Línea Jurisprudencial

“(…)En esa línea y del análisis del caso concreto es necesario referirnos a lo dispuesto en el art. 424 del D.S. N° 29215, (...) se advierte que se constituye un requisito indispensable el "registro de transferencias de propiedades" en el INRA con carácter previo a la inscripción en Derechos Reales; empero, la referida disposición legal no fue interpretada en su cabal dimensión por parte del Juez de instancia a momento de fallar improponible la solicitud puesta a su conocimiento, con los argumentos citados anteriormente; toda vez que no fue posible que el documento primigenio de transferencia, realizado por Policiano Daza a favor de sus hijos, cuente con un antecedente dominial en previsión al tracto sucesivo ya que el inmueble se encontraba en la etapa de Titulación del proceso de saneamiento, conforme se tiene de la fecha del documento privado de 06 de febrero de 2012 y el registro del Título Ejecutorial de Policiano Daza (detallados en los puntos I.4.1, I.4.2 y I.4.8 de la presente resolución); asimismo, no es posible desconocer un derecho de hecho como es la posesión, que conlleva todo el valor legal y que es totalmente transferible, más aún cuando se encontraba en trámite el perfeccionamiento del derecho propietario, lo que claramente imposibilitó consignar un antecedente dominial y una superficie exacta en el documento de transferencia, pasando a un segundo plano el hecho que la minuta de aclaración bilateral fue efectuada por un heredero quien a la vez es comprador, sin derecho sucesorio registrado, pues la pretensión correspondió a la Inscripción del Derecho Propietario conforme el Certificado de Registro de Transferencia y Cambio de Nombre, situación valorada por el INRA a momento de realizar dicho registro y actualización del Certificado Catastral (detallados en los puntos I.4.5 y I.4.6), requisitos de forma y validez previstos en el art. 424 del D.S. N° 29215 que quedan implícitos en el Certificado de Registro de Transferencia y Cambio de Nombre CHU00138/2020 de 16 de marzo de 2020, documentos que juntamente el Impuesto de Transmisión o Enajenación de Bienes N° 1736399 de 10 de agosto de 2021 (punto I.4.11), no merecieron la valoración razonable de la prueba, por parte del juez de la causa; siendo esta actividad un elemento esencial del debido proceso, que de ningún modo pudo ser soslayado por la autoridad jurisdiccional por contravenir lo dispuesto en el art. 115-II CPE; asimismo se observa que la Ley especial no excluye la posibilidad de otorgar la tutela jurídica solicitada, cuya aplicación es conforme al acceso a la justicia establecidos en los arts. 115, 119 y 120 de la CPE, por cuanto no correspondió declarar improponible la solicitud de Orden Judicial.”

“(…) Consiguientemente, es de advertir que la autoridad judicial no realizó un debido análisis del caso de autos en sujeción expresa de la normativa especial vigente, dado que, la Jurisdicción Agroambiental como parte del Órgano Judicial, se constituye en una jurisdicción especializada, regida por el principio de especialidad del derecho agrario, conforme establece el art. 76 de la Ley N° 1715 modificada por la Ley N° 3545 y como prevé el art. 186 de la CPE, y los arts. 4 parágrafo I, numeral 2 y 131 parágrafo II de la Ley N° 025, debiendo por tanto aplicar con preferencia la normativa legal vigente que rige la materia, conforme señala el art. 15 parágrafo I del cuerpo legal citado, que refiere que: "El Órgano Judicial sustenta sus actos y decisiones en la Constitución Política del Estado, Leyes y Reglamentos, respetando la jerarquía normativa y distribución de competencias establecidas en la Constitución". Conforme lo desarrollado precedentemente, la solicitud de Orden Judicial de Inscripción de Derechos Propietario en oficinas de Registro Público de Derechos Reales de Chuquisaca, no correspondía ser considerada en el ámbito estrictamente de las normas civiles, cuyo fallo recurrido encuentra sustento en las mismas, pues la interpretación y aplicación de normas civiles debe circunscribirse a la naturaleza jurídica del proceso agroambiental y a los principios que hacen a la especialidad de la materia, que son: el carácter social, cumplimiento de función social, principio de verdad material e informalidad, éste último interpretado como el hecho de evitar excesivos rigorismos formales que nos aparten del sentido amplio de administrar justicia en los términos solicitados; en ese contexto, resulta imperativo dejar establecido que el art. 78 de la Ley N° 1715 modificada parcialmente por la Ley N° 3545 establece que: "Los actos procesales y procedimientos no regulados por la presente ley, en lo aplicable, se regirán por las disposiciones del Código de Procedimiento Civil"; lo cual significa, que sólo cuando existen vacíos en la normativa especial es posible la aplicación de disposiciones legales de carácter civil a la materia bajo el régimen de supletoriedad, situación que no acontece en el presente caso, toda vez que los arts. 423 y 424 del D.S. Nº 29215, Reglamento de la Ley INRA, disponen de manera categórica la obligatoriedad del registro de transferencias de propiedades agrarias en el INRA, siendo además considerado como requisito de forma y validez la inscripción previa en dicha entidad, antes del registro en Derechos Reales, sin el cual bajo ningún argumento podría inscribirse la transferencia; aspecto que tampoco fue observado por la oficina de Derechos Reales de Chuquisaca, por tanto no correspondía que la autoridad jurisdiccional rechace y declare la improponibilidad de la solicitud de Orden Judicial de Inscripción de Derecho Propietario.”