SAP-S1-0009-2022

Dentro del proceso de Nulidad de Título Ejecutorial, Moisés Castellón Rifarachi impugna el Título Ejecutorial PPD-NAL-198745 de 25 de julio de 2013, emitido a favor de Ángelo Castellón Rifarachi, respecto a la propiedad denominada "Comunidad Pucará Parcela 001"; bajo los siguientes argumentos:

a) Error esencial que destruyó la voluntad del administrador, artículo 50.I.1.a) Ley N° 1715.

Señala, que la parcela N° 001 de 4.2707 ha, con Título Ejecutorial PPD-NAL N° 198745 y el proceso agrario N° I-22012, al haberse titulado a nombre de Ángelo Castellón Rifarachi, sin que este sea poseedor, arrendatario, propietario o subadquirente, en base a la declaración del demandado a momento de elaborarse la Ficha Catastral, refiriendo que poseería dicho predio desde el 13 de febrero de 1990, indujo a que los funcionarios del INRA incurrieran en error esencial que destruyó la voluntad del administrador, hecho que se encuentra dentro de la causal prevista en el artículo 50.I.1 a) de la Ley N° 1715, debido a que no se tomó en cuenta el Testimonio de DDRR N° 1087 de 13 de febrero de 1990

Indica que a pesar que cursa en el INRA el expediente N° 7831, el mismo no fue considerado en la etapa de diagnóstico y en el proceso de Saneamiento Interno, lo que configura que existe error esencial que destruyó la voluntad del administrador, el cual manifiesta que vulnera los artículos 294.III y 299 a) y b) del D.S. N° 29215, no habiéndose cumplido con el artículo 71 de las Normas Técnicas para el Saneamiento de la Propiedad Agraria aprobada por Resolución Administrativa N° 084/2008 de 2 de abril de 2008.

b) Simulación absoluta cuando se crea un acto aparente que no corresponde a ninguna operación real y se hace aparecer como verdadero lo que se encuentra contradicho con la realidad.

Expresa que el INRA sin que exista un medio de prueba idóneo que acredite que Ángelo Castellón Rifarachi sea poseedor, propietario o subadquirente del predio en conflicto, mediante proveído de 29 de septiembre de 2011 (fs. 539), aprobó todas las etapas del saneamiento ejecutado, disponiendo la remisión de obrados al INRA Nacional para fines de titulación conforme el artículo 327.II del DS N° 29215; que, emitida la Resolución Suprema N° 07441 de 31 de mayo de 2011, expresa que la parte Resolutiva 4° dispone adjudicar las parcelas ubicadas al interior de la "Comunidad Pucará", en mérito a haber acreditado posesiones legales, otorgando al ahora demandado la parcela N° 001 con una superficie de 4.2707 ha, emitiéndose el Titulo Ejecutorial, ahora objeto de demanda de nulidad, habiéndose incurrido en la causal de nulidad prevista en el artículo 50.I.1.c) de la Ley N° 1715, porque reitera que el INRA durante la etapa de diagnóstico no identificó ni consideró el expediente N° 7831, con número de Control 5748 (CBA 02.00007.10 C310 debidamente registrado en la base de datos del INRA y el Testimonio N° 1087 de 13 de febrero de 1990), que acreditaría que su poderdante es el titular de dicha parcela saneada conforme se evidencia por el documento que cursa de fs. 324 a 325 de la carpeta de saneamiento, que fue presentado por el ahora demandado y conforme se prueba por el Informe de Diagnóstico SAN-SIM N° 288/2010 de 10 de septiembre de 2010, cursante de fs. 66 a 78, el cual tiene la fuerza probatoria reconocida por los artículos 1296.I del Código Civil, 399.I y 410 del Código de Procedimiento Civil, concordante con los artículos 147, 148.I.1 de la Ley N° 439; agrega que esta situación se encuentra plenamente corroborada por el Certificado de Propiedad emitido por el Dirigente del "Sindicato Agrario Pucará", quien certifica que su mandante sería el único propietario de la parcela de terreno saneada por el demandado y por las Declaraciones Juradas de 30 de noviembre de 2015, realizadas ante Notario de Fe Pública por Flavio Vía Figueroa, Flora Honor Yujra, Virginia López Salazar y Roberto Honor, adjuntas a la demanda y que tienen el valor probatorio reconocido por los artículos 1287.I y 1289.I del Código Civil, los artículos 399.I y 401 del Código Procedimiento Civil y los artículos 148.I y 149.I de la Ley N° 439.

I.1.4. Vulneración de normas constitucionales, procesales y agrarias por parte del INRA.

Describiendo los artículos 115.II, 178.I, 56 y 393 de la CPE, del debido proceso, el derecho a la defensa, justicia, seguridad jurídica y el derecho de propiedad; así como los artículos 3.I.II, 64, 66.I de la Ley N° 1715, los artículos 266.I.II.III, 268.I a y b) II, 292.I.II, 295.a) b) y c), 296.I.II, 299, 301.I.II, 303, 304 305.I.II, 306.I.II.III, 309.I.II, 310 y 346 del DS N° 29215, manifiesta que la entidad administrativa vulneró su derecho constitucional de acceso a la adquisición y conservación a la propiedad agraria de su mandante, incumpliéndose los deberes constitucionales de conocer, respetar y promover los derechos reconocidos por la Constitución Política del Estado.

El Tribunal Agroambiental, declaró PROBADA la demanda interpuesta por Moisés Castellón Rifarachi contra Ángelo Castellón Rifarachi, declarando NULO y sin valor legal el Título Ejecutorial PPD-NAL- 198745 de 25 de julio de 2013, emitido a favor de Ángelo Castellón Rifarachi, sobre la propiedad denominada "COMUNIDAD PUCARA PARCELA 001", emitido por efecto del proceso de Saneamiento Simple de Oficio, así como del proceso de saneamiento del cual emergió el mismo, únicamente en relación a la propiedad denominada "COMUNIDAD PUCARA PARCELA 001", disponiendo que el INRA reencause  el proceso de saneamiento, conforme a las normas agrarias en actual vigencia, en base a los siguientes fundamentos:

1.- Que no hay error esencial pues la omisión valorativa del INRA respecto al expediente N° 7831 no puede ser atribuida al demandado ya que este en la etapa de Relevamiento de Información en Campo, no se presentó como propietario, sino como poseedor, habiendo presentado a los funcionarios del INRA, el Testimonio N° 1087 de 13 febrero de 1990, que el demandante acusa no haber sido considerada, ni valorada por el ente administrativo en el proceso de saneamiento interno de la "Comunidad Pucará

2.- No se evidencia que el demandado hubiera creado o simulado un acto aparente, que dé lugar a la existencia de los elementos que hacen a la naturaleza jurídica de la simulación absoluta; si bien por los antecedentes del proceso de saneamiento y el Informe Técnico TA-G N° 032/2017 de 25 de abril se evidencia la sobreposición del Expediente N° 7831, al área de saneamiento del predio "Comunidad Pucara Parcela 001" y al no haber sido considerada esta circunstancia por el INRA, este acto se constituye en omisión valorativa de la prueba por parte del ente administrativo, siendo que esta es su atribución exclusiva en el proceso de saneamiento, a efectos de determinar la posesión legal y el cumplimiento de la Función Social o Económica Social y reconocer lo que en derecho corresponda, en consecuencia, no es atribuible al demandado

3.- Que, se evidencia que el INRA, al no haberse pronunciado respecto al Testimonio de Derechos Reales N° 1087 de 13 de febrero de 1990, que tendría su antecedente agrario en el Expediente Agrario N° 7831, vulneró el artículo 64 de la Ley N° 1715 y los artículos 263 y 292.I.a) del DS N° 29215, al incumplir su obligación de considerar y pronunciarse sobre toda la información generada en el proceso de saneamiento, incurriendo en omisión valorativa de la prueba que se presentó en sede administrativa, lo que constituye una violación a la ley aplicable de las formas esenciales y de la finalidad que inspiro la emisión del Título Ejecutorial PPD-NAL- 198745 de 25 de julio de 2013, máxime, cuando los derechos de propiedad otorgados a favor de personas naturales o jurídicas no son susceptibles de ser anulados de facto o de reconocerse nuevos derechos de propiedad sin anular previamente los otorgados sobre el mismo objeto o predio sujeto a proceso de saneamiento.

Por lo tanto se establece que, el Título Ejecutorial PPD-NAL- 198745 de 25 de julio de 2013, fue emitido vulnerando la norma agraria, obviando considerar la existencia de un derecho anterior que cuenta con Título Ejecutorial N° 359155, emitido en base a la Resolución Suprema 117198 de 11 de diciembre de 1962, correspondiente al Expediente N° 7831, del trámite agrario ante el Ex - Consejo Nacional de Reforma Agraria, por lo que se tiene la concurrencia de la causal de nulidad prevista por el artículo 50.I.2.c) de la Ley N° 1715, referida a la violación de la ley aplicable de las formas esenciales o de la finalidad que inspiró su otorgamiento.

CAUSA NO ATRIBUIBLE AL DEMANDADO

La omisión valorativa de un antecedente agrario por parte del INRA no puede ser atribuida al demandado de nulidad de Título Ejecutorial si este se presentó como poseedor al saneamiento, en cuyo caso no se configura la causal de error esencial

"...El predio denominado "COMUNIDAD PUCARA PARCELA 001" resultado del proceso de saneamiento, se sobrepone aproximadamente en un 75.1 % al plano del expediente N° 7831 PUCARA ..."; por lo que se tiene verificado que el Expediente N° 7831, recae en un 75.1 % sobre la Parcela N° 001 y que el INRA, omitió su consideración y valoración; sin embargo, esta omisión del ente administrativo, no puede ser atribuida al demandado.

Resulta claro entonces que la omisión valorativa del INRA respecto al Expediente N° 7831, no constituyen un error esencial, conforme a los alcances del artículo 50.I-1-a) de la Ley N° 1715, porque el demandado en la etapa de Relevamiento de Información en Campo, no se presentó como propietario, sino como poseedor, habiendo presentado a los funcionarios del INRA, el Testimonio N° 1087 de 13 febrero de 1990, que el demandante acusa no haber sido considerada, ni valorada por el ente administrativo en el proceso de saneamiento interno de la "Comunidad Pucará"..."

INDICATIVA 1

Entendimiento, comprensión del error esencial como causal de nulidad absoluta del Título Ejecutorial

“Con relación al error esencial como causal de nulidad de Título Ejecutorial previsto por el artículo 50.I.1.a) de la Ley N° 1715 modi?cada por Ley N° 3545, cabe puntualizar que en reiterada jurisprudencia emitida por este Tribunal, se ha considerado al error esencial, como "error de hecho" y "error de derecho", debiendo entenderse que este tipo de vicio hace referencia a la falsa representación de los hechos o de las circunstancias (falsa apreciación de la realidad) que motivaron o que constituyen la razón del acto jurídico y, en el ámbito que nos ocupa, deberá entenderse como el acto o hecho que valorado al margen de la realidad, no únicamente influye en la voluntad del administrador sino que precisamente, constituye el fundamento de la toma de decisión, correspondiendo analizar si la decisión administrativa y/o acto administrativo podría quedar subsistente aún eliminando el hecho cuestionado por no afectarse las normas jurídicas que constituyen la razón de la decisión adoptada, en sentido de que no podría declararse la nulidad de un acto administrativo si el mismo contiene, aun haciendo abstracción del acto observado, los elementos esenciales, de hecho y de derecho, en que se funda. En esta línea cabe añadir que a efectos de generar la nulidad del acto administrativo, el error debe ser: a) Determinante , de forma que la falsa apreciación de la realidad sea la que direccione la toma de la decisión, que no habría sido asumida de no mediar aquella y b) Reconocible, entendida como la posibilidad abstracta de advertirse el error, incluso por el ente administrativo. Finalmente, corresponde aclarar que el error esencial que destruye la voluntad del administrador, deberá constatarse a través de los elementos que fueron de su conocimiento e ingresaron en el análisis previo al acto  administrativo cuya nulidad se pide, por lo que no podría existir error esencial en la voluntad del administrador si el mismo basó su decisión, "correctamente", en los elementos que cursan en antecedentes; en este sentido, el administrador habrá dado lugar a un acto ajustado a los hechos que le correspondió analizar y al derecho que tuvo que aplicar; es decir, un acto que no es distinto al que su voluntad tenía pensado crear, modificar o extinguir; así también, lo tiene entendido este Tribunal mediante la amplia y reiterada Jurisprudencia Agroambiental como la contenida en las Sentencias Agroambientales Plurinacionales S1ª N° 132/2019 de 05 de diciembre y S1ª 99/2019 de 16 de septiembre, entre otras”.

INDICATIVA 2

Entendimiento, comprensión y finalidad de la simulación absoluta como causal de nulidad de los títulos ejecutoriales

“El art. 50.I.1 inc. c) de la Ley N° 1715, establece sobre esta causal de nulidad que los Títulos Ejecutoriales estarán viciados por la misma, cuando la voluntad de la administración resultare viciada por simulación absoluta, porque se crea un acto aparente que no corresponde a ninguna operación real y se hace aparecer como verdadero lo que se encuentra contradicho con la realidad.

(…)

Teniendo en cuenta la definición normativa y el desarrollo jurisprudencial precedente, se entiende que hay simulación absoluta cuando se crea un acto aparente que difiere de la realidad, que se vincula directamente con la decisión de la autoridad administrativa, debiendo probarse su existencia con documentación idónea”.