AAP-S1-0054-2018

Dentro de un proceso doble de Interdicto de Recobrar y Retener la Posesión, la parte demandante (ahora recurrente) del Interdicto de recobrar la posesión,  planteó recurso de casación en la forma y en el fondo, contra la Sentencia N° 02/2018 de 20 de abril de 2018, pronunciada por el Juez Agroambiental de Viacha, argumentando:

1.- La aplicación indebida del art. 369 de la Ley N°439 (proceso extraordinario) y de los art. 1461 y 1462 del Cod. Civ. 

Sobre el Interdicto de Recobrar la Posesión

1.1.- Manifiesta que se habria probado su posesión sobre el predio ya que se presentó prueba consistente en el pago de impuestos de una superficie de 25.5510 ha., certificado de las autoridades originarias de la comunidad y facturas de consumo de luz, lo cual acreditaria su posesión sobre las 10 ha., como tierra individual y 15 ha. colectivas, haciendo un total de 25 ha.

 a) Que la Sentencia N° S-11/2015 de 24 de abril de 2015 habria sido tomada en cuenta por la autoridad judicial  pese a estar en fotocopia simple, dándole la autoridad judicial mayor importancia y  actuando de forma parcializada con los demandados.

 b) Que se habria demostrado  en la inspección que las construcciones realizadas por los demandados son de reciente data lo que fue corroborado por la autoridad originaria, demostrandose el despojo del que fue objeto.

Respecto al Interdicto de Retener la Posesión

1.2.- Que la autoridad judicial sin identificar o mensurar las tierras colectivas y las tierras individuales asumió que el demandante se encontraba en posesión desde 1993 solo  del 50% de las tierra individual y 50% de la tierra colectiva incurriendo en contradicción de lo que se declaró probado en el proceso penal por parte de los actores.

 a) Acusa que la autoridad judicial al determinar que los demandados probaron tener posesión del 50% de la parcela en conflicto tanto en lo individual como en lo colectivo, no precisó en su conclusion desde cuándo datan las construcciones, como tampoco señaló que elemento probatorio lo condujo  a esa conclusión.

 b) Que se habria evidenciado  que los demandados incurrieron en actos materiales de perturbación, esto corroborado  a traves de la denuncia por los delitos de incendio, estragos, robo agravado, instigación, asociación delictuosa y atentados a servicios basicos.

 c) Que la sentencia impugnada de forma subjetiva y alejada de la objetividad carece de motivación y fundamentación, aplicando erroneamente el art. 369 de la L. Nº 439 y arts. 1461 y 1462 del Cód. Civ.

 d) Acusa que la autoridad judicial habria basado su fallo en la Sentencia N° S-11/2015 de 24 de abril de 2015, la cual no es objeto  de las acciones planteadas ya que esta se refiere a la falsificacion de un documento privado.

 e)  Que la autoridad judicial debió otorgarle la tutela ya que las acciones interdictas no causan estado, pero sin embargo  de forma parcializada legalizó el despojo y las perturbaciones del cual fue objeto, quebrantando los arts. 393 y 397 de la C.P.E.

 f) Que la autoridad judicial no habria tomado en cuenta la Disposición Transitoria Octava de la L. N° 1715, ya que al cumplir con las obligaciones y cargos en la comunidad  hizo  que se beneficiaria de tierras colectivas.

2.- La vulneración del art 115 de la CPE  ya que la autoridada judicial no habria cumplido con su deber de motivación fáctica y jurídica en la sentencia, emitiendo un fallo contradictorio e incongruente, ya que no valoró las pruebas admitidas en juicio oral.

Pide se anule obrados o deliberando en el fondo se Case la sentencia y se declare probada la demanda.

Los demandados responden al recurso manifestando: que la norma procesal citada por el recurrente no es aplicable en el presente caso, toda vez que el art. 39.7 de la L. N° 1715, abre la competencia de los Juzgados Agroambientales para conocer los interdictos de recobrar y retener la posesión,  que se evidencia la falsedad en que incurrio la demandante al haber alterado un documento privado, que la prueba testifical de cargo no aporto nada al proceso, que, la demandante hizo una mala interpretación del interdicto de retener y recobrar la posesión, tratando de adueñarse de terrenos que no le pertenecen y que jamás estuvo en posesión, por lo que solicitan una vez dictada la Sentencia, sea con costas, por haber interpuesto el presente recurso solo con fines dilatorios.

El Tribunal Agroambiental,  declaró INFUNDADO el recurso de casación interpuesto, por la demandante contra la Sentencia Nº 002/2018 de 20 de abril de 2018, con costas y costos, argumentando:

1.- Sobre la errónea aplicación del art. 369 de la L. Nº 439 y arts. 1461 y 1462 del Cód. Civ., se debe manifestar que la recurrente efectua un analisis equivocado, ya que en ninguna parte de la sentencia ha sido citado el art. 369, sino  los articulos relativos a la valoración y apreciación de la prueba, por lo que no es evidente que se haya aplicado indebidamente el art.369 de la Ley N°439.

