SAN-S2-0005-2012

En la tramitación de un proceso Contencioso Administrativo, interpuesto por Arnold Guerra Carballo, en representación de Hildo Bayon Romero, contra el Director Nacional a.i. del Instituto Nacional de Reforma Agraria Juanito Felix Tapia Garcia, impugnando la Resolución Administrativa RA-ST N° 0251/2011 de 6 de diciembre de 2011, emitida en ejecución del proceso de saneamiento de Tierras Comunitarias de Origen SAN TCO Weenhayek, Polígono 523 de las propiedades denominadas "LA CODICIADA Y TIERRA FISCAL", constituyéndose los problemas jurídicos a resolver:

1. Manifiesta que, habiendo sido notificado su mandante en fecha 20 de marzo de 2012 con la Resolución Administrativa RA - ST No. 0251/2011, de 06 de diciembre de 2.011, dentro el proceso de saneamiento SAN TCO Weenhayek, ejecutado por el INRA, el mismo presenta graves irregularidades que afectan su derecho, por lo que IMPUGNA la mencionada resolución en base a lo dispuesto por los arts. 36, núm. 3, 68 y 78 de la L. N° 1715 y pide que en sentencia se declare probada la demanda, revocando la Resolución impugnada y se anule obrados hasta el vicio más antiguo.

2. Asimismo indica, que durante el proceso de saneamiento se ha identificado a su mandante como único y legítimo propietario del predio La Codiciada, que comprende la superficie de 467,0000 ha. con antecedente agrario en trámite, como beneficiario inicial, así como la superficie de 2.868,4360 ha en posesión, haciendo un total de 3.335,4360 ha con cumplimiento de Función Económica Social.

3. Bajo el denominativo de IRREGULARIDADES EVIDENCIADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROCESO DE SANEAMIENTO, los apoderados expresan; que no cursa en obrados actos preparatorios para ejecución de la exposición pública de resultados, solicitud de precio de adjudicación, Resolución de Determinación del Precio de Adjudicación (I - TEC) por parte de la Superintendencia Agraria o fijación de precio por el Director Nacional del INRA, por lo que no se cumplió con lo dispuesto por los artículos 210, 211 parágrafo I y 212 del D. S. Nº 25763 de 5 de mayo de 2000 vigente en su oportunidad; que, por tales omisiones no se cumplió con la publicidad y aceptación del precio de adjudicación en la etapa de Exposición Pública de Resultados por parte del poseedor para manifestar su aceptación o rechazo sobre el precio de adjudicación, habiéndose vulnerado el art. 214 parágrafo III del antes mencionado decreto supremo y los arts. 16 parágrafo II de la C. P. E. (anterior), vigente a momento de la Exposición Pública de Resultados y art. 115 parágrafo II de la actual C. P. E., artículos que garantizan el Derecho a la Defensa por parte del Estado.

4. De la misma manera menciona que en el Informe de Exposición Pública de Resultados de 15 de octubre de 2002 de fs. 205, se evidencia que su apoderado se apersona a la Exposición Pública de Resultados y en las listas expuestas, en dicha actuación no se encuentra consignada el predio "La Codiciada" de propiedad de su mandante, es así que hasta la conclusión de la Exposición Pública de Resultados su mandante no fue notificado con la fijación de precios de adjudicación establecida por la Superintendencia Agraria, para que, exprese la aceptación o rechazo de la mencionada resolución.

5. Así también señala, que el informe de Exposición Pública de Resultados, se encuentra alterado en su tenor, ya que a fs. 206 y 207, el primer subtitulo de ambas fojas son iguales pero con diferencias en su tenor por lo que se deduce que el informe de Exposición Pública de Resultados al ser alterado fue viciado y que por tanto es nulo de pleno derecho.

6. Refiere que, en la elaboración del Informe Legal DGS JRV N° 0831/2008 de 14 de agosto de 2008 de Adecuación al Decreto Supremo N° 29215, predios "La Codiciada y La Esperanza", que cursa a fs. 283 y siguientes indica, que no se ha considerado de forma correcta lo dispuesto por el art. 267, parágrafo I; Disposición Transitoria Segunda, art. 266 parágrafo IV, inc. a), b) y c) del D.S. Reglamentario N° 29215, es decir que los errores, omisiones y nulidades de la Exposición Pública de Resultados, no fueron observados por la Dirección Nacional, los que no son de forma sino de fondo, que el mencionado informe debería haber sugerido la nulidad de obrados hasta la Exposición Pública de Resultados y retomar dicho proceso de saneamiento conforme a normativa agraria vigente o en su caso disponer la remisión del expediente a la Unidad de Control de Calidad para que se pronuncie al respecto.

7. Dentro el proceso de saneamiento SAN TCO, se emite la Resolución Administrativa RA - ST N° 0268/2008 de 24 de septiembre del 2008, en la que dispone la adjudicación de 2868.4360 ha. a favor de Hildo Bayon Romero; determina la titulación del predio con una superficie de 3.335,4360 ha., clasificándola erróneamente como MEDIANA PROPIEDAD debiendo ser Empresa Ganadera; por último dispone que la Adjudicación y titulación está sujeta a la cancelación del precio de adjudicación del predio La Codiciada.

8. Indica que la notificación con la Resolución Final de Saneamiento RA - ST N° 0268/2008 cursante a fs. 314, efectuada en 13 de noviembre de 2008, se ha realizado con vicios de nulidad ya que se notificó fuera de horario y bajo una normativa que en ese momento no se encontraba vigente.

9. Asimismo, el convenio de pago de precio de adjudicación y tasa de saneamiento no se encuentra firmado por el Director Nacional del INRA Lic. Juan Carlos Rojas Calisaya, por lo que es nulo de pleno derecho.

10. De la misma manera, a fs. 334 se encuentra una Actualización de Deuda de Convenio de Pago de Adjudicación de 23 de noviembre de 2009 datos que inducen a confusión a su mandante, ya que establece ocho cuotas que se extienden hasta el 23 de noviembre del 2013 por lo que no existiría plazo cumplido.

11. También refiere que de fs. 350 a 355 cursa el Informe UF - AC N° 041/2011 de 17 de noviembre de 2011 de la unidad de cobranzas del INRA donde en el numeral nueve describe el estado del predio "La Codiciada", mencionando que no tiene avisos de pago. Por lo que, antes de la aplicación del art. 319 de D.S. Reglamentario N° 29215 se debería aplicar lo dispuesto en la Disposición Transitoria Tercera del D.S. Reglamentario N° 29215 intimando mediante auto el pago de la deuda o por supletoriedad dispuesta por el art. 78 de la L. 1715, la aplicación del art. 491 parágrafo I del Cód. de Proc. Civ., y sobre todo en aplicación del principio general para los Procedimientos Agrarios de "Servicio a la Sociedad".- Dado el carácter eminentemente social de la materia, la administración de justicia agraria es un medio de servicio a la sociedad y no un fin en si mismo" y también por la buena fe que rige la materia agraria. Por todo lo expuesto, se deberá anular el Informe Técnico Legal INF. DGS N° 034/2011 de 29 de noviembre de 2011 cursante de fs. 362 a 368 respecto al predio "La Codiciada", ya que no observa la falta de avisos de cobranza, ni intimación a pago y la no aplicación de los principios y normativa citada.

12. Asimismo, señala que el informe contempla como persona que elaboró el mismo, a la funcionaría Abogada Carminia Mejia Ascarrunz, sin embargo el mismo se encuentra firmado sin consignar el nombre del funcionario que firmó por Carminia Mejia Ascarrunz.

13. Refiere también que la Resolución Administrativa RA - ST N° 0251/2011 de fecha 06 de diciembre de 2011, es nula de pleno derecho, por no existir dentro la normativa agraria las figuras jurídicas de "Dejar sin efecto parcialmente una adjudicación" y "Modificación de Adjudicación".

La Sala Segunda del Tribunal Agroambiental, declara PROBADA la demanda contencioso administrativa; en consecuencia, NULA la Resolución Administrativa RA-ST- N° 0251/2011 de 6 de diciembre de 2011, debiendo el INRA emitir nueva Resolución Administrativa en base a un informe técnico legal debidamente fundamentado y normativa agraria en vigencia, bajo los siguientes fundamentos:

1. Respecto de los puntos demandados con relación a las irregularidades evidenciadas durante la ejecución del proceso de saneamiento (etapa de exposición pública de resultados, adecuación al Decreto Supremo Nº 29215) se tiene que al encontrarse la Resolución Administrativa RA - ST N° 0268/2008 de 24 de septiembre del 2008, plenamente ejecutoriada al sentir de lo dispuesto por el art. 84 parágrafo I del D.S. Nº 29215 reglamento de las Leyes Nº 1715 y 3545, el cual establece que: "Las Resoluciones Administrativas notificadas, no recurridas dentro de los plazos establecidos o cuando medie renuncia expresa al término de impugnación, quedarán ejecutoriadas" , es decir adquiere la calidad de cosa juzgada, por lo que, no corresponde entrar al análisis de los aspectos demandados ut supra mencionados.

2. La Resolución Administrativa RA-ST Nº 0251/2011 de 6 de diciembre de 2011, no es complementaria a la Resolución RA - ST N° 0268/2008 de 24 de septiembre del 2008, por lo que mal puede el demandante pretender se revise lo actuado de un proceso de saneamiento concluido, toda vez que si el demandante creía conculcados sus derechos con lo dispuesto en la mencionada resolución, no hizo uso en su momento de los recursos establecidos por ley.

3. Respecto a que la Resolución Administrativa RA - ST N° 0268/2008 de 24 de septiembre del 2008, clasifica al predio "La Codiciada" como Mediana Propiedad debiendo ser Empresa Ganadera. De la revisión de los antecedentes del proceso se tiene, que en el informe de campo cursante de fs. 108 a 112, informe de evaluación técnica jurídica de fs. 197 a 204, ficha de fs. 279 se clasifica como Empresa con actividad ganadera, sin embargo en la Resolución Administrativa RA - ST N° 0268/2008 de 24 de septiembre del 2008 en el punto cuarto consigna como mediana ganadera. Respecto de esta situación se tiene que si bien el INRA omitió consignar la clasificación conforme a los antecedentes del proceso de saneamiento, el demandante tenía los medios que establecen las leyes Nº 1715 y 3545 para solicitar la corrección de dicha omisión, el mismo no podría ser mediante proceso contencioso administrativo.

4. Respecto a que la diligencia de notificación con la mencionada resolución se la realizó fuera de horario y ejecutado bajo el D.S. Nº 25763, normativa que en su momento ya no se encontraba vigente. La notificación con la Resolución Administrativa RA - ST N° 0268/2008 de 24 de septiembre del 2008, cursante a fs. 313 del proceso de saneamiento, se tiene que se notificó a hrs. 20:15 en la que menciona que se realiza conforme al art. 46 del D. S. Nº 25763, si bien es cierto, que a momento de la notificación el mencionado decreto supremo reglamentario de las Leyes Nº 1715 y 3545 ya no se encontraba vigente, el demandante, tenía la vía expedita para solicitar en su momento la nulidad de dicho actuado, sin embargo no lo hizo, al respecto, corresponde recordar la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando en la línea jurisprudencial construida a partir de SC 1845/2004-R de 30 de noviembre, entendió que la forma procesal de las notificaciones (en sentido genérico) en los procesos judiciales o administrativos, no está dirigida a cumplir una formalidad en sí misma, sino que su valor está condicionado en la medida que asegure la eficacia material del derecho a la defensa. Por ello, dicha sentencia concluyó que cuando la notificación por defectuosa que sea en su forma, pero que cumpla con su finalidad (hacer conocer la comunicación en cuestión) y, por ende, aseguren la eficacia material del derecho a la defensa, esa notificación es válida.

5. Respecto a que el convenio de pago de precio de adjudicación y tasa de saneamiento no se encuentra firmada por una de las partes (Director Nacional del INRA). El aviso y convenio de pago del precio de adjudicación y tasa de saneamiento y catastro cursante a fs. 333, de obrados se tiene, que se consigna como a una de las partes al Lic. Juan Carlos Rojas Calizaya y el mencionado documento se encuentra suscrito por Julio C. Claure Vaca, Asistente de Cobranzas del INRA- Tarija. De todas formas se debe tener en cuenta que pese a esta situación el demandante conocedor de dicha obligación realizó el pago de Bs. 50.000 como parte del total de Bs. 145.772,13, fijado como precio de adjudicación a valor de mercado por la Superintendencia Agraria, aceptando y reconociendo de forma tácita, todo el valor legal al documento ahora observado.

6. Respecto a que que no tiene avisos de pago; y que no se aplicó la disposición Transitoria Tercera del D.S Nº 29215. Por carta DN-C-EXT Nº 0822/2008 de 18 de agosto de 2008 cursante a fs. 296 de obrados, el INRA solicita la determinación de precio de adjudicación del predio "La Codiciada", a fs. 303 y 304 cursa Dictamen Técnico de Valuación IT-DVT Nº 137/2008 de 22 de agosto de 2008, emitido por la Superintendencia Agraria, fijando el precio de adjudicación para el mencionado predio, de lo que se tiene que ambos actuados se han producido conforme dispone los arts. 316 parágrafo I y 318, del D.S. Nº 29215 de 2 de agosto de 2007, Reglamento de las Leyes Nº 1715 y 3545, es decir que estos actuados se han efectuado en plena vigencia del referido reglamento, por lo que no correspondía aplicar la Disposición Transitoria Tercera del D.S Nº 29215, al caso de autos.

7. De la revisión de antecedentes del proceso se tiene que de fs. 362 a 368 cursa el Informe Técnico Legal INF. DGS Nº 034/2011 de 29 de noviembre de 2011, bajo el denominativo de Informe de análisis a incumplimiento de pago de precios de adjudicación en predios al interior de la TCO Weenhayek, en la que se advierte que respecto del predio "La Codiciada", no se han realizado las consideraciones legales necesarias, es decir bajo qué fundamento jurídico (principios, normativa agraria) o que parámetros se hubiere aplicado para concluir y sugerir dejar parcialmente afectada la resolución final de saneamiento, con relación a las superficies sujetas de adjudicación de la tierra impagos, así como, sugerir dejar sin efecto la adjudicación de manera parcial y proceder al recorte de la superficie de 2868.4360 ha., inicialmente adjudicada, determinando la superficie de 983.8646 ha. a ser reconocida por el pago parcial de adjudicación (Bs. 50.000), realizada por el beneficiario.

8. El art. 65 del D.S. Nº 29215, establece que: Las Resoluciones Administrativas , deberán observar las siguientes formalidades: c) "Toda Resolución deberá basarse en informe legal" y cuando corresponda además un informe técnico; en cumplimiento de la disposición legal antes citada se tiene que el Informe Técnico Legal INF. DGS Nº 034/2011 de 29 de noviembre de 2011, al ser base legal para la emisión de la Resolución Administrativa RA-ST Nº 0251/2011 de 6 de diciembre de 2011, debería contener todos los datos jurídicos y técnicos que respalden de manera clara, inequívoca las sugerencias realizadas que deban ser reflejadas en la emisión de las resoluciones administrativas correspondientes.

9. De lo expuesto precedentemente, se infiere que el INRA, no observó la normativa que prevé las formalidades en la emisión de las resoluciones administrativas, que por los efectos legales que conlleva, debe cuidarse en su redacción las formalidades extrínsecas e intrínsecas que tienen por objeto asegurar un correcto y legal pronunciamiento de resoluciones administrativa.

Procedimientos Administrativos / Saneamiento / Etapas / De la Resolución Final de Saneamiento

De acuerdo al art. 65 del D.S. Nº 29215, las Resoluciones Administrativas deberán basarse en informe legal y cuando corresponda además un informe técnico que contenga todos los datos jurídicos y técnicos que respalden de manera clara, inequívoca las sugerencias realizadas.

"El art. 65 del D.S. Nº 29215, establece que: Las Resoluciones Administrativas , deberán observar las siguientes formalidades: c) "Toda Resolución deberá basarse en informe legal" y cuando corresponda además un informe técnico; en cumplimiento de la disposición legal antes citada se tiene que el Informe Técnico Legal INF. DGS Nº 034/2011 de 29 de noviembre de 2011, al ser base legal para la emisión de la Resolución Administrativa RA-ST Nº 0251/2011 de 6 de diciembre de 2011, debería contener todos los datos jurídicos y técnicos que respalden de manera clara, inequívoca las sugerencias realizadas que deban ser reflejadas en la emisión de las resoluciones administrativas correspondientes".

Respecto  a las notificaciones: "la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando en la línea jurisprudencial construida a partir de SC 1845/2004-R de 30 de noviembre, entendió que la forma procesal de las notificaciones (en sentido genérico) en los procesos judiciales o administrativos, no está dirigida a cumplir una formalidad en sí misma, sino que su valor está condicionado en la medida que asegure la eficacia material del derecho a la defensa".