Dentro del proceso contencioso administrativo interpuesto por Gloria Laura Aparicio Murillo de Donaire contra el Director Nacional del Instituto Nacional de Reforma Agraria, impugnando la Resolución Administrativa RA-SS Nº 0074/2022 de 16 de febrero, pronunciada dentro del Proceso de Saneamiento Simple de Oficio, correspondiente a los predios "Cancha Deportiva Club Racing”, “Campo el Bordo”, “Campo el Churquial”, “Monte Murillo”, “Casa Mocha” y “Campo”, municipio de San Lorenzo, provincia Méndez del departamento de Tarija; el Tribunal advierte los siguientes problemas jurídicos:
1.- Que se hubiera efectuado incorrecta valoración de la legalidad de la posesión y cumplimiento de la Función Social del predio “Monte Murillo” y la carencia de motivación y fundamentación de la Resolución ahora impugnada, respecto al derecho propietario de la demandante. 2.- Que, habría una errónea aplicación de las medidas precautorias. 3.- falta de motivación y fundamentación de la Resolución Final de Saneamiento impugnada. 4.- Que los predios en conflicto no estuvieran dentro de la Resolución Determinativa DDT-RS-DET SAN SIM OF-N° 006/2014, constituyendo un error de Fondo. 5.- Se acusa falta de congruencia entre el Informe Legal DDT-U SAN –INF LEG N° 890/2021 de 5 de noviembre de refoliación y la verificación física de los actuados cursantes en el proceso de saneamiento y la vulneración del art. 232 de la CPE.
"...
el Informe en Conclusiones N° 077/2017 de 16 de febrero de 2017, descrito en el acápite I.5.14 de la presente sentencia, refiere que: “… Se evidencia de acuerdo a la documentación presentada por los beneficiarios del predio Monte Murillo, se acredita mediante certificado de Defunción de María Guadalupe Murillo Figueroa (año 2015) que consigna como hija a Ruth Natividad Aparicio Murillo y mediante testimonio de Declaratoria de Herederos (año 1987), seguido por María Guadalupe Murillo Figueroa se declara herederos forzosos y legales de los causantes Santiago Murillo Vides y María Candelaria Figueroa de Murillo a sus hijos Humberto y María Guadalupe Murillo Figueroa demostrándose de esta manera tradición en relación al titular inicial Santiago Murillo Vides, sin embargo, de la revisión de la Resolución Suprema N° 20302 de fecha 29 de noviembre de 2016, emitida dentro del proceso de saneamiento de la comunidad Monte Méndez, se establecen que los Títulos Ejecutoriales del expediente N° 29393 fueron anulados por vicios de nulidad absoluta, encontrándose anulado el Titulo Ejecutorial N° PT0109237 emitido a nombre de Santiago Murillo Videz en la superficie de 39.7750 ha de conformidad a lo establecido en los artículos 320 y 312 del Reglamento de las leyes N° 1715 y 3545, por lo que los señores RUTH NATIVIDAD APARICIO MURILLO, MARBEL VIRGINIA APARICIO MURILLO DE PONCE, GLORIA LAURA APARICIO MURILLO DE DONAIRE, MARÍA ESTHER LUZ APARICIO MURILLO, OLGA AMANDA APARICIO MURILLO, NORMA YOLANDA APARICIO MURILLO, DAICY IRMA APARICIO MURILLO, NILO OLINDER NORBERTO APARICIO MURILLO, WEIMAR OLIDER APARICIO GALARZA se encuentran en calidad de poseedores en el presente proceso.
(…)
Por otra parte el informe adicional de áreas o predios en conflicto y el formulario de Registro de Mejoras indica que los beneficiarios del predio Monte Murillo presentan como mejora una vivienda de adobe y techo de teja que según su propia declaración fue construida por sus abuelos y en relación al predio denominado Campo se establece que el predio Campo se clasifica como pequeña propiedad con actividad Agrícola, habiéndose constatado la existencia de: un terreno con cultivo de maíz del año 1986, determinándose de esta manera la existencia de cumplimiento de la Función Social, de conformidad a lo previsto por los artículos 394 y 397 parágrafo II de la Constitución Política del Estado, art. 2 y 3 de la Ley N° 1715 y artículo 164 y siguientes del Reglamento Agrario.” (cita textual); en consecuencia, se tiene que lo afirmado por la parte demandante no es evidente, toda vez que, el INRA considero la documentación presentada estableciendo la tradición con relación al titular inicial; sin embargo, al encontrarse el Título Ejecutorial N° PT10109237, anulado mediante la Resolución Suprema N° 20302 de 29 de noviembre de 2016, fueron considerados como poseedores.
