ANA-S1-0006-2012

Mediante la tramitación de un proceso de Nulidad de compra venta, en grado de casación en el fondo, la parte demandada (ahora recurrente) impugnó la Sentencia No. 7/2011 de 15 de julio de 2011 pronunciada por el Juez Agrario de San Lorenzo, conforme los argumentos siguientes:

1.- Alegan que la autoridad judicial habría incurrido en error en la apreciación de la prueba violando lo establecido en el art. 1286 del Cód. Civ. al establecer que la transferencia efectuada por FENACRE a su favor fue ilícita siendo el móvil netamente interno subjetivo del vendedor por lo que sería solo una deducción del Juez, puesto que su derecho estaría amparado en la Escritura Pública Nº 85/96, estableciéndose que la venta se trata de un terreno rústico que forma parte de la propiedad "Chaquihuayco" con un total de 382,2500 ha., coincidiendo con el acta de embargo que no fue cuestionada. Asimismo, la afirmación del juez de la causa de que la acción y derecho corresponde solo a 1/4 es totalmente irracional, al ingresar a efectuar divisiones numéricas incurriendo en la ilegalidad de la división de la propiedad y;

2.- Que la autoridad judicial al mantener como válido el derecho en lo proindiviso de los esposos Castrillo-Estrada, no toman en cuenta que sus personas se encuentran en posesión desde aproximadamente 20 años cumpliendo la función social en toda la extensión adquirida estando protegida por el art. 397 de la C.P.E.

3.- Que, en la prueba testifical de descargo, la parte demandante no habría opuesto tacha a sus declaraciones, sin embargo, la autoridad judicial asume la posición del demandante observando las declaraciones con el argumento de que existe interés directo, incurriendo en violación e interpretación errónea del art. 446-3) del Cód. Pdto. Civ. conforme establece el art. 253-1) y 3) del Cód. Pdto. Civ.

Solicitó se Case la sentencia recurrida.

Corrido en traslado el recurso, los demandantes respondieron señalando que no cumple con lo dispuesto por el art. 258 del Cód. Pdto. Civ. por lo que corresponde se declare su improcedencia. Añadieron que no demuestran con documentos o actos auténticos le equivocación del juzgador quien solo efectuó un relato falso y confuso del derecho de propiedad, finalmente dicen que FENACRE solo adquirió la acción y derecho de Mario Olaguivel y Maria Zenteno de Olaguivel, siendo esos lo términos de la venta judicial, siendo falso que se produjo una unificación de las ventas a favor de Mario Olaguivel y Sra.

El Tribunal Agroambiental falló declarando INFUNDADO el recurso de Casación en el fondo, conforme a los fundamentos siguientes:

1 y 2.- El Tribunal expresó que resulta inconsistente y carente de fundamentación legal y fáctica la argumentación esgrimida por los recurrentes en sentido de no haberse demostrado la ilicitud de la causa y motivo en la celebración del contrato de compraventa entre FENACRE y los demandados, siendo que el predio de referencia fue consolidado a favor de 8 personas, o sea, 8 acciones, entre ellas, la referida acción de 4.3900 ha. beneficiando en copropiedad a favor de Dominga Zenteno de Añazgo, Ignacio, Nicanor y María Zenteno Flores, de la cual deviene el derecho propietario de FENACRE, que se origina en la venta que realizó la copropietaria Dominga Zenteno de Añazgo a favor de Mario Olaguivel Casón y María Zenteno de Olaguivel de su alícuota parte que le correspondía en la referida acción, asimismo resulta carente de veracidad y fundamento legal lo afirmado por los recurrentes, en sentido de que la autoridad judicial al señalar que el derecho propietario de los recurrentes que corresponde a 1/4 del predio en cuestión es irracional incurriendo en una ilegal división, ya que la autoridad judicial al disponer en la sentencia la validez de derecho propietario de los recurrentes no está procediendo a ninguna división, más al contrario reconoce como válido el derecho que estos cuentan como copropietarios en lo proindiviso juntamente con los demandantes y;

3.- Respecto a la valoración de la prueba testifical de descargo el hecho de haber señalado el juez de la causa al momento de valorar la declaración de los testigos de descargo que estos tienen interés directo en el proceso, no implica que estuviera resolviendo tacha alguna, sino que en el ejercicio pleno de su competencia, observó dicho aspecto siendo el motivo por el que no dio credibilidad a los testigos de descargo.

PROCESOS ANTE LOS JUZGADOS AGROAMBIENTALES/ ACCIONES MIXTAS/ NULIDAD Y/0 ANULABILIDAD DE DOCUMENTO/ PRUEBA

Prueba Testifical

En la apreciación de la prueba testifical, el juez de la causa ejerce con plenitud su facultad de director del proceso para valorar  el medio probatorio apreciando según las reglas de la sana crítica, la credibilidad personal de los testigos, las circunstancias y motivos que corroboren o disminuyan su fuerza probatoria.

“(…) En la apreciación de la prueba testifical, el juez de la causa ejerce con plenitud su facultad de director del proceso para valorar dicho medio probatorio apreciando según las reglas de la sana crítica la credibilidad personal de los testigos, las circunstancias y motivos que corroboren o disminuyan su fuerza probatoria; por lo que, el hecho de haber señalado el juez de la causa al momento de valorar la declaración de los testigos de descargo que estos tienen interés directo en el proceso, no implica que estuviera resolviendo tacha alguna, sino que en el ejercicio pleno de su competencia, observó dicho aspecto siendo el motivo por el que no dio credibilidad a los testigos de descargo, no siendo por tal evidente haber incurrido en violación e interpretación errónea del art. 446-3) del Cód. Pdto. Civ., al no haberse ofrecido por ninguna de las partes tacha alguna, por ende, menos correspondía su aplicación por el juez de instancia.”