AAP-S2-0082-2022

“…Consecuentemente, de la prueba descrita en el punto 1.5.4, consistente en un Informe Técnico Legal DGST - JRV - INF - SAN No 097/2020 de 24 de mayo, emitido por el INRA, emitido conforme la solicitud realizada por el Juez de la causa mediante decreto de 30 de marzo de 2021, conforme lo descrito en el punto 1.5.1, se tiene que el predio denominado "Coimata" parcela 347, parte integrante de la provincia Méndez del departamento de Tarija, objeto de litis, a la fecha de emisión del señalado informe se encontraba en proceso de saneamiento, toda vez que no contaba con Título Ejecutorial que es el único documento que acredita la finalización del proceso de saneamiento, de acuerdo a lo desarrollado en el F.J.II.4 , situación que hace inviable la apertura de la competencia de la Jurisdicción Agroambiental, al encontrarse en proceso la etapa administrativa, misma que concluye con la emisión del Título Ejecutorial, conforme prevé el art. 263 del D.S. N° 29215; consecuentemente, al haberse emitido el Auto de Admisión de 12 de mayo de 2021 descrito en el punto 1.5.3 , sin tomar en cuenta la información contenida en el Informe Técnico Legal del INRA antes referido, el Juez Agroambiental vulneró el debido proceso. Por otra parte, de la lectura del Acta de Audiencia Principal y Pública, descrita en el punto 1.5.5 , se evidencia que el Juez Agroambiental de San Lorenzo, pese a no haber tomado en cuenta el indicado Informe Técnico Legal emitido por el INRA, a momento de admitir la demanda, realiza una descripción del mismo, el cual considera para incorporar al proceso a copropietarios del predio objeto de litigio, sin realizar ningún análisis de la normativa vigente y de la información solicitada para la apertura de la competencia de la Jurisdicción Agroambiental, omisión que también vulnera el debido proceso y las normas aplicables a la materia.

En este sentido, conforme lo señalado y desarrollado en el F.J.II.4, los Jueces Agroambientales, no tienen competencia para conocer y resolver procesos Interdictos respecto a aquellos predios que se encuentren en proceso de saneamiento ante el Instituto Nacional de Reforma Agraria, elemento sine qua non para poder aperturar la competencia de la Jurisdicción Agroambiental, situación que debió ser observada por el Juez Agroambiental de San Lorenzo, más aún cuando fue él quien solicitó al INRA una certificación sobre el estado del proceso de saneamiento.

Que, en el presente proceso se evidencia que la parte plantea el recurso de casación en ejecución de sentencia, situación que no impide que el Tribunal Agroambiental pueda revisar de oficio si las actuaciones del proceso se enmarcan a derecho, o si se incurre en vulneración de la norma procesal vigente y aplicar, como una solución de última ratio, la nulidad procesal con los condicionamientos que la misma ley confiere, conforme lo descrito en el FJ.II.3 , máxime cuando existe evidente violación de los requisitos, formas o procedimientos que la Ley procesal ha previsto para la validez de los mismos; en este sentido, una nulidad de oficio solo procederá cuando la ley así lo determine o exista evidente vulneración al debido proceso en cualquiera de sus componentes, toda vez que la cosa juzgada no constituye un valor absoluto frente a la vigencia y defensa de los derechos fundamentales.

En este sentido, en el presente proceso de Interdicto de Recobrar la Posesión, se evidencia que la Autoridad Jurisdiccional al no haber tomado en cuenta el Informe Técnico Legal emitido por la Autoridad Administrativa competente y aperturar su competencia sin tomar en cuenta que el predio a momento de la admisión de la demanda, se encontraba en proceso de saneamiento, vulneró la norma especial consignada en la Disposición Transitoria Primera de la Ley N° 1715 parcialmente modificada por la Ley N° 3545 de Reconducción Comunitaria, que prevé: "Durante la vigencia del saneamiento de la propiedad agraria los jueces agrarios sólo podrán conocer y resolver acciones interdictas agrarias respecto de predios que aún no hubiesen sido objeto del proceso de saneamiento mediante la resolución que instruya su inicio efectivo o respecto de aquellos predios en los que el saneamiento hubiese concluido en todas sus etapas ..."(negrilla y subrayado nuestros), así como el art. 152.10, que establece: "Conocer interdictos de adquirir, retener y recobrar la posesión de predios agrario, y de daño temido y obra nueva perjudicial; para otorgar tutela sobre la actividad agraria en predios previamente saneados " (negrilla y subrayado añadidos) , situación que incumple derechos y garantías constitucionales, que hacen el debido proceso, toda vez que el mismo no puede conocer del proceso, si la instancia administrativa se encuentra abierta, donde la única entidad competente es el INRA hasta la emisión del Título Ejecutorial; motivo por el cual se concluye que el Juez Agroambiental, ha transgredido su rol de director del proceso establecido en el art. 1.4 de la Ley N° 439 y el principio de verdad material dispuesto en el art. 180.I de la CPE; por lo que, corresponde a esta instancia fallar en ese sentido..”