SENTENCIA AGROAMBIENTAL NACIONAL S1ª Nº 10/2016

Expediente: Nº 1110/2014

	Proceso: Nulidad de Título Ejecutorial
	Demandante: Freddy Richard Fernández Morales
	Demandados: Aida Cabrera Lino y Tito Osinaga Durán
	Distrito: Santa Cruz
	Fecha: Sucre, 16 de febrero de 2016
	Magistrado Relator: Dr. Juan Ricardo Soto Butrón

VISTOS: La demanda de nulidad de Título Ejecutorial, respuesta de los demandados, antecedentes del proceso; y,

CONSIDERANDO: Que, por memorial de demanda de fs. 48 a 53 y memorial de subsanación de demanda de fs. 61 a 62 de obrados, Freddy Richard Fernández Morales, representado por Daniela Alejandra Da Costa Cabrera, interpone demanda de Nulidad del Título Ejecutorial No. SSP-NAL-112966 de propiedad de Aida Cabrera Lino y Tito Osinaga Durán, con los siguientes argumentos:

1.- Bajo el título de Antecedentes, expresa que la propiedad Irenda II tiene como antecedente el Título Nº 347551 con R.S. Nº 133973 de 8 de junio de 1966 con expediente de consolidación Nº 9925 emitido a favor de Roberto Cors Medina. Añade que en el proceso de saneamiento en los polígonos donde se encuentran las propiedades "Irenda II" y "Tocotocal" se realizó mensura directa en los mojones que se encuentran en la carretera asignados con los Nos. 70040107 y 70040108 de los cuales se tiene fotografías y colocado de mojones conforme a normas técnicas del INRA; en los otros puntos que colindan con la propiedad "Caparacito" se asignaron los Nos. 70040111 y 70040112 no se realizó la mensura y deslinde en terreno por lo que no tiene monumentación del vértice, asegurando los funcionarios del INRA que se trataba de una mensura mixta por lo que se realizaría en imagen en computadora, indicando el técnico que las mejoras del predio "Irenda II" estarían quedando dentro del predio que son atajado, corral y bandor, no teniendo duda de que el trabajo se encontraba correctamente no se objetó la resolución final de saneamiento de 6 de mayo de 2009, emitiéndose los títulos ejecutoriales de los predios "Irenda II" y" "Tocotocal".

2.- Bajo el título de Relación de Hechos, menciona que los demandados Aida Cabera Lino y Tito Osinaga Durán propietarios del predio "Tocotocal" en fecha 22 de mayo de 2013 le plantean demanda de deslinde con una serie de argumentaciones infundadas para plasmar un acto fraudulento cometido en el saneamiento, realizándose inspección judicial en la que se pudo constatar que existe un deslinde antiguo verificándose la existencia de alambrado de data antigua y que siempre estuvo en el lugar, evidenciándose la pretensión ilegal de beneficiarse con las mejoras a través de un acto aparente que el INRA realizó ocultando información respecto del supuesto deslinde aprovechando que no realizó una mensura directa y solo utilizó imágenes aéreas para pinchar puntos, no teniéndose suficiente resolución para poder visualizar el punto para poner el mojón, peor aún el lindero dando a conocer una línea imaginaria divisoria entre los dos predios, que por informe del perito dejaba fuera sus mejoras beneficiando a los propietarios del predio "Tocotocal"; describiendo el informe del perito, menciona que se evidencia que los resultados del saneamiento no responden a la realidad del terreno y que el plano del INRA es alejado de la realidad y que no se realizó el deslinde de la propiedad limitándose a establecer puntos en imágenes en la computadora, encontrándose en la inspección ocular que las mejoras estaban fuera de las líneas que corresponde al predio "Irenda II". Agrega que las actas de conformidad de linderos firmadas en gabinete con método indirecto no cumplen con las normas técnicas, que se pudo comprobar dentro del referido predio de mensura y deslinde planteado ante el Juzgado Agroambiental de Camiri al no responder el plano del INRA con coordenadas geodésicas de la colindancia sud con la realidad del terreno, aclarando que nunca se tuvo conflicto con el colindante hasta que se planteó el proceso de deslinde.

