SAP-S2-0016-2019

1) Las Resoluciones Administrativas no coinciden respecto a las medidas dasométricas declaradas, la Autoridad Administrativa no tomó en cuenta el descargo presentado por el Agente Auxiiar quién declaró haber incurrido en un error humano al consignar datos erróneos, no se hizo una valoración de la prueba de descargo técnica y objetiva.

2) La troza 806-B se encontraría dentro del margen de error mínimo establecido en el Reglamento de Procesos Administrativos Sancionadores y Aplicación de Tolerancias emitido por la ABT que entró en vigencia el 28 de julio de 2016, debiendo aplicarse la retroactividad.

3) La multa impuesta es resultado de un avaluo ilegal sobreevaluado con valor comercial que corresponde a la gestión 2013 cuando la intervención se realizó en junio de 2012, estableciendo valor comercial como si el producto estuviese puesto en Aserradero en fecha 10 de enero de 2014 cuando las trozas fueron decomisadas en 27 de julio de 2012.

4) La ABT para determinar las reincidencias reglamentos e instructivos por encima de la CPE, Ley del Procedimiento Administrativo y Ley Forestal, siendo el cuadro de reincidencias ilegal y arbitraria no habiendo la Empresa SISAM TEJADA SRL cometido infracciones graves.

5) Las trozas de madera que fueron decomisadas, se remataron, sin que la ABT hubiera devuelto al actor el monto percibido por tal concepto.

Se declara PROBADA  la demanda Contenciosa Administrativa, en su mérito, NULA la Resolución Ministerial-FOR N° 30 de 28 de abril de 2017,con base en los siguientes argumentos:

1) Advierte éste Tribunal la incongruencia que presenta la Resolución Administrativa ABT N° 267/2015 de 14 de agosto de 2015, adoptando en la parte resolutiva decisión contradictoria e incongruente respecto de lo expresado en la parte considerativa, por tanto, la resolución carece de valor legal, extremo que no fue observado por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, quién al resolver el recurso jerárquico "confirmo´" la resolución administrativa recurrida.

2) La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra, no ha vulnerado o inobservado normativa aplicable al caso.No correspondía a la ABT, a título de irretroactividad de la ley por beneficiar al infractor  la aplicación de la Directriz N° 005/2014 que modifica los porcentajes de las multas en relación a la fijadas en la Directriz ABT N° 001/2013.

3) Se efectuó cálculo de valor comercial irreal e impreciso, no siendo tampoco justificativo legal que fue efectuado por "otros funcionarios que ya no cumplen funciones en la ABT", siendo que las actuaciones corresponden a dicha entidad pública y no a personas particulares; consecuentemente, la actuación administrativa  vulneró normas del debido proceso en su componente de seguridad jurídica.

4) No se advierte que el cuadro en el que se encuentra los registros de antecedentes de la Empresa SISAM TEJADA SRL fuera ilegal o arbitraria y menos que fuera contraria a la CPE, Ley de Procedimiento Administrativo o Ley Forestal.

5) No cursa en antecedentes actuaciones administrativas que acrediten haberse rematado los productos forestales decomisados y tampoco decisión o resolución sobre el particular.

Son actuaciones propias de la ABT elevar registro de las infracciones cometidas en cuanto a materia forestal, correspondiendo a la parte interesada acudir en reclamos o impugnaciones a dicha entidad si considera que dicha labor fuera ilegal o arbitraria.

Sentencia Constitucional 1619/2010-R de 15 de octubre:

"La naturaleza de aplicación y ejercicio del debido proceso, es parte inherente a la actividad procesal, tanto judicial como administrativa, pues nuestra Ley Fundamental instituye al debido proceso como: 1) Derecho fundamental: Para proteger al ciudadano de los posibles abusos de las autoridades, originadas no sólo en actuaciones u omisiones procesales, sino también en las decisiones que adopten a través de las distintas resoluciones dictadas para dirimir situaciones jurídicas o administrativas y que afecten derechos fundamentales, constituyéndose en el instrumento de sujeción de las autoridades a las reglas establecidas por el ordenamiento jurídico.2) Garantía jurisdiccional: Asimismo, constituye una garantía al ser un medio de protección de otros derechos fundamentales que se encuentran contenidos como elementos del debido proceso; como la motivación de las resoluciones, la defensa, la pertinencia, la congruencia, de recurrir, entre otras, y que se aplican a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, constituyendo las distintas garantías jurisdiccionales inherentes al debido proceso, normas rectoras a las cuales deben sujetarse las autoridades pero también las partes intervinientes en el proceso, en aplicación y resguardo del principio de igualdad. De esa esencia, deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes."