Interdicto de Recobrar la Posesión

1.1.- Sobre la posesión que manifiesta haber probado,  el documento de transferencia (en el que basa su pretensión)  fue declarado falso dentro de un proceso penal donde la demandante fue condenada a 1 año de pena privativa de libertad, por lo que no puede pretender hacer valer sus derechos sobre un documento cuya falsedad su focmprobado, el cual no puede generar derechos, mas aun cuando en el instituto de la posesión debe primar el principio de buena fe,  la declaración testifical del único  testigo de cargo de alguna manera enerva la valoración conjunta de toda la prueba aportada por las partes.

a) Sobre la valoración de la fotocopia simple de una sentencia,  la misma fue emitida a consecuencia del proceso penal seguido por Nemecio Mamani Robles y Lucha Mamani Vargas, contra Candelaria Saire Bostencia Vda. de Vargas y su hija Bertha Vargas Saire, fotocopia que fue presentada como prueba por la actora, no pudiendo dejar de considerarse la misma ya que en virtud a dicho fallo se comprobó la falsedad del documento de transferencia de 2 de diciembre de 1993 el cual ahora la demandante pretende hacer valorar, asi mismo  se evidencia que los demandados siempre reclamaron las 5.0000 ha., por lo que mal puede alegar que su posesión fue pacifica, publica, continuada e ininterrumpida.

b) Sobre las construcciones de data reciente de parte del demandado, Nemecio Mamani Robles, efectivamente éste transfirio al esposo de la demandante la superficie de 5.0000 ha sobre la cual  no se evidenció ningún despojo ya que los demandados realizaron trabajos sobre las restantes 5.0000 que son de su propiedad.

Interdicto de Retener la Posesión

1.2.- Con relación a la posesión solo del 50% del predio individual y colectivo, las pruebas testificales y documentales presentadas por los demandados fueron desvirtuadas con la emisión de la sentencia Nº S-11/2015 de 24 de abril de 2015, por lo que la autoridad judicial a momento de pronunciar la sentencia consideró y valoró cada una de las pruebas que le ayudaron a formar convicción y desestimó las que no le sirvieron.

a) Sobre la decisión asumida por la autoridad judicial con relacion a la posesión del 50% de los demandados,  la inspeccion judicial le permitió tener conocimiento directo de los hechos ocurridos, asi mismo  se evidencia que en audiencia se fijó el objeto de prueba el cual no fue demostrado por la actora.

b) Sobre la denuncia por delitos de incendio, estragos, y otros, los mismos fueron  rechazados por correponder a la justicia indigena originaria campesina, sin embargo,  en la Sentencia de instancia, el Juez concluyó que no demostró la posesión efectiva sobre dicha superficie cuestionada.

c) Sobre la emisión del fallo en base a una sentencia penal que no fue objeto de las acciones planteadas, como ya se expresó, el documento de transferencia que pretende hacer valer la demandante fue declarado falso, declarando culpables a la demandante y a su madre, por lo que no goza de fuerza probatoria. La demandante presentó solamente un testigo que no aportó mucho a lo alegado por la parte actora, por lo que la autoridad judicial tampoco podía sustentar su fallo en dicha prueba.

d) Con relación a que la autoridad judicial con su decisión habria legalizado el despojo y la perturbación, se debe manifestar que en audiencia se fijó el objeto de prueba tanto para el interdicto de recobrar como para el interdicto de retener la posesión, por lo que no corresponde la tutela inmediata, misma que es propia de las acciones de defensa de derechos fundamentales.

e) Con relación a que no habría tomado en cuenta la Disposición Transitoria Octava de la L. N° 1715,  los usos y costumbres son cuestiones internas de la comunidad, puestos que son temas orgánicos, aspecto que no genera derechos como pretende la actora, quedando desvirtuado lo alegado en este punto.

2.- Sobre la vulneración del art. 115 de la CPE, por no tener la sentencia motivación factica y jurídica, se evidencia que la Sentencia cuestionada, cumple con los aspectos señalados, puesto que guarda correspondencia entre lo peticionado y lo resuelto por el Juez Agroambiental, por lo que la decisión ha sido expresa y positiva en relación a los medios probatorios aportados. 

En el instituto de la posesión agraria, debe primar el principio de la buena fe por lo que en un proceso de Interdicto de Retener y Recobrar la posesión no se puede pretender  derechos en base a un documento  de transferencia  cuya falsedad fue comprobada en proceso penal inclusive existiendo condena de privación de libertad por la comisión de dicho  ilícito.

Gonzalo Castellanos Trigo, en su libro: "Análisis Doctrinal del Nuevo Código Procesal Civil", primera edición, pág. 367, efectuando el análisis de las causales del recurso de casación, señaló que: "...procede la casación para invalidar una sentencia o auto definitivo, cuando exista violación expresa de la ley, mala o errónea interpretación de la misma; y finalmente, una aplicación indebida de la ley (...) la resolución de fondo que tenga una infracción o una rebelión de la ley en forma general no es aquella que padezca de un error o una equivocación cualquiera o insignificante, sino que es la que adolece de omisiones y desaciertos de suma gravedad que la descarten como decisión judicial y realmente se la tenga como injusta y arbitraria y conlleve una resolución injusta contra alguno de los litigantes (...) es casable cuando la resolución impugnada no interpreta correctamente la ley; es decir, se aplica la ley atinente al caso, pero efectúa una interpretación errónea o la aplica mal en la resolución ".

La línea jurisprudencial sentada y desarrollada por las SSCC 0871/2010-R y 1365/2005-R, citadas por la SC 2227/2010-R de 19 de noviembre, se señaló que: "Es imperante además precisar que toda resolución ya sea jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación como elemento configurativo del debido proceso debe contener los siguientes aspectos a saber: a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado"