SAP-S1-0002-2022

“De lo señalado precedentemente, se tiene que con relación al error esencial respecto al fraude en la acreditación de la posesión legal en la que habrían incurrido, los ahora codemandados, Ramón Ovando Flores, Angélica Sullca Coraite y Valeria Fernández Ovando de Carvajal, declarando como fecha inicial de posesión ejercida sobre el predio motivo de la litis, desde el 21 de abril de 1998 (descrito en el punto I.5.18 de la presente sentencia), con relación Ramón Ovando Flores y Angélica Sullca Coraite (parcela 002 - Zona 5) y a partir del 31 de septiembre de 1996 (punto I.5.26 del presente fallo), suscita por Valeria Fernández Ovando de Carvajal (parcela 003 - Zona 5), al respecto, se debe considerar que no obstante de la data de posesión consignada en la Declaración Jurada de Posesión Pacífica del predio, (I.5.18 y I.5.26 ), de la revisión de los antecedentes consta que la tradición civil de los predios, ahora en conflicto, se remonta al Título Ejecutorial Individual N° 384930 de 20 de junio de 1956, otorgado a nombre del titular inicial Hilarión Ovando, vía dotación en una superficie de 21.3000 ha, clasificada como pequeña, conforme al expediente 88, aspectos identificados y expuestos en el Informe de Relevamiento de Información en Gabinete de 22 de julio de 2015 (I.5.31 ), que de acuerdo a lo señalado en las actas de audiencia (I.5.7 y I.5.34 ) y certificaciones suscritas por las autoridades de la Comunidad, Filomena Ovando Huallpa, en su condición de Madre realiza la transmisión del derecho propietario que le asiste a sus hijas Dominga Fernández Ovando y Valeria Fernández Ovando, en tal sentido, el art. 309 del DS N° 29215, en relación a las "Posesiones Legales", establece que: "I. Se consideran como superficies con posesión legal, aquellas que cumplan lo previsto en la Disposición Transitoria Octava de la Ley Nº 3545 . Para fines del saneamiento tendrán la condición jurídica de "poseedores legales". La verificación y comprobación de la legalidad de las posesiones se realizará únicamente durante el relevamiento de información en campo (...) III. Para establecer la antigüedad de la posesión también se admitirá la sucesión en la posesión, retrotrayendo la fecha de antigüedad de la posesión al primer ocupante acreditado en documentos de transferencias de mejoras o de asentamiento, certificadas por autoridades naturales o colindantes ." (las negrillas son agregados), concordante con la Disposición Transitoria Octava de la Ley N° 3545 modificatoria de la Ley N° 1715, dispone que: "Las superficies que se consideren con posesión legal, en saneamiento, serán aquellas que, siendo anteriores a la vigencia de la Ley N° 1715 de 18 de octubre de 1996 , cumplan efectivamente con la función social o la función económico social, según corresponda, de manera pacífica, continuada y sin afectar derechos legalmente adquiridos o reconocidos.", teniéndose así los art. 66.I.1 de la Ley 1715 modificada tácitamente por la Ley N° 3545; al efecto, corresponde considerar y aplicar a los casos que motivan la demanda de nulidad de títulos ejecutoriales, objeto de examen, los aspectos relacionados a la posesión legal que son analizados y sustentado en el punto FJ.II.2 del presente fallo, así como se verifica que fueron reflejados mediante el Informe Técnico Legal DDCH-USCH-INF No 81/2015 de 14 de agosto de 2015 (I.5.35. ), valorados integralmente y describiendo los aspectos relevantes del proceso de saneamiento en relación a los tres predios que se encuentran en el polígono 46 - área en conflicto, dentro de la actividad del Informe en Conclusiones de 14 de septiembre de 2015 (I.5.36. ), de acuerdo a lo previsto en los arts. 294.III, 295 inc. b) y 304 del D.S. N° 29215; asimismo, cursa el Informe de Cierre y el Acta de Socialización de Resultados (I.5.38. ), documentos estos que se encuentran firmados por Dominga Fernández Ovando, Ramón Ovando Flores y Valeria Fernández Ovando de Carvajal, que en caso del primero, se registran información general de las parcelas denominadas "Zona 5", en el cual se expresa de manera resumida los datos y resultados preliminares de los predios objeto de saneamiento, y a través del segundo documento, se verifica que dichos resultados fueron puesto en conocimiento de los beneficiarios y poseedores, así como, de las personas representantes de la Comunidad Campesina Huancarani Bajo, a objeto de socializar sus resultados y recibir observaciones o denuncias, si las hubiera, cumpliendo de ésta manera lo previsto por el art. 305 del