANTIAS CONSTITUCIONALES desde y conforme a la Constitución Política del Estado y las normas del Bloque de Constitucionalidad, siendo indispensable desarrollar el rol de los principios y valores de la norma fundamental en la interpretación de las reglas jurídicas.
Que, la COMPULSA de la totalidad de la prueba propuesta, admitida y oportunamente producidas en el desarrollo y Sustanciación del proceso, ha permitido al suscrito Operador de Justicia en materia Agroambiental establecer con absoluta nitidez la existencia real y corpórea de la propiedad intitulada "COMUNIDAD CAMPESINA TOLOMOSITA PARCELA 151" de dominio de la ACCIONANTE señora TATIANA GEORGINA MARTINEZ MALDONADO , ubicada en inmediaciones de la Comunidad de TOLOMOCITA CENTRO a una distancia 7.55 kilómetros del Juzgado Agroambientalal de Tarija, parte integrante de la provincia Cercado del Departamento de Tarija, clasificada como "PEQUEÑA PROPIEDAD AGRARIA" con una superficie total de 0.0445 Hectáreas , mismo que emerge a la vida jurídica dentro del proceso de "Saneamiento" por ADJUDICACION , con TITULO EJECUTORIAL No. PPD-NAL.869691 de 14 de Diciembre del 2018, inscrito en el Registro de Derechos Reales con asiento en la ciudad de Tarija, en el FOLIO con MATRICULA No.6010100011150 Bajo el ASIENTO No. "A-1" de Titularidad de Dominio en 27 de Enero del 2019. De la misma manera se ha demostrado elocuentemente y de manera inequívoca, que los Co-Demandados señores: DELICIA RAMOS MERILES de BALDIVIEZO y FELIX ORLANDO BALDIVIEZO ARROYO, se encuentran OCUPANDO, la TOTALIDAD del bien inmueble de cita en una superficie especifica de 0.0445 Hectáreas con la siembra de maíz, zapallo, cebolla, repollos, perejil y Otros en pequeñas proporciones, inclusive en la presente GESTION AGRICOLA , sin ostentar derecho propietario alguno sobre el mismo, pues los alegatos de una presunta DECLARATORIA de HEREDEROS al deceso de sus progenitores señores TOMAS RAMOS CHOQUE y PRUDENCIA MERILES ORTIZ de RAMOS (Q.E.P.D.) si bien ha quedado acreditado, empero no es menos evidente que con carácter de Ab-Intestado y con relación a la universalidad de acciones, bienes y derechos yacentes al deceso de los causantes, y no precisamente con relación al bien inmueble rural objeto de la discordia judicial, pues el mismo ha quedado plenamente ACREDITADO que ha sido sometido a proceso de "Saneamiento " conforme a nuestro Ordenamiento legal vigente en Materia Agraria a nombre de la ACCIONANTE señora TATIANA GEORGINA MARTINEZ MALDONADO ostentando conforme se tiene referido en apartados precedentes el TITULO EJECUTORIAL No. PPD-NAL.869691 de 14 de Diciembre del 2018 inscrito en el Registro de Derechos Reales con asiento en la ciudad de Tarija, en el FOLIO con MATRICULA No.6010100011150 Bajo el ASIENTO No. "A-1" de Titularidad de Dominio en 27 de Enero del 2019, correspondiendo a la autoridad jurisdiccional en representación del Estado, TUTELAR el DERECHO a la PROPIEDAD PRIVADA conforme a los alcances jurídico legales establecidos en los Arts.56 y 393 de la Const.Pol.Del Est., Considerando que cualesquier vicio que presuntamente se hubiese suscitado en el proceso de "Saneamiento " conforme alega la parte ACCIONADA , no constituye ser precisamente la instancia jurisdiccional Agraria la que tuviera que reveerlo.
VI).-CONSIDERANDO:(IDENTIFICACION de la NORMA o NORMAS JURIDICAS APLICABLES): Que, de conformidad a
Lo establecido en el Art. 56 de la N.C.P.E:
"I. Toda persona tiene derecho a la propiedad privada o
Colectiva, siempre que ésta cumpla una función social.
II. Se garantiza la propiedad privada siempre que el uso
Que se haga de ella no sea perjudicial al interés colectivo.
III. Se garantiza el derecho a la sucesión hereditaria".
Derecho fundamental Boliviano que se encuentra en estricta concordancia protegido igualmente por Convenios de Orden Internacional a los que nuestro país se encuentra adscrito conforme a ley. En su consecuencia, debe merecer por las autoridades jurisdiccionales la tutela judicial efectiva, máxime si este derecho de carácter dominial se encuentra relacionada con actividades AGRARIAS como es el caso que nos ocupa. Dentro del marco de éste mismo análisis, el Art. 105 del Cod.Civ. Con relación al CONCEPTO y ALCANCE GENERAL de la PROPIEDAD con elocuencia señala en sus dos parágrafos:
"I. La propiedad es un poder jurídico que permite usar, gozar y
Disponer de una cosa y debe ejercerse en forma compatible con
El interés colectivo, dentro de los límites y con las obligaciones que
Establece el ordenamiento jurídico.
