AAP-S2-0055-2023

 “… Asimismo, la autoridad administrativa remitió el Informe DGST-UTC-INF N° 124/2023 de 13 de febrero de 2023 (I.5.10), por el que se da cuenta que el Título Ejecutorial Individual 633434, fue anulado por Resolución Suprema 08072 de 30 de agosto de 2012 y que el referido Título Ejecutorial correspondía a otra persona y otro lugar, distinto al que se consigna en el Certificado de Tradición de 9 de noviembre de 2022, cursante a fs. 100 y vta. de obrados, donde se consigna el siguiente texto: “Que, a la fecha, de la revisión de los datos registrados correspondientes al ámbito territorial de esta oficina (GRAN CHACO 3° Sección), consta que el inmueble Registrado en la Matrícula Computarizada N°6.04.3.01.0006369 Asiento A-1 de fecha 03/06/2002.- Hrs. 16:00:00 y A-2 de fecha 10/11/2022.- Hrs. 10:41:50, registrado a nombre de BYREN ITURRICHA LEMA ELENA ILMA de, con CI 1820354 TJA., Tipo Inmueble - (FUNDO RUSTICO), Ubicación CANTON SAN ANTONIO-VILLA MONTES- TARIJA, Designación - EX-FUNDO ITACUA, Superficie ****500.0000 Hectáreas, Medidas NO SE CONSGNA, Norte - N.: HILARIO SORUCO, Este - S.: CESAR PIZARRO, Sur E.: HILARIO SORUCO, Oeste - O.: LUISA PEÑA, Observaciones - PROPIEDAD AGRARIA.-El inmueble registrado en la Matrícula Computarizada N° 6.04.3.01.0006369 a la fecha reconoce la Siguiente Tradición: -001.- Que, en la Partida N° 619 del Libro Primero de Propiedad Agraria de la Provincia Gran Chaco Inscrito al Folio N° 31 del Anotador de Fecha 01 de septiembre de 1987, registrado a nombre de WENCESLAO PEÑA, adquirido mediante Titulo Ejecutorial Individual 633434, Resolución Suprema N° 17293.- Fecha de la Resolución Suprema 24 de Diciembre de 1973, Otorgado por el Presidente de la Republica General Hugo Banzer Suarez y Refrendado por el Presidente del Consejo Nacional de Reforma Agraria Dr. Jorge Rioja Roca en fecha 05/09/1974.- (…)” (sic.), en tal virtud, se acredita que el antecedente agrario que sustenta el derecho propietario de la parte demandada, además de estar anulado como emergencia del proceso de saneamiento (1.5.11), no correspondía a la persona que se consigna en el Certificado de Tradición emitida por Derechos Reales; en tal circunstancia y no obstante su validez formal, al estar subsistente el registro público de la propiedad de la parte demandada, la misma genera duda razonable respecto a su eficacia jurídica, siendo que además y conforme se tiene acreditado por los Informes emitidos por el Técnico del mismo Juzgado Agroambiental (I.5.8 y I.5.9) y por la prevalencia que cobra en jurisdicción agroambiental un Título pos saneamiento como es el Título Ejecutorial N° SAN-TCO TRJ0001 de 30 de julio de 2008 (I.5.3), que al ser el resultado del proceso de regularización de derecho propietario, sustanciado en vigencia de la Ley N° 1715, otorgado en favor de la “Comunidad Indígena del Pueblo Weenhayek”, el mismo debe ser valorado, en atención al derecho colectivo que representan, razón por la que en la valoración probatoria de éste tipo de Títulos Ejecutoriales debe considerarse el origen y alcance del mismo, según la realidad cultural a la que representa, siendo que el mismo constituye un reconocimiento formal que realiza el Estado no solo sobre el derecho a la tierra sino también del territorio, comprendido como el espacio ancestral, donde se desarrolla la cultura, espiritualidad, historia y forma de organización social y política de los pueblos indígenas, lugar donde ejercen el control sobre los recursos naturales y se despliegan todas sus instituciones tradicionales y ancestrales; razón suficiente que conlleva una apreciación implícita, a ser considerada al momento de analizar el primer requisito concurrente (derecho de propiedad no controvertida), en demandas de desalojo por avasallamiento según se tiene explicado en el FJ.II.2 de la presente resolución, debiendo tenerse presente que las pruebas admitidas y producidas en la sustanciación de demandas de desalojo por avasallamiento, deben necesariamente ser valoradas en atención a la realidad cultural de la cual emergen conforme previsión del art. 145.III de la Ley N° 439, que establece: “En la valoración de los medios de prueba, la autoridad judicial, apreciará las mismas tomando en cuenta la realidad cultural en la cual se ha generado el medio probatorio”, según se tiene explicado en el FJ.II.3 de la presente resolución, aspecto que hace a la valoración integral de la prueba.

En atención a lo expresado, se tiene que, revisada la Sentencia recurrida, en el acápite rotulado “I.5. PRUEBAS” se realiza un listado de las pruebas de cargo, de descargo y de oficio, que fueron presentadas, admitidas y producidas; sin embargo, en el acápite rotulado “II.3.1 Prueba documental de cargo” se establece textualmente lo siguiente: “El Folio Real original con Matrícula N°. 6.04.1.01.0003970 a fs. 4 y el Certificado de emisión de título en original de fs. 10, el Plano Catastral original de fs. 12 hacen plena prueba al ser extendidos por autoridad competente conforme señala el artículo 1296 del Código Civil, lo propio el plano catastral surte los efectos del artículo 1312 del Código Civil, documentos que dan cuenta de la ubicación y superficie del predio objeto de la Litis.

La Copia legalizada de la Resolución Nro. 006/2021 emitida por el Directorio de la CIDOB a fs. 5-9, el documento original acta de entrega de fs. 11, el acta Nro. 1/2021 en copia legalizada de Asamblea Extraordinaria de Capitanes del Pueblo Weenhayek y posesión del directorio de fs. 13-23, acreditan la representación legal del Capitán Grande del Pueblo Weenhayek, elegido por normas Y procedimiento propios.

Los registros fotográficos de fs. 24-26 son valorados conforme el artículo 1312 del Código Civil que muestran los trabajos realizados por los demandados en el área en conflicto, y que por la prueba documental analizada se forma convicción que estos han sido realizados al existir causa jurídica, de igual manera nos muestra el uso y aprovechamiento forestal que se está realizando en el área” (sic.), de donde se advierte una simple referencia a la prueba documental, sin realizar una valoración integral del Certificado de emisión de Título Ejecutorial N° SAN-TCO TRJ0001, donde se hubiere analizado su validez formal y material, así como la eficacia jurídica que el mismo representa, extrañándose una contrastación de éste medio de prueba con los otros medios de prueba que hacen a la comunidad de la prueba; habiendo realizado fortuitas conclusiones sobre el particular en el acápite rotulado “II.3.4. Prueba de oficio o a requerimiento”, donde textualmente señala lo siguiente: “El Informe DGST-UTCINF N°. 124/2023 de fecha 13/02/2023 de fs. 298-299, proveniente del INRA Departamental Tarija es valorado conforme señala el artículo 1296 del Código Civil, donde producto del mismo nos informan que el Titulo Ejecutorial Individual 633434 (ver fs. 100 certificado de tradición), se encuentra anulado por Resolución Suprema N. 08072 de fecha 30/08/2012; asimismo se informa que el Titulo referido corresponde a Guillermo Gallardo Cardozo. De lo que se presume que existe un mismo número de Título a nombre de personas diferentes. Que, la Resolución Suprema en copia legalizada N. 08072 de 30/08/2012 de fs. 310-310-314, de igual forma es valorada conforme señala el artículo 1296 del Código Civil misma que en su parte resolutiva 1. dispone: "Anular el Título Ejecutorial Individual con antecedente en la Resolución Suprema Nro. 171307 de fecha 24 de diciembre de 1973 del expediente Agrario de Dotación Nro. 24156 al haberse identificado vicios de nulidad absoluta (4) del predio denominado las Lomitas, ubicado en el Cantón Tiquipa (-). Del beneficiario Guillermo Gallardo Cardozo con Numero de Título 633434 con una superficie individual de 860,1000 Has. De lo que se extrae y confrontando con el Certificado de Tradición de fs. 100 que no existe coincidencia ni en el nombre del beneficiario (Guillermo Gallardo Cardozo) ni en la superficie con el predio objeto de conflicto.” (negrillas y subrayado incorporados), conclusiones que generan duda razonable en cuanto a la eficacia jurídica de las citadas pruebas de descargo, por las que se habría acreditado el derecho privado de propiedad de la parte demandada y que según la autoridad judicial acreditaría “casusa jurídica” que justifica las medidas de hecho, sin haber realizado un análisis ponderativo entre el Título Ejecutorial Colectivo y la Certificación de Tradición del derecho de propiedad de la parte demandada.

Finalmente, se advierte omisión en la valoración de la prueba de oficio, cuando a fs. 332 de obrados, textualmente refiere: “El informe original del INRA DDT-AATINE N°. 011/2023 de fecha 31/03/2023 de fs. 320-321, si bien reúne los requisitos establecidos por el artículo 1296 del Código Civil, no se los valora nuevamente por ser repetitivo del informe de fs. 298-299”, de la revisión de la citada prueba de oficio, descrita en los puntos I.5.10 y I.5.12 de la presente resolución, se advierte que el contenido de los Informes emitidos por la autoridad administrativa (INRA), tiene aspectos en común en relación a la falta de coincidencia de datos relativos al Título Ejecutorial Individual N° 633434, siendo que el mismo no correspondería al Expediente Agrario N° 24133, denominado predio “ITACUA”; en virtud a tal contradicción, la autoridad administrativa en el Informe DDT-AATINF No 011/2023 de 31 de marzo de 2023 (I.5.12), recomienda textualmente lo siguiente: “En consideración por lo manifestado en línea arriba, se sugiere coordinar con la Jueza Agroambiental de Villa Montes para precisar cuál es el número de Título Ejecutorial Individual emitido por el Ex Consejo Nacional de Reforma del expediente agrario N° 24133, para emitir una información correcta y fehaciente y no incurrir en errores”, situación que no fue considerada y menos valorada, a fines de emitir una decisión congruente y debidamente fundamentada. Asimismo, y considerando los alcances de la previsión del art. 220.III.c) de la Ley N° 439, y a efectos de otorgar certeza y seguridad jurídica, correspondía a la Jueza Agroambiental de Villamontes, con carácter previo requiera y coordine con el INRA a fin de identificar con precisión los datos de los antecedentes agrarios y su ubicación, realizando la sobreposición correspondiente.

Por tanto, se advierte que la Autoridad judicial de instancia, incurrió en transgresión al debido proceso al omitir valorar integralmente la prueba, por lo que la sentencia recurrida en casación, incumplió la previsión del art. 213.II.3 de la Ley N° 439, que establece: “La parte motivada con estudio de los hechos probados y en su caso los no probados, evaluación de la prueba, y cita de las leyes en que se funda, bajo pena de nulidad. Esta parte, para el caso de fundarse en jurisprudencia ordinaria o constitucional, se limitará a precisar de manera objetiva las razones jurídicas del precedente, sin necesidad de hacer una transcripción del fallo que oscurezca la fundamentación”, incumplió su rol de director del proceso y su condición de garante primario de derechos fundamentales, conforme lo establecen los arts. 1 num. 4) y 180 de la CPE, según se tiene expresado en el FJ.II.5, habiéndose vulnerado el debido proceso; correspondiendo recordar que todos los derechos, valores y principios obligan a las partes y las autoridades sea en el ámbito judicial, administrativo o particular a regir sus actos en observancia de los mismos, y por ello, el Tribunal Agroambiental, en la tramitación de los procesos que sustancia, fue ratificando y materializando dichos postulados, y dando orientación al mundo litigante en cuanto a su operatividad, que ante todo, alcanza en primera instancia, a quienes administran justicia a su observancia, cuyo fin es el acceso a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones; así se tiene que, el mismo está expresamente inmerso en la norma fundamental, en los arts. 178.I de la CPE, que dispone: “La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos”, así también en el art. 180.I de la Norma Suprema, que prevé: “La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez”, relacionado a estas dos normas constitucionales, se halla previsto el art. 115.II de la CPE, que expresa: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”, aspectos que en el presente caso, fueron soslayados en su consideración y aplicación prevalente, por lo que corresponde la aplicación del art. 106.II con relación al art. 220.III.c) de la Ley N° 439, en virtud de la supletoriedad prevista por el art. 78 de la mencionada Ley N° 1715”.