3.- Bajo el título de Fundamento de Derecho expresa que en el proceso de saneamiento se vulneró normativa agraria al crear un acto aparente que no responde a la realidad del predio, al crear un conflicto de derechos sobre las mejoras con procedimientos incumplidos al no efectuar con el fin último de garantizar la seguridad jurídica y menos puede decirse que sirvió para regularizar y perfeccionar el derecho de propiedad, puesto que el reglamento agrario pone como una actividad principal la mensura y deslinde lo que fue obviado en el procedimiento del polígono Nº 04 de la TCO Alto Parapetí utilizando métodos indirectos como la fotografía área en lugares donde no se tenía las mínimas condiciones para identificar vértices y linderos por la cobertura de la vegetación, extrañando que no se tomó en cuenta la existencia de las mejoras que confirma que se quiso ocultar la realidad del lindero para beneficiar a una de las partes. Citando a las normas técnicas aprobadas por Resolución Administrativa Nº 048/2008 de 2 de abril de 2008 que se encuentran en vigencia, los funcionarios del INRA no cumplieron con los procedimientos de los arts. 60 al 66 para mensurar con métodos indirectos o mixtos que exigían cumplir con ciertas condiciones especiales, llegando a la conclusión -expresa el demandante- de crearse actos aparentes con la mensura y deslinde hechos en gabinete de puntos o vértices no identificables a través de esas imágenes utilizando erróneamente el método indirecto, cuando correspondía utilizar método mixto viciando de pleno derecho, ingresando en un vicio absoluto del proceso de saneamiento en aplicación del art. 50-I-a) y c) de la L. Nº 1715.

Con dicha argumentación, solicita se declare probada su demanda y se anule el Título Ejecutorial Nº SSP-NAL-112966 del predio "Tocotocal" dejando sin efecto las partidas de inscripción en DD.RR. y nulos los antecedentes que sirvieron para el otorgamiento del mismo.

CONSIDERANDO: Que, por auto cursante a fs. 64 y vta. de obrados, se admite la demanda de Nulidad de Título Ejecutorial, para su tramitación en la vía ordinaria de puro derecho, corriéndose en traslado a los demandados Aida Cabrera Lino y Tito Osinaga Durán, disponiéndose se ponga también en conocimiento del representante legal de la Capitanía de la TCO Alto Parapetí, como tercero interesado.

Que, mediante memorial de fs. 137 a 141 y vta., los demandados Aida Cabrera Lino y Tito Osinaga Durán, responden a la demanda con los siguientes argumentos:

1.- Bajo el título de antecedentes, menciona que la parte demandante falta a la verdad histórica de los hechos al referirse solo al trámite agrario por el cual se dota la propiedad "Irenda II" a favor de Roberto Cors Medina que luego transfirió a Alberto Arce, hecho que no dice el actor que adquiere recién el año de 1996, que antes era denominada como fundo "San Silvestre" pretendiendo figurar que hubiere estado en posesión y trabajando esas tierras desde antes, lo cual no es evidente.

2.- Bajo el título de proceso de saneamiento, menciona que el actor pretende inculpar al INRA de supuesto mal trabajo al indicar que al desarrollarse la fase de pericias de campo no se practicó la verificación de todos los mojones de colindancia entre los predios "Irenda II" y "Tocotocal", faltando a la verdad, toda vez que de no haberse mensurado y verificado dichos vértices no existiría la identificación de esos puntos signados con los Nos. 70040111 y 70040112 que el mismo demandante los identifica en su demanda, especialmente en cuanto a los vértices que hacen a la colindancia de su propiedad, por lo que fueron verificados y fijados por el INRA como se demuestra en el plano de su propiedad, mosaico o foto satelital y actas de conformidad de linderos firmados por el actor y el hijo de los demandados. Añade que desde el año de 1999 existieron problemas de linderos con su propiedad y avasallamiento del actor hacia su predio para apropiarse de una fuente natural de agua que denunciaron ante autoridades de ese entonces, por lo que no es evidente lo afirmado por el demandante de que nunca se tuvo conflictos de linderos.