II. El propietario puede reivindicar la cosa de manos de un tercero y
Ejercer otras aacciones en defensa de su propiedad con arreglo a lo
Dispuesto en el libro V del Código presente".
Que, a efectos del análisis de éste tipo de procesos judiciales agrarios, se hace menester ineludible referirnos al mandato legal establecido en el Art.3 de la Ley No. 477 de 30 de Diciembre del 2013(Ley contra el Avasallamiento y Tráfico de Tierras) en circunstancias en que con rigorismo preceptúa lo siguiente:
"(AVASALLAMIENTO).
Para fines de esta Ley, se entiende por avasallamiento las invasiones u
Ocupaciones de hecho, así como la ejecución de trabajos o mejoras,
Con incursión violenta o pacífica, temporal o continua, de una o varias
Personas que no acrediten derecho de propiedad, posesión legal, derechos
O autorizaciones sobre propiedades privadas individuales, colectivas,
Bienes de patrimonio del Estado, bienes de dominio público o tierras fiscales".
Articulado legal que en estricta concordancia con lo expresamente establecido en el Art.4 del mismo cuerpo de leyes no deja ya ningún espacio a la duda:
"(COMPETENCIA).
Los juzgados agroambientales y juzgados en materia penal,
Son competentes para conocer y resolver las acciones
Establecidas en la presente Ley".
Preceptos jurídico legales que ciertamente nos ha permitido conocer la presente causa judicial, otorgando el Acceso a la Jurisdicción Agraria dentro del marco de un "Debido Proceso" teniendo el sumo cuidado de que la parte demandada tenga un legítimo derecho a la defensa conforme se ha obrado en el caso de AUTOS, admitiendo pruebas, desarrollando las actividades procesales en cumplimiento de lo imperativamente dispuesto en los incisos a),b) y c) del numeral 4. Del Art. 5 de la Ley No.477 de 30 de diciembre del 2013 (Ley contra el Avasallamiento y Trafico de Tierras) . En efecto, el aludido Art.3 de la Ley N° 477 de cita debe ser interpretado para su aplicación desde un punto de vista amplio y con estricta relación a los PRINCIPIOS GENERALES que rigen en la ADMINISTRACION de JUSTICIA AGRARIA pregonados por el Art. 76 de la referida Ley N° 1715 de 18 de Octubre de 1996 y en modo alguno con un enfoque meramente literal de la norma que pudiera llevarnos a un margen restringido de aplicación y violentar de esta manera el PRINCIPIO de SERVICIO a la SOCIEDAD y fundamentalmente el PRINCIPIO de INTEGRALIDAD que consiste en la obligación que tiene la judicatura agraria de otorgar a la tierra un tratamiento integral tomando en cuenta sus connotaciones económicas, políticas, sociales e históricas de conservación y de reconocimiento de la diversidad cultural y étnica, amén del principio Constitucional de ACCESO a la JUSTICIA. Pues resulta que los PRINCIPIOS GENERALES del DERECHO, sumados a los propios principios de la ADMINISTRACION de JUSTICIA AGRARIA estipulados como se dijo en el Art. 76 de la Ley N° 1715 tienden en forma conjunta a tutelar al sujeto agrario que ejerce o participa en el desempeño de la actividad agraria productiva en forma habitual, con aptitudes para ser titular de derechos y para contraer obligaciones con fines de interés público.
VII).-C O N S I D E R A N D O: (CONSIDERACIONES JURIDICO DOCTRINALES en la VALORACION de la PRUEBA):
Que, por disposición expresa de los Arts. 1286 del Cód. Civ. y 397 de su procedimiento
La apreciación de las pruebas es facultad privativa de los jueces de instancia, apreciación que sólo puede ser revisada en casación cuando el inferior hubiese incurrido en error de hecho o de derecho señalado en el parágrafo I) del Art. 271 de la Ley N° 439 de 19 de Noviembre del 2013 (Nuevo Código Procesal Civil), siendo el prudente arbitrio y la sana critica las herramientas fundamentales con las que cuentan los Operadores de justicia en la valoración de la prueba como elemento fundamental para hacer procedente una demanda o desvirtuar la misma. En efecto, para que la Oralidad tenga éxito, la prueba debe regirse por el principio de la libre valoración, escenario en el cual el Juez tiene amplios poderes para apreciarlas y valorarlas. En efecto, la libre apreciación judicial de la prueba responde al principio "Inquisitivo" , que le otorga amplia iniciativa al juzgador, es además facultad suya evaluarlas libremente y darles a cada una el valor que considere le corresponde, sin tener que sujetarse a una "Tarifa" previamente determinada por la ley. Al respecto el Prof. Ricardo Zeledón con elocuencia señala:
"Esto significa gozar de amplias facultades para determinar el cuadro factico sobre el
Cual deberá dictar Sentencia. Para tal efecto razonará y justificará el valor dado a las
Probanzas, expresando los criterios de legalidad o equidad para sus valoraciones, sin
Sujeción estricta a las normas de derecho común sobre valoración de la prueba".