Sentencia Constitucional Plurinacional 871/2018-S1: "El debido proceso, desde la concepción de la nueva Constitución Política del Estado, adquiere triple dimensión, por ser un derecho fundamental, principio procesal de la jurisdicción ordinaria y garantía de los justiciables; así, entre los componentes del debido proceso se puede identificar la congruencia de las resoluciones judiciales. En ese marco, desde una concepción doctrinal, la congruencia de las decisiones judiciales tiene dos acepciones: externa, entendida como principio rector de toda resolución judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y respuesta) y lo resuelto por las autoridades judiciales, sin que el juzgador tome en cuenta aspectos ajenos a la controversia; interna, porque entendida la resolución como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos y los efectos de la parte dispositiva. Es decir, se pretende evitar que, en una misma resolución, existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión".

1) Las Resoluciones Administrativas no coinciden respecto a las medidas dasométricas declaradas, la Autoridad Administrativa no tomó en cuenta el descargo presentado por el Agente Auxiiar quién declaró haber incurrido en un error humano al consignar datos erróneos, no se hizo una valoración de la prueba de descargo técnica y objetiva.

2) La troza 806-B se encontraría dentro del margen de error mínimo establecido en el Reglamento de Procesos Administrativos Sancionadores y Aplicación de Tolerancias emitido por la ABT que entró en vigencia el 28 de julio de 2016, debiendo aplicarse la retroactividad.

3) La multa impuesta es resultado de un avaluo ilegal sobreevaluado con valor comercial que corresponde a la gestión 2013 cuando la intervención se realizó en junio de 2012, estableciendo valor comercial como si el producto estuviese puesto en Aserradero en fecha 10 de enero de 2014 cuando las trozas fueron decomisadas en 27 de julio de 2012.

4) La ABT para determinar las reincidencias reglamentos e instructivos por encima de la CPE, Ley del Procedimiento Administrativo y Ley Forestal, siendo el cuadro de reincidencias ilegal y arbitraria no habiendo la Empresa SISAM TEJADA SRL cometido infracciones graves.

5) Las trozas de madera que fueron decomisadas, se remataron, sin que la ABT hubiera devuelto al actor el monto percibido por tal concepto.

Se declara PROBADA  la demanda Contenciosa Administrativa, en su mérito, NULA la Resolución Ministerial-FOR N° 30 de 28 de abril de 2017,con base en los siguientes argumentos:

1) Advierte éste Tribunal la incongruencia que presenta la Resolución Administrativa ABT N° 267/2015 de 14 de agosto de 2015, adoptando en la parte resolutiva decisión contradictoria e incongruente respecto de lo expresado en la parte considerativa, por tanto, la resolución carece de valor legal, extremo que no fue observado por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, quién al resolver el recurso jerárquico "confirmo´" la resolución administrativa recurrida.

2) La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra, no ha vulnerado o inobservado normativa aplicable al caso.No correspondía a la ABT, a título de irretroactividad de la ley por beneficiar al infractor  la aplicación de la Directriz N° 005/2014 que modifica los porcentajes de las multas en relación a la fijadas en la Directriz ABT N° 001/2013.

3) Se efectuó cálculo de valor comercial irreal e impreciso, no siendo tampoco justificativo legal que fue efectuado por "otros funcionarios que ya no cumplen funciones en la ABT", siendo que las actuaciones corresponden a dicha entidad pública y no a personas particulares; consecuentemente, la actuación administrativa  vulneró normas del debido proceso en su componente de seguridad jurídica.

4) No se advierte que el cuadro en el que se encuentra los registros de antecedentes de la Empresa SISAM TEJADA SRL fuera ilegal o arbitraria y menos que fuera contraria a la CPE, Ley de Procedimiento Administrativo o Ley Forestal.

5) No cursa en antecedentes actuaciones administrativas que acrediten haberse rematado los productos forestales decomisados y tampoco decisión o resolución sobre el particular.

La congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto.

Sentencia Constitucional 1619/2010-R de 15 de octubre:

"La naturaleza de aplicación y ejercicio del debido proceso, es parte inherente a la actividad procesal, tanto judicial como administrativa, pues nuestra Ley Fundamental instituye al debido proceso como: 1) Derecho fundamental: Para proteger al ciudadano de los posibles abusos de las autoridades, originadas no sólo en actuaciones u omisiones procesales, sino también en las decisiones que adopten a través de las distintas resoluciones dictadas para dirimir situaciones jurídicas o administrativas y que afecten derechos fundamentales, constituyéndose en el instrumento de sujeción de las autoridades a las reglas establecidas por el ordenamiento jurídico.2) Garantía jurisdiccional: Asimismo, constituye una garantía al ser un medio de protección de otros derechos fundamentales que se encuentran contenidos como elementos del debido proceso; como la motivación de las resoluciones, la defensa, la pertinencia, la congruencia, de recurrir, entre otras, y que se aplican a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, constituyendo las distintas garantías jurisdiccionales inherentes al debido proceso, normas rectoras a las cuales deben sujetarse las autoridades pero también las partes intervinientes en el proceso, en aplicación y resguardo del principio de igualdad. De esa esencia, deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes."

Sentencia Constitucional Plurinacional 871/2018-S1: "El debido proceso, desde la concepción de la nueva Constitución Política del Estado, adquiere triple dimensión, por ser un derecho fundamental, principio procesal de la jurisdicción ordinaria y garantía de los justiciables; así, entre los componentes del debido proceso se puede identificar la congruencia de las resoluciones judiciales. En ese marco, desde una concepción doctrinal, la congruencia de las decisiones judiciales tiene dos acepciones: externa, entendida como principio rector de toda resolución judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y respuesta) y lo resuelto por las autoridades judiciales, sin que el juzgador tome en cuenta aspectos ajenos a la controversia; interna, porque entendida la resolución como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos y los efectos de la parte dispositiva. Es decir, se pretende evitar que, en una misma resolución, existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión".

1) Las Resoluciones Administrativas no coinciden respecto a las medidas dasométricas declaradas, la Autoridad Administrativa no tomó en cuenta el descargo presentado por el Agente Auxiiar quién declaró haber incurrido en un error humano al consignar datos erróneos, no se hizo una valoración de la prueba de descargo técnica y objetiva.

2) La troza 806-B se encontraría dentro del margen de error mínimo establecido en el Reglamento de Procesos Administrativos Sancionadores y Aplicación de Tolerancias emitido por la ABT que entró en vigencia el 28 de julio de 2016, debiendo aplicarse la retroactividad.

3) La multa impuesta es resultado de un avaluo ilegal sobreevaluado con valor comercial que corresponde a la gestión 2013 cuando la intervención se realizó en junio de 2012, estableciendo valor comercial como si el producto estuviese puesto en Aserradero en fecha 10 de enero de 2014 cuando las trozas fueron decomisadas en 27 de julio de 2012.

4) La ABT para determinar las reincidencias reglamentos e instructivos por encima de la CPE, Ley del Procedimiento Administrativo y Ley Forestal, siendo el cuadro de reincidencias ilegal y arbitraria no habiendo la Empresa SISAM TEJADA SRL cometido infracciones graves.

5) Las trozas de madera que fueron decomisadas, se remataron, sin que la ABT hubiera devuelto al actor el monto percibido por tal concepto.

Se declara PROBADA  la demanda Contenciosa Administrativa, en su mérito, NULA la Resolución Ministerial-FOR N° 30 de 28 de abril de 2017,con base en los siguientes argumentos:

1) Advierte éste Tribunal la incongruencia que presenta la Resolución Administrativa ABT N° 267/2015 de 14 de agosto de 2015, adoptando en la parte resolutiva decisión contradictoria e incongruente respecto de lo expresado en la parte considerativa, por tanto, la resolución carece de valor legal, extremo que no fue observado por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, quién al resolver el recurso jerárquico "confirmo´" la resolución administrativa recurrida.

2) La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra, no ha vulnerado o inobservado normativa aplicable al caso.No correspondía a la ABT, a título de irretroactividad de la ley por beneficiar al infractor  la aplicación de la Directriz N° 005/2014 que modifica los porcentajes de las multas en relación a la fijadas en la Directriz ABT N° 001/2013.

