AAP-S1-0098-2023

Dentro de un proceso de Desalojo por Avasallamiento, los demandados hoy recurrentes interponen Recurso de Casación en la forma y en el fondo contra la Sentencia N° 08/2022 de 09 de mayo de 2023, que resolvió declarar probada, pronunciada por la Juez Agroambiental de Cochabamba, bajo los siguientes fundamentos:

Recurso de Casación en la forma y en el fondo interpuesto por Juan Abel Villegas Saravia:

1. Errónea valoración de la prueba con relación a la aplicación de la Ley N° 477; Señala que, el más alto Tribunal de Justicia en materia agraria, ha establecido estándares relevantes de la jurisprudencia siguiente: el ANA-S1^a-0056-2017, indica que: “Para la procedencia de una demanda de desalojo por avasallamiento, quien demanda la tutela agroambiental, debe probar su derecho consolidado antes o en el momento que se ha producido el avasallamiento y no de manera posterior al mismo” (sic); asimismo, el ANA-S2^a-0026-2014 establece la retroactividad inauténtica al señalar que: “No procede la activación del proceso de desalojo por avasallamiento respecto a hechos ocurridos antes de la vigencia de la Ley Nº 477 en atención a la prohibición constitucional respecto a la irretroactividad de la Ley y su vigencia en el tiempo” (sic); y por último el ANA-S1^a-0080-2014, establece que: “Aquellos hechos y actos de avasallamiento producidos con anterioridad a la puesta en vigencia de la L. Nº 477 no son de carácter retroactivo” (sic); en este entendido, se tendrá que considerar los siguientes fundamentos:

1.1. Con relación a la errónea valoración de la prueba de fotocopias legalizadas del trámite de saneamiento correspondiente a los predios “La Esperanza”, “Mejia”, “Villegas” y “Eterovic”, del Polígono Nº 20 de fs. 48 a 72  y de fs. 182 a 193 de la carpeta de saneamiento, se puede evidenciar que su persona en fecha 23 de enero de 2009 presentó solicitud de saneamiento del predio en litigio ante el INRA Cochabamba, sobre la extensión de 2.2647 ha, debido a que desde antes de esa fecha su persona se encontraba en posesión del terreno cumpliendo la Función Social, es decir, antes que los demandantes inicien el proceso de saneamiento ante el INRA y que con el presente proceso irregular se lo pretende sacar del terreno.

1.2. Asimismo, la Sentencia Agroambiental Plurinacional S2^a N° 94/2019 de 27 de noviembre, establece claramente que su persona ha estado en posesión desde antes del 2009 del terreno de litis y cumpliendo la Función Social, además de establecer que el derecho propietario de los demandantes siempre ha estado y está en litigio, es decir, tienen un derecho propietario controvertido desde el inicio del trámite de saneamiento ante el INRA y ahora impugnado ante el Tribunal Agroambiental con una demanda de Título Ejecutorial.

1.3. Por otro lado, el Título Ejecutorial PPD-NAL-805340 y Folio Real con matricula N° 3.01.0.1.00004375 de fs. 1 y 2 de obrados, realizando una correcta valoración integral de la prueba, se puede evidenciar que provienen de un proceso de saneamiento con oposición y de los predios acumulados “La Esperanza”, “Mejia”, “Villegas” y “Eterobic”, del Polígono N° 20, vale decir, nacen de un litigio sobre el mismo y que a la fecha existe una demanda de Nulidad de Título Ejecutorial impugnando la referida prueba; además que, debe entenderse que derecho propietario de la parte actora recién es oponible contra terceros desde la gestión 2019, fecha de su registro en Derechos Reales, según lo establece el art. 1538 del Código Civil.

1.4. Concluyendo que la Sentencia N° 08/2023 de 09 de mayo, hoy impugnada, realizó una incorrecta valoración de la prueba descrita y una errónea interpretación y aplicación de la Ley N° 477; en este sentido, no existe avasallamiento y la Juez A quo debió declarar improbada la demanda, por no haber cumplido el demandante la concurrencia de los requisitos de procedencia de la acción de desalojo por avasallamiento; o en su caso, debió haber declarado la nulidad de la admisión de la demanda en vía de saneamiento procesal, debido a que el presente proceso vulnera el principio de irretroactividad, todo esto de acuerdo a los entendimientos jurisprudenciales antes mencionados, aspectos que ha violentado el debido proceso tutelado por el art. 115 de la Constitución Política del Estado (CPE).

Recurso de casación interpuesto por Ángel Santos Villegas, Ronald Niver Villegas Saravia, Roxana Claudia Villegas Saravia, Nelicia Yasmine Villegas Saravia y Gilda Faviola García Ortuño:

2. Errónea valoración de la prueba, respecto al presupuesto de invasión u ocupación, como la realización de trabajos con incursión violenta o pacifica por parte de los demandados: Con relación a la errónea valoración de la prueba de fotocopias legalizadas del trámite de saneamiento correspondiente a los predios “La Esperanza”, “Mejia”, “Villegas” y “Eterovic”, del Polígono Nº 20 de fs. 48 a 72  y de fs. 182 a 193 de la carpeta de saneamiento, se puede evidenciar que Juan Abel Villegas Saravia se encuentra en posesión del terreno en litigio y cumpliendo la Función Social desde el 23 de enero de 2009, quien presentó solicitud de saneamiento del predio en litigio ante el INRA Cochabamba, sobre la extensión de 2.2647 ha; y no así toda la familia Villegas, como concluye la Juez A quo de forma errada, este aspecto ha sido plenamente establecido en el responde de la demanda y habría desencadenado en una errónea conclusión de que sus personas habrían avasallado el predio en litigio, siendo que la prueba de referencia dejó a la luz que solo Juan Abel Villegas Saravia estuvo y está en posesión del terreno de litis, desde antes que los demandantes inicien el proceso de saneamiento ante el INRA y antes que los demandantes obtengan su derecho propietario; de lo que se entiende que quien realizó las mejoras fue el referido anteriormente y no así sus personas, violentando de esta forma el derecho al debido proceso.

