SENTENCIA AGROAMBIENTAL PLURINACIONAL S2ª Nº 019/2022
Expediente: N° 2673-NTE-2017
Proceso Nulidad de Título Ejecutorial | |
Demandante: Martina Morales Bernal | |
Demandado: Comunidad Campesina de Punilla, | |
representado por Mario Serrudo Precio | |
Predio: Comunidad Campesina de Punilla, | |
parcelas 187, 188 y 189 | |
Distrito: Chuquisaca |
Fecha: Sucre, 30 de mayo de 2022
Magistrada Relatora: Ángela Sánchez Panozo
La demanda de nulidad de los Títulos Ejecutoriales cursante de fs. 64 a 69 y memorial de subsanación de fs. 210 y vta. de obrados, interpuesta por Martina Morales Bernal impugnando los Títulos Ejecutoriales PCM- NAL- 008450, PCM- NAL- 008451 y PCM- NAL- 008452, todos de 18 de agosto de 2014, emitido a favor de la Comunidad Campesina de Punilla , respecto a los predios denominados "Comunidad Campesina de Punilla parcelas 187, 188 y 189", clasificados como comunitaria ganadera con la superficie de 9.3634 ha, 54.7884 ha y 52.1751 ha respectivamente, emitido como resultado del proceso de Saneamiento Integrado al Catastro Legal (CAT-SAN) respecto al polígono N° 542, ubicado en el municipio Sucre, provincia Oropeza del departamento de Chuquisaca.
I. ANTECEDENTES PROCESALES
I.1. Argumentos de la demanda de nulidad de Título Ejecutorial
La demandante a manera de antecedentes señala que el proceso de saneamiento de donde emergen los Títulos Ejecutoriales PCM-NAL-008450, PCM-NAL-008451 y PCM-NAL-008452, se realizó en franca violación a normas legales expresas que regulan el proceso de saneamiento, con el ánimo de apropiarse de sus terrenos que fueron dejados por su padre, habiendo los funcionarios del INRA, con ayuda de los dirigentes de la comunidad, ejecutado el proceso de saneamiento sobre su terreno sin convocar al titular del derecho propietario para que se someta al proceso; ya después, al enterarse que la comunidad contaba con Título Ejecutorial, solicitó al INRA la notificación con la Resolución Final de Saneamiento, petición que le fue negada sin fundamento legal alguno, viéndose en la necesidad de viajar a la ciudad de La Paz para obtener mayor información; fue entonces que en la Dirección Nacional del INRA le informaron que su terreno había sido titulado a favor de la "Comunidad Campesina de Punilla", situación que extraña, toda vez que sagradamente cumple con sus cuotas y aportes solicitados por la Comunidad.
I.1.1. Bajo el título de "Nulidad por violación de la ley aplicable ", señala que:
a) Se omitió realizar los trabajos de campo, toda vez que entre los actuados esenciales de la etapa de campo, se encuentran el llenado de la Ficha Catastral y el Acta de Verificación de Cumplimiento de la Función Social, formularios que deben estar firmados por los propietarios y el control social constituido por los comunarios, debiendo registrarse en la Ficha Catastral datos fidedignos relativos al objeto y sujeto del derecho, además de la ubicación, superficie y límites de las propiedades, la identificación de las mejoras y su antigüedad; aclarando que esta actividad no puede suplirse mediante informes. En el presente caso, estas actividades no se cumplieron a cabalidad debido a las maniobras realizadas por el INRA Chuquisaca y actos abusivos de los comunarios, que, sin darse a conocer ningún procedimiento, hicieron que no se apersone al proceso de forma oportuna, con la finalidad de titular su propiedad a su favor, lo que vicia de nulidad el proceso de saneamiento, además del título emergente.
b) Existe supresión del derecho constitucional a la defensa, por falta de notificación en el proceso de saneamiento, puesto que, en el presente caso, el proceso de saneamiento se apertura para varios predios, entre los cuales se identifica su propiedad; sin embargo, los comunarios pretendieron desconocer su derecho para beneficiarse con esas tierras y se proceda a la ejecución del proceso de saneamiento en forma normal; en el cual el INRA no le notifica personalmente para que intervenga en la realización de los trabajos de campo, ejerciendo su derecho a la defensa, ya que por argucias de los comunarios, no fue identificada en campo, omisión que fue ocasionada para evitar que defienda su derecho propietario que tiene antecedente registrado en Derechos Reales según refiere, para favorecer ilegalmente a la comunidad que hoy demanda.
I.1.2. Con el título de "Nulidad por falta de formas esenciales y simulación absoluta", manifiesta que, conforme se evidencia en los antecedentes del proceso de saneamiento, su terreno fue saneado a favor de la "Comunidad Campesina de Punilla" en la superficie de 30 ha, siguiendo un procedimiento que no corresponde, por ello el proceso de saneamiento constituye un acto simulado, ya que por la falta de notificación por parte del INRA se ha procedido como si el terreno no tuviese dueño; las normas que regulan el proceso de saneamiento, ordenan que el INRA ejecute este proceso a todas las propiedades, vale decir someter obligatoriamente al proceso a todos los predios identificados en el área. Es posible que se sostenga que la Resolución Final de Saneamiento es producto del proceso de saneamiento ejecutado a dicho predio, pero ello no es evidente debido a que esta no resuelve la situación de los predios no saneados por la pretensión abusiva de la comunidad, de apropiarse de su terreno; vale decir, que esta resolución no dice nada sobre el predio Sillakasa - Tantartoko, por ello el INRA se negó a notificarle con la Resolución Final de Saneamiento, y esta omisión constituye causal de nulidad por violación a la forma esencial en el proceso y motivo suficiente para anular el Título Ejecutorial cuestionado.
Como fundamentos legales que sustentan la demanda, la actora señala que de acuerdo a lo dispuesto en el art. 50.2.c) de la Ley N° 1715, los títulos son nulos cuando durante la tramitación del proceso se ha incurrido en violación de la ley aplicable, en sus formas esenciales o la finalidad de su otorgamiento; en el presente caso, las formas esenciales han sido violadas por la falta de notificación personal para realizar los trabajos de campo, falta de notificación con la Resolución Final de Saneamiento, por lo cual solicita se declare probada la demanda y se disponga la nulidad de los Títulos Ejecutoriales PCM-NAL-008450, PCMNAL-008451 y PCM-NAL-008452, que ilegalmente reconocen el derecho de propiedad a favor de la "Comunidad Campesina de Punilla"
I.2. Contestación a la demanda de Nulidad de Título Ejecutorial
El demandado, Mario Serrudo Precio en representación de la Comunidad Campesina de Punilla, en respuesta a la demanda, por memorial cursante de fs. 296 y vta. de obrados, señala que:
El expediente N° I-20892 correspondiente al proceso de saneamiento del predio "Punilla", se inició el año 2010, bajo la modalidad de Saneamiento Integrado al Catastro (CAT-SAN), antecedentes que demostrarían que el proceso de saneamiento se ejecutó bajo las normas de la Comunidad Campesina de Punilla y del propio INRA, y que no se habría terminado de sanear la propiedad de Martina Morales Bernal, quien posee y goza en calidad de propietaria del fundo denominado Sillakasa - Tankartoko, omisión en la que incurren los funcionarios del INRA con ayuda de ex-dirigentes de la comunidad, que ayudaron a ejecutar un proceso de saneamiento sobre el terreno de la demandante, sin respetar que existía una propietaria que no fue convocada para que se someta a saneamiento como tal.
