AID-S2-0047-2022

1. Mediante memorial cursante de fs. 1280 a 1284 de obrados, presentado por Roberto Rodrigano, denuncia que el Auto Interlocutorio Simple de 30 de marzo de 2022, cursante de fs. 1264 A 1266 vta. de obrados, emitido por la Sala Segunda del Tribunal Agroambiental, en el Recurso de Casación del proceso de Rendición de Cuentas y abono de Dinero, señala a la letra: "...pudo plantear recurso de reposición contra el mismo, habiendo dejado precluir su derecho y convalidando tal situación, no pudiendo alegar vulneración de derechos y garantías cuando por dejadez propia"; aduciendo que dicho aspecto no correspondería a la realidad, constituyéndose en un error determinante y reconocible, toda vez que, el recurrente nunca habría sido notificado con el Auto Simple de 26 de octubre de 2021 cursante a fs. 1166 de obrados; situación corroborada de la verificación de la diligencia de notificación de 27 de octubre cursante a fs. 1168 de obrados, generándole una evidente indefensión, vulnerando el derecho al debido proceso; en este sentido, indica el recurrente que, correspondería reponer el Auto Interlocutorio Simple de 30 de marzo de 2022, en aplicación directa de los derechos fundamentales consagrados en el art. 109 de la CPE, toda vez que nunca fue notificado con el Auto de fecha 26 de octubre de 2021.

La Sala Segunda del Tribunal Agroambiental, sin entrar en más consideraciones de orden legal, falla declarando: 1.- HA LUGAR el Recurso de Reposición cursante de fs. de fs. 1280 a 1284 de obrados interpuesto contra el Auto Interlocutorio Simple de 30 de marzo de 2022, con relación a la falta de notificación con el Auto Interlocutorio Simple de 26 de octubre de 2021. 2.- Se ANULA OBRADOS hasta fs. 1169 inclusive, correspondiente a la Nota de Remisión de 27 de octubre de 2021 con Cite: Oficio J.A.C. No 187/2021 al Tribunal Agroambiental, debiendo ponerse en conocimiento a las partes intervinientes el Auto Interlocutorio Simple de 26 de octubre de 2021 cursante a fs. 1166 de obrados, a fin de garantizar el derecho a la defensa. 3.- Se ANULA Y DEJA SIN EFECTO el Auto Agroambiental Plurinacional S2ª N° 107/2021 de 02 de diciembre de 2021, cursante de fs. 1176 a 1179 vta. de obrados, con base en los siguientes argumentos:

1. El hecho de no haberse notificado a las partes con el referido Auto Interlocutorio Simple de 26 de octubre de 2021 cursante a fs. 1166 de obrados, ha generado un estado de indefensión que ha impedido el ejercicio pleno del derecho a la defensa, la tutela judicial efectiva, así como el acceso a la justicia, que se constituyen en elementos que configuran el debido proceso, al que están sometidos los Jueces Agroambientales, que por mandato constitucional son garantes primarios de derechos fundamentales en el Estado Plurinacional de Bolivia; debiendo la autoridad recurrida, en este marco jurídico, sanear y reconducir el proceso del caso de autos, de conformidad al art. 115 de la CPE y los arts. 4 y 5 de la Ley N° 439. de la Ley N° 439; citando la SC 1149/2013-L y la 0876/2012 de 10 de agosto, normativa expresa que expone sobre los presupuestos que deben concurrir sobre los actos procesales nulos.

ELEMENTOS COMUNES DEL PROCEDIMIENTO / NULIDADES Y/O ANULACIÓN PROCESALES

Si bien las nulidades constituyen un remedio procesal ante el incumplimiento de las reglas jurídicas establecidas por el legislador para la tramitación de los procesos; empero para su aplicación debe tomarse en cuenta el carácter instrumental de los incidentes de nulidad; es decir, observar ineludiblemente los principios de especificidad o legalidad, de finalidad del acto, de trascendencia y de convalidación, disponiendo la nulidad del proceso sólo si el acto procesal denunciado hubiera causado gravamen y perjuicio personal directo al solicitante de nulidad o haberle colocado en un verdadero estado de indefensión, donde además se acredite que el perjuicio sea cierto, concreto, real, grave y demostrable.

"(...) la procedencia del incidente de nulidad, aún en ejecución de sentencia, empero que ese incidente se activa en presupuestos excepcionales y determinadas circunstancias en las que efectivamente se evidencie indefensión en la parte demandada o de terceros, buscando la reparación de un proceso ilegal en el que existió lesión a derechos fundamentales; por otro lado, para que opere la nulidad, según la jurisprudencia constitucional citada, no basta invocarla, sino que se debe probar que el hecho calificado como nulo, ha causado menoscabo en los derechos de quien reclama, no pudiendo declararse la nulidad, solo para satisfacer pruritos formales carentes de relevancia; de igual modo, corresponderá deducir la nulidad siempre que el acto no haya sido consentido expresa o tácitamente por la parte que se crea perjudicada". "(...) de la revisión de obrados, cursa a fs. 1166 el Auto Interlocutorio Simple de 26 de octubre de 2021, el cual señala: "Que, en estado de Sentencia No corresponde admitir incidente de nulidad por lo que se Rechaza In Limine el Incidente"; actuado que conforme se evidencia de la diligencia de notificación cursante a fs. 1168 de obrados, no fue notificado a las partes procesales, incumpliendo el art. 82.I de la Ley N° 439 que establece: "Después de las citaciones con la demanda y la reconvención, las actuaciones judiciales en todas las instancias y fases del proceso deberán ser inmediatamente notificadas a las partes en la secretaria del juzgado o tribunal o por medios electrónicos, conforme a las disposiciones de la presente Sección"; norma concordante con el art. 84.I del mismo cuerpo normativo, que establece: "Por principio, las actuaciones judiciales, en todos los grados, serán inmediatamente notificadas a las partes en la secretaría del juzgado o tribunal, excepto en los casos previstos por Ley" ; vulnerándose de esta manera el principio de legalidad o especialidad, siendo que la finalidad de dicha notificación implica garantizar el derecho a la defensa que permite al justiciable poder observar o impugnar a través de los mecanismos procesales la determinación de la autoridad judicial de instancia, garantizando de esta manera el principio de impugnación previsto en el art. 180.II de la CPE; en consecuencia se tiene demostrado el perjuicio cierto e irreparable que ocasiono la falta de notificación del Auto de 26 de octubre de 2021, por cuanto se le privó a que oportunamente, impugne u observe el trámite procesal del incidente de nulidad que no fue resuelto conforme al art. 340 de la Ley N° 439 que establece: "Si el incidente promovido fuere manifiestamente improcedente, la autoridad judicial deberá rechazarlo sin más trámite, fundando su decisión."; lo que implica, que debe existir argumento jurídico que sustente el rechazo del incidente y poder otorgar a los justiciables la posibilidad de activar el recurso de reposición contra la resolución del incidente conforme al art. 344 de la norma citada precedentemente, que establece lo siguiente: "Las resoluciones que resuelvan los incidentes, admitirán recurso de reposición con alternativa de apelación".

"La SCP 0332/2012 de 18 de junio, que reiterando el razonamiento asumido en la SC 0731/2010-R de 20 de julio y la SCP 1149/2013-L de 30 de agosto, que cita la SC 876/2012-R de 12 de agosto, señalaron lo siguiente: "... a) Principio de especificidad o legalidad, referida a que el acto procesal se haya realizado en violación de prescripciones legales, sancionadas con nulidad, es decir, que no basta que la ley prescriba una determinada formalidad para que su omisión o defecto origine la nulidad del acto o procedimiento, por cuanto ella debe ser expresa, específica, porque ningún trámite o acto judicial será declarado nulo si la nulidad no está expresamente determinada por la ley, en otros términos 'No hay nulidad, sin ley específica que la establezca' (Eduardo Cuoture, "Fundamentos de Derecho Procesal Civil", p. 386); b) Principio de finalidad del acto, 'la finalidad del acto no debe interpretarse desde un punto de vista subjetivo, referido al cumplimiento del acto, sino en su aspecto objetivo, o sea, apuntando a la función del acto' (Palacio, Lino Enrique, 'Derecho Procesal Civil', T. IV p. 145), dando a entender que no basta la sanción legal específica para declarar la nulidad de un acto, ya que ésta no se podrá declarar, si el acto, no obstante su irregularidad, ha logrado la finalidad a la que estaba destinada; c) Principio de trascendencia, este presupuesto nos indica que no puede admitirse el pronunciamiento de la nulidad por la nulidad misma, o para satisfacer pruritos formales, como señala Couture (op. cit. p. 390), esto significa que quien solicita nulidad debe probar que la misma le ocasionó perjuicio cierto e irreparable, que solo puede subsanarse mediante la declaración de nulidad, es decir demostrar cuál es el agravio que le causa el acto irregularmente cumplido y si éste es cierto e irreparable; y, d) Principio de convalidación, 'en principio, en derecho procesal civil, toda nulidad se convalida por el consentimiento' (Couture op. cit., p. 391), dando a conocer que aún en el supuesto de concurrir en un determinado caso los otros presupuestos de la nulidad, ésta no podrá ser declarada si es que el interesado consintió expresa o tácitamente el acto defectuoso, la primera cuando la parte que se cree perjudicada se presenta al proceso ratificando el acto viciado, y la segunda cuando en conocimiento del acto defectuoso, no lo impugna por los medios idóneos (incidentes, recursos, etc.), dentro del plazo legal (Antezana Palacios Alfredo, "Nulidades Procesales")'"; citando en esa línea, el Auto Agroambiental Plurinacional S1ª N° 05/2021 de 26 de enero de 2021, que establece: "... las nulidades de los actos procesales serán procedentes cuando se constate irregularidades, infracciones o vulneraciones de normas procesales que se presenten en el marco de un proceso, siempre que éstas a través de la invalidación de los actos procesales, aseguren a las partes del proceso los derechos al debido proceso o a la tutela judicial efectiva, caso contrario, si no garantizan esos derechos, entonces, la invalidación del acto procesal en cuestión a través de una nulidad procesal no tienen relevancia constitucional"(Sic.).

"(...) la jurisprudencia constitucional mediante la Sentencia Constitucional 0788/2010-R de 2 de agosto de 2010 en el punto III.3. emitió el siguiente entendimiento: "En cuanto a la posibilidad de plantear incidente de nulidad en ejecución de sentencia, al respecto resulta oportuno referirse a la jurisprudencia emanada de este Tribunal Constitucional, tal el caso de la SC 0831/2007-R de 10 de diciembre, que en lo pertinente citando otro precedente señaló que: "...respecto la posibilidad de que prospere el planteamiento de un incidente de nulidad de obrados en la etapa de ejecución de sentencia, en el marco de la doctrina constitucional, desarrollado en el entendimiento contenido en la SC 0495/2005-R de 10 de mayo, el Tribunal Constitucional ha señalado que ese incidente se activa en presupuestos excepcionales y determinadas circunstancias en las que efectivamente se evidencie indefensión en la parte demandada o de terceros, buscando la reparación de un proceso ilegal en el que existió lesión a derechos fundamentales ; razonamiento que se afianza o se sustenta en el hecho de que´(...) la certeza que impone la cosa juzgada no constituye un valor absoluto frente a la vigencia y defensa de los derechos fundamentales, de tal forma que si está de por medio la protección de tales valores, procede el amparo contra sentencias que sean el resultado de vulneración a derechos y garantías de los sujetos procesales o terceros ajenos al proceso, lo cual ocurre cuando el juez la adopta contrariando ostensiblemente el contenido y voluntad de la ley o desconociendo ritualidades cuya observancia consagran una garantía del derecho de defensa de las partes en el proceso. La cosa juzgada como resultado de vulneración de derecho y garantías, pierde su valor de decisión intangible y poco vale como cosa juzgada".

Criterio concordante con la Sentencia Constitucional Plurinacional 0450/2012 de 29 de junio, que ha establecido: "...cuando pese a que dichas resoluciones adquirieron ejecutoria, y por ende, autoridad de cosa juzgada; se constatan vulneraciones de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales, que pueden darse a lo largo de la tramitación de la causa, a tiempo de la emisión de la resolución o bien, con posterioridad a ella, es perfectamente viable el planteamiento del incidente de nulidad, instituido por la jurisprudencia constitucional, como medio expedito e idóneo para la reparación oportuna de las lesiones alegadas , el cual debe presentárselo ante el propio Juez de la causa, en cualquier etapa del proceso, inclusive en aquella posterior a la ejecución del fallo; es decir, cuando la causa feneció; dado que como se detalló, cuando se constata la veracidad de las violaciones a los derechos, la calidad de cosa juzgada no puede operar de modo alguno , habida cuenta no es posible concebir un fallo emitido en contraposición con el orden constitucional ; caso en el que, éste alcanza únicamente a una cosa juzgada "aparente", "...respecto la posibilidad de que prospere el planteamiento de un incidente de nulidad de obrados en la etapa de ejecución de sentencia, en el marco de la doctrina constitucional, desarrollado en el entendimiento contenido en la SC 0495/2005-R de 10 de mayo, el Tribunal Constitucional ha señalado que ese incidente se activa en presupuestos excepcionales y determinadas circunstancias en las que efectivamente se evidencie indefensión en la parte demandada o de terceros, buscando la reparación de un proceso ilegal en el que existió lesión a derechos fundamentales ; razonamiento que se afianza o se sustenta en el hecho de que "(...) la certeza que impone la cosa juzgada no constituye un valor absoluto frente a la vigencia y defensa de los derechos fundamentales, de tal forma que si está de por medio la protección de tales valores, procede el amparo contra sentencias que sean el resultado de vulneración a derechos y garantías de los sujetos procesales o terceros ajenos al proceso , lo cual ocurre cuando el juez la adopta contrariando ostensiblemente el contenido y voluntad de la ley o desconociendo ritualidades cuya observancia consagran una garantía del derecho de defensa de las partes en el proceso. La cosa juzgada como resultado de vulneración de derecho y garantías, pierde su valor de decisión intangible y poco vale como cosa juzgada".

"Así también, la SCP 0832/2016-S3 de 9 de agosto, sobre el incidente de nulidad en ejecución de sentencia, ha señalado: "Al respecto, la SCP 0144/2012 de 14 de mayo, a tiempo de desarrollar un razonamiento en torno a la justicia material que debe ser buscado por el sistema de administración de justicia de Bolivia, concluyó que: "...la estructura del sistema de administración de justicia boliviano, no pueda concebirse como un fin en sí mismo, sino como un medio para obtener el logro y realización de los valores constitucionales, por otra parte impele a reconocer la prevalencia del derecho sustantivo sobre el derecho adjetivo o sobre las formas procesales, que a su vez y en el marco del caso analizado obliga a los administradores de justicia entre otros a procurar la resolución del fondo de las problemáticas sometidas a su jurisdicción y competencia dejando de lado toda nulidad deducida de formalismos o ritualismos procesales que impidan alcanzar un orden social justo en un tiempo razonable .(...) Es decir las nulidades procesales se encuentran reservadas únicamente a casos extraordinarios expresamente establecidos en la ley, generalmente relacionados a una indefensión absoluta provocada a las partes procesales o a terceros con interés legítimo y que generen una situación injusta de cosas respecto a la cual los jueces no pueden quedar indiferentes. Para ello todo juez debe tener la capacidad de identificar desde un inicio los actuados u omisiones, que en el futuro podrían provocar una nulidad e impedir que los mismos se desarrollen inadvertidamente hasta llegar a consumarse. (...) Asimismo, toda nulidad originada en la deficiente tramitación del proceso genera responsabilidad del administrador de justicia conforme el art. 17.IV de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) que establece: 'En caso de nulidad de obrados o una reposición de actuados, el tribunal deberá comunicar de oficio la decisión al Consejo de la Magistratura a los fines de ley', es decir que en grado de apelación los tribunales ad quem en materia civil deben considerar al menos: i) Se encuentran prohibidas las nulidades originadas en formalismos o ritualismos procesales lo que ocasiona que las nulidades deban encontrarse expresamente previstas en la ley . ii) Las nulidades deben reclamarse oportunamente, pues resulta reprochable a la parte procesal que conociendo la existencia de una causal de nulidad permita el avance del proceso, para pedir dicha declaración, esto porque esa conducta no condice con el principio de lealtad procesal. iii) La nulidad no puede originarse en la negligencia de la parte procesal que solicita la misma, lo que concuerda con el principio general del derecho que establece que 'Nadie puede alegar su propia torpeza'. iv) No puede declararse nulidad por actos que la parte procesal haya consentido o convalidado , en general las nulidades están reservadas a situaciones en las que se generó indefensión .(...) 2) La posibilidad de dejar sin efecto la llamada cosa juzgada 'aparente' que es aquella obtenida en franca y manifiesta violación de derechos fundamentales y derechos humanos, porque no es posible alcanzar un orden social justo y en definitiva la paz social reconocidos por la doctrina como fines del derecho, con resoluciones que a la vista del colectivo resultan ser obtenidas de forma injusta".

Por su parte, el Tribunal Agroambiental mediante Auto Interlocutorio Definitivo S2ª N° 028/2021 de 05 de agosto de 2021, estableció: "(...) en el marco de la jurisprudencia constitucional se ha desarrollado como entendimiento lo siguiente: "... la posibilidad de que prospere el planteamiento de un incidente de nulidad de obrados aún en ejecución de sentencia" (SC 0831/2007-R de 10 de diciembre, SC 0788/2010- R de 2 de agosto, SC 2124/2013 de 21 de noviembre de 2013 entre otras)".