Reglamento agrario, documentos estos, así como el Informe en Conclusiones, sirvieron de antecedentes para la emisión de la Resolución Suprema 18925 de 08 de junio de 2016; por otra, de la revisión de los antecedentes se verifica que la parte actora no presentó como acreditación de su derecho propietario, documento alguno, salvo las referencias mencionadas a través de los memoriales presentados ante el INRA Departamental Chuquisaca, cursantes de fs. 304 a 306 vta., de fs. 318 a 321 vta. y de fs. 336 a 342 de los antecedentes, en tal sentido, si los demandantes acusan de error esencial, deben cumplir con la carga de la prueba conforme a lo dispuesto por el art. 1283 del Código Civil, el cual determina que "Quien pretende en juicio un derecho, debe probar el hecho o hechos que fundamentan su pretensión.", desvirtuando así la autenticidad de toda la documentación plasmada en el expediente N° I. 33100 del proceso de saneamiento, correspondiente a los predios "Zona 5" de la Comunidad Campesina Huancarani Bajo y los títulos ejecutoriales, ahora cuestionados, sobre la base de prueba real y objetiva y no solamente con simples afirmaciones sin ningún respaldo documentado, resultando por tanto, inconsistente lo acusado por la parte actora, quien de otra forma omite ajustar su conducta procesal a los términos del art. 375 del Código de Procedimiento Civil, aplicable al caso por mandato del art. 78 de la Ley Nº 1715, que en lo pertinente expresa que, la carga de la prueba incumbe al actor en cuanto al hecho constitutivo de su derecho y al demandado en cuanto a la existencia del hecho impeditivo, modificatorio o extintivo del derecho del actor, disposición concordante con el art. 330 de la misma norma adjetiva civil, que en lo pertinente expresa que a la demanda deberá acompañarse la prueba documental que estuviere en poder de las partes; así como lo establecido por el art. 161 del Reglamento agrario, respecto a la carga de la prueba y oportunidad, dispone que: "El interesado, complementariamente, podrá probar a través de todos los medios legalmente admitidos el cumplimiento de la función social o económico - social, que deberán ser presentados en los plazos establecidos en cada procedimiento agrario. El Instituto Nacional de Reforma Agraria valorara toda prueba aportada, siendo el principal medio la verificación en campo.", en tal sentido, los ahora demandantes y muy particularmente el demandante Apolinar Carrizo Carnicel, debieron presentar la documentación correspondiente cuando estos fueron requeridos, no verificándose dichos extremos conforme se verifica del Acta de Apersonamiento y Recepción de Documentos cursantes a fs. 128 de los antecedentes, en el cual solo se tiene registrado que entregó dos fotocopias de C.I., fotocopias de plano y la Declaración Jurada de Posesión pacífica del Predio.

De lo expuesto, conforme se tiene establecido por el art. 309.III del DS N° 29215, los argumentos confundidos sobre la data de posesión argüida por los demandantes en relación a los codemandados, no resultan válidas a efectos del saneamiento, por cuanto dicho precepto dispone que para "(...) establecer la antigüedad de la posesión también se admitirá la sucesión en la posesión , retrotrayendo la fecha de antigüedad de la posesión al primer ocupante acreditado en documentos de transferencias de mejoras o de asentamiento , certificadas por autoridades naturales o colindantes " (las negrillas son agregadas), los cuales se encuentran plenamente cumplidos por los ahora codemandados, conforme se desprende de las declaraciones Juradas de Posesión Pacífica del Predio, los formularios del Acta de Conformidad de Linderos y fundamentalmente del Informe de Relevamiento de Información en Gabinete (predios en conflicto que se originan de su titular inicial Hilarión Ovando), descritos en los puntos (I.5.7, I.5.12, I.5.14, I.5.18, I.5.20, I.5.21, I.5.26, I.5.28, I.5.29 y I.5.31. ) de la presente sentencia, información que fue recabada en los trabajos del Relevamiento de Información en Campo, en Gabinete y reflejadas en el Informe en Conclusiones; por lo tanto, al no ser posesiones posteriores a la Ley N°1715, sino anteriores conforme a la valoración integral realizada en el Informe en Conclusiones, no correspondiendo calificarse o aplicarse en el caso de autos, la falsedad y/o fraude en la antigüedad o ilegalidad de la posesión conforme considera y arguye la parte actora, en relación a la supuesta vulneración de los arts. 268 y 310 del DS N° 29215, reglamento de la Ley N° 1715.

(…)

En cuanto al error esencial respecto al fraude en el cumplimiento de la función social (FS) , al igual que el reclamo con relación al fraude en la antigüedad o ilegalidad de la posesión, se debe dejar también plenamente establecido, que al mencionarse los vicios de nulidad que pesarían sobre los Títulos Ejecutoriales Nros. PPD-NAL-684392 y PPD-NAL-684393, objeto de la presente demanda, se tiene de antecedentes que el cumplimiento de la Función Social por los hoy codemandados, fue constatado por el INRA durante el Relevamiento de Información en Campo, dispuesto mediante la reapertura y ampliación del período de dicha actividad mediante la Resolución Administrativa RES - ADM - DDCH - N° 029/2014 de 22 de abril de 2014 (I.5.3. ), cursante de fs. 101 a 105, que previamente dispuso anular obrados hasta los trabajos de Relevamiento de Información en Campo, excluyendo a los tres predios identificados dentro del área en conflicto, del Saneamiento Interno que se ejecutó en dicha Comunidad (I.5.1 y I.5.2. ), registrándose en la Ficha Catastral (I.5.17. ) cursante de fs. 124 a 126 de la carpeta de saneamiento, con relación al predio "Zona 5" (Parcela 002) de Ramón Ovando Flores y Angélica Sullka Coraite, en la que se hace constar en el espacio de Observaciones en el ítem XI "Verificación de la Función Social", se registra que en el predio se observa cinco (5) cabezas de ganado bovino, 40 cabezas de ganado ovino, además de una vivienda; y, con relación al predio "Zona 5" (Parcela 003) de la codemandada Valeria Fernández Ovando de Carvajal en la Ficha Catastral (I.5.25. ) cursante de fs. 247 a 248 de los antecedentes de saneamiento, en el ítem XI "Verificación de la Función Social", en observaciones consta que en el predio se observa sembradío de cebada, y que el predio es temporal, según lo manifestado por la beneficiaria; al respecto, si bien la parte actora refiere que dichos datos son falsos, y contradiciendo sus argumentos sostenidos en la demanda de nulidad de títulos ejecutoriales, señalando que no obstante de esa realidad y verdad, tomaron la decisión ilegal de excluirlos de su legítimo derecho legalmente constituido hace más de treinta y cinco (35) años atrás, donde ellos serían los únicos que ejercen la posesión; no solo sean considerados poseedores legales sino se les reconozca el cumplimento de la función social, extremos que demuestra los vicios de nulidad denunciado; al respecto, no se evidencia de dichos argumentos, la concurrencia de error esencial, determinante y reconocible, que hubiera viciado la voluntad de la autoridad administrativa, cuando el cumplimiento de la función social fue comprobado a través del principal medio que es la constatación en campo, conforme previene el art. 159 del reglamento de las Leyes Nros. 1715 y 3545 aprobado por DS N° 29215.

A lo indicado antes, corresponde agregar que con respecto al reclamo de que los demandados habrían omitido deliberadamente informar a los funcionarios del INRA que los predios 002 y 003, ambos denominados "Zona 5", eran de su propiedad, este aspecto, menos puede ser considerado como error esencial que habría mermado la voluntad del administrador, por cuanto los ahora codemandados, al margen que no tenían ninguna obligación de informar que los dos predios no correspondían a su propiedad, por la información técnica-jurídica levantada y generada en el Relevamiento de Información en Campo conforme a las Actas de Conciliación (I.5.7 y I.5.34. ) de 04 de mayo de 2014 y de 13 de agosto de 2015, respectivamente, cursantes a fs. 116 y vta. y a fs. 369 y vta. de antecedentes, ante el conflicto de índole familiar por herencia de tierras presentados, por los ahora demandantes, al interior de la familia "Ovando", de la documental analizada en el Informe de Relevamiento de Información en Gabinete de 22 de julio de 2015 y valorado integralmente en el Informe en Conclusiones (I.5.36. ), respecto al origen de los predios en conflicto en relación al titular inicial de la propiedad que se encuentra consignada a nombre de Hilarión Ovando, beneficiario inicial del Título Ejecutorial individual N° 384930 de 20 de junio de 1956, así como los datos técnicos, se establece el cumplimiento de la función social, acredita lo contrario a lo aseverado por la parte actora, toda vez que dicha información no sólo fue corroborada en campo por la entidad administrativa responsable de la ejecución del proceso de saneamiento, sino que también, fueron avaladas y certificadas por la autoridades naturales de la Comunidad Campesina Huancarani Bajo; consecuentemente, de la revisión de los antecedentes del proceso de saneamiento se constata que los aspectos aseverados por la parte actora no resultan ser evidentes, no existiendo en el caso de autos, ninguna transgresión de la seguridad jurídica y la propiedad privada individual, toda vez que la determinación del cumplimiento de la función social, responde a la previsión de la Norma Suprema a través de los arts. 56, 393 y 397.III y las condiciones establecidas por las leyes agrarias, desprendiéndose del espíritu de dicha normativa que la condición para la titulación, es el trabajo y el cumplimiento de la Función Social dentro de los alcances previstos por los arts. 2 y 66 de la Ley Nº 1715 modificada tácitamente por la Disposición Transitoria Octava de la Ley N° 3545, que dispone "(Posesiones Legales). Las superficies que se consideren con posesión legal, en saneamiento, serán aquellas que, siendo anteriores a la vigencia de la Ley N° 1715 de 18 de octubre de 1996, cumplan efectivamente con la función social o la función económico social, según corresponda, de manera pacífica, continuada y sin afectar derechos legalmente adquiridos o reconocidos." En ese contexto de antecedentes, se infiere que la verificación del cumplimiento de la Función Social efectuado por el INRA y en la correspondiente emisión de los Títulos Ejecutoriales, ahora confutados, respecto a los predios denominados "Zona 5", se ejecutó acorde al procedimiento previsto en el Reglamento agrario de la Ley Nº 1715 modificada por la Ley Nº 3545, conforme se desprende de los actuados levantados en oportunidad de las etapas previstas por el art. 263 del DS Nº 29215, que arrojan como resultado el cumplimiento de la Función Social por parte de los ahora codemandados con relación a los predios objetos de las litis, razón por la que no resulta evidente la denuncia de vulneración de la Constitución Política del Estado y la norma agraria con relación a los arts. 2, 64 y 66 de la Ley N° 1715 modificada parcialmente por la Ley N° 3545, y el art. 159, del DS N° 29215, como equivocadamente acusa la parte actora.

2. Con relación a la simulación absoluta, el art. 50.I núm.1 inc. c) de la Ley N° 1715, dispone: "I. Los títulos ejecutoriales estarán viciados de nulidad absoluta: 1. Cuando la voluntad de la administración resultare viciada por (...) c. Simulación absoluta, cuando se crea un acto aparente que no corresponde a ninguna operación real y se hace aparecer como verdadero lo que se encuentra contradicho con la realidad; en este sentido, la parte actora invoca dicha causal como vicios de nulidad absoluta que pesarían sobre los Títulos Ejecutoriales Nros. PPD-NAL 684392 y PPD-NAL 684393, ambos de 30 de diciembre de 2016, reiterando los argumentos concernientes al fraude en la acreditación de la posesión legal y fraude en el cumplimiento de la función social en los que habrían incurrido los codemandados a tiempo de llevarse adelante el Relevamiento de Información en Campo, y que dichos errores se fueron repitiendo en las etapas posteriores, reiterando al mismo tiempo que los ahora codemandados, se hicieron figurar como poseedores legales y con cumplimiento de la función social dentro de la parcela 002 a Ramón Ovando Flores y Angélica Sullca Coraite, y dentro de la parcela 003 a Valeria Fernández Ovando de Carvajal, creando un acto aparente y haciendo aparecer como verdadero lo que se encuentra contradicho con la realidad, vale decir, que sus mandantes serían los únicos poseedores legales y que cumplen la función social sobre las tres parcelas de terreno (individualizadas como 001, 002 y 003, predios denominados "Zona 5") y que empero ilegalmente fueron consignados como poseedores legales los ahora demandados; con relación a la causal de simulación absoluta, se encuentra definido en el FJ.II.4.2 de la presente sentencia; en tal sentido y sin embargo, los argumentos denunciados por los demandantes, fueron ampliamente rebatidos en parágrafos precedentes y conforme a la revisión minuciosa de los antecedentes del proceso de saneamiento, no evidenciando en este sentido, tampoco que se haya simulado o creado un acto aparente por los ahora demandados y menos que se haya considerado datos falsos por parte del ente administrativo, por cuanto los funcionarios del INRA, durante el Relevamiento de Información en Campo, ejecutado conforme y en cumplimiento del art. 294.I.III y IV del DS N° 29215, reflejados en los Informes Técnicos Legales (I.5.2. ) la Resolución Administrativa RES - ADM - DDCH - N° 029/2014 de 22 de abril de 2014, Acta de Inicio de Relevamiento de Información en Campo en la Comunidad Campesina Huancarani Bajo (Polígono 046), Acreditación de Control Social y Participación, Anexo de Designación de Representantes y Acta de Conciliación, entre otros actuados procesales, descritos desde los puntos I.5.3 al I.5.7 de la presente sentencia, además de consignarse en los formularios correspondientes, entre otros, como en las Fichas Catastrales (I.5.11, I.5.17 y I.5.25. ), identificándose a través de la inspección directa en los predios, como es la posesión legal de los ahora demandados, la cual deviene de la misma verificación y de la documental aportada consistente en certificación de posesión (I.5.18 y I.5.26 ) certificadas por las autoridades naturales de la Comunidad Campesina Huancarani Bajo, como fue detallado en parágrafos precedentes, asimismo, se verificó que en el predio, los ahora codemandados cumplen la función social con el desarrollo de actividades agrícolas y ganaderas, observándose cinco (5) cabezas de ganado bovino, 40 cabezas de ganado ovino y además de una vivienda, en relación a la parcela 0002 de Ramón Ovando Flores y Angélica Sullka Coraite y sembradíos temporal (época de lluvias) de cebada, con relación a la parcela 003 de Valeria Fernández Ovando de Carvajal, concluyéndose en este sentido que los argumentos de la parte actora no constituyen fundamento para determinar la nulidad de los Títulos Ejecutoriales Nros. PPD-NAL 684392 y PPD-NAL 684393, ambos de 30 de diciembre de 2016, respecto a los predios denominados "Zona 5".

3. Con relación a la ausencia de causa , el art. 50, parágrafo I, núm. 2, inc. b) de la Ley N° 1715, dispone que: "I. Los títulos ejecutoriales estarán viciados de nulidad absoluta: 1. Cuando la voluntad de la administración resultare viciada por (...). 2. Cuando fueren otorgados por mediar: (...) b. Ausencia de causa por no existir o ser falsos los hechos o el derecho invocados (...)"; con relación a esta causal, se encuentra definido en el FJ.II.4.3 del presente fallo; en este sentido, la parte actora invoca dicha causal como vicios de nulidad absoluta que pesarían sobre los Títulos Ejecutoriales Nros. PPD-NAL 684392 y PPD-NAL 684393, ambos de 30 de diciembre de 2016, a través de su apoderado acusa que no existe causa para que los demandados sean considerados como Poseedores Legales por haber vulnerado los derechos legalmente adquiridos de sus mandantes, que fueron en base a datos falsos, que ilegal e ilegítimamente derivaron como base y sustento para la emisión de los citados títulos ejecutoriales, toda vez que los codemandados con malas intenciones y mala fe habrían incurrido en fraude en la acreditación de la antigüedad de la posesión y fraude en el cumplimiento de la Función Social, al declarar que el inicio de la posesión es desde el 21 de abril de 1998 en el caso de Ramón Ovando Flores y Angelica Sullca Coraite (parcela 002) y en el caso de la Valeria Fernández Ovando de Carvajal (parcela 003) sería desde 31 de septiembre de 1996; al respecto, dichos argumentos fueron ampliamente rebatidos en parágrafos precedentes, y de acuerdo a la revisión de los antecedentes del proceso de saneamiento, no se evidencia que la autoridad administrativa vaya a crear un acto sobre la base de hechos y/o derechos inexistentes, y menos que se haya considerado datos falsos por parte del ente administrativo, por cuanto los funcionarios del INRA, durante el Relevamiento de Información en Campo, ejecutado conforme y en cumplimiento de lo establecido por los arts. 159, 165.I.a), 294.I.III y IV, y 309 del DS 29215 del DS N° 29215.

