AAP-S1-0033-2020

“1. Respecto al primer aspecto denunciado referido a que el Juez de instancia al resolver el incidente planteado por la Asociación de Pueblos Guaraníes (YAKU-IGUA) contra el Auto de admisión, bajo el argumento que la demanda de Pago de Mejoras es manifiestamente improponible, misma que dispuso sin lugar y continuar con la tramitación de la demanda, a contravenido el art. 113.II de la Ley N° 439, así como el art. 115.I concordante con los arts. 395 y 30.II.6 de la CPE (…) Por todas las consideraciones realizadas, se concluye que, el Juez de instancia, al haber dictado el Auto de 18 de marzo de 2018, resolviendo con argumentos suficientes de hecho y derecho el incidente de improponibilidad de la demanda contra el Auto de admisión cursante a fs. 115 de obrados, declarando sin lugar al mismo y disponiendo la prosecución del proceso a efectos que la parte demandante durante el desarrollo de la misma acredite el hecho que fundamenta su pretensión conforme establece el art. 1283 del Cód. Civ., actuó conforme a derecho. Asimismo, es pertinente señalar que el referido Auto de 18 de marzo de 2018, no fue objeto de recurso de reposición, conforme establece el art. 85 de la Ley N° 1715 modificada por la Ley N° 3545, quedando en consecuencia ejecutoriado, conforme se evidencia del acta de audiencia principal cursante a fs. 147 de obrados, y que si bien la parte ahora recurrente habría señalado que se reserva el uso de algún recurso, este no tiene incidencia jurídica a lo dispuesto en la norma supra señalada dado que la misma de forma clara establece que "las providencias y autos interlocutorios simples admiten recurso de reposición, sin recurso ulterior. Si estas resoluciones fueron dictadas en audiencia deberán ser impugnadas en la misma y resolverse en forma inmediata por el Juez"; por lo que parte ahora recurrente al no haber refutado el Auto de 18 de marzo de 2018, dejó precluir su derecho

(…)

2. Respecto al segundo aspecto denunciado relativo a la violación del debido proceso por infringir el principio de legalidad previsto en el art. 1.2 de la Ley N° 439, en correspondencia a los arts. 106.I y 119 de la CPE, en razón a que el Juez de instancia hubiera admitido hechos nuevos que no estaban expresados en la demanda principal, no habiendo sido citada con la ampliación o modificación de la demanda, infringiendo el art. 83 de la Ley N° 1715, en lo que respecta a la actividad 1, que establece la alegación de hechos nuevos, siempre que no modifiquen la pretensión o la defensa, así como aclaración de los fundamentos, si resultaren oscuros o contradictorios (…) se evidencia que la parte demandante no efectuó alegación de nuevos hechos, sino aclaraciones a la demanda, aspecto que fue reconocido por la abogada de la parte demandada (ahora recurrente), quien no hizo observación alguna al respecto, señalando más bien que "no existen hechos nuevos y como no contestaron a la demanda, se ratificaron en el incidente de nulidad de improponibilidad con toda la prueba adjuntada a la misma"; en consecuencia se advierte que lo acusado carece de veracidad, consiguientemente, no existe por parte del Juez a quo vulneración del art. 1.2 de la Ley N° 439, art. 83.1 de la Ley N° 1715 modificada por la Ley N° 3545, así como de los arts. 115 y 119 de la CPE.

(…)

3. Respecto a la transgresión del art. 83 numeral 3 de la Ley N° 1715, dado que el Juez de instancia referente a la fijación del objeto de la prueba, solo hubiera admitido la prueba de la parte actora y no así de la parte demandada, además de haber realizado una audiencia de inspección judicial sin que la misma haya sido admitida ni ordenada; (…) se colige que el Juez a quo, procedió con la admisión de toda la prueba presentada tanto por la parte demandante como la demandada, aceptando de forma referencial para el primero de los nombrados la literal cursante de fs. 40 a 59, 60 a 62, 75 a 84, 90 a 95 y 107; sin observaciones la documental cursante a fs. 74 y 108 a 112; y rechazando la documental cursante de fs. 6 a 34, por no reunir los requisitos del art. 1311 del Cód. Civ, asimismo admite la prueba testifical de 4 testigos, cuyas declaraciones cursan de fs. 69 a 70; respeto al segundo, señala no habiendo contestado la parte demandada no hay prueba para su consideración.(…) Del análisis efectuado por el Juez de instancia respecto a la prueba presentada tanto de la parte demandante como por la parte demandada, admitiendo en algunos casos, observando y rechazando en otras, no se advierte alguna irregularidad procesal, dado que el Juez tiene facultades para admitir aquella prueba que será conducente a verificar los extremos denunciados y rechazar cuando las mismas sean impertinentes al objeto del proceso; más aún cuando la parte demandada no contesto a la demanda, limitándose a interponer incidente de nulidad contra el Auto de admisión (…) por lo que al indicar el Juez de instancia que no "habiendo contestado la parte demandada no hay prueba para su consideración", no es contradictoria a lo previsto en el art. 83.5 de la Ley N° 1715 modificada por la Ley N° 3545, estando conforme a derecho, al no haber sido propuesta prueba alguna por la parte demandada. En cuanto al reclamo de señalamiento de oficio de la inspección judicial cursante a fs. 149 vta. de obrados, el mismo resulta ser intrascendente, porque la autoridad de instancia como director del proceso, tiene la facultad de fijar de oficio, dicho medio de prueba conforme establece los arts. 24 numeral 3 y 136.III de la Ley N° 439.

