AAP-S1-0100-2023

Dentro de un proceso de Nulidad de Urbanización, los demandantes hoy recurrentes, interponen Recurso de Casación en la forma contra Interlocutorio Definitivo de 13 de marzo del 2023, pronunciado por la Juez Agroambiental de Bermejo del departamento de Tarija, que resolvió declarar probada la excepción de incompetencia, dentro la demanda de Nulidad de Urbanización “Las Lomas”, consiguiente Cancelación en Oficinas de la Alcaldía y Derechos Reales, bajo los siguientes fundamentos:

1. Vulneración de los principios de inmediación, integralidad, dirección y responsabilidad, establecidos en el art. 76 de la Ley Nº 1715, arts. 5 y 188 de la ley Nº 439 y art. 1334 del Código Civil: La Juez de instancia, al realizar una inspección parcial sólo al lugar que colinda con la zona urbana, donde no cuentan con trabajos agrícolas tales como plantaciones de caña y pese a la solicitud e insistencia de su abogado, y de negarse a realizar un recorrido completo de todo el predio denominado "Jilguero" objeto de proceso, incurrió en vulneración de los principios de Inmediación, Integralidad, dirección y responsabilidad, establecidos en el art. 76 de la Ley Nº 1715, arts. 5 y 188 de la Ley Nº 439 y art. 1334 del Código Civil.

2. Vulneración al derecho a un debido proceso en su vertiente de motivación establecido en el art. 115.I y II de la CPE y art. 213.3 de la Ley N° 439: Manifiesta que el Auto Interlocutorio Definitivo de 13 de marzo de 2023, cursante a fs. 449 a 455, no cuenta con una debida motivación y tampoco realizó una debida evaluación y valoración de la prueba documental de cargo consistente en el Titulo Ejecutorial, plano emitido por el INRA, Folio Real emitido por Derechos Reales, cursantes de fs. 51 a 53 de obrados, ni el Certificado de la Comunidad de 9 de Junio de 2022 cursante a fs. 296 de obrados, que acreditan la posesión legal y el cumplimiento de la Función Social y que en el marco del art. 1538 del Código Civil, surten efectos contra terceros; con lo que se vulneraria el derecho constitucional al debido proceso, establecido en el art. 115.I y II de la CPE y arts. 5 y 213.3 de la Ley N° 439,

3. Violación del derecho a la defensa y a los principios de contradicción y bilateralidad, establecidos en el art. 119.II de la CPE y arts. 1 y 201 de la ley Nº 439: La demandante, haciendo referencia a conceptualizaciones doctrinales del tratadista Gonzalo Castellanos Trigo, refiere que el Informe Técnico de fs. 364 a 373 del Apoyo Técnico del Juzgado, no fue corrido en traslado por la Juez de la causa, para que las partes puedan realizar sus observaciones y aclaraciones conforme lo señala el art. 201.I y II de la Ley Nº 439, limitándose a arrimar a obrados, sin señalar fecha de audiencia para que las partes puedan formular sus aclaraciones y/o explicaciones; vulnerando así el derecho constitucional a la legitima defensa establecido en el art. 119.II de la CPE; asimismo indica que, se omitió correr en traslado con el memorial cursante de fs. 434 a 434 vta. por el que solicitan complementación al informe de la DOT, toda vez que el mismo expresa que el predio denominado "Jilguero” cambio de uso de suelo, que debería ser corroborado mediante Inspección Técnica in situ, resolviendo denegar su solicitud mediante Auto de 8 de marzo de 2023; lo que vulneraria de esta manera el principio de contradicción y oralidad previstos en las disposiciones legales señaladas.

4. Violación de los arts. 67 y 68 de la CPE, por no aplicar el enfoque interseccional a persona adulta mayor, vulnerando el debido proceso estipulado en el art. 115.II de la Carta Magna: Haciendo mención a la SCP 0373/2018-52 de 24 de julio, señalan los recurrentes, que la juez de instancia no aplicó un enfoque interseccional y menos realizó una adecuada valoración de la prueba al momento de emitir el Auto Interlocutorio Definitivo objeto de recurso, por cuanto el recurrente Epifanio Brañez Ramos, cuenta con 84 años de edad, correspondiendo a la tercera edad, además de ser de ocupación agricultor campesino perteneciendo a los dos grupos de vulnerabilidad de atención prioritaria, primero, porque es una persona adulta mayor, y segundo porque es agricultor campesino, conforme se acredita con el documento de identidad cursante a fs. 1 de obrados; incurriendo la Juez de instancia, en discriminación, toda vez que no otorgó un trato igualitario en la valoración de la prueba, vulnerando el derecho al debido proceso por falta de enfoque interseccional, establecido  en los arts. 67, 68 y 115.ll de la Constitución Política del Estado y la SCP 0373/2018-S2 de 24 de julio.

5. Violación al principio de inmediación e integralidad reglada establecido en el art. 23.8 de la Ley de reconducción comunitaria N° 3545, art. 76 de la Ley Nº 1715, SCP 15/2019, SCP 378/2006-R de 18 de abril de 2006: Haciendo referencia a la jurisprudencia del Tribunal Agroambiental que delimita la competencia respecto a predios urbanos, refiere que sin considerar el entendimiento jurisprudencial, la Juez de instancia se declaró incompetente para conocer la causa, amparándose en la Ley Municipal y Resolución Ministerial, de ampliación de la nueva mancha urbana, vulnerando todo el lineamiento dado por el Tribunal Agroambiental, es más, ni siquiera habría tomado en cuenta el Informe Técnico del personal de apoyo del juzgado, en el que se evidenció imágenes satelitales, de una parte del predio el "Jilguero", que se encuentra en un área boscosa donde se encuentran sus plantaciones de cítricos, careciendo de características urbanísticas, vulnerando los principios de inmediación e integralidad previstos en el art. 76 de la Ley Nº 1715, art. 23.8 de la Ley N° 3545, arts. 120 y 115.II de la CPE y la SCP 15/2019 de 13 de marzo,

La Sala Primera del Tribunal Agroambiental, declara INFUNDADO el Recurso de Casación en la forma interpuesto contra el Auto Interlocutorio Definitivo de 13 de marzo del 2023 cursante, emitido por la Juez Agroambiental de Bermejo, dentro de la demanda de Nulidad de Urbanización “Las Lomas”, bajo los siguientes fundamentos:

1. Conforme se tiene del Acta de Audiencia de Inspección Judicial de 18 de octubre de 2022, la Jueza A quo, valoró de manera integral no sólo lo identificado durante la Inspección Judicial, sino también la documentación remitida por el Gobierno Autónomo Municipal de Bermejo, lo que conllevó a determinar probada la excepción de incompetencia, desvirtuando de esta manera a lo concerniente a la falta de motivación de la resolución; además, cabe aclarar que no es evidente que el abogado de la parte actora haya efectuado reclamo alguno tal como aducen los recurrentes, ya que no se advierte tal extremo, es decir, durante la inspección no se evidencia que haya solicitado el recorrido de todo el predio “El Jilguero”, habiéndose avocado la Juez de instancia a realizar la inspección ocular en el lugar de controversia conforme lo expresado en el Auto Agroambiental Plurinacional S2° N° 79/2022.

2. En el presente caso, el Consejo Municipal de Bermejo, promulgó la Ley Municipal Autónoma N° 179/2021 del 12 de marzo de 2021 tal cual consta de fs. 406 a 409 de obrados, misma que fue homologada por el poder central a través del Decreto Ministerial N° 075/21 de 11 de mayo del 2021 emitida por el Ministerio de la Presidencia; consecuentemente, las normas emanadas por el Concejo Municipal, son normas de gestión administrativa de cumplimiento obligatorio a partir de su publicación, por ende el Órgano Judicial no tendría competencia para derogar ni abrogar leyes de ninguna naturaleza, mas al contrario, la función jurisdiccional es únicamente y exclusivamente la de aplicar de ley, toda vez que las derogatorias o abrogatorias corresponde al mismo Órgano Legislativo que las promulgó, o mediante control normativo constitucional regido por la Ley Constitucional; por lo tanto, la decisión asumida por la Jueza A quo, al haberse declarado incompetente a razón a la excepción de incompetencia planteada, resulta ser correcta, sin que se advierta violación a principios de responsabilidad establecidos en el art. 76 de la Ley N° 1715 o que haya violado el art. 188 de la Ley N° 439 en concordancia con el art. 5 de la norma adjetiva.

3. La Juez A quo, para resolver la excepción planteada, se basó en tres elementos probatorios determinantes a saber: 1) La existencia de la Ley Municipal Autónoma N° 179/2021, que aprueba la delimitación del área urbana del Centro Poblado de Bermejo, donde se encuentra incluido las tres parcelas en litis; 2) La Resolución Ministerial N° 075/2021 de 11 de mayo de 2021 que Homologa el área urbana del Centro Poblado de Bermejo, y 3) De la imagen satelital donde se constata que los tres predios se encuentran en centro poblado del Municipio de Bermejo; argumentos y fundamentos por demás suficientes para declararse incompetente en la presente causa, al no tener competencia para dejar sin efecto una Ley Municipal, sin que exista la necesidad de mayor abundamiento en la valoración de las pruebas adjuntas por ser irrelevantes para el caso concreto, pues debe comprenderse que lo que esta resolviendo la Juez de instancia, es la excepción de incompetencia y no el derecho propietario del cual goza la parte actora, habiendo constatado dicha autoridad que el área en conflicto está dentro una zona urbanizada, consecuentemente, no existe violación a las normas señalada por los recurrentes.

4. Si bien el informe del profesional de Apoyo Técnico del Juzgado Agroambiental de Bermejo, no fue providenciado en sentido, póngase en conocimiento de las partes; empero fue decretado “Arrímese a obrados el Informe Técnico”, misma que fue puesto en conocimiento de todas las partes intervinientes en el proceso, conforme se tiene de las diligencias de notificación que cursan de fs. 374 vta. a 375 de obrados, sin que la parte ahora recurrente haya interpuesto recurso de reposición conforme establece el art. 253 y 254 del Código Procesal Civil, para que el Juez de la causa advertido de su error pueda modificar o dejar sin efecto lo dispuesto, el no haber ejercido oportunamente en la misma sede judicial, y pretender en esta instancia anular por este hecho, es actuar con deslealtad procesal, en consecuencia no se advierte vulneración alguna al art. 201 de la norma adjetiva Civil.

5. En lo que respecta a la violación de los arts. 67 y 68 de la CPE, por no aplicar el enfoque interseccional a persona adulta mayor, vulnerando el debido proceso art. 115-II de la CPE, el caso que nos ocupa, es una demanda de Nulidad de Urbanización y Cancelación de Registro Público, donde se encuentran ubicados tres predios en litis mismas que recaen en el predio denominado “El Jilguero”, lo que significa dejar sin efecto la Ley Municipal Autónoma N° 179/2021 de 12 de marzo de 2021, que amplia precisamente la mancha urbana donde se encuentran ubicados las tres parcelas cuestionadas; en consecuencia, en el presente recurso, lo que se analizó es si la Jurisdicción Agroambiental tiene competencia o no para dejar sin efecto una Ley Municipal, habiendo llegado a la conclusión de que el área en litigio se encuentra urbanizada, no encontrándose habilitado la competencia de la autoridad agroambiental para conocer la causa, debido a que las derogatorias o abrogatorias corresponde al mismo Órgano Legislativo que las promulgó, o mediante control normativo constitucional regido por la Ley Constitucional; por lo tanto, no corresponde analizar o referir el enfoque interseccional referente a una persona adulta mayor; por lo tanto no es evidente que se haya vulnerado lo dispuesto en los arts. 67 y 68 de la CPE.

6. Finalmente, se acusa violación al numeral 8 del art. 23 de la Ley de Reconducción Comunitaria N° 3545 a su vez quebrantado el principio de inmediación e integralidad reglada en el art. 76 de la Ley N° 1715, los recurrentes manifiestan que, el Tribunal Agroambiental emitió varios autos en relación a la competencia de los Jueces Agroambientales en el área urbana, cuando la actividad que se desarrolla en la misma es relevante la actividad agraria, y la Juez de la causa se declararía incompetente amparándose en la Ley Municipal  y Resolución Ministerial. Sin embargo, en el caso en análisis no solo es para determinar si el Juez de la causa tiene competencia en área urbana en razón de la actividad que se desarrolla en el predio, sino va mucho más allá, toda vez que, lo que está en cuestionamiento es si la Jueza Agroambiental de Bermejo tiene competencia para dejar sin efecto la declaratoria de Urbanización “Las Lomas” y su consiguiente cancelación en las oficinas de la Alcaldía y Derechos Reales y por lógica consecuencia para ello tendría que dejar sin efecto la Ley Municipal que aprueba dicha Urbanización por efecto de la ampliación de la mancha urbana, y como ya se dijo reiteradas veces, la autoridad jurisdiccional no tiene competencia para ello, debido a que dicha atribución corresponde a la misma instancia administrativa o en su defecto en la vía constitucional, tal como se desarrolló ampliamente en los puntos anteriores; por lo tanto no existe ninguna vulneración al art. 23.8 de la Ley N° 3545.

DERECHO AGRARIO / DERECHO AGRARIO PROCESAL / ELEMENTOS COMUNES DEL PROCEDIMIENTO / INCOMPETENCIA DEL JUEZ AGROAMBIENTAL / Para pronunciarse sobre decisiones y/o resoluciones de competencia de otras jurisdicciones judiciales y/o administrativas

No existe prohibición alguna para la ampliación o expansión de la mancha urbana, por ello para determinar dicha ampliación los Gobiernos Municipales efectúan un estudio técnico y legal, la misma que previo a un análisis en el Órgano Legislativo Municipal es plasmado en una Ley Municipal. Por ende el Órgano Judicial no tiene competencia para derogar ni abrogar leyes de ninguna naturaleza, mas al contrario, la función jurisdiccional es únicamente y exclusivamente la de aplicar de ley, toda vez que las derogatorias o abrogatorias corresponde al mismo Órgano Legislativo que las promulgó, o mediante control normativo constitucional regido por la Ley Constitucional.

"(...) corresponde resaltar y aclarar, en el CONSIDERANDO IV.- del Auto Interlocutorio Definitivo que es motivo de recurso, la Juez A quo, textualmente fundamentó y resaltó señalando: “De la normativa Municipal referida precedentemente, SE TIENE QUE EL MUNICIPIO DE BERMEJO TIENE ENTRE SUS ATRIBUCIONES PRIVATIVAS, EL DE APROBAR LAS URBANIZACIONES REQUERIDAS POR LOS POBLADORES DEL MUNICIPIO EN CUESTIÓN, CON ESA FINALIDAD HA IMPLEMENTADO UN PLAN DE ORDENAMIENTO URBANO Y USO DE SUELO DEL MUNICIPIO DE BERMEJO, QUE CURSA EN OBRADOS. Asimismo, siendo competente el Gobierno Municipal Autónomo de Bermejo, para aprobar Urbanizaciones; del mismo modo – se deduce-, también tiene competencia para anular las mismas, por razones justificadas dentro del área de su jurisdicción territorial”, en efecto, el art. 302.I de la CPE de manera taxativa señala: “Son competencia exclusiva de los gobiernos municipales autónomas, en su jurisdicción”; “6. Elaboración de planes de Ordenamiento Territorial y de uso de suelo, en coordinación con los planes del nivel central del Estado, Departamentales e indígenas”; de igual manera, la Ley N° 482 en su art. 26.12, establece: “Proponer al Concejo Municipal, para su aprobación mediante Ley Municipal, el Plan de Desarrollo Municipal, el Plan Municipal de Ordenamiento Territorial y la Delimitación de Áreas Urbanas”; por su parte, el art. 16.11 de la misma Ley, señala “Aprobar la delimitación de áreas urbanas propuesta por el Órgano Ejecutivo Municipal en concordancia con la normativa vigente”; como se podrá advertir, ninguna disposición constitucional ni legal prohíbe que las áreas rurales puedan ser objeto de urbanización, toda vez que la expansión urbana es una necesidad que obedece a la interacción de múltiples factores, como ser el crecimiento dinámico de una ciudad o pueblo, misma que puede ser en un sentido espacial y demográfico, imaginémonos que estaría prohibido urbanizar áreas rurales, los centros poblados urbanos no tendrían donde expandir su demografía; consecuentemente, no existe prohibición alguna para la ampliación o expansión de la mancha urbana, por ello para determinar dicha ampliación, los Gobiernos Municipales, efectúan un estudio técnico y legal, la misma que previo a un análisis en el Órgano Legislativo Municipal, es plasmado en una Ley Municipal. En el presente caso, el Consejo Municipal de Bermejo, promulgó la Ley Municipal Autónoma N° 179/2021 del 12 de marzo de 2021 tal cual consta de fs. 406 a 409 de obrados, misma que fue homologada por el poder central a través del Decreto Ministerial N° 075/21 de 11 de mayo del 2021 emitida por el Ministerio de la Presidencia, conforme consta de fs. 411 a 413 de obrados; consecuentemente, las normas emanadas por el Concejo Municipal, son normas de gestión administrativa de cumplimiento obligatorio a partir de su publicación, por ende el Órgano Judicial no tendría competencia para derogar ni abrogar leyes de ninguna naturaleza, mas al contrario, la función jurisdiccional es únicamente y exclusivamente la de aplicar de ley, toda vez que las derogatorias o abrogatorias corresponde al mismo Órgano Legislativo que las promulgó, o mediante control normativo constitucional regido por la Ley Constitucional; por lo tanto, la decisión asumida por la Jueza A quo, al haberse declarado incompetente a razón a la excepción de incompetencia planteada, resulta ser correcta, sin que se advierta violación a principios de responsabilidad establecidos en el art. 76 de la Ley N° 1715 o que haya violado el art. 188 de la Ley N° 439 en concordancia con el art. 5 de la norma adjetiva".

Distinción entre el recurso de casación en la forma y el recurso de casación en el fondo y las formas de resolución: "(...) el AAP S1ª 42/2020 de 27 de noviembre, en el que se ha señalado que: "(...) el recurso de casación se asemeja a una demanda nueva de puro Derecho mediante la cual se expone de manera clara y precisa la violación de leyes, interpretación errónea o la indebida aplicación de la ley, así como el error de Derecho o de hecho en la apreciación y valoración de la prueba; por ello, el recurso de casación en el fondo procederá cuando la Sentencia recurrida contuviere violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la ley o cuando contuviere disposiciones contradictorias, error de hecho o de derecho en la apreciación de las pruebas que puedan evidenciarse por documentos o actos auténticos; mientras que el recurso de casación en la forma, procederá por la vulneración de las formas esenciales de proceso. En el primer caso, de ser evidentes las infracciones acusadas en el recurso de casación en el fondo, dará lugar a que se case la Sentencia recurrida y se modifique la parte resolutiva de la misma; mientras en el recurso de casación en la forma, de ser ciertas las infracciones de la forma denunciada, dará lugar a la nulidad del proceso hasta el vicio más antiguo".