AAP-S2-0011-2023

Dentro del proceso de Desalojo por Avasallamiento, el demandado interpone Recurso de Casación contra la Sentencia N° 01/2022 de 26 de octubre, que declara probada la demanda, pronunciada por el Juez Agroambiental San Pedro de Buena Vista del departamento de Potosí; recurso interpuesto con base en los siguientes argumentos:

I.2.1. Bajo el rótulo “Casación en el fondo impersonería, ausencia de legitimación activa, violación de la ley aplicable”, denuncia lo siguiente:

Haciendo referencia al Auto Agroambiental Plurinacional (AAP) S1^a N° 81/2022 de 7 de septiembre, expresando que la discrecionalidad jurisdiccional no puede estar por encima de la ley, alude a que el Juez de instancia admitió la demanda de desalojo por avasallamiento sin considerar el alcance del art. 5.I num. 1 de la Ley N° 477, en razón a que el actor no acreditó ser el propietario del área motivo de controversia, al efecto, cita el AAP S2^a N° 92/2018 de 21 de noviembre, relativa a la legitimación activa como presupuesto procesal para la admisión de una demanda, aspecto que considera concordante con lo establecido en el Auto Nacional Agroambiental (ANA) S2a N° 75/2016, relativo a la acreditación del derecho propietario para la admisión de una demanda de desalojo por avasallamiento, situación que en el presente caso, no fue acreditada por el actor, con ninguna clase de documentación, razón por la que reflexiona que debe casarse la sentencia recurrida.

Situación que se habría agravado, cuando la autoridad judicial de instancia, admitió al Director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), en su condición de tercerista, quien aparentemente tendría la titularidad sobre una fracción de la propiedad motivo de controversia, entidad que tendría la titularidad del derecho propietario, aspecto que considera una irregularidad que da cuenta que la parte actora no tendría derecho propietario y en consecuencia, carecería de personería suficiente para haber activado la demanda, por cuanto jamás acreditó la condición de propietario del Parque Nacional “Torotoro” y menos la propiedad de Tierra Fiscal N° 4, reiterando que esta falta de capacidad jurídica como elemento indispensable para iniciar un proceso nunca fue acreditada por la parte actora; situación que vulnera la previsión del art. 35.III de la Ley N° 439.

I.2.2.- Bajo el rótulo “Casación en el fondo por vulneración de la norma por tercería”, señala que: Al tratarse de un proceso sumarísimo, resulta improcedente la tramitación o incorporación de un tercerista como es el caso del INRA y la Comunidad de Huayra Q’asa, cuya existencia y vigencia no son negadas por el recurrente, siendo que el área en conflicto esta distante al lugar de la referida Comunidad, que el instituto de la tercería no esta previsto en la Ley N° 477, razón por la que considera la improcedencia de la misma por falta de legitimación activa, más cuando no se acredita derecho propietario o posesión legal, siendo que la Ley N° 477, no establece posibilidad de un régimen de supletoriedad como ocurre en los procesos tramitados con la Ley N° 1715; citando el art. 50.II de la Ley N° 439, reitera el interés legítimo que debe amparar a sujetos originalmente no demandantes ni demandados.

En cuanto al INRA, señala que tal institución había acompañado una Resolución Suprema y no un Título Ejecutorial que corresponde para acreditar el derecho propietario, razón por la que tal institución no estaría legitimado para “demandar” (sic.).

I.2.3.- Por otra parte, denuncia vulneración al art. 24 de la CPE, al haberse sustanciado audiencia de inspección sin la participación de partes, por cuanto le fue negada su intervención, aspecto que se encontraría acreditado en la grabación solicitada 3 veces, pero que jamás se la habría entregado, siendo que en el Acta de audiencia no se registró tal extremo; asimismo, en su oportunidad habría formulado observaciones al Informe Técnico de 24 de octubre de 2022, notificado el 27 de octubre de 2022, que en aplicación del art. 205.IV de la Ley N° 439, formuló impugnación mediante incidente pidió la nulidad del citado informe ante la usurpación de funciones, pidiendo se consideren los siguientes aspectos formales: a) El trabajo técnico topográfico contiene diferencias con el informe técnico elaborado en el proceso de saneamiento, por cuanto en éste último se utilizaron equipos GPS con alta precisión, aspectos evidenciable en la sentencia y la complementación a la misma; b) El técnico del Juzgado Agroambiental no puede emitir criterio respecto a los plantines porque no es su especialidad, implicando ello, una usurpación de funciones; c) En el citado informe técnico se introducen juicios de valor en relación a las mejoras observadas en el terreno, siendo que en los dictámenes técnicos se manifiesta lo que se observa y no lo que se cree o se imagina. Por tales aspectos, considera que el citado informe técnico es nulo.

