PRINCIPIO PRO HOMINE

Los Jueces, Tribunales y autoridades administrativas, tiene el deber de aplicar aquella norma que sea más favorable para la protección del derecho en cuestión -ya sea que esté contenida en la Constitución Política del Estado o en las normas del bloque de constitucionalidad- y en virtud a la segunda (interpretación conforme a los Pactos Internacionales sobre Derechos Humanos), tienen el deber de ejercer el control de convencionalidad, interpretar el derecho de acuerdo a las normas contenidas en Tratados e Instrumentos Internacionales en materia de Derechos Humanos ratificados o a los que se hubiere adherido el Estado. 

PRINCIPIO DE INDUBIO PRO HOMINE

El Principio de "in dubio pro homine", implica que el convencimiento del órgano decisor respecto de la culpabilidad de la persona investigada, debe superar cualquier duda razonable, de manera que, de existir la misma, obliga a fallar a su favor, de lo cual se tiene que en caso de duda sobre la comisión de un hecho, se debe favorecer a la persona a quien se le viene atribuyendo el mismo. 

No es aplicable.

No es aplicable el Principio de Favorabilidad o Pro Homine cuando el predio objeto de análisis no cuenta con actividad agrícola, no existe residencia de la parte interesada, ni puede alegarse “uso tradicional de la tierra” o “ área de descanso”,  si se evidencia abandono y falta de trabajo en el predio. (SAN-S1-0075-2016)

La duda razonable no es un recurso en el cual un juez se pueda amparar para rehusar tomar parte en un juicio o decisión, sino que se trata de una concesión que se da cuando la lógica de los argumentos y pruebas no son contunden para realizar un dictamen certero; por lo cual bajo los nuevos paradigmas jurídicos incorporados en la Norma Fundamental del Estado, la convicción que generé toda prueba debe ser plena, con el fin de dar certeza jurídica sobre el objeto de la Litis; de igual manera en el nuevo modelo de Estado Constitucional de Derecho la aplicación del in dubio pro homine, es un criterio ordenador a favor de la persona, que consiste en interpretar a favor de los derechos fundamentales de los afectados, lo que obliga a los Órganos de la administración de justicia a fallar a su favor.