Pautado en las consideraciones doctrinales antes mencionadas, la valoración de la prueba judicial se constituye en materia Agroambiental, en "La Operación Mental que realiza el Juez, que tiene como fin conocer el mérito o valor de convicción de los hechos, que puede deducirse del contenido de los elementos probatorios". Es, en efecto una actividad procesal exclusiva del Juez. De ella depende el resultado del proceso. La valoración de la prueba es necesaria para la comprobación y para descubrir la "Verdad Material de los hechos" . En nuestro territorio patrio al respecto de lo referido, existe abundante jurisprudencia en materia agraria, como los Autos Nacionales Agrarios: S2a No. 034/2002 de 15 de mayo del 2002, S2da No.058/2002 de 02 de Agosto del 2002, S2a No.069/2002 de 27 de agosto del 2002 entre Otros. Ciertamente, dentro del Proceso Oral Agrario y específicamente dentro de los de "DESALOJO por AVASALLAMIENTO" conforme se ha accionado en el caso de Autos, el juzgador de instancia tiene contacto inmediato y directo con el lugar de los hechos, con la prueba testimonial, Inspección Judicial y con las partes, y ese simple hecho le permitirá arribar a una convicción certera sobre el "Cuadro Factico" , y de esta manera permitirle dictar una Sentencia estimatoria o desestimatoria que emerja precisamente de una valoración responsable y apegada a derecho de las pruebas propuestas y producidas en el desarrollo del proceso.
Que, el Derecho Agrario sustantivo, cuya autonomía científica y especialidad sistémica han sido reafirmadas por la doctrina más autorizada requiere darle una respuesta pronta y efectiva a los conflictos originados en el ámbito de Las relaciones agrarias. Especialmente, debe garantizar el cumplimiento de los derechos humanos, económicos, sociales y los de la tercera generación. Sobre el particular ocurrimos a la opinión de connotados tratadistas en materia procedimental Civil, normativa de ineludible aplicabilidad en materia agroambiental por el régimen de supletoriedad reconocida expresamente al carecer de un procedimiento propio. De esta manera Reus Citado por Carlos Morales Guillen en su obra "Código de Procedimiento Civil Concordado y Anotado" Gisbert & CIA S.A. La Paz Bolivia 1982 en interpretación de los Arts. 1282, 1461 y siguientes del Cód. Civ. manifiesta:
"Nadie puede hacerse justicia por sí mismo, sino recurriendo a los órganos
Jurisdiccionales competentes, instituidos para administrar Justicia".
Que, en la actividad probatoria en este tipo de procesos deben concurrir simultáneamente dos presupuestos absolutamente concurrentes: "Acreditar legítimo Derecho Propietario sobre la cosa litigada y que la misma haya sido objeto de Avasallamiento por una o varias personas que no acrediten derecho de propiedad sobre la misma o Posesión Legal". Su efecto radica no solo en la tranquilidad social, sino también en los efectos que produce, puesto que la "Propiedad" es un hecho real, de trascendencia jurídica, motivo por el cual la administración de justicia en materia agroambiental debe tutelar contra cualquier alteración material que pretenda mermar la propiedad constituida conforme a ley, pues éste tipo de procedimientos agroambientales en nuestra economía jurídica nacional sirven para otorgar tutela judicial efectiva con relación a derechos legítimamente constituidos con la finalidad de evitar perturbación del ordenamiento jurídico Nacional.
Que, consideramos igualmente de sumo interés recordar que los derechos fundamentales al que tiene acceso toda persona, protegido por el Art.13 y siguientes de la Const. Pol del Est. Boliviano en estricta concordancia con Convenios de orden internacional como es el DERECHO a la PROPIEDAD pregonado por el Art.56 de nuestra suprema norma, debe merecer por parte de las autoridades jurisdiccionales tutela judicial efectiva.
VIII).-C O N S I D E R A N D O: Que, de un análisis serio y responsable de los argumentos y fundamentos
Desarrollados en la demanda interpuesta sobre "DESALOJO por AVASALLAMIENTO" , y la defensa organizada sobre el particular protagonizados por los sujetos procesales, nos permiten focalizar nítidamente los hechos controvertidos sobre los que no existe conformidad entre las partes, y que deben ser objeto de comprobación ante el Órgano Jurisdiccional, en cuya consecuencia la resolución jurisdiccional pondrá fin al litigio en primera instancia con decisiones expresas, positivas, congruentes y precisas, suficientemente motivadas, Razonadas y argumentadas; recayendo sobre la cosa litigada, en la manera en que hubieren sido demandadas sabida Que fuera la verdad por las pruebas del proceso conforme al parágrafo I) del Art.213 del Cód. Proc.Civ. Aplicable a la materia por la permisión del Art.78 de la Ley N° 1715 de 18 de Octubre de 1996. Decisión judicial orientada bajo la comprensión de un nuevo escenario jurídico inmerso en el nuevo Modelo de Estado Constitucional donde el juzgador público debe interpretar la ley desde y conforme a la Constitución Política del Estado y las normas del Bloque de Constitucionalidad y efectuar una labor de ponderación cuando existan conflictos entre valores, principios, derechos y garantías reconocidas en nuestra suprema norma.
Que, pautados en las consideraciones generales desarrolladas en el apartado anterior, consideramos trascendente efectuar un análisis de los alcances de nuestra normativa legal vigente con relación al tema objeto de la controversia judicial, dentro de ese marco de apreciaciones empezamos refiriendo que por AVASALLAMIENTO conforme al Art.3 de la supra referida Ley No. 477 de 30 de Diciembre del 2013 (Ley Contra el Avasallamiento y Tráfico de Tierras) debemos de entender como a:
"Las invasiones u ocupaciones de hecho, así como la
Ejecución de trabajos o mejoras, con incursión violenta
O pacífica, temporal o continua de una o varias personas
Que no acrediten derecho de propiedad, posesión legal,
Derechos o autorización sobre propiedades privadas,
Individuales, colectivas, ...Sic".
Presupuestos jurídico legales cumplidos a cabalidad en el caso que nos ocupa a partir de haberse comprobado objetivamente la ocupación real y corpórea por parte de los ACCIONADOS señores DELICIA RAMOS MERILES de BALDIVIEZO y FELIX ORLANDO BALDIVIEZO ARROYO de la TOTALIDAD de la propiedad denominada "COMUNIDAD CAMPESINA TOLOMOSITA CENTRO PARCELA 151" , parte integrante de la provincia Cercado del Departamento de Tarija, con una superficie de 0.0445 Hectáreas perimetralmente cercado en su frontis a la Vía pública con el sistema de "Malla Olimpica" en su interior se tiene una vivienda precaria construido en base de calaminas y palos con una dimensión aproximada de 5x4 Mts. En su periferie se tiene actividades agrícolas efectuados por los ACCIONADOS con la siembra de maíz en estado de choclo, cebolla, repollo, perejil y Otros además de la existencia de algunas plantas frutales como ser duraznos y cítricos. Propiedad Rural que ambos contendores aducen titularía.
Que, complementariamente al desarrollo argumental esgrimido en el apartado anterior, resulta altamente trascendente señalar que los DEMANDADOS señores DELICIA RAMOS MERILES de BALDIVIEZO y FELIX ORLANDO BALDIVIEZO ARROYO, durante el desarrollo de la AUDIENCIA de INSPECCION JUDICIAL , de manera espontánea y conforme al parágrafo III) del Art.157 del Cod.Proc.Civ. Refieren efectivamente que el bien inmueble objeto de la discordia judicial es de su PROPIEDAD, y que los productos agrícolas existentes ellos lo sembraron en este año y en pasadas gestiones. Dicho de otro modo estos hechos, sumados a la Inspección Judicial realizado en el lugar del conflicto el INFORME TECNICO del PERSONAL de APOYO TECNICO del Juzgado Agroambiental de Tarija, no nos dejan ningún espacio a la duda con relación al cumplimiento concurrente del otro elemento exigido por la Ley N° 477 de 30 de Diciembre del 2013 vale decir la OCUPACION de HECHO del predio objeto de la Litis por parte de los ACCIONADOS a efectos de una eventual declaratoria "Con Lugar" de las pretensiones de la demanda interpuesta. Al respecto, la uniforme jurisprudencia en materia Civil resulta siendo absolutamente elocuente al señalar:
-"Las leyes que interesan al orden público no pueden renunciarse por
Las partes y menos por el juzgador público" (Lab.Jud.1973, p.100).
-"Las leyes que tocan el orden público no pueden derogarse por convenios
Particulares". (G.J.No.59, p.547).
-"Las leyes que afectan al orden público son irrenunciables"
(Lab.Jud.1986, p.436).
IX).-C O N S I D E R A N D O: Que, se torna importante reconocer que en materia de "DESALOJO por AVASALLAMIENTO" a
Mérito de la aún novel normativa legal vigente conforme constituye ser la Ley No. 477 de 30 de Diciembre del 2013(Ley Contra el Avasallamiento y Tráfico de Tierras), existen aún muchas controversias, pues resulta que la profusa literatura que se ha originado sobre el particular no nos ha dado sin embargo una doctrina satisfactoria que permita elaborar una noción que exprese brevemente todos los aspectos que encierran la idea. Inclusive la propia jurisprudencia emitida en la materia por la justicia Ordinaria no resulta siendo uniforme conforme debió ser. Particularmente el problema se agudiza entratandose de ACTOS donde se tiene como objeto el análisis y juzgamiento de OCUPACIONES de HECHO sobre PEQUEÑAS PROPIEDADES AGRICOLAS, legítimamente constituidas conforme a ley. Empero los Operadores de justicia y en forma muy especial los del área Agroambiental nos vemos compelidos a fallar escudriñando leyes y normas de cumplimiento obligatorio en el orden Civil aplicables en nuestra materia por la permisión supletoria establecida en el Art. 78 de la Ley N° 1715 de 18 de Octubre de 1996 y particularmente encuadrar nuestros actos dentro de los cánones y alcances jurídico legales señalados en el Art. 1 del Cód. Adj. Civ. Con relación estricta a los PRINCIPIOS pregonados en el Art. 76 de la referida Ley N° 1715 .
Que, resulta importante considerar que los DEMANDADOS señores DELICIA RAMOS MERILES de BALDIVIEZO y FELIX ORLANDO BALDIVIEZO ARROYO al momento mismo de asumir "Defensa de Fondo" en el desarrollo de la AUDIENCIA de INSPECCION JUDICIAL dentro del proceso judicial instaurado en su contra, en modo alguno niegan los términos, argumentos y fundamentos del memorial de demanda de fs.22 a 27 de 07 de Diciembre del 2020, refiriendo que resulta siendo ser cierto que ellos OCUPAN el terreno objeto de la discordia judicial, por constituirse en legítimos propietarios al haberlo adquirido por SUCESION HEREDITARIA al deceso de sus extintos señores padres y suegros respectivamente
TOMAS RAMOS CHOQUE y PRUDENCIA MERILES ORTIZ de RAMOS (Q.E.P.D.) . Dicho de otro modo no refieren menos organizan su defensa en pretender desvirtuar los presupuestos de la demanda interpuesta en su contra en términos referidos a las causales alegadas a efectos de una eventual procedencia del DESALOJO de la propiedad privada rural denominado "COMUNIDAD CAMPESINA TOLOMOSITA CEN TRO PARCELA 151" a mérito de un eventual AVASALLAMIENTO conforme a lo accionado por la DEMANDANTE , extremos que si bien pudiera incidir negativamente y pudiera tener relevancia adversa en materia Civil, sin embargo esto varia en materia Agroambiental al constituirse en una materia eminentemente social donde la "Administración de Justicia es un medio de servicio a la sociedad y no un fin en sí mismo" , conforme a los principios pregonados por el Art. 76 de la Ley N° 1715 de 18 de Octubre de 1996, amén del principio mundialmente conocido "Iura novit curia" mediante el cual "Las partes ponen los hechos" y el "Tribunal aplica el Derecho" , conformando así el clásico binomio "Hechos/Derecho" en el que se desenvuelve todo silogismo judicial.
X).-C O N S I D E R A N D O: (DE LA CARGA de la PRUEBA): Que, conforme al "Derecho de Petición" y el "Derecho de
Acceso a la Jurisdicción", consagrado por nuestra Constitución Política del Estado, las PERSONAS tienen la facultad de demandar y hacer valer sus derechos ante la justicia por intermedio de un PROCESO JUDICIAL , sin embargo, pesa sobre ellas la CARGA de la PRUEBA , que en forma general significa que deben DEMOSTRAR sus AFIRMACIONES. Ciertamente en un PROCESO JUDICIAL se discuten HECHOS CONTROVERTIDOS que deben ser probados o desvirtuados por las partes involucradas en el mismo, sin embargo el juzgador público, tiene el deber imperativo y de inexcusable cumplimiento el de averiguar la "VERDAD MATERIAL de los HECHOS", valiéndose de los medios de prueba producidos en base a un análisis integral y completo, con el objeto de dictar Sentencia que satisfaga los intereses de las partes y de la administración de justicia.
Que, pautados en las consideraciones desarrolladas en el apartado precedente, constituye ser facultad potestativa de los sujetos intervinientes en todo tipo de procesos, el de cumplir con la denominada CARGA de la PRUEBA , cuyo mandato legal está establecido en los parágrafos I),II) y III) del Art. 136 del Cód. Proc.Civ. En términos de demostrar los extremos que constituyen ser base y fundamento de la demanda para el ACTORES y desvirtuar la misma por parte de los DEMANDADOS. En efecto quien pretende un reconocimiento de un derecho en el proceso debe probar los hechos fundamentales de su pretensión jurídica . Aspectos tomados en cuenta con mucha responsabilidad en el caso de AUTOS al momento mismo De proceder a la "Valoración de la Prueba" en el presente proceso Social Agrario con cuya carga cumplió conforme se Tiene dicho a cabalidad la parte DEMANDANTE accionando sobre "DESALOJO por AVASALLAMIENTO", acreditando fehacientemente los extremos y fundamentos de su Demanda y no desvirtuados en modo alguno por parte de los Demandados. Pues ha quedado acreditado de manera elocuente a juzgar por la prueba valorada conforme a ley la TITULARIA PLENA de la ACCIONANTE señora TATIANA GEORGINA MARTINEZ MALDONADO con relación a la propiedad rural intitulada "COMUNIDAD CAMPESINA TOLOMOSITA CENTRO PARCELA 151" parte integrante de la Comunidad de TOLOMOSITA CENTRO ,provincia Cercado del Departamento de Tarija, con una superficie total de 0.0445 Hectáreas adquirido en el proceso de "Saneamiento" por ADJUDICACION , con TITULO EJECUTORIAL No. PPD-NAL-869691 de 14 de Diciembre del 2018, registrado en Derechos Reales de la capital en el Folio con MATRICULA No. 6010100011150 Bajo el ASIENTO No. "A-1" de Titularidad de Dominio en 27 de Junio del 2019. De la misma manera ha quedado demostrado plenamente que los ACCIONADOS esposos: DELICIA RAMOS MERILES de BALDIVIEZO y FELIX ORLANDO BALDIVIEZO ARROYO , a la fecha y desde un tiempo atrás OCUPAN de manera real y corpórea LA TOTALIDAD del predio de cita y objeto de la discordia judicial, el mismo se encuentra cercado perimetralmente, la existencia en su parte interior de la edificación de una vivienda precaria con las características descritas en apartados precedentes, sembrado de productos agrícolas como maíz, cebolla, repollo, perejil y Otros además de algunas plantas frutales.
Que, la "Ley Contra el Avasallamiento y Tráfico de Tierras" No.477 de 21 de Diciembre del 2013, promulgado de 30 de Diciembre del 2013, faculta a los Operadores de Justicia Agroambiental, conocer demandas de "DESALOJO", sujeto a un procedimiento especial configurado en el CAPITULO II , Art.5 y siguientes del Ordenamiento jurídico de cita. En efecto el Numeral 1) del Art.1 de la aludida Ley No.477 en lo que a nosotros nos interesa resulta siendo por demás claro y contundente al prescribir:
"(OBJETO):
Establecer el régimen jurisdiccional que permita al Estado resguardar,
Proteger y defender la propiedad privada y colectiva, la propiedad
Estatal y las tierras Fiscales de los avasallamientos y el tráfico de
Tierras".
Normativa legal vigente en nuestro Estado Plurinacional Boliviano, que efectivamente nos ha permitido conocer la presente causa judicial a efectos de otorgar TUTELA JUDICIAL con relación a DERECHOS legítimamente constituidos conforme a ley, constituyendo nuestro sagrado deber el de:
"Defender, promover y contribuir el derecho a la paz
Y fomentar la cultura de la paz".
Conforme a lo expresamente dispuesto en el numeral 4) del Art.108 de la C.P.E. Promoviendo de esta manera una VIDA ARMONIOSA en cumplimiento de los principios ético morales que se ha trazado nuestro Estado atravez del parágrafo II) del Art.8 de nuestra suprema norma, amén del PRINCIPIO de SERVICIO a la SOCIEDAD pregonado por el Art.76 de la Ley N° 1715 de 18 de Octubre de 1996 que nos compele a los Operadores de Justicia Agroambiental encuadrar nuestras actuaciones y acciones jurisdiccionales dentro de nuestro marco normativo legal vigente con un enfoque desde y conforme a nuestra Constitución Política del Estado y los Tratados de Orden Internacional, prestando un verdadero servicio a los justiciables con un efectivo reconocimiento de sus derechos reconocidos en la Ley sustantiva.