(…)

1. Respecto a la denuncia referida a la interpretación errónea y aplicación indebida de la ley (art. 97 del Cód. Civ.), por parte de la autoridad de instancia, al considerar dicha norma, como si se tratara de una posesión civil siendo que no es aplicable en materia agraria, otorgando derechos a hechos y actos ya calificados como ilegales en sede administrativa, sin considerar el predio objeto de demanda de Pago de Mejoras, ha sido declarado Tierra Fiscal y dotado a la Asociación de Pueblos Guaraníes (YAKU-IGUA), mediante el cual se acreditaría que los demandantes en el proceso de saneamiento, no demostraron posesión traducida en el cumplimiento de la Función Económica Social;(…) se evidencia de manera clara que el Juez a quo, no efectuó un debido análisis de donde deviene el derecho propietario de la Asociación de Pueblos Guaraníes (YAKU-IGUA), omitiendo por una parte, valorar de forma correcta la literal cursante de fs. 35 a 39 y 59, consistente en la Resolución Suprema N° 03985 de 10 de septiembre de 2010, plano topográfico y Título Ejecutorial TIOCNAL-000170 de 28 de agosto de 2915, y por otra parte, omite considerar la documental cursante de fs. 40 a 45 vta. y 46 a 58 de obrados, relativa a la Sentencia Agroambiental Nacional S1a N° 42/2014 de 30 de septiembre de 2014 y Sentencia Constitucional Plurinacional 0345/2018-S3 de 31 de julio de 2018, puesto que la documental de referencia, inequívocamente demuestran que las mejoras introducidas dentro del área dotada a favor de la Asociación de Pueblos Guaraníes (YAKU-IGUA), fueron sometidas a un proceso de saneamiento, y que no pueden ser objeto de reconocimiento de Pago de Mejoras conforme prevé el art. 97 del Cód. Civ. (…)  al haber sido dotada esta superficie a favor de la Asociación de Pueblos Guaraníes (YAKU-IGUA), toda ocupación en dicha superficie es ilegal, en consecuencia, cualquier persona no puede ingresar ya sea a título de poseedor de buena o de mala fe y realizar mejoras en el área, para posteriormente en tal condición solicitar que le sea indemnizado por las mejoras introducidas, máxime, cuando en la Resolución Suprema N° 03985 de 10 de septiembre de 2010, se dispuso de oficio como medidas precautorias la prohibición de asentamientos en cumplimiento a los arts. 345, 453 y 454 del D.S. N° 29215; determinación que fue de conocimiento de Armando Terceros Gallardo y Henrry Terceros Gallardo, (…) por lo que las mejoras pertenecientes a Armando Terceros Cuellar, Henrry Terceros Gallardo, Roberto Herrera Acuña, Adel Romero Quispe, Fortunato Gallardo Rojas y Marcial Mendoza Amador, que fueron identificadas posterior a la emisión y notificación con la Resolución Suprema N° 03985 de 10 de septiembre de 2010, resultan ser ilegales, no siendo pasibles a indemnización alguna como así lo dispone el art. 97 del Cód Civ., más aún, cuando el área dotada a favor de la Asociación de Pueblos Guaraníes (YAKU-IGUA), fue por compensación conforme establece el 72.III del D.S. N° 29215 que señala: "Las propiedades de terceros situadas al interior de las tierras comunitarias de origen que durante el saneamiento reviertan a dominio originario de la Nación, serán consolidadas por dotación a la respectiva tierra comunitaria de origen."; así como el art. 369.III de la misma norma reglamentaria que establece: "Durante el Saneamiento de Tierras Comunitarias de Origen (SAN - TCO) se consolidarán por dotación a la respectiva Tierra Comunitaria de Origen, las propiedades de terceros situadas al interior de las mismas cuyos derechos no fueron reconocidos en la ejecución del saneamiento de la propiedad agraria, así como las identificadas como tierras fiscales"; aspecto que debió ser considerado por el Juez a quo, a efectos de garantizar el ejercicio de los pueblos indígenas u originarios en sus espacios históricos y ancestrales, desarrollando el derecho colectivo y comunitario a través de sus formas tradicionales de organización, en el marco del Convenio 169 y el art. 30 de la CPE; concordante con los arts. 2.I y 3.III de la Ley N° 1715.(…) Asimismo, el Juez de instancia debió considerar el Auto Nacional Agroambiental S1a N° 57/2017 de 15 de agosto de 2017, misma que ratificó la Sentencia N° 05/2017 de 02 de junio de 2017, pronunciada por el Juez Agroambiental de Yacuiba, que declaró probada la demanda de desalojo por avasallamiento interpuesta por la Asociación de Pueblos Guaraníes (YAKUIGUA), contra los demandantes (…) De manera que, el Juez de instancia al no efectuar un debido análisis en sujeción expresa de la normativa especial vigente de la Resolución Suprema N° 03985 de 10 de septiembre de 2010, Título Ejecutorial TIOC-NAL-000170 de 28 de agosto de 29215, Sentencia Agroambiental Nacional S1a N° 42/2014 de 30 de septiembre de 2014 y la Sentencia Constitucional Plurinacional 0345/2018-S3 de 31 de julio de 2018, incurrió en una mala valoración y errónea aplicación del art. 97 del Cód. Civ., al caso concreto, dado que, la Jurisdicción Agroambiental, como parte del Órgano Judicial, se constituye en una jurisdicción especializada, regida por el principio de especialidad del derecho agrario, conforme establece el art. 76 de la Ley N° 1715 modificada por la Ley N° 3545 y como así prevé el art. 186 de la CPE, y los arts. 4 parágrafo I, numeral 2 y 131 parágrafo II de la Ley N° 025, debiendo por tanto aplicar con preferencia la normativa legal vigente que rige la materia”.