AAP-S1-0051-2023

Dentro del proceso de Interdicto de Retener la Posesión, las demandadas Alicia Choque Cepeda y Juana Beatriz Ayza Choque, interponen Recurso de Casación contra la Sentencia N° 02/2023 de 09 de marzo de 2023, pronunciada por el Juez Agroambiental de Challapata, que declaró probada la demanda; recurso interpuesto bajo los siguientes argumentos:

I.2.1.1. Falta de exposición sucinta del hecho y del derecho que se litiga y falta de valoración de la prueba y evaluación de la prueba

Sostienen que la Sentencia recurrida, en la relación de la exposición sucinta de hechos, no tomaría en cuenta los presupuestos que se deben cumplir en la acción interdicto de retener la posesión prevista por el art. 1461 (no precisa de que cuerpo normativo), a continuación cita extractos del Auto Agroambiental S2^a N° 022/2019 de 02 de mayo de 2019 en cuanto a la procedencia del Interdicto de Retener la posesión y alega que en la Sentencia N° 02/2023 de 09 de marzo de 2023, no determinaría ni precisaría en qué fecha la demandadas hubiesen supuestamente realizado actos de amenazas y de perturbación mediante actos materiales, limitándose el Juez A quo a realizar una simple presunción de la fecha, porque no establece correctamente la misma; es decir, que no determinaría el día, mes y año, en los que supuestamente se habrían generados las perturbaciones por parte de las demandadas, lo que simplemente generaría una simple suposición, por lo que tales aspectos contradictorios vulnerarían el principio de congruencia, ya que en la Sentencia se determina que tales actos recaerían en diez parcelas  ubicadas en la Comunidad de Tangani Quiburi, las cuales se encuentran en diferentes sectores dentro de la Comunidad, por lo que sería lógico que si hubiesen existido perturbaciones de la posesión en estas parcelas, no se lo hubiese realizado en una sola fecha sino en varias, aspectos que no estarían determinados en la Sentencia impugnada.

Agrega que, no se valoró correctamente la prueba, teniéndose una mala valoración del Acta de Inspección Judicial de 8 de septiembre de 2022, ya que se establecería en Sentencia, que en las distintas parcelas se habrían encontrado barbechos y sembradíos de alfa, cebada y otros productos de reciente data, atribuibles como actos de perturbación, sin embargo, tal valoración resultaría subjetiva y contradictoria, con la referida Acta de Inspección Judicial, ya que la misma autoridad (el Juez) en dicho acto habría establecido que las data de los sembradíos eran de 5 y 10 años atrás, no así de reciente data, correspondiendo este hecho a una mala valoración de esta prueba.

También señala que, no se valoró la prueba concerniente a la solicitud de denuncia y suspensión de trabajos de 16 de octubre de 2021, presentada por José Choque Churqui el “17 de octubre de 2023” al Corregidor de la Comunidad de Tangani, Nestor Mamani, menos aún la Sentencia impugnada fundamentaría el por qué no valoró dicha prueba documental; agrega que, se efectuó una mala valoración del Testimonio de Aceptación de Herencia a Título Universal, ya que el Juez a Quo, arbitrariamente determinó que el referido Testimonio acreditaría que los diez (10) predios son parte del acervo hereditario de Ciprian Castillo, cuando sería contrario a la Aceptación de Herencia, donde no se establece cuáles serían las parcelas en dicho documento público, indicando que así se efectuó una equivocada valoración ya que determina que el demandante es beneficiario de veintiséis (26) terrenos, sin considerar si estos sean los mismos, objeto del proceso de Interdicto de Retener la Posesión, ya que en dicha prueba documental son otras las parcelas, con características diferentes en cantidad, lugar y nombres, tampoco se consideraría el derecho sucesorio que les corresponde a las demandadas, parcializándose con el demandante. Con lo que acusa una mala valoración de los hechos y una incorrecta fundamentación jurídica, lo que generaría contradicción en la resolución impugnada vulnerándose los Principios de Razonabilidad, Motivación y Congruencia.

I.2.1.2. Acusa incongruencia entre la parte Considerativa y la parte Dispositiva, misma que es contradictoria al precedente contradictorio

Citando extractos del Auto Agroambiental Plurinacional S2a N° 72/2019 de 15 de octubre de 2019, sostiene que la Sentencia N° 02/2023 habría incurrido en una errónea aplicación de la ley sustantiva y errónea valoración de la prueba, resultando incongruente en la parte resolutiva, ya que en el análisis del caso la autoridad recurrida habría determinado que el demandante, Ciprian Castillo le asiste el derecho a heredar los terrenos rústicos que hubiere dejando su abuelo, su madre y su padre; lo que considera desconocería la naturaleza del presente proceso judicial, cuya pretensión es retener la posesión de predios rústicos y no así de definir derecho propietario o derechos sucesorios; empero, la autoridad recurrida de forma arbitraria dispondría en Sentencia, que el demandante Ciprian Castillo Choque, sería el único heredero, vulnerando de esa manera el debido proceso, incurriendo en dicha incongruencia.

La Sala Primera del Tribunal Agroambiental ANULA OBRADOS hasta el Auto de Admisión de demanda emitido en audiencia de juicio oral agroambiental en fecha 19 de enero de 2023, debiendo el Juez Agroambiental con asiento judicial en Challapata, observar la demanda interpuesta en cumplimiento del art. 110.6 de la Ley N° 439 y hacer intervenir a las autoridades de la Comunidad Tangani Quiburi del Ayllu Cahualli, provincia Eduardo Avaroa del departamento de Oruro, a efectos de juzgar en coordinación y cooperación con la jurisdicción indígena originaria campesina y con perspectiva de género, evitando que se incurra en una causal de nulidad; decisión asumida tras establecerse:

1. El incumplimiento por parte del juez aquo, de lo establecido en el  "Protocolo de Conciliaciones Interculturales en Materia Agroambiental", y no haber participado el proceso a los representantes y autoridades naturales de la Comunidad de Tangani Quiburi del Ayllu Cahualli, quienes, de acuerdo a las normas y procedimientos propios, en el marco de la  coordinación y colaboración interjurisdiccional, deben intervenir y cooperar con la jurisdicción agroambiental a efectos de hacer efectivas e idoneas las determinaciones asumidas, incluso en caso de darse una conciliación misma que se asumiría como intercultural.

2.- El no haber considerado las denuncias hechas por las demandadas, respecto a situaciones de discriminación por parte de las autoridades de la comunidad, amenazas por parte del demandante y parcializaciones en desmedro de una de ellas por ser hija menor; al momento de producir prueba suficiente para resolver el conflicto, vulnerando derechos y garantías que requieren una protección reforzada por formar parte de grupos vulnerables; consideraciones que deben realizarse mediante un adecuado relacionamiento interjurisdiccional entre la jurisdicción agroambiental y la indígena originaria campesina, propendiendo en cuanto corresponda, la conciliación en el marco de la cultura de paz; incumbiendo al juzgador agroambiental guiar, orientar e informar a las autoridades indígena originarias campesinas en el respeto y resguardo de criterios de equidad de género y generacionales, considerando también la atención prioritaria de las personas de la tercera edad, conforme al art. 402. 2 de la CPE

3.- Que el Juez de la causa no dio aplicación del art. 110.6 de la Ley N° 439 observando la demanda, considerando que se trata de un Interdicto de Retener la Posesión de varias parcelas denominadas como Huaylla Pampa, Alba Samaña, Mor Montero 1 y 2, Chullpa Pampa, Apaza Janta, Thola Pujro, Cotaña, Soldado Pampask’a y Wit’u Mayu, ubicados dentro de la Comunidad de Tangani Quiburi del Ayllu Cahualli y que en la demanda no se especifica las fechas de perturbación que habrían realizado las demandadas y la forma de perturbación en las diferentes parcelas; toda vez que en la inspección in visu preliminar, si bien se identifican la ubicación de las parcelas y se determina su superficie, sin embargo, no se establece cuándo se habría realizado los actos perturbatorios y de qué manera; aspecto que debió ser observado por el Juez A quo, antes de admitir la demanda de autos.

4.- Que, en la audiencia complementaria a momento de dar cumplimiento al art. 83.5 de la Ley N° 1715, relativo a la admisión de la prueba pertinente y del rechazo de la inadmisible o la que fuere manifiestamente impertinente; el juzgador no realiza esta tarea de forma clara y precisa respecto a la prueba documental, tampoco se evidencia la admisión de los testigos, ni se establece cuántos son admitidos de entre los propuestos; aspectos que no correspondía subsanar en Sentencia, no siendo el momento procesal idóneo, vicio procesal que también vulnera el debido proceso.

PRECEDENTE 1

COORDINACIÓN DE LA TCO CON LA JURISDICCIÓN AGROAMBIENTAL

Dentro de las acciones en defensa de la posesión sobre propiedades tituladas colectivamente en la modalidad SAN-TCO, corresponde al juez agroambiental, hacer intervenir a las autoridades naturales, quienes, de acuerdo a las normas y procedimientos propios, en el marco de la  coordinación y colaboración interjurisdiccional, deben intervenir y cooperar con la jurisdicción agroambiental a efectos de hacer efectivas e idoneas las determinaciones asumidas, incluso en caso de darse una conciliación misma que se asumiría como intercultural; todo en el marco del respeto a los derechos de los pueblos indigenas originarios campesinos.

PRECEDENTE 2

Dentro de las acciones en defensa de la posesión sobre propiedades tituladas colectivamente en la modalidad SAN-TCO, corresponde al juez agroambiental, en el marco de las politicas dirigidas a eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres en el acceso, tenencia y herencia de la tierra, efectuar un adecuado relacionamiento interjurisdiccional entre la jurisdicción agroambiental y la indígena originaria campesina, propendiendo en cuanto corresponda, la conciliación en el marco de la cultura de paz; incumbiendo al juzgador agroambiental guiar, orientar e informar a las autoridades indígena originarias campesinas en el respeto y resguardo de criterios de equidad de género y generacionales, considerando también la atención prioritaria de las personas de la tercera edad 

FJ.III.6. La obligación del Juzgador de juzgar con enfoque de género y promover la conciliación Intercultural con dicho enfoque

Con relación al conflicto por el acceso y derecho a la tierra por propiedad o posesión, es pertinente considerar que en cuanto al derecho de acceso y dominio sobre la tierra o sobre la propiedad agraria a favor de las mujeres, el art. 402.2 de la Constitución Política del Estado, establece la obligación de promover políticas dirigidas a eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres en el acceso, tenencia y herencia de la tierra; asimismo, el art. 3.V de la Ley N° 1715, dispone que el Servicio Nacional de Reforma Agraria, en concordancia con el artículo 6º de la Constitución Política del Estado y en cumplimiento a las disposiciones contenidas en la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, ratificada por Ley N° 1100 de 15 de septiembre de 1989, aplicará criterios de equidad en la distribución, administración, tenencia y aprovechamiento de la tierra en favor de la mujer, independientemente de su estado civil; de manera concordante, la Disposición Final Octava de la Ley N° 3545, con relación a la equidad de género, dispone que "Se garantiza y prioriza la participación de la mujer en los procesos de saneamiento y distribución de tierras. En caso de matrimonios y uniones conyugales libres o, de hecho, los títulos ejecutoriales serán emitidos a favor de ambos cónyuges o convivientes que se encuentren trabajando la tierra, consignando el nombre de la mujer en primer lugar. Igual tratamiento se otorgará en los demás casos de copropietarios mujeres y hombres que se encuentren trabajando la tierra, independientemente de su estado civil"; así también, en concordancia de dichas normas, el D.S. N° 29215, en su art. 3, incisos c), d), e), f), j) y o), establece que el carácter social del derecho agrario boliviano consiste entre otras: "...c). Que el Estado reconocerá y hará cumplir la resolución de conflictos al interior o entre comunidades campesinas, colonias y pueblos indígenas u originarios, adoptada con base en sus usos y costumbres, en el marco del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo - OIT, la Constitución Política del Estado y otras disposiciones vigentes; (…) d). Que en la resolución de controversias, ante la igualdad de elementos objetivos probatorios, prevalecerá la Función Social respecto de la Función Económico Social y el bienestar e interés colectivo frente al bienestar individual; e). La equidad en el derecho de acceso y tenencia de la tierra de mujeres y hombres"; f). La equidad, en el derecho de acceso y tenencia de la tierra, con preferencia a quienes no la tienen o la tienen insuficientemente; (…) j). La eliminación de toda forma de discriminación por los servidores públicos de las instituciones involucradas en la temática agraria; (…) y, o). Considerar a la tierra de manera integral, incluyendo sus connotaciones sociales, culturales, ambientales, económicas y de desarrollo rural."; y, conforme lo dispuesto, entre otros, por el art. 8.V del referido Reglamento agrario "Se deberá garantizar la aplicación de metodologías adecuadas para efectivizar el derecho de las mujeres a la tierra y su participación en los procedimientos agrarios."

En el contexto internacional, la "Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer", de 1979, establece que la igualdad entre mujeres y hombres es una cuestión de derechos y constituye una condición para el logro de la justicia social, además de ser un requisito previo necesario y fundamental para la igualdad, el desarrollo y la paz; siendo importante mencionar que, el Comité de Género del Órgano Judicial, ha impulsado la Política Institucional de Igualdad de Género, cuyo objetivo es el de introducir los enfoques de género y de derechos humanos en todas las acciones, niveles y ámbitos de actuación del Órgano Judicial, para asegurar y garantizar mayor acceso a la justicia para las mujeres y otras poblaciones en situación de vulnerabilidad; en esa línea, el Tribunal Agroambiental a través del Acuerdo SP.TA. Nº 09/2018, de 7 de marzo, aprobó el ya mencionado "Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género ", instrumento que se aplica en el ámbito de la jurisdicción agroambiental, siendo de observancia cuando se encuentran involucrados, hombres y mujeres indígena originarios en una comunidad campesina, correspondiendo en esos casos, a tiempo de resolver la causa, un enfoque con perspectiva de género e interculturalidad; toda vez que, no sólo deberá considerarse la condición de mujer de las demandadas ahora recurrentes, sino también la protección constitucional de sus derechos (individuales y colectivos) como miembros de una comunidad o pueblo indígena originario campesino, consagrados entre otros, por los arts. 30, 32, 98.I.II y 397.II de la CPE y de las normas del bloque de constitucionalidad.

En cuanto a concretización del enfoque de género y de interculturalidad, sobre la base y fundamentos teóricos, esbozados líneas arriba, aplicados en la jurisdicción agroambiental, resulta pertinente mencionar a la SAP S1^a N° 02/2022 de 25 de febrero de 2022: “…, es de especial consideración y atención de este Tribunal, tener siempre presente la debida prioridad a la participación de hombres y mujeres en el ejercicio pleno de sus derechos; así pues, la tan mentada equidad o igualdad de género, no sólo debe ser desarrollada teóricamente, sino que esencialmente, implica y significa que en la práctica se materialicen la equivalencia en términos de derechos, beneficios, oportunidades y obligaciones, que suponen el goce equitativo de hombres y mujeres en el acceso y tenencia de la tierra y lo que implica el correspondiente ejercicio del derecho propietario, así como de los bienes sociales y de las oportunidades que el Estado otorga, cualquiera sea el nivel de gobierno, y conforme a las normas vigentes”.

Señalando más adelante la misma Sentencia con enfoque interseccional lo siguiente: “En este sentido, considerando que dentro del presente proceso se encuentran afectados derechos de las mujeres indígenas originarias y en comunidades campesinas, a las cuales la norma boliviana, la doctrina y la uniforme jurisprudencia constitucional y agroambiental, considera a la mujer como grupo de personas vulnerables, susceptibles a sufrir desventajas en cuanto a otros que no se encuentran dentro de esta categoría, habida cuenta que están en una situación de mayor indefensión para hacer frente a los problemas que plantea la vida; corresponde a este Tribunal como única instancia, en las demandas de nulidad y anulabilidad de títulos ejecutoriales, considerar estos precedentes para la tramitación de la causa, pues se evidencia que tanto la demandante y el demandante, así como las demandadas y el demandado, son mujeres y hombres indígena originarios, miembros de comunidades campesinas, que se encuentran en situación de vulnerabilidad, conforme los datos que cursan en el expediente del proceso administrativo técnico-jurídico transitorio del saneamiento de los predios denominados "Zona 5", requiriendo en consecuencia, una protección reforzada, una atención preferente y favorable por parte del Estado, sea respetando, ratificando o restituyendo sus derechos que se consideran como lesionados o que se podrían lesionar ante la decisión judicial a adoptarse, específicamente en el caso de autos, por la justicia agroambiental, ante una demanda de nulidad de Títulos Ejecutoriales emitidos por el INRA. Además, considerando el carácter social de la materia, donde se deberá garantizar a los justiciables el acceso a la justicia, con arreglo a lo determinado por los arts. 115 y 119 de la CPE, resguardando siempre el debido proceso, una justicia plural, pronta y oportuna; con el fin de establecer una adecuada determinación que no afecte la pretensión de las partes que buscan la tutela jurisdiccional, más aún cuando se trata de sectores vulnerables como es el caso de mujeres indígenas, tal como sucede en el caso de autos” (las negrillas son añadidas).

Por su parte la SAN S1^a N° 112/2016 de 31 de octubre de 2016, aplica y discierne: “En cuanto a la discriminación por razón de género se ha manifestado en diferentes Seminarios Internacionales, por la equidad de Género, Jornadas de derechos Humanos y encuentro Anual de Magistradas, que la misma hace referencia a que no se otorga igual valor, iguales derechos, responsabilidades y oportunidades a hombres y mujeres y que a las mujeres por el hecho de serlo, se les menosprecia y se les pone en desventaja en relación con los varones. El preámbulo de la CEDAW - Convención Contra todas las Formas de Discriminación contra la Mujer - reconoce explícitamente que: ‘las mujeres siguen siendo objeto de importantes discriminaciones’ y subraya que la discriminación viola los principios de la igualdad de derechos y del respeto de la dignidad humana, estableciendo que ésta puede darse por distinción, exclusión o restricción; prohíbe tanto los actos que tienen la intención de hacerlo como aquellos que no teniendo la intención, ocasionan discriminación. De igual forma la CEDAW refiere ‘que la igualdad sustantiva, comprende la igualdad de oportunidades, la igualdad de acceso a las oportunidades e igualdad de resultados, lo que supone, dar un trato diferente a las mujeres para que la igualdad sea real y efectiva, para equilibrar las diferencias existentes entre los géneros y que se garanticen estrategias dirigidas a corregir la representación insuficiente y la redistribución de los recursos y el ejercicio del poder’" (las negrillas son añadidas).