3. Con relación a la errónea valoración de la prueba de descargo concerniente a la Sentencia Agroambiental Plurinacional S2^a N° 94/2019 de 27 de noviembre, que establece claramente que Juan Abel Villegas Saravia ha estado en posesión desde antes del 2009 del terreno de litis y cumpliendo la Función Social, además de establecer que el derecho propietario de los demandantes siempre ha estado y está en litigio, es decir, tienen un derecho propietario controvertido desde el inicio del trámite de saneamiento ante el INRA y ahora impugnado ante el Tribunal Agroambiental con una demanda de Título Ejecutorial.

4. Con relación a la errónea valoración de la prueba del Informe Técnico INF-TEC-JAC 015/2023 de 5 de abril y el Informe Técnico Complementario INF-TEC-JAC 019/2023 de 3 de mayo; de este último, se puede establecer que desde la gestión 2009 se evidencia movimiento en el terreno en litigio, en la gestión 2012, en el lado sud ya existían los promontorios de huano en ambos lados y ya existían las vacas de Juan Abel Villegas Saravia; y que, en las gestiones 2013 y 2014 se mantenían las vacas y los sembradíos, concluyendo el Informe que, durante las gestiones señaladas siempre hubo actividad antrópica incluso desde antes del año 2006; asimismo, el Informe Técnico INF-TEC-JAC 015/2023 de 3 de mayo, establece claramente que en la gestión 2015 ya existían los bebederos de agua y continuaban los promontorios de huano en el sector sud oeste y sud este; y que, de la valoración correcta de esta prueba se entiende que la posesión del terreno en litigio data de antes de la gestión 2009 y que las mejoras fueron realizadas en las gestiones 2012 y 2015, es decir, antes que los demandantes tengan derecho propietario oponible contra terceros, según lo establece el art. 1538 del Código Civil, debido a que su derecho propietario tiene registro en Derechos Reales en la  gestión 2019.

5. Errónea interpretación y aplicación del art. 3 de la Ley N° 477: Refieren que, la Juez A quo ha realizado una escueta valoración integral de la prueba en la Sentencia ahora impugnada, respecto al presupuesto de invasión u ocupación, como la realización de trabajos con incursión violenta o pacifica por parte de los demandados, señalando jurisprudencia con el ANA-S2-0043-2016; y que, de lo establecido del art. 3 de la Ley N° 477, se puede extraer que necesariamente deberá existir una invasión u ocupación de hecho, o realización de trabajos o mejoras, a más de que la incursión haya limitado o restringido el uso y goce de la propiedad, resaltando que no solamente bastara demostrar la ocupación sino la invasión en la propiedad así como el de acreditar de forma irrefutable que, a quien o quienes se demanda, fueron quienes incursionaron en la propiedad ya sea de forma violenta o pacífica y que realizaron tales actos de invasión con determinados hechos que impliquen un avasallamiento; y que de lo expuesto, se entiende que la Juez A quo, para establecer que sus personas avasallaron el terreno del litigio, debió individualizar a cada uno de ellos y establecer qué fecha avasallaron el terreno y si fue con violencia o de forma pacífica, además de establecer cuáles fueron las mejoras que realizaron cada uno de ellos, respaldado con prueba objetiva y no basarse en presunciones e incorrecta valoración de la prueba, debido a que no existe prueba alguna que demuestre el avasallamiento que sus personas habrían realizado al terreno en litigio.

6. Falta de fundamentación, motivación y congruencia en la Sentencia impugnada: Indica que, la Sentencia impugnada carece de fundamentación y motivación, debido a que la misma no explica cuáles fueron los motivos de hecho y de derecho y menos explica que pruebas fueron las pruebas que dieron el sustento para la decisión, asimismo no explica que pruebas fueron consideradas o desechadas y menos explica el por qué; resultando incongruente la Sentencia impugnada entre lo pedido y lo resuelto, debido a que en la demanda se pide que se establezca que el avasallamiento fue realizado en fecha 15 de enero de 2023 y la Sentencia oficiosamente indica que el avasallamiento es permanente sin indicar que fecha se inició, aspectos que violan el derecho al debido proceso establecido en la CPE.

7. Concluyendo que, los demandantes debieron probar para la procedencia del proceso  de desalojo por avasallamiento, tener derecho propietario consolidado antes del avasallamiento y que no este controvertido; porque según la demanda, el avasallamiento se habría realizado el 15 de enero de 2023 y el derecho propietario de los actores data de la gestión 2019 y que el mismo fue controvertido con Juan Abel Villegas Saravia desde la gestión 2009, por encontrarse en posesión del terreno en litigio y cumpliendo la Función Social, además que en la actualidad se encuentra en un proceso de Nulidad de Título Ejecutorial; entones se entiende que sus personas nunca han estado en posesión y menos habrían realizado mejoras, así como nunca habrían peleado el derecho propietario, de lo que se concluye que la parte demandante no habría cumplido con este requisito de procedencia; asimismo, esta demanda no debió ser admitida respetando la irretroactividad de la Ley según lo establece el art. 123 de la CPE, porque de la prueba se establece que Juan Abel Villegas Saravia se encuentra en posesión del terreno desde el año 2009, antes que los demandantes tengan siquiera su derecho propietario, inclusive antes que se promulgue la Ley N° 477.