I.2.4.- Con el rótulo “Violación de la norma contenida en el art. 226 del Código Procesal Civil, enmienda y complementación” y observando la fecha de la interposición del memorial de solicitud de complementación de la sentencia recurrida, por cuanto la sentencia habría sido notificada en audiencia y correspondía la solicitud de complementación en la misma audiencia, conforme previsión del art. 226.III-IV de la Ley N° 439, asimismo, señala que el pedido de complementación versa sobre puntos y coordenadas que difieren de las establecidas en la demanda, que la complementación afecta la parte sustancial de lo decidido en sentencia, al efecto, cita y transcribe parte del Sentencia Constitucional N° 341/2013 de 20 de mayo; consiguientemente refiere que, cualquier modificación a dicha sentencia sería nulo de pleno derecho  y se vulneraría la previsión del art. 226 de la Ley N° 439.

La Sala Segunda del Tribunal Agroambiental, dispone Anular Obrados hasta el Acta de Reinstalación de Audiencia Pública de 31 de octubre de 2022, en virtud de que el juez, incumplió su deber de cuidar que el proceso sea tramitado sin vicios de nulidad debiendo tramitar la prueba pericial, conforme previsión del art. 201 de la Ley N° 439 y proseguir la tramitación del proceso conforme a derecho.

DEFECTOS DE TRAMITACIÓN

Dentro de un proceso de desalojo por avasallamiento, la autoridad judicial debe otorgar la posibilidad para que el Apoyo Técnico del Juzgado que elaboró el respectivo informe pericial, pueda salvar o explicar las observaciones realizadas por las partes, no hacerlo sería omitir el deber de cuidar que el proceso se desarrolle sin vicios de nulidad y de garantizar el debido proceso en su componente aplicación objetiva de la ley.

…”FJ.II.3 de la presente resolución, más cuando en la propia Acta de Audiencia (I.5.2) se estableció, textualmente: “Quedando pendiente la PRUEBA PERICIAL que será puesta en consideración antes de la reinstalación de la audiencia de lectura de la sentencia”, hecho que implica que la propia autoridad jurisdiccional determinó que la prueba pericial debe ser puesta en consideración de las partes, para su correspondiente pronunciamiento, situación que guarda armonía con la previsión normativa del art. 201.I de la Ley N° 439, que establece: “Entregado el dictamen pericial será notificado a las partes, que dentro de los tres días siguientes o en la audiencia de prueba, podrán pedir las aclaraciones o ampliaciones que estimen necesarias, las que serán salvadas por el perito durante el curso de la audiencia o, en su caso, en el plazo que señale la autoridad judicial. El dictamen podrá ser examinado en audiencia, en presencia del perito que lo formuló.”, sin embargo, la autoridad judicial no cumplió con la segunda parte de tal presupuesto normativo, por cuanto, no otorgó la posibilidad para que el Apoyo Técnico del Juzgado que elaboró el respectivo informe pericial pueda salvar o explicar las observaciones realizadas por la parte demandada y en su caso, haber emitido la resolución que en derecho corresponda respecto a la observación realizada mediante memorial cursante a fs. 756 y vta. de obrados; razón por la que se advierte que la autoridad judicial de instancia omitió el deber de cuidar que el proceso se desarrolle sin vicios de nulidad, garantizando el debido proceso en su componente aplicación objetiva de la ley, según se tiene explicado en el FJ.II.4 de la presente resolución(…).

La prueba pericial de oficio y su tramitación en demandas de desalojo por avasallamiento.

“…el Auto Agroambiental Plurinacional S2^a N° 01/2022 de 4 de febrero, invocando lo establecido en el Auto Nacional Agroambiental S1^a N° 44/2017 de 22 junio, que estableció: “…sin considerar que conforme a derecho correspondía de manera previa a la emisión de la citada Sentencia poner a conocimiento de las partes el Informe Técnico, conforme lo establece el art. 201 (Entrega de Dictamen) de la Ley N° 439, aplicable por la supletoriedad dispuesta en el art. 78 de la Ley N° 1715, el cual dispone: "I. Entregado el dictamen pericial será notificado a las partes, que dentro de los tres días siguientes o en la audiencia de prueba, podrán pedir las aclaraciones o ampliaciones que estimen necesarias, las que serán salvadas por el perito durante el curso de la audiencia o, en su caso, en el plazo que señale la autoridad judicial. El dictamen podrá ser examinado en audiencia, en presencia del perito que lo formuló. II. En la misma oportunidad, las partes podrán impugnar las conclusiones del peritaje, acompañando las pruebas que las justifiquen o, si correspondiere, solicitarán nuevo peritaje, debiendo la autoridad judicial resolver en audiencia. III. La autoridad judicial podrá requerir del perito las aclaraciones y complementaciones que entienda necesarias y disponer, a pedido fundado de parte o de oficio, la realización de un nuevo peritaje"...”