AAP-S1-0050-2023

Dentro del proceso de Nulidad de Documento Privado de Anticipo de Legitima, la demandada Liliana Ysidora Tárraga de Coca interpone Recurso de Casación contra la Sentencia Agroambiental N° 05/2023 de 24 de marzo de 2023, pronunciada por la Juez Agroambiental de Villamontes, que resuelve declarar improbada la demanda; recurso interpuesto bajo los siguientes argumentos:

1) Que, la sentencia recurrida, hace mención a las pruebas presentadas con la demanda; sin embargo, no las ajusta a la pretensión demandada, puesto que lo demandado es la nulidad del contrato de anticipo de legítima y su aclarativa, y para ello se ha presentado toda la prueba necesaria la cual demostró la causal para dicho fin. 2) Que, el art. 452.1 del Código Civil, establece con absoluta claridad, que solo las personas que tienen legitimidad de dominio podían disponer la integridad de dicho bien; sin embargo, el contrato de anticipo de legítima, así como su aclarativa flagrantemente han vulnerado el consentimiento de la madre de la ahora recurrente, disponiendo la integridad de dicho bien sin el consentimiento de la copropietaria Anastasia Torres Echalar; hecho que no consideró ni tampoco se pronunció la Juez A quo al momento de pronunciar su sentencia que hoy recurro de casación; 3) Que, si bien en el art. 549 del Código Civil, establece que la falta de consentimiento en un contrato, no se encuentra sancionada con nulidad; sin embargo, nuestra amplia jurisprudencia establece que no se puede convalidar un contrato en donde falte el consentimiento del titular del derecho; 4) Que, la sentencia tampoco analiza ni considera lo establecido en el art. 176 de la Ley N° 603, en relación  comunidad de gananciales que su señora madre había formado con Francisco Coca Bustamante; 5) Que, la sentencia de igual manera, en su parte conclusiva, indica que las pruebas aportadas por la demandante no concuerdan con los puntos de hecho a probar, lo que no es verdad; denunciando que el auto de fecha 31 de enero del 2023 pronunciado en la audiencia preliminar desarrollada en la misma fecha establece cuatro puntos a probar para la parte demandante, y conforme al mismo, se han probado fehacientemente con las pruebas aportadas con la demanda; 6) Que, el reconocimiento judicial de matrimonio de hecho, así corno el certificado de matrimonio presentado demostró la unión conyugal entre el demandado Francisco Coca Bustamante y Anastasia Torrez Echalar desde el año 1965 hasta el 23 de diciembre del 2018; no siendo verdad que las pruebas no se encuadren a los puntos a probar como se indica en la sentencia; 7) Que, el dolo se encuentra considerado como uno de los vicios del consentimiento que afecta la validez de todo contrato, y como se tiene demostrado, el contrato privado de anticipo de legítima se hizo con una cédula de identidad distinta al que usaba Francisco Coca Bustamante y el consentimiento de la señora madre de la recurrente; 8) Que, Francisco Coca Bustamante advertido de su error, dio muestras de colaboración para corregir los actos fraudulentos denunciados, confesando el haber firmado dicho contrato en desconocimiento de lo que firmaba; 9)  Por último, que la recurrente y Juana Tárraga Torres no tienen parentesco de ninguna naturaleza con Ciro Coca Vaca, para que la porción del anticipo de legítima pueda reducirse al porcentaje legal en favor de los demás herederos legales, conforme lo expresa la sentencia recurrida.

La Sala Primera del Tribunal Agroambiental ANULA OBRADOS hasta la Sentencia Agroambiental N° 05/2023 de 24 de marzo de 2023, emitida por la Juez Agroambiental de Villamontes, debiendo señalar día y hora de audiencia para la lectura de sentencia; decisión asumida tras establecerse que, la sentencia recurrida, de manera incongruente no resuelve los puntos de hechos a probar por la parte demandante, haciendo simples alusiones a las pruebas de las partes y realizando una fundamentación y motivación muy escueta del porque no procede la nulidad del Contrato Privado de Anticipo de Legitima de fecha 23 de febrero de 2013 y su consiguiente Escritura Aclarativa N° 079/2013 de 9 de abril de 2013, donde no se analiza si existió o no una falta del consentimiento de Anastasia Torrez Echalar, quien era esposa del demandado Francisco Coca Bustamante, dado el matrimonio de hecho reconocido entre ambos y que además estaría probado por la documental adjunta al proceso; como tampoco se refiere a la existencia de otros herederos por parte Anastasia Torrez Echalar, quienes tendrían derecho sobre el bien objeto de la demanda, dejando establecido además que, la parte demandada se adhirió a la demanda principal como a la prueba arrimada al expediente y que existió una falta de consentimiento en el documento que se impugnó, por parte de la esposa del vendedor y que dicha situación legal se constituye en un vicio de nulidad y/o anulabilidad y que no tiene nada que ver con la quinta parte disponible de una legitima hereditaria

En una demanda de nulidad de contrato que ha sido admitida y sustanciada, no corresponde en sentencia, determinar que no concurren los presupuestos que ocasionarían la nulidad del contrato, sin valorar y pronunciarse sobre las pruebas presentadas por las partes, aunque dichas pruebas se refieran a causales de anulabilidad y no nulidad.

"...se tiene que la sentencia recurrida, de manera incongruente no resuelve los puntos de hechos a probar por la parte demandante, haciendo simples alusiones a las pruebas de las partes y realizando una fundamentación y motivación muy escueta del porque no procede la nulidad del Contrato Privado de Anticipo de Legitima de fecha 23 de febrero de 2013 y su consiguiente Escritura Aclarativa N° 079/2013 de 9 de abril de 2013, donde no se analiza si existió o no una falta del consentimiento de Anastasia Torrez Echalar, quien era esposa del demandado Francisco Coca Bustamante, dado el matrimonio de hecho reconocido entre ambos y que además estaría probado por la documental adjunta al proceso; como tampoco se refiere a la existencia de otros herederos por parte Anastasia Torrez Echalar, quienes tendrían derecho sobre el bien objeto de la demanda..."

"...de conformidad al art. 1 numeral 2 de la Ley N° 439, los administradores de justicia están sometidos al principio de legalidad, el cual establece que las autoridades jurisdiccionales, como son los Jueces Agroambientales, en los procesos que les toca tramitar, deberán ceñir sus actuaciones conforme a la ley; en ese marco, el sometimiento a la ley, se constituye en un mecanismo de integridad que identifica y castiga a quien infringe la ley; al efecto, la facultad de todo Juez en un proceso judicial, es llevar adelante las etapas procesales cumpliendo los plazos y condiciones que exige la norma; entre las actividades procesales primarias, encontramos la realización de en estudio minucioso sobre una demanda planteada, acompañada de pruebas y anunciando la producción de otras, de conformidad al art. 79 y siguientes de la Ley N° 1715, admitiendo la demanda y citando al demandado, quien después de contestar la misma, puede presentar prueba y también reconvenir, si así lo decidiese de acuerdo a sus intereses; y como actividades secundarias, dentro del proceso oral agroambiental, se encuentra la tramitación misma del proceso, con el señalamiento de audiencias, donde se fija el objeto de la prueba, se procede con la inspección ocular y se toma las declaraciones testificales propuestas por ambas partes, de conformidad al art. 83 y siguientes de la Ley N° 1715; actividades las cuales deben cumplirse conforme a la norma agraria, y si el caso lo amerita, señalar una audiencia complementaria, debido a que la prueba no habría sido recepcionada en su integridad por causas de fuerza mayor insuperables, fijando fecha y hora tal como establece el art. 84 de la norma precedentemente citada..."