Indica que la demandante tiene derecho sobre el predio mencionado porque su padre Evaristo Morales, dejó en manos de sus hijos, entre ellas, Martina Morales Bernal, el predio Sillakasa - Tankartoko, quien es miembro de la Comunidad Campesina de Punilla, y realiza sus aportes mensuales y trabajos colectivos sagradamente, en bienestar de todos los integrantes de la comunidad.
Señala que la pretensión de la demandante, respecto que las áreas tituladas a favor de la comunidad, retornen a su poder, fue sometida a consulta de todos los comunarios, quienes manifestaron que Martina Morales Bernal forma parte de la Comunidad con su terreno, por lo cual solicitan que no se violente el ejercicio del derecho propietario de la demandante, cuenta con antecedente en Título Ejecutorial y tampoco se desconozca el trabajo que realiza de manera continua desde la muerte de su progenitor; declarándose probada la demanda de nulidad presentada, se practique nuevo proceso de saneamiento al predio denominado Sillakasa - Tantartoko, con una extensión superficial de 30.0000 ha aproximadamente, pero solo con relación a dicho predio y su extensión, no teniendo influencia en la parte restante que corresponde a la Comunidad Campesina de Punilla.
I.3. Argumentos del tercero interesado
Mediante memorial cursante de fs. 239 a 242 vta. se apersonó la Directora Nacional a.i. del Instituto Nacional de Reforma Agraria , en calidad de tercera interesada, pidiendo se declare improbada la demanda de nulidad de Título Ejecutorial y en consecuencia se mantenga firme y subsistente los Títulos Ejecutoriales PCM- NAL- 008450, PCM- NAL- 008451 y PCM- NAL- 008452, con imposición de costas, con los siguientes argumentos:
En cuanto a la falta de realización de los trabajos de campo y supuesta supresión del Derecho Constitucional a la Defensa por omitir la notificación en el proceso de saneamiento que tiene como antecedente el título cuestionado, menciona la tercera interesada, que las argumentaciones vertidas por la parte actora no hacen más que demostrar la poca sustentabilidad de la demanda formulada, basando sus criterios de apreciación en elementos subjetivos que finalmente no condicen con la verdad material cursante en obrados, procurando vanamente desestimar actuados procesales que ya causaron estado, ajustándolos forzadamente a supuestas vulneraciones dispuestas en el art. 50 de la Ley N° 1715.
Indica que, su infundada demanda pretende hacer ver como si se hubiera omitido la falta de notificación para el relevamiento de información en campo y la supuesta omisión de Ficha Catastral; sin embargo, la ejecución del saneamiento interno fue aprobado e incluido en la Resolución Administrativa de Inicio de Procedimiento RI-CAT SAN-DDCH N° 064/2010 de fecha 14 de junio de 2010, por lo que las actuaciones extrañadas por el recurrente, se deben a que el saneamiento fue llevado a cabo bajo la modalidad de Saneamiento Integrado al Catastro Legal, sustituyendo parcialmente algunas actuaciones del proceso de saneamiento.
En lo que se refiere a la supuesta supresión del derecho constitucional a la defensa por falta de notificación en el proceso de saneamiento, es evidente que en cumplimiento al art. 297 del D.S. N° 29215, se ha procedido con la Campaña Pública desde el inicio de saneamiento, conforme cursa Edicto Agrario de la Resolución Administrativa de Ampliación de plazo de Ejecución de Saneamiento RA-SCH N° 001/2008, notificaciones a las organizaciones sociales de la Comunidad Campesina de Punilla con la Resolución Administrativa de Inicio de Procedimiento, difusión a través de un medio oral conforme lo acredita la certificación extendida por Radio Emisora ACLO AM 600, Acta de Inicio de Proceso Saneamiento Interno en la Comunidad Campesina de Punilla levantada en presencia de las Autoridades que componen el Sindicato Agrario de la Comunidad de Punilla, por lo que no podría afirmar la demandante la nulidad de Título Ejecutorial sin haber llevado a cabo una valoración integral de todo lo obrado en la carpeta predial y desconocer etapas y actividades que hacen al proceso de saneamiento.
Respecto a la nulidad por falta de formas esenciales y simulación absoluta, responde la tercera interesada que, nuevamente la demandante ingresa al ámbito subjetivo, sin contar con prueba documental que demuestre lo expresado, avocándose a observar aspectos que hacen al proceso de saneamiento que no pueden ser objeto de valoración dentro de la presente demanda; lo que debe demostrar la parte actora para sustentar su demanda, es que se inobservó las previsiones dispuestas en el art. 50 de la Ley N° 1715; sin embargo, la demandante señala en reiteradas ocasiones que los Títulos Ejecutoriales son nulos por la supuesta falta de notificación personal para realizar el trabajo de campo y la falta de notificación con la Resolución Final de Saneamiento, sin tomar en cuenta que el proceso de saneamiento del referido predio, fue realizado mediante saneamiento interno, con la participación de las autoridades originarias. En todo caso, lo manifestado en la demanda, no hace más que demostrar que la negligencia y abandono de la recurrente, hizo que no pueda respaldar el supuesto derecho propietario que le asistía, ya que cuando se efectuaron las pericias de campo, conforme se registró en el libro de saneamiento interno, no se demostró la posesión física y el cumplimiento de la Función Social sobre las parcelas reclamadas, demostrándose más bien que estas se encontraban en posesión de la Comunidad Campesina de Punilla, no siendo posible que por errores atribuibles exclusivamente a la parte actora, se pretenda desvirtuar un proceso de saneamiento y los Títulos Ejecutoriales emitidos, que siguió los más altos estándares de control de calidad para su ejecución; por lo cual pide se declare improbada la demanda de nulidad de los Título Ejecutorial interpuesta por Martina Morales Bernal, toda vez que el proceso de saneamiento se habría ejecutado bajo el principio de publicidad y transparencia; que la demanda interpuesta carecería de fundamentos legales que permitan anular los Títulos Ejecutoriales; que no existiría transgresión normativa que determine la nulidad absoluta.
I. 4 Trámite procesal y actuados relevantes del proceso
I.4.1. Auto de Admisión
A través del Auto de 13 de marzo de 2018, cursante a fs. 214 y vta. de obrados, se admite la demanda de Nulidad de los Títulos Ejecutoriales PCM- NAL- 008450, PCM- NAL- 008451 y PCM- NAL- 008452, todos de 18 de agosto de 2014, de los predios denominados Comunidad Campesina de Punilla parcelas 187, 188 y 189 para su tramitación en la vía ordinaria de puro derecho, corriéndose traslado a la parte demandada Comunidad Campesina de Punilla, representada por Mario Serrudo Precio; asimismo, se incorporó como tercero interesado al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).