3) Se efectuó cálculo de valor comercial irreal e impreciso, no siendo tampoco justificativo legal que fue efectuado por "otros funcionarios que ya no cumplen funciones en la ABT", siendo que las actuaciones corresponden a dicha entidad pública y no a personas particulares; consecuentemente, la actuación administrativa  vulneró normas del debido proceso en su componente de seguridad jurídica.

4) No se advierte que el cuadro en el que se encuentra los registros de antecedentes de la Empresa SISAM TEJADA SRL fuera ilegal o arbitraria y menos que fuera contraria a la CPE, Ley de Procedimiento Administrativo o Ley Forestal.

5) No cursa en antecedentes actuaciones administrativas que acrediten haberse rematado los productos forestales decomisados y tampoco decisión o resolución sobre el particular.

El efecto retroactivo de la ley, solo es aplicable en materia laboral, cuando lo determine expresamente a favor de las y los trabajadores, en materia penal, cuando beneficie al imputado y en materia de corrupción, conforme prevé el art. 123 de la Constitución Política del Estado.

Sentencia Constitucional 1619/2010-R de 15 de octubre:

"La naturaleza de aplicación y ejercicio del debido proceso, es parte inherente a la actividad procesal, tanto judicial como administrativa, pues nuestra Ley Fundamental instituye al debido proceso como: 1) Derecho fundamental: Para proteger al ciudadano de los posibles abusos de las autoridades, originadas no sólo en actuaciones u omisiones procesales, sino también en las decisiones que adopten a través de las distintas resoluciones dictadas para dirimir situaciones jurídicas o administrativas y que afecten derechos fundamentales, constituyéndose en el instrumento de sujeción de las autoridades a las reglas establecidas por el ordenamiento jurídico.2) Garantía jurisdiccional: Asimismo, constituye una garantía al ser un medio de protección de otros derechos fundamentales que se encuentran contenidos como elementos del debido proceso; como la motivación de las resoluciones, la defensa, la pertinencia, la congruencia, de recurrir, entre otras, y que se aplican a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, constituyendo las distintas garantías jurisdiccionales inherentes al debido proceso, normas rectoras a las cuales deben sujetarse las autoridades pero también las partes intervinientes en el proceso, en aplicación y resguardo del principio de igualdad. De esa esencia, deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes."

Sentencia Constitucional Plurinacional 871/2018-S1: "El debido proceso, desde la concepción de la nueva Constitución Política del Estado, adquiere triple dimensión, por ser un derecho fundamental, principio procesal de la jurisdicción ordinaria y garantía de los justiciables; así, entre los componentes del debido proceso se puede identificar la congruencia de las resoluciones judiciales. En ese marco, desde una concepción doctrinal, la congruencia de las decisiones judiciales tiene dos acepciones: externa, entendida como principio rector de toda resolución judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y respuesta) y lo resuelto por las autoridades judiciales, sin que el juzgador tome en cuenta aspectos ajenos a la controversia; interna, porque entendida la resolución como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos y los efectos de la parte dispositiva. Es decir, se pretende evitar que, en una misma resolución, existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión".

1) Las Resoluciones Administrativas no coinciden respecto a las medidas dasométricas declaradas, la Autoridad Administrativa no tomó en cuenta el descargo presentado por el Agente Auxiiar quién declaró haber incurrido en un error humano al consignar datos erróneos, no se hizo una valoración de la prueba de descargo técnica y objetiva.

2) La troza 806-B se encontraría dentro del margen de error mínimo establecido en el Reglamento de Procesos Administrativos Sancionadores y Aplicación de Tolerancias emitido por la ABT que entró en vigencia el 28 de julio de 2016, debiendo aplicarse la retroactividad.

3) La multa impuesta es resultado de un avaluo ilegal sobreevaluado con valor comercial que corresponde a la gestión 2013 cuando la intervención se realizó en junio de 2012, estableciendo valor comercial como si el producto estuviese puesto en Aserradero en fecha 10 de enero de 2014 cuando las trozas fueron decomisadas en 27 de julio de 2012.

4) La ABT para determinar las reincidencias reglamentos e instructivos por encima de la CPE, Ley del Procedimiento Administrativo y Ley Forestal, siendo el cuadro de reincidencias ilegal y arbitraria no habiendo la Empresa SISAM TEJADA SRL cometido infracciones graves.

5) Las trozas de madera que fueron decomisadas, se remataron, sin que la ABT hubiera devuelto al actor el monto percibido por tal concepto.

Se declara PROBADA  la demanda Contenciosa Administrativa, en su mérito, NULA la Resolución Ministerial-FOR N° 30 de 28 de abril de 2017,con base en los siguientes argumentos:

1) Advierte éste Tribunal la incongruencia que presenta la Resolución Administrativa ABT N° 267/2015 de 14 de agosto de 2015, adoptando en la parte resolutiva decisión contradictoria e incongruente respecto de lo expresado en la parte considerativa, por tanto, la resolución carece de valor legal, extremo que no fue observado por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, quién al resolver el recurso jerárquico "confirmo´" la resolución administrativa recurrida.

2) La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra, no ha vulnerado o inobservado normativa aplicable al caso.No correspondía a la ABT, a título de irretroactividad de la ley por beneficiar al infractor  la aplicación de la Directriz N° 005/2014 que modifica los porcentajes de las multas en relación a la fijadas en la Directriz ABT N° 001/2013.

3) Se efectuó cálculo de valor comercial irreal e impreciso, no siendo tampoco justificativo legal que fue efectuado por "otros funcionarios que ya no cumplen funciones en la ABT", siendo que las actuaciones corresponden a dicha entidad pública y no a personas particulares; consecuentemente, la actuación administrativa  vulneró normas del debido proceso en su componente de seguridad jurídica.

4) No se advierte que el cuadro en el que se encuentra los registros de antecedentes de la Empresa SISAM TEJADA SRL fuera ilegal o arbitraria y menos que fuera contraria a la CPE, Ley de Procedimiento Administrativo o Ley Forestal.

5) No cursa en antecedentes actuaciones administrativas que acrediten haberse rematado los productos forestales decomisados y tampoco decisión o resolución sobre el particular.

Es deber de la autoridad jerárquica el revisar y controlar lo tramitado y resuelto en las instancias inferiores, a objeto de disponer, si el caso así lo amerita, las medidas que correspondan a efectos de subsanar los defectos que pudiera presentarse en la tramitación del proceso sancionador.

Sentencia Constitucional 1619/2010-R de 15 de octubre:

"La naturaleza de aplicación y ejercicio del debido proceso, es parte inherente a la actividad procesal, tanto judicial como administrativa, pues nuestra Ley Fundamental instituye al debido proceso como: 1) Derecho fundamental: Para proteger al ciudadano de los posibles abusos de las autoridades, originadas no sólo en actuaciones u omisiones procesales, sino también en las decisiones que adopten a través de las distintas resoluciones dictadas para dirimir situaciones jurídicas o administrativas y que afecten derechos fundamentales, constituyéndose en el instrumento de sujeción de las autoridades a las reglas establecidas por el ordenamiento jurídico.2) Garantía jurisdiccional: Asimismo, constituye una garantía al ser un medio de protección de otros derechos fundamentales que se encuentran contenidos como elementos del debido proceso; como la motivación de las resoluciones, la defensa, la pertinencia, la congruencia, de recurrir, entre otras, y que se aplican a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, constituyendo las distintas garantías jurisdiccionales inherentes al debido proceso, normas rectoras a las cuales deben sujetarse las autoridades pero también las partes intervinientes en el proceso, en aplicación y resguardo del principio de igualdad. De esa esencia, deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes."

Sentencia Constitucional Plurinacional 871/2018-S1: "El debido proceso, desde la concepción de la nueva Constitución Política del Estado, adquiere triple dimensión, por ser un derecho fundamental, principio procesal de la jurisdicción ordinaria y garantía de los justiciables; así, entre los componentes del debido proceso se puede identificar la congruencia de las resoluciones judiciales. En ese marco, desde una concepción doctrinal, la congruencia de las decisiones judiciales tiene dos acepciones: externa, entendida como principio rector de toda resolución judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y respuesta) y lo resuelto por las autoridades judiciales, sin que el juzgador tome en cuenta aspectos ajenos a la controversia; interna, porque entendida la resolución como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos y los efectos de la parte dispositiva. Es decir, se pretende evitar que, en una misma resolución, existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión".