AAP-S2-0034-2023

Dentro del proceso de Mensura y Deslinde, los demandados Gonzalo Molina Jiménez y Evangelina  Mamani Meneces de Saavedra, interponen recursos de casación contra la Sentencia N° 02/2023 de 30 de enero de 2023 que resolvió declarar probada la demanda, pronunciada por el Juez Agroambiental de Quillacollo; En virtud a los argumentos jurídicos de los recursos de casación planteados y las contestaciones, el Tribunal identifica los siguientes problemas jurídicos posteriormente resueltos: 1) Si correspondía al Juez Agroambiental revisar los antecedentes del proceso de saneamiento; 2) Si la Autoridad Jurisdiccional revisó y valoró la documentación y prueba de descargo, conforme lo dispuesto por los arts. 1286, 1309 y 1310 del Código Civil; 3) Si el Informe Técnico, realizado por el Perito de Oficio y el del Apoyo Técnico del Juzgado Agroambiental, no se habrían realizado conforme a las normas del saneamiento del INRA, toda vez que no tendían precisión para ubicar puntos geodésicos; y, 4) Si la Autoridad judicial definió y tramitó el proceso conforme lo determinado en el art. 452 de la Ley N° 439.

La Sala Segunda del Tribunal Agroambiental, declara INFUNDADOS los recursos de casación interpuestos por Evangelina Mamani Meneces y Gonzalo Molina Jiménez, por consiguiente, se mantiene firme y subsistente la Sentencia No. 02/2023 de 30 de enero de 2023; la decisión es asumida tras establecer:

1. Respecto a que correspondía al Juez Agroambiental revisar los antecedentes del proceso de saneamiento.- Concluye que, si los recurrentes consideraban que el proceso de saneamiento, del cual emergió el Titulo Ejecutorial N° SPP-NAL131537, contenía deficiencia o vicios de nulidad, les correspondía acudir a la vía llamada por ley, a objeto de su impugnación, toda vez que, el Juez Agroambiental de Quillacollo, no es la autoridad competente para observar la legalidad o ilegalidad del proceso de saneamiento, menos aún le corresponde, dentro del proceso de Mensura y Deslinde, solicitar ante el INRA los antecedentes del proceso de saneamiento, a fin de verificar lo manifestado por los demandados sobre la conformidad de linderos, toda vez que la finalidad del proceso de Mensura y Deslinde, es la medición del predio a efectos de ratificar y determinar el límite de una propiedad a través de datos geográficos consistentes en la mensura y el amojonamiento, no siendo su finalidad u objeto, determinar y otorgar el derecho propietario y menos cuestionar o resolver la validez de los mismos, de lo contrario se tergiversaría la naturaleza y finalidad del proceso; en consecuencia, lo argumentado por los recurrentes, carece de asidero legal que respalde su petición, por lo que no existe ninguna vulneración al respecto.

2. Respecto a si la Autoridad Jurisdiccional revisó y valoró la documentación y prueba de descargo, conforme lo dispuesto por los arts. 1286, 1309 y 1310 del Código Civil.- Los recurrentes no han demostrado la falta de revisión o valoración de la prueba aportada, no existiendo ninguna omisión por parte del Juez Agroambiental de Quillacollo, que amerite la nulidad, pues en la sentencia recurrida, se analiza las pruebas presentadas, tanto de cargo como de descargo, vinculandolas al proceso de mensura y deslinde.

3. Si el Informe Técnico, realizado por el Perito de Oficio y el del Apoyo Técnico del Juzgado Agroambiental, no se habrían realizado conforme a las normas del saneamiento del INRA, toda vez que no tendrían precisión para ubicar puntos geodésicos.- Se tiene que, la observación realizada en el recurso de casación, va dirigida a aspectos netamente técnicos que correspondía sean observados en el momento procesal oportuno, cuando fue notificado el informe técnico a las partes, teniéndose en consecuencia, por  precluido su derecho a observar el mismo y por lo tanto convalidado el acto.

Respecto a que, si la Autoridad judicial definió y tramitó el proceso conforme lo determinado en el art. 452 de la Ley N° 439.- De los memoriales presentados por el demandante, se tiene que, ya existía conflicto respecto a los límites de la propiedad del demandante y los demandados, incluso con anterioridad a la interposición de la demanda de Mensura y Deslinde, situación que hace que en el presente caso, no se plantee la demanda como una demanda voluntaria, ya que resulta evidente la oposición de los demandados, conforme lo señalado por el actor en sus memoriales, motivo por el cual el Juez de Instancia, tramitó la causa en la vía contenciosa, imprimiéndole el trámite establecido en la Ley N° 1715 para el proceso oral agroambiental, corriéndose en traslado la demanda de Mensura y Deslinde interpuesta por Manuel Jesús Castro Castro, a los demandados Gonzalo Molina Jiménez y Ángel Saavedra Mamani, para que contesten dentro del término de ley, conforme se tiene del Auto de Admisión de 04 de julio de 2022, por lo que no resulta evidente lo manifestado por los recurrentes y menos aún ha existido vulneración del derecho a la defensa y el debido proceso, como erróneamente manifiestan.

REVISIÓN DE ANTECEDENTES DE PROCESO DE SANEAMIENTO

El Juez Agroambiental no es la autoridad competente para observar la legalidad o ilegalidad del proceso de saneamiento, menos aún le corresponde, dentro del proceso de Mensura y Deslinde, solicitar ante el INRA los antecedentes del proceso de saneamiento, a fin de verificar lo manifestado por los demandados sobre la conformidad de linderos, toda vez que, la finalidad del proceso de Mensura y Deslinde es la medición del predio a efectos de ratificar y determinar el límite de una propiedad a través de datos geográficos consistentes en la mensura y el amojonamiento, no siendo su finalidad u objeto, determinar y otorgar el derecho propietario y menos cuestionar o resolver la validez de los mismos, de lo contrario se tergiversaría la naturaleza y finalidad del proceso.

FJ.II.2. La naturaleza jurídica, presupuestos y procedimiento aplicable para la demanda de Mensura, Deslinde y Amojonamiento.

En previsión de los arts. 30 y 39 numeral 3 de la Ley N° 1715, modificado por la Ley 3545, y 152 parágrafo I numeral 9 de la Ley N° 025, corresponde a la judicatura agraria, hoy Jurisdicción Agroambiental, el conocimiento y la resolución de todos los conflictos emergentes de la posesión, derecho de propiedad y actividad agraria o de naturaleza agroambiental, así como de la actividad forestal, biodiversidad, ambiental, sobre uso y aprovechamiento de aguas y otros que le señale la ley, por ende, esta instancia tiene jurisdicción y competencia plena, para conocer y sustanciar la demanda de Mensura y Deslinde de predios agrarios. Es así que, por determinación de los arts. 113 y 1459 del Código Civil, aplicables por la permisión del art. 78 de la Ley N° 1715, establecen: “El dueño de un fundo puede obligar a su vecino, en cualquier tiempo, al deslinde y amojonamiento”; asimismo, dispone que: “I. Cuando el límite entre dos fundos es incierto, el propietario que tenga interés puede pedir el deslinde. II. Se admite toda clase de prueba, y a la falta de ellas el juez se atiene a los límites señalados por el catastro”. Es importante remarcar que aun practicado con todas las ritualidades debidas, la Mensura y Deslinde, no otorga ni suprime derechos de posesión o de propiedad mientras no se siga juicio contradictorio y ordinario en el que recaiga ejecutoria; sino en consecuencia solo aclarar la división de las propiedades, evitar que desaparezcan las señales antiguas, fijar otras nuevas y prevenir así pleitos. Asimismo, el numeral 7 del art. 450 de la Ley N° 439 (Código Procesal Civil), haciendo una enunciación, refiere que son procesos voluntarios , entre otros, la “Mensura y deslinde”; en cuanto a su procedencia y objeto, los arts. 448 y 449 de la citada norma adjetiva civil, establecen que sólo se tramitarán en procesos voluntarios asuntos o cuestiones en los que no exista conflicto u oposición de intereses; y que los procesos voluntarios tendrán por objeto: 1. Asegurar la realización válida y legítima de determinados actos jurídicos controlar la legalidad de ellos; y, 2. Comunicar formalmente ofertas, iniciativas u otros actos de voluntad. Es decir que, en los procedimientos voluntarios no hay dos partes como en los procesos. En estos procedimientos no hay contención; así pues, a través de la oposición que se suscite, el proceso voluntario se transforma, total o parcialmente en un proceso contencioso. La oposición es el acto cuyo objeto consiste en que no se lleve a efecto lo que otros se proponen, vaya esto en perjuicio de uno mismo o de otro.

Conceptualizando el proceso voluntario, Guillermo Cabanellas en su Diccionario Jurídico, señala: “Se consideran actos de jurisdicción voluntaria todos aquellos en que sea necesaria o se solicite la intervención del Juez sin estar empeñada no promoverse cuestión alguna entre partes conocidas y determinadas. En ellas son hábiles todos los días y horas. Sin necesidad de solemnidades son admitidos los documentos que se presenten y las justificaciones que se ofrezcan. Apenas se haga oposición por quien tenga interés en el asunto, se hará contencioso el expediente, sin alterar la situación en que estuviesen, al tiempo de ser incoado, los interesados y el objeto de aquél; y se sujetará a los trámites del juicio que corresponda. El proceso de jurisdicción voluntaria tiene como objeto hacer constar hechos o realizar actos en que no esté presente la controversia entre partes y hayan producido o deban producir efectos jurídicos, siempre que no se provoque perjuicio para persona determinada”.