I.4.2. Réplica y Dúplica
En cuanto al memorial de réplica, cursante de fs. 360 a 361 vta. de obrados, por proveído de 14 de agosto de 2018, cursante a fs. 364 de obrados, se advierte que la parte actora fue notificada con el memorial de respuesta a la demanda el 8 de junio de 2018, conforme la diligencia que cursa a fs. 299 de obrados, sin que la misma haya ejercido al derecho a la réplica dentro del término establecido por ley, consecuentemente se declara no ha lugar al memorial de réplica.
I.4.3. Sorteo y suspensión de plazo
Por decreto de 14 de febrero de 2022, cursante a fs. 506 de obrados, se señala día y hora para el sorteo, mismo que fue efectuado el día 15 de febrero de 2022, conforme fs. 508 de obrados, pasando a despacho de la Magistrada Relatora.
Mediante Auto de 18 de febrero de 2022, cursante a fs. 509, se suspende el plazo para dictar Sentencia, a fin de que los actuales representantes de la Comunidad Campesina de Punilla, sean convocados en calidad de terceros interesados, ello en razón a la nulidad de Títulos Ejecutoriales colectivos, debiendo la parte demandante señalar sus generales de ley, domicilio y forma de notificación; no obstante, y al haberse puesto en conocimiento de la parte actora el 23 de febrero de 2022 y ante la falta de pronunciamiento, por proveído de 5 de abril de 2022, se le conmina a la parte demandante para que en el plazo de 10 días hábiles emita su pronunciamiento, caso contrario se reencauzará el proceso. Consiguientemente y en virtud del Informe N° 153/2022 de 27 de abril de 2022, de fs. 514 de obrados, se emite el Auto de Reinicio de 04 de mayo de 2022 (fs. 515 de obrados).
1.4. 4. Resoluciones Constitucionales
Mediante Resolución N° 69/2020 de 31 de agosto de 2020, cursante de fs. 400 a 409 vta. de obrados, la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, en su parte resolutiva concede la tutela impetrada por Martina Morales Bernal, dejando sin efecto la Sentencia Agroambiental Plurinacional S2ª Nº 69/2018 de 20 de noviembre de 2018, en razón a la declaración del actual dirigente de la Comunidad Campesina Punilla en el memorial de contestación, quién ratificó la demanda, no obstante, el Tribunal Agroambiental no escatimó esfuerzos para buscar la verdad material, sobre todo cuando se trata de una persona que se encuentra dentro de los grupos de atención prioritaria, debiéndose tomar mayor atención a los posibles medios que use para defenderse, dado que se le está aplicando el derecho occidental y no así sus usos y costumbres.
Por Sentencia Constitucional Plurinacional 0595/2020-S2 de 23 de octubre de 2020, cursante de fs. 471 a 485 de obrados, se confirma la Resolución N° 69/2020 de 31 de agosto, concediendo la tutela en los mismos términos dispuestos en la indicada resolución, refiriendo que los razonamientos expresados en la Sentencia Agroambiental Plurinacional, resultan insuficientes y contradictorios al establecer que la impetrante de tutela no demostró a cabalidad los argumentos de su demanda, relacionado con las causales de nulidad, mucho más si la demanda pretendía demostrar el error en que se hizo incurrir al administrador, simulando una posesión irreal dentro del proceso de saneamiento; por cuanto las pruebas debieron ser analizadas con base en los alcances de la normativa. En relación a la falta de notificación a la accionante en el proceso de saneamiento, indica que correspondía considerar las manifestaciones expresadas por las autoridades demandadas en la demanda de nulidad de Título Ejecutorial, quienes también intervinieron en dicho proceso en representación de la comunidad; aseveraciones que no fueron tomadas en cuenta, en su verdadera dimensión y alcance, dado que provienen de la dirigencia de la comunidad demandada de la cual, la demandada es parte; más aún si se trata de una mujer campesina, vulnerando el debido proceso, el acceso a la justicia, la defensa, la aplicación objetiva de la ley los principios de seguridad jurídica y de legalidad.
I.5. Actos procesales cursantes en obrados
I.5.1. De fs. 20 a 21, cursa Informe Legal DDCH-INF N°240/2015 de 23 de marzo de 2015, mismo que fue emitido en atención al reclamo presentado por Martina Morales Bernal, en cuyo contenido señala que: "...no se identificó parcela alguna registrada a nombre de la solicitante, sin embargo, la documentación presentada refiere a una propiedad ubicada al interior de la Comunidad Campesina Punilla (...) y habiéndose concluido en parte el saneamiento de la propiedad agraria con la titulación, corresponde intimar a la solicitante a apersonarse a oficinas del INRA a objeto de identificar la ubicación de su parcela, para dar el tratamiento respectivo a su reclamo o aclare la ubicación mediante coordenadas y/o referencias técnicas que permitan su identificación...". Asimismo, a fs. 37, cursa Auto de 30 de marzo de 2015, de Declaratoria de Herederos entre otros de Martina Morales Bernal, del de cujus Evaristo Morales Serrudo.
I.5.2. De fs. 445 y vta., cursa Auto de 9 de abril de 2021, por el cual se intima a la parte actora a presentar el Título Ejecutorial N° 004228, a nombre de Evaristo Morales, así como su plano georeferenciado. Del mismo modo, mediante proveído de 15 de octubre de 2021, cursante a fs. 490 de obrados, se estableció: "...en sentido de que la parte actora no se pronunció respecto de que se cuenta o no con el plano del Título Ejecutorial N° 004228 a nombre de Evaristo Morales, conforme se dispuso por proveídos de fs. 466 y 469 de obrados, se entiende que no cuenta en su poder con el plano de referencia."
I.5.3. De fs. 493 a 496 de obrados, cursa Informe Técnico TA-DTE N° 051/2021 de 09 de noviembre de 2021, por el cual se sugiere "reiterar y exigir a la parte actora a presentar plano georreferenciado del predio objeto de la demanda que corresponde al Título Ejecutorial N° 00422", mismo que fue puesto en conocimiento de la parte actora a través de la diligencia de notificación de fs. 498 de obrados y reiterado a través del proveído de 30 de noviembre de 2021 (fs.499) que dice: "Tomando en cuenta que es imprescindible que la parte actora cumpla con lo dispuesto por proveído de fs. 497 de obrados, se INTIMA para que en plazo de 5 días hábiles a partir de su notificación de cumplimiento al mencionado proveído bajo apercibimiento de aplicarse sanciones previstas por Ley por desobediencia a mandato judicial.", proveído que tampoco fue cumplido conforme se advierte en el Auto de 2 de febrero de 2022 (fs. 502 a 504), que dispuso se resuelva la causa.
I.6. Actos procesales relevantes en sede administrativa
I.6.1 De fs. 380 a 382 vta., cursa Resolución Administrativa de Inicio de Procedimiento RI-CAT SAN-DDCH N° 064/2010 de 14 de junio de 2010, que instruye la ejecución de las tareas de Relevamiento de Información en Campo en la Comunidad Punilla (Polígono 542) a partir del 14 de junio al 10 de julio de 2010, intimando a propietarios, subadquirentes con documentos que respalden su derecho propietario en un antecedente agrario, así como a los poseedores; resaltándose de que en el proceso se aplicará el Saneamiento Interno.