3.- Bajo el título de supuesto desconocimiento y ausencia de reclamos oportunos, indican que por la existencia de conflictos de linderos, no puede alegar el actor que desconocía que las supuestas mejoras que realizó (un corral) se encontraban fuera de los límites de su propiedad y aún sabedor de ello ha persistido en su accionar al indicar que supuestamente recién se enteró por una acción de deslinde que interpusieron de su parte ante el Juzgado Agroambiental de Camiri que dio lugar a un trabajo pericial del IGM, quedando demostrado que el demandante está afectando más del 50% de su propiedad y con este argumento pretende justificar su falta de actuación y reclamo oportuno ante el INRA por eventual mal trabajo en las pericias de campo, que al no ser impugnados oportunamente causaron efecto operándose la preclusión dando lugar a que se emita los Títulos Ejecutoriales de su propiedad y la del actor y los consecuentes registros en Derechos Reales que le otorgan todo el valor con relación a terceros.

4.- Bajo el título de relación de hechos, señalan que lo afirmado por el actor de que los trabajos y mejoras que dice haber realizado se encuentran fuera de su propiedad y estarían ubicadas en la propiedad "Tocotocal", es totalmente falso, ya que el demandante conoce y sabe muy bien que desde el año de 1999 vienen denunciando los actos ilegales de invasión a su propiedad y lo que pasa -expresan los demandados- es que ante la ratificación de la invasión a su propiedad demostrada con el informe del perito designado por el Juez Agroambiental de Camiri, sin argumento alguno para mantener su ambición de apropiarse de gran parte de sus terrenos, opta por faltar a la verdad pretendiendo inculpar al INRA de supuesto mal procedimiento en el saneamiento, mencionando que los planos otorgados son alejados de la realidad, por lo que el demandante tenía los recursos para reclamar en su momento siendo a estas alturas inoportunos e inviables, al haber actuado el INRA conforme a ley con trabajo técnico altamente calificado con responsabilidad, transparencia y celeridad, siendo un argumento irreal y fantasioso.

5.- Bajo el título de fundamento de derecho, argumentan que es falso que se hubiese vulnerado el art. 64 de la L. Nº 1715, ya que desde el año de 1999 se denunció la invasión de territorio y el actor conocía que los terrenos donde realizó trabajos estaban fuera de los límites de su propiedad, por lo que el saneamiento no vulneró dicho precepto legal, al contrario cumple con su objetivo al reconocer y ratificar los límites históricos y legales de ambas propiedades. Añaden que es ajeno a la realidad de que no se hubiera cumplido con el art. 298 del D.S. Nº 29215 referente a la mensura, al haber el INRA cumplido a cabalidad con dicha norma, estableciendo los linderos reflejados en los planos de cada predio identificando y signando los mojones llevando consigo las correspondientes coordenadas no quedando lugar a dudas del lugar o espacio exacto de sus ubicaciones en el propio terreno, suscribiendo las actas de conformidad de linderos. Mencionan que es también ajeno a la realidad que se hubiere infringido las normas técnicas del INRA, lo que no amerita mayor análisis sobre el particular. Continúan mencionando que es falso que las supuestas infracciones en el proceso de saneamiento de ambas propiedades constituirían vicios de nulidad absolutos conforme al art. 50-I, numeral 1), incisos a) y c) de la L.Nº 1715, al no resultar viciada la voluntad del INRA por error esencial que la destruya, menos por simulación absoluta, porque nadie figuro ninguna apariencia irreal, tampoco existió distorsión ni alteración de la realidad histórica, material y jurídica de los hechos, tanto es así que el demandante no precisa ni explica en que consiste, de que manera y cuando se produce el supuesto error esencial o simulación absoluta que destruya la voluntad del INRA.