Ahora bien, la posesión ejercida, debe encontrarse directamente vinculada al cumplimiento de la Función Social, misma que no fue acreditada en el caso en examen por la parte actora y si bien podría asumirse que el interesado registra una vivienda de data antigua, construida por sus abuelos, no puede concluirse que desarrolló actividades de tipo productivo o habitó el predio de forma continua y mucho menos que en el momento del proceso de saneamiento se encontraba cumpliendo la Función Social en los términos señalados en el art. 2 de la Ley Nº 1715, conforme se tiene anotado en las respectivas Fichas Catastrales descritas en los acápites I.5.7, I.5.10, I.5.11, I.5.12 y I.5.13 de la presente sentencia, mismas que fueron identificadas y corroboradas por el Informe Técnico Legal DDT-USAN-INF-TEC-LEG N° 1764/2017 de 14 de julio de 2017, descrito en el acápite I.5.17 de la presente sentencia, razón por la que no correspondió reconocer la legalidad de la posesión del ahora demandante, toda vez que, para el reconocimiento de la propiedad agraria, la norma y la jurisprudencia agroambiental establecieron que los propietarios, subadquirentes y poseedores necesariamente deben demostrar dos requisitos esenciales, como son, el cumplimiento de la Función Social y la acreditación del derecho propietario y/o posesión, no siendo suficiente el cumplimiento de uno de ellos, como ser la sola presentación de documentos de propiedad; máxime, si consideramos lo establecido por el art. 324.I del D.S. N° 29215 que señala: “I. La nulidad de Títulos Ejecutoriales y de los procesos agrarios en trámite, conlleva la nulidad de todos los actos de transmisión del derecho de propiedad que tengan como antecedente de dominio el Título Ejecutorial anulado o del proceso agrario en trámite y la facultad del propietario de retirar a su costa las construcciones, mejoras y plantaciones existentes en la propiedad.”; en ese entendido y por lo anteriormente expuesto, se establece que el Instituto Nacional de Reforma Agraria, actuó conforme a norma, no evidenciándose vulneración al debido proceso y al derecho a la defensa, ni a los Principios que rigen la materia agraria.
II.4.2. Con relación a la errónea aplicación de las medidas precautorias (...)
el Instituto Nacional de Reforma Agraria, identificó un conflicto en el área objeto del proceso de saneamiento; partiendo de ese entendido, correspondía la aplicación de las medidas precautorias, precisamente para mantener las condiciones en las que se encontraba el predio.
Ahora bien, respecto a que el predio se encontraba con mejoras, cabe mencionar que la Función Social o Función Económica Social, se verifica en forma directa, durante el Relevamiento de Información en Campo, conforme lo prevé el D.S. N° 29215 en su art. 159 (...)
En ese contexto, conforme se tiene señalado los demandados no pudieron demostrar contar con posesión ni trabajos desarrollados en predio denominado “Monte Murillo”, aspecto que fue evidenciado en Campo; en consecuencia, no resulta evidente lo manifestado por la parte actora.
II.4.3. Con relación a la falta de motivación y fundamentación de la Resolución Final de Saneamiento impugnada (Resolución Suprema N° 0074/2022 de 16 de febrero de 2022).
El saneamiento es un procedimiento técnico-jurídico destinado a regularizar y perfeccionar el derecho de propiedad agraria, cuyo desarrollo se encuentra normado por el Reglamento de la Ley Nº 1715 y las Guías Técnicas para ejecutar las actividades propias e inherentes de dicho proceso administrativo, en el cual se van elaborando Informes Técnico Legales siendo éstos el insumo e información en las que se basa necesariamente la Resolución Final de Saneamiento, por ello en su redacción se remite a los fundamentos y motivación que en los mismos se expresa, conforme prevé el art. 52 parágrafo III de la L. N° 2341 (Ley de Procedimiento Administrativo) (...)
cursa en el Informe en Conclusiones; Informe Técnico Legal DGST-JRV-INF-SAN N° 1607/2019 de 31 de diciembre de 2019 cursante de fs. 2922 a 2932; Informe Técnico-Legal DDT-U.SAN-INF-UT N° 892/2021 de 11 de noviembre de 2021 cursante de fs. 3082 a 3088 de la carpeta predial, entre otros; en ese entendido, se advierte que dicha determinación en su estructura argumentativa contiene una razonable, suficiente fundamentación y motivación, al haberse constatado en lo fundamental que la ilegalidad de la posesión del predio “Monte Murillo”; conclusión que es sustentada, con los referidos informes, que determinaron la ilegalidad de la posesión debido a la verificación directa en campo, donde los beneficiarios familia Aparicio Murillo no demostraron tener posesión ni trabajos en el área, por lo que, se concluyó que el predio no cumple con la Función Social, al advertirse únicamente una vivienda construida por sus abuelos misma que se encuentra abandonada, siendo la principal prueba de verificación en campo, que en caso de autos establecía mejoras y cumplimiento de la Función Social, en los predios “CANCHA DEPORTIVA CLUB RACING, EL BORDO, CAMPO EL CHURQUIAL, MONTE MURILLO, CASA MOCHA Y CAMPO”, datos del proceso de saneamiento que fueron corroborados por el Informe Técnico TA-DTE N° 026/2023 de 9 de agosto de 2023, cursante de fs. 743 a 749 de obrados, descrito en el acápite I.5.17; por lo que, al constituir dichos actos administrativos los fundamentos y motivación en los que se basa la Resolución Final de Saneamiento, se determina que la resolución ahora impugnada, contiene la debida fundamentación y motivación, puesto que dichos informes contienen toda la información recabada durante el desarrollo del proceso de saneamiento relativos, entre otros, a la identificación de antecedentes del derecho propietario, la anulación del Antecedente Agrario, evaluación de datos técnicos del predio y otros aspectos relevantes para el procedimiento, concluyendo con recomendaciones expresas del curso de acción a seguir, lo que implica el cumplimiento de los arts. 295-b) y 304 del D.S. N° 29215, en resguardo del debido proceso.
II.4.4. Respecto a que los predios en conflicto no están dentro de la Resolución Determinativa DDT-RS-DET SAN SIM OF-N° 006/2014, constituyendo un error de Fondo.
La parte actora refiere que, la Dirección Nacional del INRA efectuó el Control de Calidad, con la finalidad de sanear las observaciones tanto de forma y de fondo antes de emitir la Resolución Final de Saneamiento, conforme lo dispone el art. 266 del D.S. N° 29215, emitiéndose en consecuencia el Informe Técnico Legal DGST-JVR-INF-SAN N° 1607/2019 de 31 de diciembre de 2019.
En cuanto a los argumentos expresado, se tiene que en cumplimiento a las observaciones y sugerencias realizadas en el referido Informe, la Dirección Departamental del INRA Tarija, elaboró el Informe Técnico Legal DDT-U.SAN-INF-UT N° 892/2021 de 11 de noviembre de 2021, cursante de fs. 3082 a 3083 de la carpeta predial, que en conclusiones y sugerencias establece que: “Se concluye que el Área Determinativa de la comunidad Monte Méndez abarca la totalidad de los predios de la comunidad como muestra la figura 1 en mérito al artículo 279 (EXTENSION DEL SANEAMIENTO EN AREAS DETERMINADAS) Incluyendo el área en conflicto identificada en pericias de campo en el proceso de Monte Méndez.
El área identificada como conflicto en el proceso de Monte Méndez fue Repoligonizada del polígono 652, asignándole con nuevo polígono N° 935 en confinidad al art. 277 (…)
Se concluye que realizado el análisis a las observaciones emitidas en las hojas de ruta DN HRE N° 22132/2019 y DN HR N° 4291/2019 y el informe TECNICO-LEGAL DGST-JVR-INF-SAN N° 1607/2019 respecto al área determinada en la Resolución Determinativa de Área de Saneamiento Simple de Oficio DDT-RES- DET SAN SIM OF N° 0006/2014 de fecha 24 de febrero de 2014, se dio estricto cumplimiento a los artículos 277 y 279 de la Ley 1715 modificada por la Ley N° 3545 y su Reglamento, no existirían observaciones al respecto del área determinada y los polígonos asignados.”(las negrilla y el subrayado es añadido); informe que fue asumido por la Dirección Nacional del INRA con la aprobación del proyecto de resolución y al emitir el Informe Técnico Legal DGST-INF N° 48/2022 de 22 de febrero de 2022, cursante de fs. 3151 a 3158 de la carpeta predial; en ese sentido, podemos establecer que este aspecto carece de transcendencia en el fondo de la decisión misma, más aún, si el Instituto Nacional de Reforma Agraria, asumió la decisión debido al incumplimiento de la Función Social, teniendo la parte actora pleno conocimiento de las Resoluciones Administrativas emitidas por el ente administrativo, participando de todas las etapas del proceso de Saneamiento; en consecuencia, no se advierte vulneración al debido proceso en su vertiente de derecho a la defensa acorde a los arts. 115, 117 y 119 de la CPE. (...)
si bien la parte actora realiza una mención de la norma y los principios supuestamente vulnerados, no realizó un análisis preciso, concreto y real del perjuicio que le hubiera provocado, señalando que dentro de la carpeta existan copias repetidas de actuaciones y debido a esta situación se habría provocado un error, sin siquiera señalar cual sería el error que se hubiera producido en la Resolución Final de Saneamiento, que afecte su derecho propietario, conforme a lo precedentemente expuesto, se tiene que el antecedente agrario del cual reclama su derecho propietario fue anulado y que durante el proceso de saneamiento, no pudo demostrar la posesión, ni trabajos sobre el área, es decir, incumpliendo con la Función Social que exige la normativa agraria.
Respecto a la vulneración del art. 232 de la CPE, si bien invoca el derecho a la defensa, debido proceso, derecho a la petición y verdad material, la demandante no explica de qué manera se hubiera le hubiera provocado indefensión, más aún, si consideramos que la mayoría de los memoriales y solicitudes presentadas fueron presentadas con posterioridad a la emisión de la misma; en consecuencia, no se advierte un perjuicio cierto, concreto, real y grave, que se subsane con la anulación de obrados, por lo que no corresponde mayor pronunciamiento al respecto …”
La Sala Primera del Tribunal Agroambiental declara IMPROBADA la demanda contenciosa interpuesta por Gloria Laura Aparicio Murillo de Donaire; en consecuencia, se declara firme y subsistente la Resolución Administrativa RA-SS N° 0074/2022 de 16 de febrero de 2022; tal decisión es asumida conforme a los siguientes argumentos:
1.- Respecto a la incorrecta valoración de la legalidad de la posesión y cumplimiento de la Función Social del predio “Monte Murillo” y la carencia de motivación y fundamentación de la Resolución ahora impugnada, respecto al derecho propietario de la demandante; la demandante, refiere que el INRA declaró la ilegalidad de posesión de la familia Murillo, por afectar derechos legalmente constituidos en aplicación del art. 310 del D.S. N° 29215, pese a que fue presentada la documentación necesaria que acreditaría su derecho propietario; en ese entendido, el Informe en Conclusiones N° 077/2017 de 16 de febrero de 2017, menciona a la Resolución Suprema N° 20302 de fecha 29 de noviembre, emitida dentro del proceso de saneamiento de la comunidad Monte Méndez mediante la cual, por vicios de nulidad absoluta se anula el Titulo Ejecutorial N° PT0109237 emitido a nombre de Santiago Murillo Videz, quien es abuelo de la demandante, pasando por tal motivo, dicha demandante, entre otros, a encontrarse en calidad de poseedora. Por otra parte, se tiene el Informe adicional de áreas o predios en conflicto entre el predio Monte Murillo y el predio "Campo", determinándose para este último, el cumplimiento de la función social; en consecuencia, se tiene que lo afirmado por la parte demandante no es evidente, toda vez que, el INRA considero la documentación presentada estableciendo la tradición con relación al titular inicial; sin embargo, al encontrarse el Título Ejecutorial N° PT10109237, anulado mediante la Resolución Suprema N° 20302 de 29 de noviembre de 2016, fueron considerados como poseedores.
Ahora bien, la posesión ejercida, debe encontrarse directamente vinculada al cumplimiento de la Función Social, misma que no fue acreditada por la parte actora y si bien podría asumirse que la interesada registra una vivienda de data antigua, construida por sus abuelos, no puede concluirse que desarrolló actividades de tipo productivo o habitó el predio de forma continua y mucho menos que en el momento del proceso de saneamiento se encontraba cumpliendo la Función Social en los términos señalados en el art. 2 de la Ley Nº 1715, conforme se tiene anotado en las respectivas Fichas Catastrales, mismas que fueron identificadas y corroboradas por el Informe Técnico Legal DDT-USAN-INF-TEC-LEG N° 1764/2017 de 14 de julio, razón por la que no correspondió reconocer la legalidad de la posesión de la ahora demandante, toda vez que, para el reconocimiento de la propiedad agraria, la norma y la jurisprudencia agroambiental establecieron que los propietarios, subadquirentes y poseedores necesariamente deben demostrar dos requisitos esenciales, como son, el cumplimiento de la Función Social y la acreditación del derecho propietario y/o posesión, no siendo suficiente el cumplimiento de uno de ellos, como ser la sola presentación de documentos de propiedad; que, en el caso de la demandante, son nulos al haber sido anulado su antecedente agrario, como lo establece el art. 324.I del D.S. N° 29215; en ese entendido y por lo anteriormente expuesto, se establece que el INRA, actuó conforme a norma, no evidenciándose vulneración al debido proceso y al derecho a la defensa, ni a los principios que rigen la materia agraria.
2.- Respecto a que se hubieran aplicado medidas precautorias erróneamente pues no existiría ningún riesgo ni podría alterarse las condiciones del predio porque ya se encontraba con trabajo y mejoras; y al no permitirle ingresar a la propiedad hubieran ocasionado que no pueda cumplir la función social; en tal sentido se tiene que, al identificar el INRA un conflicto en el área objeto del proceso de saneamiento, correspondía la aplicación de las medidas precautorias, precisamente para mantener las condiciones en las que se encontraba el predio. Respecto a que el predio se encontraba con mejoras, cabe mencionar que la Función Social se verifica en forma directa, durante el Relevamiento de Información en Campo, conforme lo prevé el D.S. N° 29215 en su art. 159, no pudiendo la demandante demostrar en este punto, que contaba con posesión ni trabajos desarrollados en el predio en litis.
3.- Con relación a la falta de motivación y fundamentación de la Resolución Final de Saneamiento impugnada, se tiene que, El saneamiento es un procedimiento técnico-jurídico destinado a regularizar y perfeccionar el derecho de propiedad agraria, cuyo desarrollo se encuentra normado por el Reglamento de la Ley Nº 1715 y las Guías Técnicas para ejecutar las actividades propias e inherentes de dicho proceso administrativo, en el cual se van elaborando Informes Técnico Legales siendo éstos el insumo e información en las que se basa necesariamente la Resolución Final de Saneamiento, por ello en su redacción se remite a los fundamentos y motivación que en los mismos se expresa, conforme prevé el art. 52 parágrafo III de la L. N° 2341 (Ley de Procedimiento Administrativo), ocurriendo lo propio en el caso presente, pues cursa en el Informe en Conclusiones; Informe Técnico Legal DGST-JRV-INF-SAN N° 1607/2019 de 31 de diciembre; Informe Técnico-Legal DDT-U.SAN-INF-UT N° 892/2021 de 11 de noviembre, entre otros; en ese entendido, se advierte que dicha determinación en su estructura argumentativa contiene una razonable, suficiente fundamentación y motivación, al haberse constatado en lo fundamental la ilegalidad de la posesión del predio “Monte Murillo”; conclusión que es sustentada con los referidos informes que determinaron la ilegalidad de la posesión debido a la verificación directa en campo, donde los beneficiarios familia Aparicio Murillo no demostraron tener posesión ni trabajos en el área, por lo que, se concluyó que el predio no cumple con la Función Social, al advertirse únicamente una vivienda construida por sus abuelos misma que se encuentra abandonada, siendo la principal prueba de verificación en campo, que en caso de autos establecía mejoras y cumplimiento de la Función Social, en los predios “CANCHA DEPORTIVA CLUB RACING, EL BORDO, CAMPO EL CHURQUIAL, MONTE MURILLO, CASA MOCHA Y CAMPO”, datos del proceso de saneamiento que fueron corroborados por el Informe Técnico TA-DTE N° 026/2023 de 9 de agosto de 2023, por lo que, al constituir dichos actos administrativos los fundamentos y motivación en los que se basa la Resolución Final de Saneamiento, se determina que la resolución ahora impugnada, contiene la debida fundamentación y motivación, puesto que dichos informes contienen toda la información recabada durante el desarrollo del proceso de saneamiento relativos, entre otros, a la identificación de antecedentes del derecho propietario, la anulación del Antecedente Agrario, evaluación de datos técnicos del predio y otros aspectos relevantes para el procedimiento, concluyendo con recomendaciones expresas del curso de acción a seguir, lo que implica el cumplimiento de los arts. 295-b) y 304 del D.S. N° 29215, en resguardo del debido proceso.