Que, en mérito a las consideraciones antes referidas, el proceso sobre "DESALOJO por AVASALLAMIENTO", constituye ser el más enérgico "Remedio Procesal" frente a la agresión más radical que pueda sufrir el ejercicio de la PROPIEDAD PRIVADA legítimamente constituida conforme a ley, máxime si la conducta antijurídica es protagonizada desde el proceso de "Saneamiento ", constituyendo nuestro deber irrefrenable el de aplicar la ley enmarcado en nuestro marco normativo vigente .
Que, dentro del nuevo MODELO de ESTADO PLURINACIONAL asumido en nuestra realidad Nacional que a ultranza pregona un "Anticolonialismo" , rompe con la herencia del "Constitucionalismo mono cultural Legislado" con un enfoque directo a un CONSTITUCIONALISMO PLURINACIONAL y JURIDICO que ineludiblemente debe conllevar a la FUNCION JUDICIAL a un Respeto irrestricto a los DERECHOS como base de la Administración de Justicia a partir de una INTERPRETACION PLURAL de los mimos desde y conforme la Constitución Política del Estado y las normas del Bloque de Constitucionalidad a efectos de no imponer una sola visión e interpretación Occidental, siendo indispensable Desarrollar el rol de los principios y valores de La norma fundamental en la interpretación de las reglas jurídicas. En el caso concreto, objeto de juzgamiento en materia Agroambiental y a partir de los HECHOS CONTROVERTIDOS protagonizados por los SUJETOS PROCESALES identificados nítidamente en el desarrollo y sustanciación del PROCESO ORAL AGRARIO , ha compelido al Operador de Justicia efectivizar una necesaria PONDERACION de los DERECHOS reclamados ante la existencia de contradicciones normativas que eventualmente pudiera conllevar a declarar "Con Lugar" ambos derechos, en nuestro caso en concreto el DERECHO a la PROPIEDAD y una eventual POSESION sobre el predio "COMUNIDAD CAMPESINA TOLOMOSITA CENTRO PACELA 151" Objeto de la discordia judicial, siendo necesario fundar la "Mejor Decisión" conforme se ha operado en la materia desde su enfoque de: Idoneidad, Necesariedad y Proporcionalidad.
Que, en el desarrollo y sustanciación de la presente causa judicial agraria se llega a la firme convicción de ser un PROCESO SIMPLE es decir la sustanciación de uno sobre "DESALOJO por AVASALLAMIENTO" incoado en la oportunidad por la señora TATIANA GEORGINA MARTINEZ MALDONADO, acción legal dirigida en contra de los señores DELICIA RAMOS MERILES de BALDIVIEZO y FELIX ORLANDO BALDIVIEZO ARROYO, extremos éstos y que por la propia naturaleza y connotaciones legales de la materia Agroambiental se ha sustanciado en apego estricto a la ley especial conforme constituye ser la Ley No.477 de 30 de Diciembre del 2013 (Ley Contra el Avasallamiento y Tráfico de Tierras) , Ley N° 1715 de 18 de Octubre de 1996, Ley No.3545 de 28 de Noviembre del 2006 "De Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria y su Procedimiento" , aplicando la normativa Civil en lo estrictamente necesario por el régimen de supletoriedad concedido por el Art. 78 de la referida Ley N° 1715 , cuyo análisis jurídico se lo ha efectuado en anteriores considerandos, en términos referidos a la averiguación de la "Verdad Material e Histórica" de los acontecimientos demandados por la parte ACTORA por un lado y por otro lado por la parte DEMANDADA a la vez y las pruebas propuestas, admitidas, y producidas durante el desarrollo del Proceso, amén de su contrastación y confrontación en cumplimiento estricto de los principios de "Concentración", "Bilateralidad" e "Igualdad" que debe ciertamente regir en todo proceso jurisdiccional dentro de los cánones del "Debido Proceso" , constituyendo nuestro deber el de "Tutelar Derechos Legítimos" protegidos por los diferentes Ordenamientos jurídico vigentes en nuestro Estado Plurinacional y consolidados por preceptos de Orden Constitucional conforme se los ha analizado superabundantemente en apartados precedentes.
