AUTO NACIONAL AGROAMBIENTAL S1ª Nº 80/2017

Expediente: Nº 2818/2017

Proceso: Interdicto de Recobrar la Posesión.

Demandante: Bautista Torres García y

Octavia Lazo de Torres.

Demandados: Ángel García Montenegro

y Julián Rodríguez García.

Distrito: Cochabamba.

Asiento Judicial: Aiquile.

Fecha: Sucre, 30 de octubre de 2017

Segundo Magistrado Relator: Dr. Juan Ricardo Soto Butrón

VISTOS: El recurso de Casación o Nulidad cursante de fs. 122 a 131 vta. de obrados, interpuesto contra la Sentencia N° 01/2017 de 9 de agosto de 2017 cursante de fs. 114 a 119 de obrados pronunciada por la Jueza Agroambiental de Aiquile, dentro del proceso Interdicto de Recobrar la Posesión seguido por Bautista Torrez García y Octavia Lazo Torrez contra Ángel García Montenegro y Julián Rodríguez García, antecedentes del proceso; y,

CONSIDERANDO: Que, por mandato del art. 17 de la Ley N° 025, arts. 105-II y 106-I de la Ley N° 439 aplicable supletoriamente esta última normativa adjetiva por mandato del art. 78 de la Ley N° 1715, el Tribunal de Casación tiene la ineludible obligación de revisar de oficio el proceso con la finalidad de verificar si los Jueces y funcionarios observaron los plazos y Leyes que norman la tramitación y conclusión de los procesos, y en su caso, si se evidencia infracción de normas de orden público, resolver conforme manda el art. 87-IV de la Ley N° 1715.

En mérito a dicho deber y atribución del Tribunal de Casación, examinada la tramitación del referido proceso, se evidencia irregularidades procesales que interesan al orden público, aspectos que son observados en resguardo de la garantía constitucional al debido proceso, de acuerdo al siguiente detalle:

1.Extraña la existencia de la Certificación emitida por el INRA de 6 de diciembre de 2016 cursante a fs. 12 de obrados, mismo que refiere emitirse a solicitud de la jueza de instancia, siendo que la demanda es presentada el 15 de marzo de 2017 conforme el cargo de recepción cursante a fs. 47 vta. de obrados, es decir 3 meses posterior a la emisión de la Certificación, misma que hace referencia a la sobreposición de un plano de Samuel Espinoza Ferrufino y Eulogia Vásquez que no cursa en obrados y cuyos propietarios no son parte del proceso; asimismo refiere que el plano georeferenciado (inexistente en el expediente) a nombre de Bautista Torrez García, se sobrepone en un 100% a la parcela N° 001 del Sindicato Aymuro Subcentral Santa Ana, mismo que se encuentra saneado y titulado a nombre de Julián Rodríguez García, Ubaldina Torres de Lazo, Francisca Alcocer de Panozo, Leopoldo García Salvatierra y Ángel García Montenegro; asimismo, a fs. 1 de obrados, cursan planos a nombre de Bautista Torres García y Julián Rodríguez García en los que no hace referencia que Octavia Lazo de Torres (codemandante) y Ángel García Montenegro (codemandado) sean propietarios; a fs. 2 cursa un plano de fraccionamiento que no tiene datos técnicos; de lo expuesto se evidencia que el predio objeto de la demanda, no se encuentra plenamente identificado, por lo que la jueza de instancia debió proceder a observar la demanda.

2.Asimismo, se observa que en su primera actuación la jueza de instancia procede a observar la demanda respecto al Testimonio de Poder refiriendo que el mismo es insuficiente, para posteriormente, ante la subsanación a la observación realizada, procede a admitir la demanda, inobservando la Disposición Transitoria Primera de la Ley N° 3545, es decir, que previamente a la admisión de la demanda correspondía a la jueza de instancia, oficiar al INRA a fin de solicitar información respecto a la situación del predio objeto de la demanda, considerando que en los fundamentos de la demanda refiere que el predio fue objeto de saneamiento en una extensión superficial de 16.3833 ha. registrado bajo la matrícula computarizada N° 3.02.0.10.0006078 vigente, lo que haría presumir que el predio se encuentra con Título Ejecutorial emitido previa sustanciación del proceso de saneamiento, no pudiendo tenerse la Certificación emitida por el INRA de 6 de diciembre de 2016 cursante a fs. 12 de obrados, como información válida para el caso de autos, por las razones expuestas precedentemente.

3.Por otro lado, a fs. 56 y 57 de obrados, cursa fotocopia simple del Título Ejecutorial PPD-NAL-201258 de 31 de julio de 2013 emitido en copropiedad a favor de Ubaldina Torres de Lazo, Francisca Alcocer de Panozo, Leopoldo García Salvatierra, Ángel García Montenegro y Julián Rodríguez García, siendo estos dos últimos los demandados dentro del caso de autos; ante el conocimiento de la existencia de Título Ejecutorial en copropiedad la jueza de instancia debió aplicar lo establecido en los arts. 158 y siguientes del sustantivo civil, a fin de no vulnerar los derechos de defensa y de propiedad de los copropietarios, en aplicación del art. 394-II de la CPE.

De lo analizado, se establece que a fin de no incurrir en inobservancia y aplicación indebida de la Ley, considerando que la jueza de instancia tiene el deber ineludible de compulsar los alcances y finalidades del proceso Interdicto de Recobrar la Posesión y en caso de existir Título Ejecutorial pos saneamiento, observar los arts. 64 y 66 de la Ley N° 1715 y su reglamento respecto a las actividades que contempla el proceso de saneamiento de la propiedad agraria; en este entendido, correspondía a la jueza de instancia, primero tener la certeza de cuál es el predio objeto de la demanda, si el mismo se encuentra saneado y con Título Ejecutorial colectivo o individual para establecer a quienes les asiste la legitimación pasiva para ser demandados, y en definitiva poder establecer si la presente acción es la vía correcta a ser activada por la parte impetrante.

En ese contexto, con meridiana claridad se advierte, que la Jueza de instancia al no haber observado los puntos precedentemente señalados, no ejerció conforme a derecho su función de velar que el proceso se desarrolle sin vicios de nulidad conforme los principios de Dirección y Responsabilidad establecidos en el art. 76 de la Ley N° 1715, accionar que vulneró el debido proceso y el derecho de defensa, constituyendo lo señalado supra, motivo de nulidad de conformidad a lo previsto por el art. 17-I de la Ley N° 025, correspondiendo fallar conforme a la previsión contenida por el art. 87-IV de la Ley N° 1715, anulando obrados hasta el vicio más antiguo.

POR TANTO : La Sala Primera del Tribunal Agroambiental, en mérito a la potestad conferida por el art. 189-1 de la C.P.E., art. 36-1 de la Ley N° 1715 y en virtud de la jurisdicción que por ella ejerce, ANULA OBRADOS hasta fs. 53 de obrados inclusive, correspondiendo a la Jueza Agroambiental de Aiquile velar por el estricto cumplimiento de los derechos y garantías constitucionales, la normativa adjetiva y sustantiva civil y cuidar que el proceso se desarrolle sin vicios de nulidad, conforme a los fundamentos expuestos en el presente Auto.

De otro lado, en aplicación de lo normado por el art. 17-IV de la Ley N° 025 del Órgano Judicial, comuníquese la presente resolución al Consejo de la Magistratura para los fines de Ley.

No firma la Magistrada Dra. Paty Yola Paucara Paco, por haber fungido como Primera Magistrada Relatora, siendo de criterio diferente.

No firma la Magistrada Dra. Gabriela Cinthia Armijo Paz, por ser de voto disidente.

Suscribe la presente Sentencia el Magistrado Dr. Bernardo Huarachi Tola, al haber sido convocado para formar Sala conforme al proveído de 23 de octubre de 2017 cursante a fs. 149 de obrados.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo.

Dr. Juan Ricardo Soto Butrón Magistrado Sala Primera

Dr. Bernardo Huarachi Tola Magistrado Sala Segunda