Asimismo, es pertinente enfatizar que, las acciones de Mensura y Deslinde tienen acepciones diferentes, siendo necesario conceptuar ambos institutos:

La mensura, proviene de la voz latina “mensurar” que significa medir, se limita a la mensura o medición del área del terreno para determinar sus límites y ubicarlo correctamente en base a un título de propiedad; es decir, se limita al examen de la operación geodésica y no declara ningún derecho; en otros términos, a través de la mensura se pretende la ubicación del título sobre el terreno, trazando su forma geométrica en un plano, que es la expresión gráfica de las indicciones contenidas en el título, para comprobar si la superficie poseída es la que éste indica. De ahí surgen sus presupuestos: a) El derecho de propiedad sobre el fundo objeto de demanda, acreditado mediante título auténtico de dominio; y, b) Que exista la necesidad de medir el terreno para determinar su extensión.

El deslinde, según Cabanellas, es la distinción, señalamiento o determinación de los linderos de las fincas contiguas, de términos municipales o provinciales y de montes o caminos con respecto a otros lugares. El deslinde, es el acto formal de señalar o precisar los linderos de una propiedad, cuando existe imprecisión de éstos y como consecuencia directa del deslinde, se dará el amojonamiento que consiste en la marcación física de los límites sobre el terreno. El amojonamiento, es el acto de señalar con mojones o hitos, los linderos de una propiedad rústica o urbana no edificada, sirve para plasmar físicamente los límites de la propiedad. De ahí surgen los presupuestos o requisitos para su procedencia, cuales son: a) El derecho de propiedad sobre el fundo objeto de demanda, acreditado mediante título auténtico de dominio; b) Que haya confusión entre dos o más predios y exista la necesidad de aclarar en todo o en parte los linderos de los fundos, de cuyo deslinde se discute; c) Que los fundos sean contiguos o colindantes; y, d) que los predios pertenezcan a distintos propietarios. Así también señala Alsina, que la acción de deslinde tiene por objeto: a) Que los límites confusos se investiguen mediante el estudio de los títulos de ambas propiedades y la mensura de cada una de ellas; b) Que se demarquen, colocándose mojones u otras señales que indiquen el curso de la línea divisoria. Otros autores como Arturo Alessandri y Somarriva Undurraga, señalan que, la acción de deslinde comprende dos fases: Una jurídica delimitación, tendiente reconocer la línea separativa y un material, el amojonamiento apropiados llamados hitos o mojones; o como los hermanos Mazeaud, manifiestan que: Las delimitaciones de los predios contiguos se realizan por el deslinde, que comprende dos operaciones, una, la determinación de los límites y otra, la fijación de mojones.

Alcance de la Mensura y Deslinde.

Al respecto, el AAP S1^a N° 100/2021 de 26 de noviembre de 2021, estableció los alcances de los Procesos de Mensura y Deslinde, en este sentido señaló: “El art. 113 del Código Civil, respecto al deslinde y amojonamiento, señala: “El dueño de un fundo puede obligar a su vecino, en cualquier tiempo, al deslinde y amojonamiento”, asimismo, en el art. 1459 de la misma norma, establece: “I. Cuando el límite entre dos fundos es incierto, el propietario que tenga interés puede pedir el deslinde”.

Por su parte, para “Messineo Francesco”, la mensura y deslinde, es una reivindicación parcial porque su función es reconducir dentro de la órbita del derecho del propietario del inmueble, una parte de su fundo que está incorporada al fundo vecino, de manera que el lindero entre ambos fundos es incierto, y, por consiguiente, es incierta la extensión misma de los dos fundos. Ante esa acepción y situación incierta, procede la aplicabilidad de la mesura y deslinde, cuyo instituto jurídico permitirá determinar, definir la ubicación, posición geográfica y los límites de los predios, es decir, a través de la mensura se procederá a medir el área del terreno para determinar sus límites y ubicarlo correctamente, considerando para este hecho documentos fidedignos que prueben la autenticidad de su reclamo, en este caso la acreditación de la titularidad de su derecho propietario, así como la expresión gráfica reflejada en un plano cuyos datos coincidan con el título emitido.

Ahora bien, en cuanto al deslinde, para Cabanellas, es la “distinción, señalamiento o determinación de los linderos de las fincas contiguas, de términos municipales o provinciales y de montes o caminos con respecto a otros lugares. El deslinde para su mayor efectividad suele completarse por hitos o mojones, que constituye la operación denominada amojonamiento”. El deslinde define definitivamente la línea de separación de las colindancias”.

De donde se puede concluir que, el alcance de la Mensura y Deslinde es, en primer lugar, la medición del predio a efectos de ratificar y determinar el límite de una propiedad a través de datos geográficos consistentes en la mensura y el amojonamiento.