Con dichos argumentos, niegan todos los extremos de la demanda y solicitan se declare improbada la demanda, con costas. Asimismo, señala que interpuso demanda reconvencional de convalidación de Título Ejecutorial y al no haber subsanado las observaciones dispuestas por éste Tribunal, por auto de fs.185 de obrados, se declaró a la misma como no presentada, prosiguiéndose el proceso con la tramitación de la demanda de nulidad de Título Ejecutorial.

Que, por memoriales de fs. 155 a 156 y vta. y 160 a 162, las partes hicieron uso del derecho a la réplica y dúplica.

Que, pese haber sido notificado la Capitanía Grande la TCO Alto Parapetí en la persona de su representante legal, Mauricio Santiesteban, para que intervenga en el presente proceso en calidad de tercero interesado, conforme se desprende de la diligencia de notificación cursante a fs. 86 de obrados, no se apersonó ni presentó memorial alguno dentro del presente proceso.

CONSIDERANDO: Que, conforme a los arts. 186 y 189-2) de la C.P.E. y 36-2) de la Ley Nº 1715 es de competencia del Tribunal Agroambiental, conocer y resolver en única instancia las demandas de nulidad y anulabilidad de Títulos Ejecutoriales y de los procesos agrarios que hubieran servido de base para la emisión de los mismos, tramitados ante el Consejo Nacional de Reforma Agraria, el Instituto Nacional de Colonización y el Instituto Nacional de Reforma Agraria.

Que, la emisión del Título Ejecutorial constituye acto de decisión que nace del ejercicio de la potestad administrativa, por lo que la demanda de nulidad de Título Ejecutorial y del proceso agrario que le sirvió de base busca, en esencia, que el órgano jurisdiccional competente realice un control de legalidad, a fin de determinar si el Título Ejecutorial emitido por el INRA emerge de un debido proceso estableciendo si adolece o no de vicios de nulidad previstos por ley que afecten su validez, siendo necesario contarse para ello, con la especificación clara y precisa en la demanda de la ley o normativa legal que se considera haber sido vulnerada con la realización del acto o actos administrativos ilegales o ilícitos por parte del ente administrador que constituyan vicios de nulidad de Título Ejecutorial, debiendo entenderse que la nulidad procede, únicamente, por las causales establecidas por ley (principio de legalidad), no existiendo la posibilidad de crear, arbitrariamente, causales de nulidad o anulabilidad que, en materia agraria, se encuentran contenidas en el art. 50 de la Ley N° 1715, por lo que cualesquier otro argumento, al margen de la precitada norma legal, pecaría de impertinente correspondiendo desestimarlo sin ingresar en mayores consideraciones de hecho o derecho

En ese sentido, del análisis de los términos de la demanda debidamente compulsados con los antecedentes producidos en oportunidad de la sustanciación del proceso de saneamiento de Tierras Comunitarias de Origen de Alto Parapetí del polígono Nº 004 correspondiente a la propiedades denominadas "Irenda II" y "Tocotocal " que dió origen a la emisión del título ejecutorial cuya nulidad demanda el actor, se establece lo siguiente:

1.- Con relación a que se hubiere realizado un acto aparente en el saneamiento donde el INRA habría ocultado información respecto del deslinde donde no se realizó una mensura directa y solo se utilizó imágenes áreas estableciendo puntos en la computadora, insuficiente para visualizar el punto para poner el mojón peor aún el lindero dando a conocer una línea imaginaria divisoria entre los predios "Irenda II" y "Tocotocal".

De una revisión a los procesos de saneamiento de los predios "Irenda II" y "Tocotocal" que fueron remitidos por el INRA, cursan las actividades desarrolladas respecto de la identificación de los predios, su ubicación, cumplimiento de la FES y colindancias, llenándose a dicho efecto los formularios, actas y elaborándose los informes correspondientes sobre dicha labor administrativa, entre ellas, respecto a la conformidad de linderos en la que se plasman los datos referidos al lugar, fecha, nombre de los predios, códigos y los interesados que están involucrados en los vértices o colindancias, quienes firman las actas en señal de conformidad constituyéndose a partir de ello en documento legal y valedero respecto de las colindancias y vértices existentes en los predios colindantes, suscribiéndose en el caso de las referidas propiedades las Actas de Conformidad de Linderos, cursante a fs. 310 del legajo de saneamiento del predio "Irenda II" y fs. 78 del legajo de saneamiento del predio "Tocotocal", otorgándose los números correspondientes de los linderos y firmando el ahora actor y el representante legal de los demandados, elaborándose a continuación la graficación correspondiente suscribiendo de igual forma los propietarios de los predios dichos documentos, así como la consignación de la ubicación y registro de las mejoras, conforme consta a fs. 312 y 313 y fs. 81, 83 y 84 de los legajos de saneamiento de los predios "Irenda II" y "Tocotocal", respectivamente; desprendiéndose de ello que dicha actividad fue plenamente ejecutada con participación activa de los propietarios, sin que se hubiere creado un "acto aparente" como afirma el actor dado la objetividad y transparencia que conlleva dicha actividad, utilizando el INRA las técnicas previstas en la normativa administrativa interna para efectuar la mensura y deslinde de las propiedades, donde la participación directa de los propietarios en los predios sometidos a saneamiento constituye la garantía real y fehaciente de que dicha labor se efectuó con plena conformidad de los mismos en el entendido de que son ellos los que conocen los límites y colindancias de sus propiedades, siendo ésta la oportunidad procesal administrativa en la que se define legal y técnicamente los linderos de los predios sometidos a saneamiento para regularizar y perfeccionar el derecho de propiedad agraria que es su finalidad, tal cual prevé el art. 64 de la L. Nº 1715, así como también viene a ser el momento procesal para efectuar en su caso reclamos, peticiones, observaciones u oposición a dicha actividad del proceso de saneamiento, que no sucedió en el caso sub lite, más al contrario, expresó el actor estar de acuerdo con los resultados del proceso, presentando inclusive la boleta de pago por concepto de adjudicación, así también lo hicieron los propietarios del predio "Tocotocal", tal cual se desprende del Informe de Socialización de Resultados, cursantes de fs. 337 a 345 y de fs.127 a 135 de los legajos de saneamiento de los predios "Irenda II" y "Tocotocal", respectivamente; careciendo en consecuencia de veracidad y consistencia lo afirmado por el demandante de que el INRA hubiere "ocultado" información respecto del deslinde, que no se realizó una mensura directa y solo imágenes áreas y que dió a conocer una línea imaginaria divisoria entre ambos predios, cuando de los actuados antes referidos, se evidencia que dicha actividad se efectuó in situ, más aún cuando el mismo demandante asevera en su demanda que en los polígonos donde se encuentra su propiedad y la de los demandados se "realizó mensura directa" en los mojones que se encuentran en la carretera de los cuales se tienen fotografías y colocado de mojones conforme a normas técnicas del INRA, apuntando más su cuestionamiento de no haberse realizado mensura directa en los puntos de colindancia con el predio "Caparicito", siendo este otro predio distinto y ajeno al objeto de la litis cual es la nulidad del Título Ejecutorial del predio "Tocotocal"; a más de ello, resulta carente de fundamento y acreditación por parte del demandante, que el INRA hubiera utilizado, según su criterio, método erróneo en la mensura y delimitación de los linderos de su propiedad "Irenda II" con las de su colindante "Tocotocal", tomando en cuenta que la mensura predial, conforme expresa las Normas Técnicas para el Saneamiento de la Propiedad Agraria, Formación del Catastro y Registro Predial, aprobado por Resolución Administrativa Nº 084/2008 de 2 de abril de 2008, es el conjunto de actividades y operaciones geodésicas y cartográficas destinadas a verificar, fijar, materializar y representar las propiedades agrarias (predios o parcelas), en la que por lógica y acorde a las características del predio a ser mensurado, la aplicación del método (directo o indirecto) está sujeto a varios aspectos de orden técnico conforme a la zona geográfica, la accesibilidad al mismo, cobertura vegetal y demás elementos que permitan lograr el objetivo de mensurar el predio, por ello, según las circunstancias, es permisible la utilización simultánea de ambos métodos (método mixto), donde el uso de instrumentos complementarios de verificación, como ser imágenes de satélite, fotografías áreas y toda información técnica, contribuye para lograr la determinación de la ubicación y posición geográfica, superficies y límites, obteniendo las actas de conformidad de linderos, conforme prevén los arts. 159 y 298-I del D. S. Nº 29215, por lo que la utilización de uno u otro método de mensura, o ambos, tendrá siempre por finalidad la verificación real y objetiva del predio en cuanto a su ubicación, extensión, limites y cumplimiento de la FES, al no ser excluyentes el uno del otro, labor que como se señaló precedentemente, no fue objetada en su oportunidad y menos se accionó la vía contencioso administrativa para verificar la legalidad o no de dichos trabajos, lo que determinó la ejecutoria de la Resolución Final de Saneamiento dando lugar a la expedición de los Títulos Ejecutoriales de ambas propiedades colindantes; siendo además menester señalar que el informe técnico a que se refiere el actor en su demanda por el que considera el error en que hubiere incurrido el INRA en la delimitación de los linderos de su propiedad con las de los demandados, no es un actuado que se hubiere efectuado dentro del proceso de saneamiento y menos aún dentro de la tramitación del presente proceso contencioso administrativo, por lo que el mismo no puede enervar lo realizado por el INRA que no fue objetado por ninguno de los interesados durante el proceso de saneamiento, contando por tal dicha información técnica y legal que dio origen a la emisión del Título Ejecutorial No. SSP-NAL-112966 el valor legal que le atribuye la ley, sobre el que no se evidencia vicio de nulidad que afecte la validez legal del mencionado Título Ejecutorial cuya nulidad se demanda en los términos señalados por el actor, al no demostrar plena y fehacientemente que se hubiera trazado una línea imaginaria divisoria entre ambos predios en la que el INRA se hubiere limitado a establecer puntos de imágenes en la computadora y que las actas de conformidad de linderos hubiesen sido firmadas en gabinete incumpliendo normas técnicas, como afirma en su demanda, siendo que de los datos que cursan en los legajos de saneamiento de referencia, no existen actuados o actividades que permitan evidenciar la veracidad de lo afirmado por el demandante, más al contrario, éstos fueron llevados a cabo conforme a procedimientos que la regulan, sobre los cuales, no objetó el actor otorgándole la validez correspondiente, quién incluso señala en su demanda que no tuvo conflicto alguno con su colindante del predio "Tocotocal" hasta que se planteó el proceso de deslinde ante el Juzgado Agroambiental de Camiri, que a decir del mismo demandante en su memorial de fs. 238 a 239, el mismo concluyó con perención de instancia por abandono, careciendo por ende de valor alguno dicha tramitación donde se elaboró el informe técnico que contradeciría la mensura y deslinde efectuado por el INRA en el proceso de saneamiento, que

como se señaló precedentemente, no cuenta con el valor legal probatorio para enervar lo tramitado y resuelto en sede administrativa.

2.- Respecto a que las mejoras del actor se encontrarían fuera de los límites que corresponde al predio "Irenda II" beneficiando a los propietarios del predio colindante "Tocotocal", vulnerando normativa agraria creando conflicto de derechos sobre las mejoras con procedimientos incumplidos de la actividad principal de mensura y deslinde que fue obviado, viciando de nulidad el proceso de saneamiento.

La afirmación del actor de que la mensura y deslinde entre su predio y el de los demandados efectuado por el INRA, originó que sus mejoras consistentes en atajado, corral y bandor se encontrarían fuera de los límites de su predio beneficiando al predio "Tocotocal" de propiedad de los demandados, carece de veracidad, al establecerse por Informe Técnico TA-UG Nº 085/2015 emanado por profesional especialista geodesta del Tribunal Agroambiental, cursante de fs. 223 a 226 de obrados, que fue solicitado para contar con mayores elementos de juicio con la facultad contenida en el art. 378 del Cód. Pdto. Civ., que dichas mejoras, si bien se encuentran fuera de los límites de su propiedad reconocida mediante Título Ejecutorial No. SPP-NAL-057176, éstas no se hallan ubicadas dentro de los límites de la propiedad "Tocotocal", por lo que no fueron beneficiados con las mismas, como argüía el actor en su demanda, tal cual se desprende de la graficación cursante a fs. 223, en la que claramente se evidencia que el corral y el bandor que como mejoras hace referencia el demandante se encuentran fuera de los límites de la propiedad de los demandados estando ubicados en otro sector, evidenciándose asimismo que las mejoras consistentes en terreno de maíz, casa, huerta y estanque de agua, se encuentran dentro de los límites de propiedad del actor, siendo por tal infundado lo señalado por el demandante de haberse creado conflictos de derechos respecto de las mejoras a que hace referencia, al responder de manera congruente , coherente la mensura y deslinde entre ambas propiedades conforme a los datos e información que fueron recabados in situ durante el proceso de saneamiento con plena y directa participación de los propietarios de los referidos predios en el que se aplicó a cabalidad los procedimientos previstos por ley para regularizar el derecho de propiedad agraria, que precisamente por la aceptación expresa de sus resultados por parte de los interesados y la no objeción de la decisión administrativa mediante la acción contencioso que prevé la ley, dio lugar a que el Estado concluya el proceso administrativo de saneamiento con la emisión de los Títulos Ejecutoriales, por lo que no se evidencia que la voluntad del administrador estuviera viciada por error esencial que destruye la misma y menos haber existido simulación absoluta creando acto aparente que no corresponde a ninguna operación real, que como causales de nulidad de Título Ejecutorial fueron acusados por el actor, contando por tal el Título Ejecutorial Nº SSP-NAL-112966 del predio "Tocotocal" de propiedad de los demandados Aida Cabrera Lino y Tito Osinaga Durán cuya nulidad se demanda, así como los antecedentes que dieron origen a su emisión, con todo el valor que le asigna la ley, al haberse desarrollado el proceso de saneamiento acorde a la normativa que la regula, así como la observancia de principios y derechos constitucionales, titulándose por imperio de la ley y de conformidad a los datos e información que se recabó en dicho procedimiento.

Que, de todo lo analizado precedentemente, siendo que la finalidad y esencia de la presente demanda de nulidad es determinar si en el momento de realizarse el saneamiento concurrió las causales de nulidad de Título Ejecutorial que se invoca, se concluye que la parte actora no ha probado ni acreditado que el Título Ejecutorial de los demandados contengan vicios de nulidad absoluta en relación a las causales de nulidad establecidas en el art. 50-I,numeral 1, incisos a) y c) de la L. Nº 1715, correspondiendo por tal resolver la presente demanda conforme a derecho.

POR TANTO: La Sala Primera del Tribunal Agroambiental, administrando justicia en única instancia, en uso de sus atribuciones y competencias que le otorga los arts. 186 y 189-2) de la Constitución Política del Estado, art. 36-2 de la Ley N° 1715 y art. 144-2 de la Ley N° 025, FALLA declarando IMPROBADA la demanda de Nulidad de Título Ejecutorial cursante de fs. 48 a 53 y memorial de subsanación de demanda de fs. 61 a 62 de obrados, interpuesta por Freddy Richard Fernández Morales, representado por Daniela Alejandra Da Costa Cabrera, declarándose en consecuencia firme y subsistente, con todos sus efectos legales el Título Ejecutorial No. SSP-NAL-112966 de propiedad de Aida Cabrera Lino y Tito Osinaga Durán, con costas.

Notificadas sean las partes con la presente sentencia, devuélvase los antecedentes al INRA, en el plazo de 30 días, debiendo quedar en su lugar fotocopias simples o legalizadas, según corresponda, con cargo a dicha entidad

administrativa.

Regístrese, notifíquese y archívese.

Fdo.-

Magistrado Sala Primera Dr. Juan Ricardo Soto Butrón.

Magistrada Sala Primera Dra. Gabriela Cinthia Armijo Paz.

Magistrada Sala Primera Dra. Paty Y. Paucara Paco.