SAP-S1-0003-2022

“FJ.II.2.1. Respecto a la falta de fundamentación de la Resolución Suprema 16334 de 31 de agosto de 2015…

(…)

Consiguientemente, respecto a lo anotado precedentemente, es posible colegir que no se vulneró el derecho a la defensa conforme a lo denunciado por la parte actora, puesto que se realizó el trabajo de verificación de la Función Social del predio denominado "TIUPAMPA", del cual tendría derecho propietario, habiendo la entidad administrativa registrado el conflicto conforme establece el art. 272 del D.S. N° 29215, que señala: "En caso de predios en conflicto se utilizará un formulario adicional en el que: se identifique el área en controversia; se levantará datos adicionales sobre las mejoras existentes en dicha área, a quien pertenecen y antigüedad de las mismas; la recepción de otras pruebas; se acumulará las carpetas para su análisis en el informe en conclusiones.", tanto para Guillerma Arancibia y Rafael Mendiola Carballo; en consecuencia, el ente administrativo dio cumplimiento con lo precedentemente señalado, desarrollando el proceso de saneamiento sin vulnerar el debido proceso; por lo que el Informe en Conclusiones de 26 de marzo de 2015, que sirvió de base para emisión de la Resolución Suprema N° 16334 de 31 de agosto de 2015, ahora impugnada, al determinar reconocer derecho propietario a favor de Guillerma Arancibia respecto al predio denominado "TIUPAMPA", en la superficie de 10.8525 ha, con base en información técnica-jurídica referente al conflicto suscitado, concerniente con la Ficha Catastral, formulario adicional de conflictos, Actas de Conformidad de Linderos, del análisis del antecedente agrario y de la verificación de la Función Social, se encuentra debidamente fundamentado y motivado conforme el debido proceso por lo que la decisión adoptada se encuentra conforme a derecho y no es contraria a la norma especial precedentemente citada.

Ahora bien, de la revisión de la Resolución Suprema cuestionada en el presente proceso, contrariamente a lo expresado por la parte actora contiene una relación de las actuaciones realizadas durante la ejecución del proceso de saneamiento desde su inicio hasta su conclusión; vale decir, que las resoluciones que se mencionan en la parte considerativa describen hechos y están acompañados de las citas o referencias normativas sobre cuya base se emitieron o se ejecutaron; de modo que no se advierte falta de motivación o fundamentación en la Resolución Suprema 16334 de 31 de agosto de 2015 cursante de fs. 293 a 297 de la carpeta predial; es más, por una cuestión lógica las resoluciones, informes y demás actuados que se mencionan y describen en sus partes centrales o pertinentes en la indicada determinación administrativa, forman parte de la fundamentación por el solo hecho de mencionarse en la resolución; asimismo, el actor no toma en cuenta que el art. 65 inc. c) del D.S. N° 29215, establece expresamente, que toda resolución debe basarse en un informe legal o técnico, lo que implica que los informes emitidos y que además se mencionan en la parte considerativa de la Resolución Final de Saneamiento, forman parte necesariamente de la fundamentación y motivación.

Por consiguiente, el Relevamiento de Información en Campo, Informe en Conclusiones de 26 de marzo de 2015, de Cierre y Socialización de Resultados, forma parte integrante de la fundamentación y motivación de la Resolución Suprema.

FJ.II.2.2. Con relación a fraude en la posesión.- En relación al fraude de la posesión y en el cumplimiento de la Función Social, se debe señalar que el Informe Técnico Legal DDCH-USCH-INF N° 242/2015 de 30 de marzo referido, establece la sobreposicion del Expediente Agrario de Dotación N° 8339 del predio reclamado por Rafael Mendiola Carballo, en una superficie del 100 % al predio del proceso de saneamiento denominado "TIUPAMPA"; empero, toda vez que los demandantes hacen referencia que su propiedad se encuentra sobrepuesta al área mensurada a favor de Guillerma Arancibia, en base a documentación sustentada en una declaratoria de herederos que demuestra su calidad de heredero forzoso; corresponde precisar lo establecido en el art. 393 de la Constitución Política del Estado, que indica: "El Estado reconoce, protege y garantiza la propiedad individual y comunitaria o colectiva de la tierra, en tanto cumpla una función social o una función económica social, según corresponda" y el art. 397-I de la misma norma, expresa: "El trabajo es la fuente fundamental para la adquisición y conservación de la propiedad agraria. Las propiedades deberán cumplir con la función social o con la función económica social para salvaguardar su derecho, de acuerdo a la naturaleza de la propiedad."; asimismo, el art. 64 de la Ley N° 1715, prevé que: "El saneamiento es el procedimiento técnico-jurídico transitorio destinado a regularizar y perfeccionar el derecho de propiedad agraria y se ejecuta de oficio o a pedido de parte.", en este contexto, en materia agraria, no es suficiente ostentar mediante documentos un derecho propietario, puesto que para su reconocimiento tiene como requisito sine qua non el cumplimiento de la Función Social o Función Económico Social, que debe necesariamente ser verificado in situ, es decir, en la etapa correspondiente de verificación en campo dentro del procedimiento administrativo de saneamiento de la propiedad agraria por el INRA, tal cual lo establecen los arts. 159, 164 y 165 del D.S. N° 29215, en el caso de autos, se ha evidenciado que la entidad ejecutora del proceso de saneamiento ha cumplido con el desarrollo de la etapa de campo con la participación de Rafael Mendiola Carballo, quien se apersonó al proceso de saneamiento sin demostrar tener su residencia y mucho menos el cumplimiento de la Función Social en el predio sobre el cual refiere tener derecho propietario, por consiguiente, se le otorgaron todas las garantías constitucionales para apersonarse al mismo a fin de ser escuchado y asumir su defensa, por lo que el incumplimiento de la Función Social no es atribuible al ente administrativo; en consecuencia, no se encuentra vulnerado el derecho a la propiedad privada reconocido en el art. 56-II de la CPE, ni del derecho al debido proceso y derecho a la defensa establecidos en el art. 115-II de la Norma Suprema y el art. 3 de la Ley N° 1715, como arguye la parte actora; asimismo, de lo fundamentado precedentemente, se constata que el INRA, contempló los principios y procedimientos establecidos dentro de la normativa agraria que rige la materia, así como lo dispuesto por el art. 232 de la CPE.

(…)

FJ.II.2.3. Respecto al fraccionamiento de la pequeña propiedad, supuestamente realizada por el mismo ente administrativo; se tiene que de las actuaciones desarrolladas dentro del proceso de saneamiento del predio denominado "TIUPAMPA", se realizó la mensura del predio durante la etapa de Relevamiento de Información en Campo, estableciendo la superficie de la propiedad en 10.8525 ha, calificada como pequeña propiedad, extensión que luego de verificar el cumplimiento de la Función Social el INRA adjudicó a favor de Guillerma Arancibia, no siendo evidente el fraccionamiento fraudulento de la propiedad denunciado, por lo que no corresponde realizar mayor pronunciamiento sobre este punto.

(…)

FJ.II.2.4. Respecto a la falta de notificación.-

(…)

Por consiguiente, al no estar establecida la obligación de notificación con informes, la reclamada falta de notificación o comunicación con los Informes Técnicos Legales y que por ello se le habría coartado la facultad de impugnarlos conforme al art. 75 y sgts. del D.S. N° 29215, no tiene asidero, en mérito a que conforme al art. 57 de la Ley N° 2341, no proceden los recursos administrativos contra actos de carácter preparatorio o de mero trámite (informes), salvo que se trate de actos que determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión, estando establecido de manera expresa en el precitado art. 75 del D.S. N° 29215, que los recursos administrativos están regulados para la impugnación de resoluciones administrativas y no de informes, aspecto que también está aclarado en el art. 76-II del mismo cuerpo legal, que señala no ser recurribles las medidas preparatorias de resoluciones administrativas, informes o dictámenes; por lo que corresponde resolver en ese sentido”.