I.6.2. De fs. 383 a 386, cursa Edicto Agrario 14 de junio de 2010, referente a la Resolución Administrativa de Inicio de Procedimiento RI-CAT SAN-DDCH N° 064/2010, misma que fue notificada de manera personal a los dirigentes del Sindicato Agrario Comunidad Punilla, así como también fue publicada a través de la radio difusora ACLO, en los días 14, 16 y 18 de junio de 2010 en dos pases diarios, contando además con el Edicto agrario publicado en el diario "ARCA DE NOE" el 16 de junio de 2010.
I.6.3. De fs. 388 y vta., cursa Acta de Inicio del proceso de saneamiento interno en la Comunidad Punilla, de 14 de junio de 2010, destacándose en su contenido: "Se garantiza y se insta dentro el presente proceso la participación plena y activa de los compañeros afiliados tal como establecen las leyes en vigencia. En consecuencia, se convoca por medio de la presente Acta a todos los compañeros participen del saneamiento interno a partir de la fecha".
I.6.4. De acuerdo al Libro de saneamiento, en los datos registrados referentes a las parcelas 187, 188 y 189 (fs. 493 a 494), se identifica como beneficiario a la Comunidad Campesina de Punilla, clasificado como propiedad comunaria, con actividad ganadera, firmando al pie de la misma y en conformidad el Secretario General (Andrés Miranda Salazar) de la Comunidad antes citada. Por otra parte, a fs. 497, del mismo libro de saneamiento, en la parcela 196 , se identifica a Martina Morales Bernal y otro, quién firmando al pie del formulario asevera contar con cabezas de ganado y una posesión legal que data de 1994.
I.6.5. De fs. 1124 a 1195, cursa Informe en Conclusiones de 05 de agosto de 2010, por el cual se concluye Dotar en favor de la Comunidad Campesina de Punilla, las parcelas 187, 188 y 189, y respecto a la parcela 196, ésta es adjudicada en favor de Martina Morales Bernal y Vidal Morales Bernal. Por otra parte, en lo concerniente al Título Ejecutorial N° 4228, del expediente agrario N° 47, con superficie de 3.000 ha, emitido en favor de Evaristo Morales, este es anulado, por encontrarse con vicios de nulidad relativa y por transgredir los arts. 393 y 397 de la CPE, disponiéndose en consecuencia el archivo de obrados.
I.6.6. A fs. 1224, cursa Certificación emitida por la Radio Difusora "ACLO", en la cual se advierte la difusión del Aviso Público de 03 de noviembre de 2010 (fs. 1196), el cual tiene como objetivo poner en conocimiento de los propietarios, beneficiarios, poseedores, terceros interesados y público en general las conclusiones contenidas en el Informe en Conclusiones y de Cierre.
I.6.7. De fs. 1548 a 1557, cursa Resolución Suprema N° 55721 de 4 de julio de 2011, en cuya parte resolutiva octava, se resuelve adjudicar en favor de Martina Morales Bernal de Santos y otros, las parcelas denominadas "Comunidad Campesina de Punilla Parcelas -134 y 196", con superficies de 7.7296 ha y 23.7535 ha. y en la parte resolutiva novena, se dota las parcelas denominadas Comunidad Campesina de Punilla Parcelas 187-188 y 189", con superficies de 9.3634 ha, 54.7884 ha y 52.1751 ha en favor de la Comunidad Campesina de Punilla.
II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA SENTENCIA
El Tribunal Agroambiental, en esta demanda de nulidad de Título Ejecutorial, conforme los argumentos de la demanda, de la contestación y del tercero interesado, resolverá lo siguientes cuestionamientos referentes a: 1) La violación de la ley aplicable toda vez que el INRA, no le notificó personalmente para intervenir en los trabajos de campo, habiéndose omitido actuados esenciales de la fase de campo, como la ficha catastral y la verificación del cumplimiento de la función social; 2) La existencia de simulación absoluta , en razón a que su predio fue saneado a favor de la "Comunidad Campesina de Punilla" en la superficie de 30 ha, simulándose de que el predio no tuviera dueño y que además el INRA se negó en notificarle con la Resolución Final de Saneamiento.
FJ.II.1. Naturaleza jurídica de la demanda de Nulidad de Título Ejecutorial
La demanda de nulidad y anulabilidad de Título Ejecutoriales y de los procesos agrarios, es una acción de revisión judicial de los actos administrativos de los órganos del ex Consejo Nacional de Reforma Agraria, ex Instituto Nacional de Colonización y el Instituto Nacional de Reforma Agraria. Su finalidad consiste, en que los actos administrativos sean objeto de revisión por el órgano jurisdiccional, cuando estos hubieran incurrido en defectos formales y subsanables o ante la carencia absoluta de elementos constitutivos del acto propiamente dicho, correspondiendo en ese caso la anulación del Título Ejecutorial y del proceso que sirvió de base para la emisión del Título.
Así este Tribunal Agroambiental, además de otras líneas jurisprudenciales existentes, en la SAP S1 N° 094/2019 de 21 de agosto, se pronunció de la siguiente manera: "(...) Que, por disposición de los arts. 186 y 189-2 de la C.P.E. y art. 36-2 de la L. N° 1715, es competencia de este Tribunal Agroambiental conocer las causas de nulidad y anulabilidad de Títulos Ejecutoriales y de los procesos agrarios que hubieren servido de base para la emisión de los mismos, tramitados ante el Ex - Consejo Nacional de Reforma Agraria, el Ex - Instituto Nacional de Colonización y el Instituto Nacional de Reforma Agraria.
Que, en las demandas de nulidad de Títulos Ejecutoriales implica identificar si el Título Ejecutorial cuestionado se encuentra o no afectado por vicios de nulidad; por ello, en aplicación del principio de legalidad, la acción debe estar fundamentada de forma clara y coherente, además circunscribirse a invocar las causales establecidas en el art. 50 de L. N° 1715; en este sentido, es oportuno citar lo que dispone el art. 1283-I del Cód. Civ. "Quien pretende en juicio un derecho, debe probar el hecho o hechos que fundamentan su pretensión.", así también el Cód. Pdto. Civ. en su art. 375-1) señala, que "la carga de la prueba incumbe: al actor en cuanto al hecho constitutivo de su derecho"; tomando en cuenta la naturaleza del proceso, las pruebas la constituyen los antecedentes agrarios del proceso de saneamiento, salvo que estas no hubieran sido consideradas por la instancia administrativa."
FJ.II.2. Violación de la ley aplicable como causal de nulidad.
Respecto a la violación de la ley aplicable , la SAN S1a N° 117/2019 de 25 de octubre señala: "(...) De las formas esenciales o de la finalidad que inspiró su otorgamiento, la Constitución Política del Estado, la Ley N° 1715 de 18 de octubre de 1996, modificada parcialmente por la Ley N° 3545 de 28 de noviembre de 2006, los diferentes Reglamentos de la Ley N° 1715, vigentes en su momento, hasta el actual D.S. N° 29215 de 2 de agosto de 2007, son las normas jurídicas aplicables en materia agraria que regulan entre otras, el régimen de distribución de tierras, garantizan el derecho propietario sobre la tierra y regulan el saneamiento de la propiedad agraria; el D.S. N° 29215 de 2 de agosto de 2007 y la Ley N° 2341 de Procedimientos Administrativos regulan las formalidades esenciales a observarse dentro del proceso administrativo de saneamiento de la propiedad agrícola en cuestión".
FJ.II.3. De la simulación absuelta como causal de nulidad
Con relación a la Simulación absoluta , la SAN S1a N° l09/2017 de 17 de noviembre, señala: "El art. 50, parágrafo I., numeral 1., inc. c) de la Ley N° 1715 proporciona una aproximación general a lo que ha de entenderse por simulación absoluta, precisando que la misma hace referencia a la "creación de un acto aparente que no corresponde a ninguna operación real y que hace aparecer como verdadero lo que se encuentra contradicho con la realidad", otorgando la posibilidad de extractar sus elementos esenciales: a) Creación de un acto y b) Inexistencia de correspondencia entre el acto creado y la realidad; debiendo agregarse otro componente que necesariamente debe ser valorado: Relación directa entre el acto aparente y la decisión o acto administrativo cuestionado, debiendo acreditarse que ante la inexistencia del primero se eliminarían los fundamentos de hecho y de derecho de los segundos, aspecto que necesariamente deberá probarse, a través de documentación idónea, que el hecho que consideró la autoridad administrativa como cierto no corresponde a la realidad, existiendo la obligación de demostrarse lo acusado a través de prueba que tenga la cualidad de acreditar que el acto o hecho cuestionado ha sido distorsionado".
FJ.II.4. Análisis del caso concreto.
Habiéndose precisado los argumentos esgrimidos tanto por la demandante como por la parte demandada, concretados en la supuesta existencia de los vicios de nulidad de violación de la ley aplicable y simulación absoluta; así como los fundamentos expuestos en la resolución constitucional del Juez de garantías y del Tribunal Constitucional Plurinacional; en observancia del debido proceso en sus componentes de motivación, fundamentación y congruencia, se hará el análisis y valoración de las causales precitadas.
FJ.II.4.1. En cuanto a la violación de la ley aplicable, toda vez que el INRA, no le notificó personalmente para intervenir en los trabajos de campo, habiéndose omitido actuados esenciales de la fase de campo, como la Ficha Catastral y la verificación del cumplimiento de la Función Social.
En este punto, es importante que la parte demandante establezca y demuestre la transgresión de las normas legales que regularon el proceso de saneamiento de los predios denominados "Comunidad Campesina de Punilla parcelas 187, 188 y 189", del cual emergieron los Títulos Ejecutoriales ahora cuestionados, considerando que la nulidad que pretende es la violación de la ley aplicable, causal que fue ampliamente desarrollado en diferentes Sentencias Agroambientales, como el que se encuentra descrito en el FJ.II.2. de esta sentencia.
Bajo ese tenor y tomando en cuenta que la parte demandante no describió las normas transgredidas, ni las vinculó con los actos supuestamente omitidos y vulnerados por el INRA, limitándose en solo narrar los hechos, alegando que no se le notificó personalmente para participar en los trabajos de campo y que el proceso carecería de actuados esenciales como la Ficha Catastral y la verificación de la función social; no obstante a ello, esta instancia agroambiental bajo el principio "pro actione" y a través de la revisión de los antecedentes del proceso de saneamiento de la Comunidad Campesina de Punilla, pasará a corroborar o desvirtuar los argumentos alegados por la parte demandante.
De conformidad a lo descrito en el punto I.6.1 . de esta sentencia, se advierte que el proceso de saneamiento de la Comunidad Campesina de Punilla, fue ejecutado aplicándose el Saneamiento Interno, enmarcado bajo el art. 351 del Decreto Supremo N° 29215, con el fin de que los beneficiarios del lugar participen en el Relevamiento de Información en Campo o del levantamiento y llenado de datos del "Libro de saneamiento", emitiéndose la Resolución Administrativa de Inicio de Procedimiento RI-CAT SAN-DDCH N° 064/2010 de 14 de junio de 2010, la cual fue publicada mediante Edicto Agrario (Arca de Noe) y la emisora radial (Aclo) conforme se tiene descrito en el punto I.6.2. de esta resolución; demostrándose con ello la legal publicidad, con el fin de que los beneficiarios titulares, subadquirentes o poseedores, se apersonen y demuestren su derecho propietario, posesión legal, así como la actividad que realizan en sus predios.
A ese efecto y conforme lo descrito en el punto I.6.3. de esta sentencia, el 14 de junio de 2010, se da inicio proceso de saneamiento interno en la Comunidad Campesina de Punilla, advirtiéndose en el "Libro de Saneamiento Interno" cursante de fs. 388 a 505 de los antecedentes, el registro de las parcelas 187, 188 y 189 a nombre de la "Comunidad Campesina de Punilla", clasificado como propiedad comunaria, con actividad ganadera, información que fue refrendada al pie del libro, por el Secretario General - Andrés Miranda Salazar de la Comunidad ates citada, sin que se identifique o registre alguna observación al respecto. Seguidamente, en el mismo Libro de Saneamiento Interno, precisamente a fs. 497 vta. de los antecedentes, se registra la parcela N° 196 a favor Martina Morales Bernal y Vidal Morales Bernal, quienes al pie del Libro estampan sus firmas y dan por bien hecho su participación en el proceso de saneamiento, demostrando el cumplimiento de la Función Social mediante la actividad ganadera identificada y la posesión legal anterior al año 1996, hechos que demuestran que la ahora parte demandante sabía y conocía sobre la ejecución del proceso de saneamiento; es más, participó activamente y de forma personal en el levantamiento de datos registrados en el "Libro de Saneamiento Interno", incluso en la fase de Socialización de Resultados, a raíz de un reclamo realizado por Vidal Morales Bernal, se solicitó al INRA incluir a Martina Morales Bernal, como co- beneficiaria de la parcela 134, encontrándose por tanto la ahora demandante como co-propietaria de las parcelas 134 y 196 conforme se puede observar en la Resolución Suprema 05721 de 4 de julio de 2011 (punto I.6.7. ).
De ahí que la parte demandante, no podría aducir que los Títulos Ejecutoriales cuestionados, se encuentran viciados de nulidad, con el argumento de que no participó en proceso de saneamiento y que no fue notificada personalmente con dicho acto, cuando en realidad los antecedentes dicen todo lo contrario, pues conforme lo descrito líneas arriba, se advierte que la actora (Martina Morales Bernal) sabía que en la Comunidad Campesina de Punilla, se estaba ejecutando el Saneamiento Interno, no siendo evidente que el INRA le haya privado participar o ejercer el derecho a la defensa o le haya impedido realizar objeciones u observaciones al proceso de saneamiento.
En lo concerniente a la falta de actuados esenciales de la etapa de campo, se hace hincapié de que el proceso de saneamiento de la Comunidad Campesina de Punilla, fue sustanciado aplicándose el Saneamiento Interno; es decir, bajo el respeto de los usos y costumbres de las comunidades campesinas, siempre y cuando en su interior no se identifique conflictos, ello como una manera de garantizar su libre determinación y dominio ancestral adquirido; procedimiento que se encuentra establecido en el art. 351 del D.S. N° 29215 y D.S. N° 26559, cuyas disposiciones legales establecen los requisitos, forma y contenido del Saneamiento Interno al interior de la Comunidades Campesinas, cuyas actividades pueden sustituir parcial o totalmente algunas tareas de las etapas del procedimiento común de saneamiento de la propiedad agraria, como ser, el Diagnostico y Planificación, Campaña Pública y Relevamiento de Información en Campo, esta última actividad que se encuentra compuesta entre otras, por el levantamiento de la Ficha Catastral y la verificación de la función social o económico social; lo cual significa, que el hecho de no encontrarse en una carpeta de saneamiento estos actuados, no debe ser entendida como una omisión o descuido de la entidad administrativa, sino al contrario, como bien dice la norma, ambas actividades pueden ser legalmente remplazados o sustituidos por las normas propias y procedimientos internos de las Comunidades, siempre en el marco del respeto de las normas en vigencia.
Ahora bien, en el presente caso, se extraña que la parte actora, acuse al INRA de no haber levantado las Fichas Catastrales y no verificar el cumplimiento de la Función social, cuando de la revisión de los antecedentes se advierte que Martina Morales Bernal (demandante), conocía de que el proceso se estaba sustanciando bajo la aplicación del Saneamiento Interno, aspecto que se puede advertir en el Libro de Saneamiento Interno, donde se observa su firma estampada como una de las co beneficiarias de la parcela 196 (fs. 497), hecho que fue concretado en razón a la Resolución Administrativa de Inicio de Procedimiento RI-CAT SAN-DDCH N° 064/2010 y la convocatoria realizada por las autoridades de la Comunidad Campesina de Punilla, quienes a través del "Acta de inicio del Proceso de Saneamiento Interno" de 14 de junio de 2010, citaron y convocaron a todos los comunarios a que participen de la ejecución del Saneamiento Interno.
Bajo ese tenor, esta instancia no encuentra omisión en ninguna de las tareas ejecutadas por el INRA, mucho menos vulneración de la norma en vigencia que rige el Saneamiento Interno, careciendo de total veracidad los argumentos de la parte demandante, puesto que, en este tipo de procedimiento, no es exigible el levantamiento de las fichas catastrales, pues esta actividad es remplazada por la información recabada en el Libro de Saneamiento Interno de la Comunidad Campesina de Punilla, donde al igual que la información que se registra en las fichas catastrales, se contempla los siguientes datos: el nombre de los beneficiarios, documento de identidad, fecha de nacimiento, número de parcela, superficie declarada, fecha de posesión, clase de propiedad y actividad productiva, siendo relevantes los últimos datos, que hacen constar la demostración del cumplimiento de la función social y la posesión legal, cuyos presupuestos determinan y avalan el derecho propietario de los beneficiarios, los mismos que son plasmados en la Resolución Final de Saneamiento y el Título Ejecutorial emitido.
FJ.II.4.2. Respecto a la simulación absoluta, en razón a que su predio fue saneado a favor de la "Comunidad Campesina de Punilla" en la superficie de 30 ha, simulándose de que el predio no tuviera dueño y que además el INRA se negó en notificarle con la Resolución Final de Saneamiento .
La demandante acusa de que el INRA y los dirigentes de la Comunidad, sin convocarle, habrían ejecutado el proceso de saneamiento de las parcelas 187, 188 y 189 sobre su predio que consta de 30 ha y que se encuentra con respaldo en un Título Ejecutorial otorgado a favor de su padre Evaristo Morales. Al respecto, y conforme lo desarrollado líneas arriba, es pertinente dejar en claro, que el proceso de saneamiento de las parcelas que conforman la Comunidad Campesina de Punilla, fue ejecutado de manera pública, advirtiéndose la participación de las y los beneficiarios de la citada comunidad, entre ellas Martina Morales Bernal, lo cual desvirtúa el supuesto desconocimiento que tendría respecto a la ejecución de Saneamiento Interno.
Ahora bien, en lo referente a las parcelas 187, 188 y 189, cabe manifestar que las mismas fueron tituladas a nombre de la Comunidad Campesina de Punilla, toda vez que de acuerdo al Libro de Saneamiento Interno (fs. 493-494), en dichas parcelas se identificó el apersonamiento de la Comunidad antes citada, registrándose en su tenor la forma de clasificación como comunaria y el tipo de actividad ganadera, sin contemplarse ninguna otra observación al respecto, demostrándose con ello, el cumplimiento de la Función Social empero de la Comunidad Campesina de Punilla, razón por el cual en la Resolución Final de Saneamiento se dispuso Dotar en favor de la Comunidad las tres parcelas (187- 188 - 189), sin que hasta antes de su emisión se haya identificado observación u oposición por alguno de los beneficiarios, procediendo el INRA en refrendar los Títulos Ejecutoriales PCM- NAL- 008450 con superficie de 9.3634 ha, PCM- NAL- 008451 con superficie de 54.7884 ha y PCM- NAL- 008452 con superficie de 52.1751 ha.
Según obrados, la parte actora a tiempo de interponer la demanda de Nulidad de Título Ejecutorial, adjunta fotocopias simples de Declaratoria de Herederos del "de cujus" Evaristo Morales, así como copias simples de las resoluciones principales del Expediente Agrario N° 47, alegando con ello, que su derecho propietario sobre las 30 ha, se encontraría acreditada, misma que no habría sido considerada por el INRA y que además se encontraría sobrepuesta a las parcelas 187- 188 - 189 de la Comunidad Campesina de Punilla. Al respecto, es pertinente sostener que, de acuerdo a los antecedentes del proceso de saneamiento, esta instancia agroambiental, no identifica oposición o conflicto de sobreposición de las parcelas hoy cuestionadas, mucho menos en la fase de socialización de resultados cuyo acto fue de conocimiento público (punto I.6.6. ), no se advierte algún reclamo de los beneficiarios de la comunidad, sino al contrario, la conformidad a los resultados del proceso de saneamiento, en este caso, de las parcelas 187- 188 y 189, las cuales fueron dotadas a favor de la "Comunidad Campesina de Punilla", lo que significa, que las tres áreas tituladas colectivamente pertenecen a todos los comunarios o beneficiarios de la comunidad, siendo su aprovechamiento de uso común; dicho de otra manera, el cumplimiento de la Función Social en este tipo de propiedades, es demostrable a través del uso y aprovechamiento comunitario.
Ahora bien, lo trascendental en este punto, es el supuesto desconocimiento del derecho propietario de la demandante, aspecto que corresponderá ser analizado de la siguiente manera:
Primero: para alegar la vulneración a un derecho propietario legalmente constituido, la o el interesado de conformidad al art. 306 del Decreto Supremo N° 29215, debe demostrar dicha condición en un Título Ejecutorial o Antecedente Agrario tramitado ante el Ex Consejo Nacional de Reforma Agraria o Ex Instituto Nacional de Colonización, instancias que en su oportunidad se encontraban facultadas para regularizar el derecho de la propiedad agraria; no obstante, en el presente caso, la parte actora, no demuestra dicha condición, toda vez que, la superficie de 30 ha que aduce tener y que supuestamente se encontraría sobrepuesto a las parcelas 187, 188 y 189 de la Comunidad Campesina de Punilla, no se encuentra debidamente respaldada en un Título Ejecutorial o Antecedente Agrario , mucho menos en un documento de compra y venta, que pruebe tal acreditación, por cuanto mal podría decir que hubo afectación de derechos legítimos de terceros en la ejecución de Saneamiento Interno.
Segundo: de acuerdo a los antecedentes del proceso de saneamiento y conforme la Declaratoria de Herederos presentada por la parte actora en la demanda de nulidad de Título Ejecutorial, se advierte que el "de cujus" Evaristo Morales, padre de la hoy demandante, es titular del predio afectado "Punilla Grande", con Título Ejecutorial N° 4228 del expediente agrario N° 47, con superficie de 3.000 ha (tres hectáreas), el mismo que según el Informe en Conclusiones 05 de agosto de 2010 (fs. 1124 a 1195) sugirió sea anulado, por encontrarse el expediente viciado de nulidad relativa, no obstante, ante el apersonamiento, la acreditación del cumplimiento de la Función Social y posesión legal, en la Resolución Final de Saneamiento se dispone adjudicar en favor de Martina Morales Bernal los predios denominados "Comunidad Campesina de Punilla - Parcelas 134 y 196, con las superficies de 7.7296 y 23.7535 ha respectivamente. Descartándose con ello la supuesta apropiación de sus terrenos dejados por su padre y por ende la existencia de simulación absoluta, toda vez que la parte actora, respecto a las 30 ha, no demostró tener acreditación legal, al contrario, el INRA independientemente al Título Ejecutorial otorgado en favor de su padre fallecido, cuya superficie es de 3.000 ha y que fue anulado por vicios de nulidad relativa, procedió otorgarle en adjudicación las Parcelas 134 y 196 anteriormente citadas.
Tercero: la parte actora arguye que el INRA con ayuda de los dirigentes, ejecutó el saneamiento de las parcelas 187, 188 y 189 sobre su terreno; sin embargo, según los antecedentes del proceso de saneamiento, no se identifica ninguna sobreposición, tampoco en la sustanciación de la demanda de Nulidad de Título Ejecutorial la actora demostró tal situación, más al contrario, en obrados se encuentra el Informe Legal DDCH-USCH-INF N° 240/2015 de 23 de marzo de 2015 (fs. 20 a 21), emitido por la Dirección Departamental del INRA Chuquisaca, en cuyo tenor señala: "...no se identificó parcela alguna registrada a nombre de la solicitante [Martina Morales Bernal], sin embargo la documentación presentada refiere a una propiedad ubicada al interior de la Comunidad Campesina Punilla (...) y habiéndose concluido en parte el saneamiento de la propiedad agraria con la Titulación, corresponde intimar a la solicitante a apersonarse a oficinas del INRA a objeto de identificar la ubicación de su parcela, para dar el tratamiento respectivo a su reclamo o aclare la ubicación mediante coordenadas y/o referencias técnicas que permitan su identificación ..." (negrillas agregadas); demostrándose con ello, la voluntad de la entidad administrativa de querer solucionar el reclamo incoado por Martina Morales Bernal ante el INRA, empero con la aclaración de que la solicitante precise o identifique la ubicación de su parcela, aspecto que también fue solicitado por esta instancia en varias oportunidades, conforme se tiene desarrollado en los puntos I.5.2 y I.5.3 . de esta sentencia.
Ahora bien, el hecho de intimar a la parte actora, para que presente el plano del Título Ejecutorial N° 4228 de su padre (+), así como el plano georenferenciado, fue realizado al amparo del art. 378 del Código de Procedimiento Civil de aplicación supletoria y con el único fin de poder identificar la posible sobreposición denunciada, toda vez que no se tiene certeza sobre cuál de los Títulos Ejecutoriales acusados de nulidad, se encuentran sobrepuestas a la superficie de 30 ha (Sillakasa-Tankartoko) que por cierto no se encuentra acreditado en un documento fidedigno, circunscribiéndose la parte actora en solo citarlo, olvidando lo dispuesto por el art. 375 del Código antes citado, que establece, que la carga de la prueba le corresponde a las partes, aspecto que tampoco fue cumplida por la misma, haciendo inviable la identificación de la supuesta sobreposición, cuanto más si los Títulos Ejecutoriales cuestionados son discontinuos y tienen diferentes superficies colectivas (9.3634 ha; 54.7884 ha; 52.1751 ha ); es decir, que las parcelas 187, 188 y 189 tituladas, de acuerdo al plano poligonal cursante a fs. 1472 de los antecedentes, se hallan situadas en diferentes lugares de la Comunidad Campesina de Punilla; en todo caso, incumbiría a la parte actora demostrar la sobreposición de cada uno de ellas, presentando diferentes planos y desde luego respaldado en un documento fiable que establezca su derecho propietario o posesión legal, lo cual no aconteció en el presente caso.
Cuarto: en lo concerniente a lo manifestado por la parte demandada representada por la Sub Centralía Campesina Punilla, quién en su memorial de contestación pide se declare probada la demanda, arguyendo por un lado, que la propiedad (Sillakasa - Tankartoko) de Martina Morales Bernal no se terminó de sanear, y por otro, que el INRA junto a los ex dirigentes de la Comunidad, ejecutaron el saneamiento sobre el terreno de la demandante, sin que la misma hubiera sido convocada; argumentos que por sí mismos entraran en contradicción y generan falta de certeza jurídica, toda vez que no se tiene plena seguridad de que el predio "Sillakasa - Tankartoko" haya sido saneado o en su caso, se encuentre afectado por la sobreposición de las parcelas tituladas (187, 188, 189) en favor de la Comunidad Campesina de Punilla, lo cual extraña a esta Tribunal Agroambiental, sobre todo cuando se arguye que la demandante no fue convocada al saneamiento, lo cual no es evidente como muy bien se manifestó en líneas arriba (punto FJ.II.4.1. ).
La parte demandada señala, que previa consulta realizada a los comunarios, las áreas tituladas en favor de la Comunidad Campesina de Punilla, deberían retornar al poder de Martina Morales Bernal, lo cual es extraño, en primer lugar , porque dicha petición no se encuentra respaldada en un Acta de la Asamblea de la Comunidad que pruebe tal circunstancia, identificándose únicamente en el memorial de contestación la firma de la Autoridad Ejecutiva Centralia Punilla, no así de las autoridades locales de la Comunidad Campesina de Punilla ni de los comunarios que la conforman, tomando en cuenta, que la ejecución de saneamiento se realizó aplicándose las normas propias e internas de la Comunidad, con la participación de sus miembros y autoridades originarias, cuya voluntad se encuentra reflejada en Acuerdos y Actas, como bien lo dispone el art. 1 del D.S. N° 26559; y segundo , porque no se tiene certeza dónde se encontrarían las 30 ha, alegando la parte demandada, que respecto a la demás superficie colectiva de la Comunidad Campesina de Punilla, la demandante no tendría derecho. Aspectos totalmente ambiguos, considerando que la ahora actora conforme lo manifestado en líneas precedentes, al haber acreditado el cumplimiento de la Función Social y la posesión legal, fue beneficiada con dos parcelas tituladas (134 y 196) y por otro, las superficies saneadas colectivamente a nombre de la Comunidad, por su uso común, pertenecen a todos los miembros que integran la Comunidad Campesina de Punilla, no debiendo entenderse, que las áreas colectivas con superficies de 9.3634 ha; 54.7884 ha; 52.1751 ha pertenezcan únicamente a Martina Morales Bernal.
Ahora bien, al no existir pruebas que demuestren el supuesto derecho propietario afectado, así como la presunta sobreposición aducida por la parte demandante, mal podría decirse que los Títulos Ejecutoriales cuestionados se hallan afectados con el vicio de simulación absoluta, no correspondiendo por tanto dar lugar a la solicitud de nulidad, lo cual no debe ser entendida como una vulneración o menoscabo a los derechos de una mujer campesina, en razón a que esta instancia agroambiental, por el principio de verdad material y atendiendo los parámetros insertos en la Resolución N° 69/2020 de 31 de agosto de 2020, emitido por la Sala Constitucional Primera y confirmada por la Sentencia Constitucional Plurinacional 0595/2020-S2, intimó a la parte actora, a efectos de que haga llegar a esta instancia el plano de las 30 ha que supuestamente le pertenecen, la misma que no fue acatada, de igual manera, al tratarse de predios comunitarios titulados a nombre de la Comunidad Campesina de Punilla, cuyos derechos y garantías también se encuentran protegidos por el art. 394-III de la Norma Suprema, se solicitó a la parte actora señalar las generales de ley de los actuales representantes de la Comunidad Campesina de Punilla, a fin de que los mismos sean convocados en calidad de terceros interesados; no obstante, dicha solicitud tampoco fue atendida, dando a entender con esa actitud el desinterés de la demandante en cooperar con la búsqueda de la verdad material.
En esa línea, la Resolución N° 69/2020 de 31 de agosto, emitida por la Sala Constitucional Primera, que dejó sin efecto la SAP S2 N° 69/2018, señaló que no se consideró en el memorial de contestación, la declaración del dirigente de la Comunidad Campesina de Punilla, donde se daría a entender su apoyo a la comunaria; al respecto, y como se manifestó precedentemente, la declaración manifestada en el memorial de contestación es contradictoria, toda vez que el demandado, no tiene la certeza de que el predio "Sillakasa - Tankartoko" se encuentre saneado o afectado por las parcelas 187, 188 y 189 de la Comunidad Campesina de Punilla y por otro, incongruentemente pide que las áreas tituladas en favor de la Comunidad demandada, pasen o retornen al poder de la demandante (Martina Morales Bernal), para luego solicitar que se practique nuevo saneamiento únicamente sobre las 30 ha; argumentos confusos que no pueden ser considerados favorablemente a la demandante, por la siguiente razón: Primero , no se tiene probada la supuesta decisión a la que habrían arribado los representantes y los miembros de la Comunidad Campesina de Punilla, cual es, que las parcelas 187, 188 y 189 tituladas colectivamente retornen a poder de la demandante; Segundo , no se tiene certeza respecto la sobreposición de las parcelas 187, 188 y 189 sobre las 30 ha aducidas por la parte demandante; por tanto la confesión o declaración del demandado, no puede ser considerado como válida, sobre todo cuando a título personal y sin el debido respaldo de los miembros de la Comunidad Campesina de Punilla, renuncia a derechos colectivos que pertenecen a toda una Comunidad, que durante en el proceso de saneamiento demostraron el cumplimiento de la Función Social y que además fue avalado por los propios dirigentes de la Comunidad Campesina, actos que no pueden ser desconocidos con el solo argumento de que los ex Dirigentes habrían actuado negligentemente, mucho más si este aspecto no fue debidamente probado.
Finalmente, respecto a la omisión de notificación con la Resolución Final de Saneamiento, si bien en antecedentes no se encuentra el memorial de solicitud de notificación, empero en obrados a fs. 28, existe la solicitud de notificación realizada el 02 de julio de 2015, la misma que fue atendida mediante Informe JRV N° 0830/2015 (fs. 26 de obrados), emitida por la Dirección General de Saneamiento del INRA, señalando que los antecedentes del predio "Comunidad Campesina de Punilla" se encontrarían en la Dirección Departamental del INRA - Chuquisaca, al encontrarse titulada, situación por el cual se entiende se haya promovido la demanda de nulidad de Títulos Ejecutoriales, no correspondiendo en todo caso la notificación con la Resolución Final de Saneamiento.
De los aspectos detallados supra, se concluye que la demanda no se encuentra fundada ni vinculada en ninguna de las causales de nulidad previstas por el art. 50-I-1- c) y 2-c) de la Ley N° 1715, como tampoco se evidencia que la parte actora haya demostrado que los vicios supuestamente identificados durante la sustanciación de la emisión de los Títulos Ejecutoriales PCM-NAL-008450, PCM-NAL-008451 y PCM-NAL-008452 sean evidentes; estableciéndose de esta forma la legalidad de las mismas, puesto que, el trabajo ejecutado por el INRA se encuentra dentro los parámetros legales que regulan el proceso de saneamiento; consecuentemente corresponde fallar en ese sentido.
III. POR TANTO
POR TANTO: La Sala Segunda del Tribunal Agroambiental, administrando justicia en única instancia, en virtud de la jurisdicción y competencia, conferida por los arts. 7, 186 y 189.2 de la C.P.E. 36.2 de la L. Nº 1715, modificada parcialmente por la Ley Nº 3545, arts. 11 y 12 de la L. Nº 025, FALLA declarando IMPROBADA la demanda de Nulidad de Título Ejecutorial interpuesto por Martina Morales Bernal; en tal razón, se mantiene FIRME y SUBSISTENTE los Títulos Ejecutoriales PCM- NAL- 008450, PCM- NAL- 008451 y PCM- NAL- 008452, todos de 18 de agosto de 2014, emitidos a favor de la Comunidad Campesina de Punilla, parcelas 187, 188 y 189, respectivamente.
Notificadas sean las partes con la presente Sentencia, devuélvase los antecedentes remitidos por el Instituto Nacional de Reforma Agraria, en el plazo máximo de 30 días, debiendo quedar en su lugar copias en formato digital de las piezas que correspondan.
Regístrese y notifíquese. -
Fdo.
Ángela Sánchez Panozo Magistrada Sala Segunda
Gregorio Aro Rasguido Magistrado Sala Segunda