8. Asimismo, señalan que no existe prueba alguna que establezca que sus personas habrían avasallado el terreno en litigio en la fecha señalada en la demanda, menos que se encuentran en posesión, además de no existir prueba alguna que establezca que habrían realizado mejora alguna, debido a que por los Informes Técnicos presentados, indican que la data de posesión es de la gestión 2009 y las mejoras del año 2012, no existiendo mejoras el año 2023; por lo que, tampoco concurre el segundo presupuesto para la procedencia de la acción, violentando su derecho al debido proceso y a la defensa establecido en el art. 115 de la CPE.

La Sala Primera del Tribunal Agroambiental, declara INFUNDADOS los Recursos de Casación en la forma y en el fondo interpuestos, en consecuencia se mantiene firme y subsistente la Sentencia N° 08/2023 de 09 de mayo de 2023, pronunciada por la Juez Agroambiental de Cochabamba, bajo los siguientes fundamentos:

Análisis del recurso de casación de Juan Abel Villegas Saravia.

1. En base a la prueba producida y que fuera analizada por la Juez A quo, la parte actora ha probado tener derecho propietario consolidado a momento de la interposición de la demanda de desalojo por avasallamiento cuya fecha de ingreso fue el 06 de marzo de 2023, según se puede evidenciar con el cargo de recepción cursante a fs. 29 de obrados; asimismo, el derecho propietario referido cuenta con registro en Derechos Reales cumpliendo lo establecido por el art. 1538 del Código Civil, respecto a la publicidad requerida para ser oponible frente a terceros, requisitos que acreditan plenamente el primer presupuesto de viabilidad para una demanda de desalojo por avasallamiento, lo que evidencia que, la documentación del derecho propietario presentada por la parte actora no resulta controvertida, por encontrarse saneada y perfeccionada por medio de un proceso de saneamiento ejecutado por el INRA y registrado en Derechos Reales; ahora bien, el hecho alegado de que se encontraría impugnado ante el Tribunal Agroambiental con una demanda de Título Ejecutorial, resulta irrelevante, considerando que no se acreditó la existencia de una Sentencia con calidad de cosa juzgada que disponga la nulidad del Título Ejecutorial analizado como prueba de cargo; por lo que, no se evidencia la existencia de errónea valoración de la prueba con relación a la aplicación de la Ley N° 477, ni  mala valoración de la prueba de cargo correspondiente al Título Ejecutorial PPD-NAL-805340 y Folio Real con matricula N° 3.01.0.1.00004375, correspondiendo desestimar lo alegado respecto a este punto.

2. Se puede evidenciar que la Juez A quo a valorado de forma correcta la prueba de descargo relativa a actuados del proceso de saneamiento de los predios “La Esperanza”, “Mejia”, “Villegas” y “Eterovic”, es decir, que ha realizado una valoración integral de la prueba concluyendo que el inicio trámite administrativo fue en el año 2009 y que conforme a la documental adjunta el demandado Juan Abel Villegas Saravia habría reclamado ante diferentes instancias el derecho que le asiste a estar ocupando el predio motivo de la presente demanda; es decir, que se determinó una sobreposición de derechos entre las partes y que el INRA previo análisis del cumplimiento de la función social así como la posesión legal, habría resuelto otorgar derecho propietario a favor de la Federación Departamental de Maestros de Educación Rural de Cochabamba y declarar la ilegalidad de la posesión de Juan Abel Villegas Saravia; además que, de la revisión de la Sentencia 08/2023 de 09 de mayo de 2023, hoy impugnada, la Juez A quo ha referido que la valoración del cumplimiento o no de la Función Social o Función Económica Social no corresponde a un proceso de desalojo por avasallamiento siendo esta situación atribuible a otra instancia; asimismo, del Acta de Audiencia Pública, cursante de fs. 151 a 159 de obrados, concordante con los Informes Técnicos INF-TEC-JAC-015/2023 de 05 de abril, INF-TEC-JAC-019/2023 de 03 de mayo, se puede evidenciar la invasión u ocupación de una fracción en el lado sud del bien inmueble de propiedad de los actores por parte de los demandados, aspecto que se subsume al segundo presupuesto de viabilidad para una demanda de desalojo por avasallamiento, máxime, si consideramos que este aspecto fue considerado en la parte conclusiva de la referida Sentencia, en consecuencia, no se evidencia errónea valoración de la prueba de las copias legalizadas correspondiente a piezas del trámite de saneamiento del Polígono N° 20, fs. 48 a 72 y de 182 a 193, ni de la Sentencia Agroambiental Plurinacional S2^a N° 94/2019 de 27 de noviembre, por lo que tampoco es atendible este reclamo.

3. Por otro lado, el recurrente arguye que en el presente proceso se ha vulnerado el principio de irretroactividad, de acuerdo a los entendimientos jurisprudenciales ANA-S2^a-0026-2014 y ANA-S1^a-0080-2014, aspectos que vulnerarían el debido proceso, consagrado en el art. 115 de la CPE; al respecto, se tiene que considerar que la jurisprudencia agroambiental señalada por el recurrente, han sido moduladas por el AUTO NACIONAL AGROAMBIENTAL S2^a N° 075/2016 de 16 de noviembre de 2016, dentro el marco jurídico de análisis respecto a la “retroactividad inauténtica”, establecida en la jurisprudencia constitucional en la SCP 0881/2016-S3 de 19 de agosto de 2016, que en su parte pertinente señala: “…se tiene que el avasallamiento es continuo cuando no se interrumpe y se mantiene sin cambio en el mismo lugar; es decir, cuando la incursión o invasión violenta se mantiene en el tiempo sin interrupción. (…). En este entendido, queda desvirtuado la supuesta vulneración al principio de irretroactividad argüida por el recurrente, concluyendo que los supuestos agravios identificados por el recurrente, son subjetivos, al no evidenciarse errónea valoración de la prueba, ni la vulneración al debido proceso, correspondiendo fallar en ese sentido.

Análisis del recurso de casación interpuesto por Ángel Santos Villegas, Ronald Niver Villegas Saravia, Roxana Claudia Villegas Saravia, Nelicia Yasmine Villegas Saravia y Gilda Faviola García Ortuño:

4. De la revisión de antecedentes, se evidencia  a fs. 151 a 159 de obrados, cursa el Acta de Audiencia Pública dentro el Proceso de Desalojo por Avasallamiento de 22 de marzo de 2023, descrita en el punto I.5.4. de la presente resolución; nótese que en el punto “Dando cumplimiento a lo señalado por el art. 5 Parágrafo I num. 4 inc. a) de la Ley N° 477- se procede a la promoción del desalojo voluntario” la Juez A quo promueve una posible conciliación, así como el desalojo voluntario; y tomando la palabra el Abogado de los demandados (Rodolfo Cáceres Vásquez) indica que: “…habiendo consultado con los demandados esta parte considerando que tiene el derecho de posesión que está en litigio no ésta dispuesto a ningún tipo de conciliación y menos a un desalojo voluntario.”(sic); lo que evidencia de manera irrefutable el reconocimiento implícito de los demandados ahora recurrentes de que se encontrarían ocupando el predio en litigio, mediante una supuesta “posesión”, que el INRA por la Resolución Suprema Nº 18454 el 10 de mayo de 2016, cuyas copias legalizadas cursan de fs. 48 a 72 de obrados, previo análisis del cumplimiento de la función social así como la posesión legal, habría resuelto otorgar derecho propietario a favor de la Federación Departamental de Maestros de Educación Rural de Cochabamba y declarar la ilegalidad de la posesión de Juan Abel Villegas Saravia; por lo que, resulta inoportuno alegar que no se encuentran ocupando el terreno objeto de demanda en el recurso de casación, cuando en obrados reconocen voluntaria y expresamente que están ocupando el terreno en litigio, aspecto que desvirtúa lo alegado por los recurrentes.

5. Asimismo, los recurrentes refieren la existencia de errónea valoración de la prueba con relación al Informe Técnico INF-TEC-JAC-015/2023 e Informe Técnico INF-TEC-JAC-019/2023; al respecto, revisado los antecedentes del presente proceso, se puede evidenciar que la Sentencia N° 08/2023 de 09 de mayo de 2023 cursante de fs. 2947 a 2957 de obrados, en el punto 3 de ANÁLISIS DE LA PRUEBA realiza una valoración del Informe Técnico INF-TEC-JAC-015/2023 e Informe Técnico INF-TEC-JAC-019/2023 descritos en los puntos I.5.5. y I.5.7. de la presente resolución, señalando en su parte pertinente que: “Estableciendo que de la sobreposición realizada a las coordenadas del plano titulado presentado por los demandantes con las coordenadas obtenidas en la inspección de audiencia pública se tiene que el predio es coincidente en su ubicación geográfica, siendo el predio inspeccionado el mismo objeto de demanda…” (sic); lo que evidencia, que este aspecto se relaciona con el primer presupuesto de viabilidad de una demanda de desalojo por avasallamiento, donde se debe determinar la existencia o inexistencia de sobreposición en el predio objeto del proceso, que debe ser demostrado por el Informe Técnico del Juzgado, como se tiene fundamentado en el punto FJ.II.2.3. de la presente resolución; y en el caso de autos, se tiene demostrado la existencia de sobreposición en el predio objeto del proceso, al existir coincidencia en la ubicación geográfica del terreno inspeccionado, con el bien inmueble objeto de demanda, que tendrá que corresponder al título de propiedad de los actores, como sucede en el presente caso.

6. En relación a que el Informe Técnico INF-TEC-JAC-019/2023 habría establecido que desde la gestión 2009 existiría movimiento del terreno en litigio, así como en las gestiones 2013 y 2014 se mantenían las vacas y los sembradíos, concluyendo que durante esas gestiones siempre hubo actividad antrópica incluso desde antes del año 2006 y que el Informe Técnico INF-TEC-JAC-015/2023 indica que las mejoras fueron realizadas en la gestión 2012 y 2015, antes que los demandantes tengan derecho propietario oponible a terceros, refiriendo una posesión desde el año 2009; al respecto, nos tenemos que remitir al punto 3) del FJ.II.2.5.1. de la presente resolución que dentro el marco jurídico de análisis respecto a la “retroactividad inauténtica”, establecida en la jurisprudencia constitucional en la SCP 0881/2016-S3 de 19 de agosto de 2016, debido a que en la Sentencia 08/2023 hoy impugnada, ha determinado que, en caso de autos los demandados quienes de manera continua habrían invadido y ocupado la fracción del lado sud del lote e terreno de la Federación de maestros, es decir, que se trata de una incursión continua, permaneciendo de manera irregular en la fracción demandada de avasallamiento; por lo que, no se evidencia existencia de errónea valoración de la prueba con relación al Informe Técnico INF-TEC-JAC-015/2023 e Informe Técnico INF-TEC-JAC-019/2023, no siendo atendible el reclamo de los recurrentes.

8. De la revisión de la Sentencia 08/2023 de 09 de mayo de 2023, se puede evidenciar que la misma realiza la relación de hechos en el primer considerando, hace referencia del Auto de admisión en el segundo considerando y fundamenta el fallo en el tercer considerando, donde se realiza el análisis de la prueba producida y judicializada, motivando el fallo en el punto SOBRE EL FONDO donde la Juez A quo describe y realiza una valoración integral de toda la prueba en cumplimiento de art. 145 del Código Procesal Civil, misma que ha considerado y le ha llevado a la convicción a dicha autoridad a determinar el cumplimiento de los dos (2) presupuestos que viabilizan una demanda de desalojo por avasallamiento y poder emitir el fallo en cumplimiento del art. 213 del Código Procesal Civil, en consecuencia, los  aspectos descritos, se adecuan a una debida fundamentación, motivación y congruencia; máxime, si consideramos que en la demanda la parte actora solicita el desalojo por avasallamiento y la Sentencia 08/2023 de 09 de mayo de 2023, declara PROBADA la demanda y dispone que los demandados Ángel Santos Villegas Quispe, Juan Abel Villegas Saravia, Ronald Niver Villegas Saravia, Roxana Claudia Villegas Saravia, Nelicia Yasmine Villegas Saravia y Gilda Faviola García Ortuño, desalojen la superficie avasallada de 2.2935 ha, correspondiente a la propiedad denominada “La Esperanza”, que cuenta con la extensión superficial total de 4.6350 hectáreas, así como proceder al retiro de las mejoras introducidas en el mismo, ubicado en la zona Maica Norte, municipio Cochabamba, provincia Cercado del departamento de Cochabamba; por lo que, no se evidencia falta de fundamentación, motivación y congruencia en la Sentencia impugnada, ni vulneración al debido proceso y al derecho a la defensa, correspondiendo fallar en ese sentido.

PRECEDENTE 1

DERECHO AGRARIO / DERECHO AGRARIO PROCESAL / PROCESOS ANTE LOS JUZGADOS AGROAMBIENTALES / ACCIONES EN DEFENSA DE LA PROPIEDAD / Proceso de desalojo por avasallamiento / Presupuestos de procedencia / Valoración integral de la prueba

La valoración del cumplimiento o no de la Función Social o Función Económica Social no corresponde a un proceso de desalojo por avasallamiento siendo esta situación atribuible a otra instancia. Los presupuestos necesarios e imprescindibles para la procedencia es la acreditación del derecho propietario oponible contra terceros, así como la invasión u ocupación de una fracción del bien inmueble de su propiedad.

"(...) el recurrente refiere la existencia de errónea valoración de la prueba de las copias legalizadas correspondiente a piezas del trámite de saneamiento del Polígono N° 20, fs. 48 a 72 y de 182 a 193 de obrados, del cual se puede evidenciar que su persona en fecha 23 de enero de 2009 presentó solicitud de saneamiento del predio en litigio ante el INRA Cochabamba, sobre la extensión de 2.2647 ha, debido a que desde antes de esa fecha su persona se encontraba en posesión del terreno cumpliendo la Función Social; aspecto también probado con la Sentencia Agroambiental Plurinacional S2 94/2019 de 27 de noviembre; al respecto, de la revisión de antecedentes, se evidencia que la Sentencia 08/2023 de 09 de mayo de 2023, en el punto 2. SOBRE EL FONDO la Juez A quo realiza la valoración del trámite de saneamiento, del cual se evidencia el inicio trámite administrativo en el año 2009, en la propiedad “La Esperanza”, ejecutado por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), posteriormente se dispuso la acumulación de los predios “La Esperanza”, “Mejia”, “Villegas” y “Eterovic”, donde se emitieron el Informe en Conclusiones de 20 de mayo de 2015 y la Resolución Suprema Nº 18454 el 10 de mayo de 2016, cuyas copias legalizadas de estos actuados cursan también de fs. 48 a 72 de obrados, como indica el recurrente, así como otras piezas del proceso en copias simples cursantes de fs. 182 a 193 de obrados; y que, realizado el análisis de la prueba por la Juez A quo, concluye que los “…antecedentes de los cuales se puede deducir que durante el proceso de saneamiento ejecutado por el Instituto Nacional de Reforma Agraria se estableció la sobreposición de derechos entre la familia Villegas y la Federación de maestros rurales de Cochabamba, concluyendo conforme a la documental adjunta que el demandado Juan Abel Villegas Saravia habría reclamado ante diferentes instancias el derecho que le asiste a estar ocupando el predio motivo de la presente demanda, sin embargo, se tiene que realizado el trabajo de evaluación por parte del ente encargado cual es el Instituto Nacional de Reforma Agraria, previo análisis del cumplimiento de la función social así como la posesión legal, se habría resuelto otorgar derecho propietario a favor de la Federación Departamental de Maestros de Educación Rural de Cochabamba y declarar la ilegalidad de la posesión de Juan Abel Villegas Saravia, respecto al predio denominado Villegas, habiéndose resuelto por resolución suprema 19632 de 2 de septiembre de 2016, el desalojo de las personas naturales: Juan Abel Villegas Saravia…”(sic) (las negrillas son nuestras); por lo expuesto, se puede evidenciar que la Juez A quo a valorado de forma correcta la prueba de descargo relativa a actuados del proceso de saneamiento de los predios “La Esperanza”, “Mejia”, “Villegas” y “Eterovic”, es decir, que ha realizado una valoración integral de la prueba concluyendo que el inicio trámite administrativo fue en el año 2009 y que conforme a la documental adjunta el demandado Juan Abel Villegas Saravia habría reclamado ante diferentes instancias el derecho que le asiste a estar ocupando el predio motivo de la presente demanda; es decir, que se determinó una sobreposición de derechos entre las partes y que el INRA previo análisis del cumplimiento de la función social así como la posesión legal, habría resuelto otorgar derecho propietario a favor de la Federación Departamental de Maestros de Educación Rural de Cochabamba y declarar la ilegalidad de la posesión de Juan Abel Villegas Saravia; además que, de la revisión de la Sentencia 08/2023 de 09 de mayo de 2023, hoy impugnada, la Juez A quo ha referido que la valoración del cumplimiento o no de la Función Social o Función Económica Social no corresponde a un proceso de desalojo por avasallamiento siendo esta situación atribuible a otra instancia; asimismo, del Acta de Audiencia Pública, cursante de fs. 151 a 159 de obrados, concordante con los Informes Técnicos INF-TEC-JAC-015/2023 de 05 de abril, INF-TEC-JAC-019/2023 de 03 de mayo, cursantes de fs. 163 a 173 y de 2941 a 2945 de obrados, respectivamente, se puede evidenciar la invasión u ocupación de una fracción en el lado sud del bien inmueble de propiedad de los actores por parte de los demandados, aspecto que se subsume al segundo presupuesto de viabilidad para una demanda de desalojo por avasallamiento como se tiene fundamentado en el punto FJ.II.2.3. de la presente resolución; máxime, si consideramos que este aspecto fue considerado en la parte conclusiva de la referida Sentencia que señala lo siguiente: “…teniéndose así analizadas las pruebas producidas y valoradas en su conjunto y verificados cada uno de los hechos desarrollados se ha podido establecer que la parte actora ha demostrado los presupuestos necesarios e imprescindibles para la procedencia de su acción, acreditando el derecho propietario oponible contra terceros, así como la invasión u ocupación de una fracción del bien inmueble de su propiedad por parte de los demandados, quienes no han podido desvirtuar estos aspectos, estando demostrado que sin contar con autorización ni derecho constituido para ello los demandados se encuentran con una incursión continua, permaneciendo de manera irregular en la fracción demandada de avasallamiento, aspectos que hacen se haya cumplido con los presupuestos para la procedencia de la acción demandada.”(sic) (las negrillas son nuestras); en consecuencia, no se evidencia errónea valoración de la prueba de las copias legalizadas correspondiente a piezas del trámite de saneamiento del Polígono N° 20, fs. 48 a 72 y de 182 a 193, ni de la Sentencia Agroambiental Plurinacional S2^a N° 94/2019 de 27 de noviembre, por lo que tampoco es atendible este reclamo".

PRECEDENTE 2

DERECHO AGRARIO / DERECHO AGRARIO PROCESAL / PROCESOS ANTE LOS JUZGADOS AGROAMBIENTALES / ACCIONES EN DEFENSA DE LA PROPIEDAD / Proceso de desalojo por avasallamiento / Retroactividad inauténtica

Sobre el principio de irretroactividad de acuerdo a los entendimientos jurisprudenciales ANA-S2^a-0026-2014 y ANA-S1^a-0080-2014 se tiene que considerar que han sido moduladas por el AUTO NACIONAL AGROAMBIENTAL S2^a N° 075/2016 de 16 de noviembre de 2016, respecto a la “retroactividad inauténtica”, establecida en la jurisprudencia constitucional en la SCP 0881/2016-S3 de 19 de agosto de 2016, que en su parte pertinente señala: se tiene que el avasallamiento es continuo cuando no se interrumpe y se mantiene sin cambio en el mismo lugar; es decir, la incursión o invasión violenta se mantiene en el tiempo sin interrupción es la que determina la aplicación de la Ley 477.

"(...) el recurrente arguye que en el presente proceso se ha vulnerado el principio de irretroactividad, de acuerdo a los entendimientos jurisprudenciales ANA-S2^a-0026-2014 y ANA-S1^a-0080-2014, aspectos que vulnerarían el debido proceso, consagrado en el art. 115 de la CPE; al respecto, se tiene que considerar que la jurisprudencia agroambiental señalada por el recurrente, han sido moduladas por el AUTO NACIONAL AGROAMBIENTAL S2^a N° 075/2016 de 16 de noviembre de 2016, dentro el marco jurídico de análisis respecto a la “retroactividad inauténtica”, establecida en la jurisprudencia constitucional en la SCP 0881/2016-S3 de 19 de agosto de 2016, descrita en el punto FJ.II.2.4. del presente Auto Agroambiental Plurinacional, que en su parte pertinente señala: “…se tiene que el avasallamiento es continuo cuando no se interrumpe y se mantiene sin cambio en el mismo lugar; es decir, cuando la incursión o invasión violenta se mantiene en el tiempo sin interrupción. (…)". "En la referida Sentencia la interpretación realizada al caso concreto fue expresada de la siguiente manera: "...los demandados conjuntamente los comunarios, no solo que incursionaron en el predio en cuestión, sino que ejercieron violencia contra las cosas y amenazas contra las personas, de forma permanente, actuación arbitraria e ilegítima que no cesó, por el contrario, se mantuvo; circunstancia de continuidad, por la que la Jueza Agroambiental de Sica Sica, aplicando correctamente la Ley 477, se pronunció declarando probada la demanda, considerando que a momento de su presentación, el avasallamiento continuaba, circunstancia que está prevista en la citada Ley en su art. 3, (...) precedentemente transcrito y que no fue analizada por el Tribunal Nacional Agroambiental, a tiempo de emitir el Auto impugnado, que erróneamente, sostuvo su determinación en la irretroactividad de la ley, que no es el caso de autos y que no contraría al art. 123 de la CPE; pues se reitera la 'continuidad' inherente a la ocupación o incursión violenta, es la que determina la aplicación de la Ley 477…” (sic)(negrillas añadidas); en este entendido, queda desvirtuado la supuesta vulneración al principio de irretroactividad argüida por el recurrente, concluyendo que los supuestos agravios identificados por el recurrente, son subjetivos, al no evidenciarse errónea valoración de la prueba, ni la vulneración al debido proceso, correspondiendo fallar en ese sentido".

Sobre la distinción entre el recurso de casación en la forma y el recurso de casación en el fondo y las formas de resolución: "(...) asumida en el Auto Agroambiental Plurinacional S2^a N° 055/2019 de 15 de agosto, en el que se ha señalado que: "(...) el recurso de casación se asemeja a una demanda nueva de puro Derecho mediante la cual se expone de manera clara y precisa la violación de leyes, interpretación errónea o la indebida aplicación de la ley, así como el error de derecho o de hecho en la apreciación y valoración de la prueba; por ello, el recurso de casación en el fondo procederá cuando la Sentencia recurrida contuviere violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la ley o cuando contuviere disposiciones contradictorias, error de hecho o de derecho en la apreciación de las pruebas que puedan evidenciarse por documentos o actos auténticos; mientras que el recurso de casación en la forma, procederá por la vulneración de las formas esenciales de proceso. En el primer caso, de ser evidentes las infracciones acusadas en el recurso de casación en el fondo, dará lugar a que se case la Sentencia recurrida y se modifique la parte resolutiva de la misma; mientras en el recurso de casación en la forma, de ser ciertas las infracciones de la forma denunciada, dará lugar a la nulidad del proceso hasta el vicio más antiguo".

Sobre el proceso de desalojo por avasallamiento, naturaleza jurídica y principios caracterizadores: "Respecto de éste instituto y jurídico; el AAP S1^a 09/2021 de 11 de febrero de 2021 señaló: "El proceso de desalojo por avasallamiento, bajo la competencia de las juezas y jueces agroambientales (art. 4 de la Ley N° 477), tiene el objeto de resguardar, proteger, defender y precautelar el derecho propietario de la propiedad individual y colectiva rural o urbana destinada a la actividad agropecuaria, la propiedad estatal y las tierras fiscales de los avasallamientos y el tráfico de tierras en el área rural y así evitar los asentamientos irregulares de poblaciones, esto, con la finalidad de precautelar además del interés público, la soberanía y seguridad alimentaria (art.1 y 2). Ahora bien, la Ley N° 477 en su art. 3 establece que la condición para que el acto o medida asumida por una o varias personas, traducidas en invasión, ocupación, ejecución de trabajos o mejoras sea de forma violenta o pacífica, temporal o continua que se produzca en la propiedad, se considere como "avasallamiento", debe ser de hecho, conforme expresa literalmente la parte final de esta norma. De ahí que, si la parte demandada acredita derecho de propiedad, posesión legal, derechos o autorizaciones sobre propiedades individuales, colectivas, bienes de patrimonio del Estado, bienes de dominio público o tierras fiscales el acto o medida no puede ser de hecho sino de derecho, por tener alguna causa jurídica.

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en el marco de los postulados del Estado Constitucional de Derecho, en acciones de amparo constitucional, donde resolvió casos de violación a derechos fundamentales a consecuencia de medidas de hecho o justicia por mano propia, enfatizó que estos, para ser considerados tales, deben haber sido asumidos "...sin causa jurídica; es decir, en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales establecidos para la definición de hechos o derechos y estar circunscrita a aspectos que no impliquen la existencia de hechos controvertidos a ser sustanciados por la jurisdicción ordinaria" (SCP 119/2018-S2 de 11 de abril). Del mismo modo, en la SCP 0998/2012 de 5 de septiembre, el Tribunal Constitucional entendió que "...las vías de hecho se definen como el acto o los actos cometidos por particulares o funcionarios públicos, contrarios a los postulados del Estado Constitucional de Derecho por su realización al margen y en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales vigentes para una administración de justicia, afectando así derechos fundamentales reconocidos por el bloque de constitucionalidad...

"(...) la jurisprudencia agroambiental, diferenció la naturaleza jurídica y finalidad del proceso desalojo por avasallamiento respecto, por ejemplo, a la acción reivindicatoria y, entendió que: "...la figura del Desalojo por Avasallamiento como una acción jurídica que proporciona a los afectados, de una manera oportuna, de revertir una situación de hecho como lo es el avasallamiento, que cuenta con sus propias características, diferentes a la figura del despojo...". (AAP S2ª N° 046/2019, de 2 de agosto)".

Respecto a la “retroactividad inauténtica”: "A fin de poder establecer el marco jurídico respecto a la “retroactividad inauténtica”, la jurisprudencia constitucional en la SCP 0881/2016-S3 de 19 de agosto de 2016, ha establecido lo siguiente: “…esta Sala identifica que la pretensión esencialmente se orienta a pedir a este Tribunal la interpretación de la Ley contra el Avasallamiento y Tráfico de Tierras y específicamente determine si el avasallamiento ocurrido antes de la  promulgación de la referida Ley puede ser aplicado a esto casos, en ese marco, se tiene que la SCP 0384/2015-S2 de 8 de abril, dilucido un hecho análogo al presente realizando una interpretación de la referida norma concluyendo que: “… el artículo 3 de la Ley 477 prescribe: ‘Para fines de esta Ley, se entiende por avasallamiento las invasiones u ocupaciones de hecho, así como la ejecución de trabajos y mejoras, con incursión violenta o pacífica, temporal o continua, de una o varias personas que no acrediten derecho de propiedad, posesión legal, derechos o autorizaciones, sobre propiedades privadas individuales, colectivas, bienes de patrimonio del Estado, bienes de dominio público o tierras fiscales’

De la disposición legal transcrita, se extrae que las invasiones u ocupaciones con incursión violenta que definen al avasallamiento, se encuentra igualmente configurado cuando son temporales o continuas, significando continua, de acuerdo al diccionario de la lengua española: ‘Que no se interrumpe y se prolonga durante largo tiempo con la misma intensidad’, concepto ligado al de ‘permanente’, es decir: ‘Que se mantiene sin interrupción o cambio en un mismo lugar, estado o situación’. Ahora bien, de acuerdo a los conceptos señalados, que son claros, se tiene que el avasallamiento es continuo cuando no se interrumpe y se mantiene sin cambio en el mismo lugar; es decir, cuando la incursión o invasión violenta se mantiene en el tiempo sin interrupción.

Ahora bien, en el caso de autos, se ha constatado, que si bien el avasallamiento de la propiedad de la accionante, ocurrió el 2 de septiembre de 2013, éste continuaba de manera permanente a la fecha de interposición de la demanda de desalojo, presentada el 19 de marzo de 2014…”

En la referida Sentencia la interpretación realizada al caso concreto fue expresada de la siguiente manera: “…los demandados conjuntamente los comunarios, no solo que incursionaron en el predio en cuestión, sino que ejercieron violencia contra las cosas y amenazas contra las personas, de forma permanente, actuación arbitraria e ilegítima que no cesó, por el contrario, se mantuvo; circunstancia de continuidad, por la que la Jueza Agroambiental de Sica Sica, aplicando correctamente la Ley 477, se pronunció declarando probada la demanda, considerando que a momento de su presentación, el avasallamiento continuaba, circunstancia que está prevista en la citada Ley en su art. 3, (…)  precedentemente transcrito y que no fue analizada por el Tribunal Nacional Agroambiental, a tiempo de emitir el Auto impugnado, que erróneamente, sostuvo su determinación en la irretroactividad de la ley, que no es el caso de autos y que no contraría al art. 123 de la CPE; pues se reitera la ‘continuidad’ inherente a la ocupación o incursión violenta, es la que determina la aplicación de la Ley 477; lo que tampoco significa -como señalan los Magistrados demandados- que se podrían presentar demandas de hace treinta años atrás, lo que no puede darse en el tiempo porque los avasallamientos, o como se denominan ‘medidas de hecho, precisamente encuentran protección a través de acciones constitucionales, por la inmediatez y eficacia, de la tutela, entendiéndose que un avasallamiento no va a perdurar por años, lo que tampoco sería admisible”

Es decir, este Tribunal determinó que para casos referidos al avasallamiento, la “continuidad inherente a la ocupación o incursión violenta, es la que determina la aplicación de la Ley contra el Avasallamiento y Tráfico de Tierras”, entendiendo que si el avasallamiento se mantiene en el tiempo, es posible su aplicación sobre el fondo de la demanda; consiguientemente, no puede hablarse de una aplicación retroactiva de la norma, puesto que los hechos denunciados no se encontraban agotados o terminados a momento de interponerse la demanda, más bien se encontraban vigentes, circunstancia conocida en la jurisprudencia comparada como ‘retroactividad inauténtica’; y por lo tanto admisible constitucionalmente…” (sic)".

En relación a la falta de fundamentación, motivación y congruencia: "(...) al respecto, la SCP 0903/2012 de 22 de agosto, incidió en lo siguiente: “…la fundamentación y motivación de una resolución que resuelva cualquier conflicto jurídico, no necesariamente implica que la exposición deba ser exagerada y abundante de consideraciones, citas legales y argumentos reiterativos, al contrario una debida motivación conlleva que la resolución sea concisa, clara e integre en todos los puntos demandados, donde la autoridad jurisdiccional o en su caso administrativa, exponga de forma clara las razones determinativas que justifican su decisión, exponiendo los hechos, realizando la fundamentación legal y citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución; en suma se exige que exista plena coherencia y concordancia entre la parte motivada y la parte dispositiva de un fallo”, requisito que tiene mayor importancia en los tribunales de última instancia.” (sic).