Que, en aplicación del "Principio de Congruencia" y "Legalidad" que tiene que verse reflejada en toda Sentencia, actuado jurisdiccional considerada como la de mayor trascendencia e importancia, debe de estar enmarcada en las formalidades inexcusables y obligatorias prevista por la ley, al constituir un acto que por excelencia resume y concreta la función jurisdiccional misma, en cuyo mérito el juzgador está obligado a resolver sobre las cuestiones que fueron objeto del "Petitorio" en la "Demanda" y en la "Defensa" debiendo existir una adecuación precisa entre lo pedido en las "Mutuas Peticiones" y lo otorgado por la RESOLUCION JUDICIAL sin agregar otras que fueran ajenas a la relación procesal de conformidad estricta a lo establecido en el Art. 213-I) del Cod.Proc.Civ. Aplicable a la materia por la permisión del Art. 78 de la Ley N° 1715 de 18 de Octubre de 1996. En efecto, para dictar una Resolución Judicial favorable se tiene que tener en lo humano el grado máximo de certeza es decir sin la menor posibilidad de que exista términos medios, debiendo recaer sobre la cosa litigada en la manera en la que hubiera sido demandada sabida la verdad de las pruebas del proceso. Vale decir la adecuación, correlación o armonía entre lo peticionado y las pruebas producidas en el desarrollo y sustanciación de la causa jurisdiccional.
Que, el "Operador de Justicia" particularmente en "Materia Agroambiental" , se constituye específicamente en el DIRECTOR del PROCESO conforme a los PRINCIPIOS establecidos en el Art.76 de la Ley N° 1715 de 18 de Octubre de 1996 con relación al Art.1-4) de la Ley N°439 de 19 de Noviembre del 2013 (Nuevo Código Procesal civil).
Que, la potestad de impartir justicia por mandato expreso de nuestra norma fundamental, emana del pueblo boliviano y se sustenta entre otros principios en la SEGURIDAD JURIDICA que más que un principio es una garantía, que consiste en la aplicación objetiva de la ley, en el marco del conocimiento de los derechos y obligaciones inherentes a cada ser humano.
P O R-T A N T O: El suscrito Juez Agroambiental con asiento en esta Ciudad de Tarija y con jurisdicción en la provincia Cercado
Del Departamento de Tarija, administrando justicia agraria en única instancia, a nombre del Estado Plurinacional Boliviano y en virtud a la jurisdicción y competencia especial que por ella ejerce, falla declarando PROBADA en TODAS sus PARTES la DEMANDA Oral Agraria Contenciosa y Contradictoria sobre "DESALOJO por AVASALLAMIENTO" incoada por la señora TATIANA GEORGINA MARTINEZ MALDONADO en contra de los señores: DELICIA RAMOS MERILES de BALDIVIEZO y FELIX ORLANDO BALDIVIEZO ARROYO . En consecuencia dispone que dentro del PLAZO de NOVEINTA y SEIS HORAS HABILES computado a partir de que la presente RESOLUCION JUDICIAL adquiera el carácter de EJECUTORIADA, los accionados los nombrados DELICIA RAMOS MERILES de BALDIVIEZO y FELIX ORLANDO BALDIVIEZO ARROYO, procedan al DESALOJO VOLUNTARIO de la TOTALIDAD del predio rural intitulado "COMUNIDAD CAMPESINA TOLOMOSITA CENTRO PARCELA 151", parte integrante de la provincia Cercado del Departamento de Tarija, con una superficie de 0.0445 Hectáreas de propiedad de la ACCIONANTE señora: TATIANA GEORGINA MARTINEZ MALDONADO . Todo bajo prevenciones de que ante un eventual desobedecimiento se procederá a la ejecución del DESALOJO COACTIVO con el auxilio de la fuerza pública encomendado a la POLICIA BOLIVIANA conforme a ley en estricto cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7) parágrafo I) del Art. 5 de la Ley N° 477 de 30 de Diciembre del 2013 (Ley Contra el Avasallamiento y Tráfico de Tierras). Todo con imposición del pago de daños y perjuicios a favor de los demandantes a establecer en ejecución de fallos e imposición de COSTAS y COSTOS .
Esta sentencia de la que se tomará razón y registrada donde corresponda, tiene como antecedentes jurídicos la Ley No.477 de 30 de Diciembre del 2013(Ley Contra el Avasallamiento y el Tráfico de Tierras) , Ley N° 1715 de 18 de octubre de 1996 y su Decreto Reglamentario aprobado mediante Decreto supremo No. 29215 de 02 de Agosto del 2007 y en observancia de las modificaciones establecidas por Decreto Supremo No.25848 de 18 de julio del mismo año, Ley N° 439 de 19 de Noviembre del 2013 (Nuevo Código Procesal Civil), Código Civil (Decreto Ley No.12760 de 6 de agosto de 1975 y vigente desde el 2 de abril de 1976), Ley No. 3545 de "MODIFICACION a la LEY 1715 DE RECONDUCCION COMUNITARIA de la REFORMA AGRARIA" de 28 de noviembre del 2006 y fundamentalmente la Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional Boliviano vigente desde el 07 de Febrero del 2009.
Es dictada en la ciudad de Tarija, al Primer día del mes de Febrero del año Dos Mil Veinte.
REGISTRESE.-