4.- Respecto a que los predios en conflicto no están dentro de la Resolución Determinativa DDT-RS-DET SAN SIM OF-N° 006/2014, lo que constituiría un error de fondo; al respecto se tiene que, producto del control de calidad se emitió el Informe Técnico Legal DGST-JVR-INF-SAN N° 1607/2019 de 31 de diciembre de 2019, de cuyas observaciones y sugerencias se elaboró el Informe Técnico Legal DDT-U.SAN-INF-UT N° 892/2021 de 11 de noviembre de 2021, el cual se determina que, el Área Determinativa de la comunidad Monte Méndez abarca la totalidad de los predios de la comunidad, en mérito al artículo 279 (EXTENSION DEL SANEAMIENTO EN AREAS DETERMINADAS) Incluyendo el área en conflicto identificada en pericias de campo en el proceso de Monte Méndez, concluyéndose que, respecto al área determinada en la Resolución Determinativa de Área de Saneamiento Simple de Oficio DDT-RES- DET SAN SIM OF N° 0006/2014 de fecha 24 de febrero de 2014, se dio estricto cumplimiento a los artículos 277 y 279 de la Ley 1715 modificada por la Ley N° 3545 y su Reglamento, no existirían observaciones al respecto del área determinada y los polígonos asignados; pudiendo establecer de todo lo señalado que, el aspecto denunciado carece de transcendencia en el fondo de la decisión misma, más aún, si el Instituto Nacional de Reforma Agraria, asumió la decisión debido al incumplimiento de la Función Social, teniendo la parte actora pleno conocimiento de las Resoluciones Administrativas emitidas por el ente administrativo, participando de todas las etapas del proceso de Saneamiento; en consecuencia, no se advierte vulneración al debido proceso en su vertiente de derecho a la defensa acorde a los arts. 115, 117 y 119 de la CPE.
5.- Respecto a que no existiría un correcto armado cronológico de los actuados en el proceso de saneamiento, provocando un error que los dejaría en total indefensión, vulnerando los derechos adquiridos de la familia Aparicio Murillo; asimismo, arguye que los funcionarios del INRA vulneraron lo previsto en el art. 232 de la CPE y sus principios, como ser el de Legitimidad, al haber presentado varias solicitudes y denuncias, sin obtener respuesta, provocando un estado de indefensión, negando el derecho a la petición, debido proceso, violación a la verdad material presentada, vulnerando lo previsto en el art. 232 de la CPE; en ese sentido, conforme a la SC 0731/2010-R de 26 de julio, en la SC 0242/2011-R de 16 de marzo, se establece que, si bien la parte actora realiza una mención de la norma y los principios supuestamente vulnerados, no realizó un análisis preciso, concreto y real del perjuicio que le hubiera provocado, señalando que dentro de la carpeta existan copias repetidas de actuaciones y debido a esta situación se habría provocado un error, sin siquiera señalar cual sería el error que se hubiera producido en la Resolución Final de Saneamiento, que afecte su derecho propietario, conforme a lo precedentemente expuesto, se tiene que el antecedente agrario del cual reclama su derecho propietario fue anulado y que durante el proceso de saneamiento, no pudo demostrar la posesión, ni trabajos sobre el área, es decir, incumpliendo con la Función Social que exige la normativa agraria.
Respecto a la vulneración del art. 232 de la CPE, si bien invoca el derecho a la defensa, debido proceso, derecho a la petición y verdad material, la demandante no explica de qué manera se hubiera le hubiera provocado indefensión, más aún, si consideramos que la mayoría de los memoriales y solicitudes presentadas fueron presentadas con posterioridad a la emisión de la misma; en consecuencia, no se advierte un perjuicio cierto, concreto, real y grave, que se subsane con la anulación de obrados, por lo que no corresponde mayor pronunciamiento al respecto.