4. Con relación a la violación de la ley aplicable y de las formas esenciales o de la finalidad que inspiró su otorgamiento , causal de nulidad contenida en el art. 50, parág. I, núm. 2, inc. c) de la Ley N° 1715; respecto a esta la causal, invocada por la parte actora, se encuentra definido en el FJ.II.4.4 de la presente resolución; sobre lo acusado, conforme al fundamento precedente, los demandantes señalan que en el proceso de saneamiento no se respetaron las formas esenciales y la formalidad que inspiro su otorgamiento, existiendo un acto aparente, que los codemandados sin ser poseedores legales por el plazo establecido por ley y existiendo fraude en el cumplimiento de la función social, no cumplían los requisitos exigidos, aspectos que no fueron tomados en cuenta por el INRA, vulnerando la Constitución Política del Estado (abrogada y actual), los arts. 64 y 66 de la Ley Nº 1715, la Disposición Transitoria Octava de la Ley N° 3545, así como los arts. 266, 267 y 304 el Reglamento agrario aprobado por el DS N° 29215; sin embargo, conforme a lo glosado precedentemente, de la revisión de los antecedentes de la carpeta del saneamiento contenido en el expediente N° I-33100, conforme a la información y documentación proporcionada por las partes, la información técnica-legal recabada y generadas en mérito al relevamiento de la información en campo y en gabinete, las actas de conciliación, así como la valoración integral realizado en el Informe en Conclusiones y la socialización de los resultados con la debida publicidad del caso; se tiene que, si bien el art. 266 y la Disposición Transitoria Primera del citado Reglamento agrario, regula el control de calidad, supervisión y seguimiento, a través de la Dirección Nacional del Instituto Nacional de Reforma Agraria, sea de oficio o a denuncia que podrá disponer controles de calidad o la investigación en gabinete y campo sobre hechos irregulares y actos fraudulentos, descritos en el reglamento, con el objeto de precautelar el cumplimiento de las normas mediante el relevamiento de información fidedigna y estándares de calidad de las actuaciones cumplidas, regulados en disposiciones internas, "...sin perjuicio del control interno que establezcan las Direcciones Departamentales" (sic); al respecto, no es menos cierto, que la misma no constituye en una obligación imperativa, sino una facultad potestativa de la Dirección Nacional del INRA, menos aún realizar un control de calidad o investigación a denuncia de partes, toda vez que conforme se tienen descritos en los puntos (I.5.36, I.5.37 y I.5.39. ) de la presente sentencia, posterior a la emisión del Informe en Conclusiones el cual realiza una valoración de toda la información generada en campo y gabinete, mismo que contienen los acápites, puntos o requisitos establecidos por el art. 304 del Reglamento agrario, así como se verifica del Acta de Socialización de los Resultados con el Informe de Cierre (I.5.38 .), ambos documentos debidamente suscritos por todas las partes y habiéndose realizado las notificaciones con el precio y aceptación de pago de adjudicación a valor concesional de la tierra (I.5.39. ), documentos debidamente suscritos por las partes: Dominga Fernández Ovando, Ramón Ovando Flores y Valeria Fernández Ovando de Carvajal, no cursan ni se evidencia que se hubieran presentado reclamos, observaciones o denuncias hasta antes de la emisión de la Resolución Final de Saneamiento (I.5.40. ), menos aún se constata que el ahora demandante, Apolinar Carrizo Carnicel, hubiera presentado reclamos, observación o denuncia alguna en ninguna etapa del proceso de saneamiento (desde el inicio hasta el final), pese haber sido notificado, de haber participado en el relevamiento de información en campo y suscrito los actuados descritos en los puntos I.5.8, I.5.11 y I.5.12 del presente fallo, consistente en el Memorando de Notificación de 28 de abril de 2014, por el cual se convoca a los ahora demandantes a participar en la Audiencia de Conciliación con Ramón Ovando Flores, Valeria Fernández Ovando de Carvajal y Filomena Ovando Huallpa, así como la Ficha Catastral y la Declaración Jurada de Posesión Pacífica del Predio, entre otros ; asimismo, en relación al art. 267 del DS N° 29215, este se refiere a los errores u omisiones de forma , técnicos o jurídicos, identificados antes o con posterioridad de la emisión de la resolución final de saneamiento, pudiendo ser subsanados a través de un informe, en el primer caso, y mediante resolución rectificatoria, en el segundo caso; pues, lo relacionado a la posesión legal y cumplimiento de función social como el denunciado por la parte actora, no podrían ser considerados como errores u omisiones de forma, resultando impertinente lo expuesto y acusado por la parte accionante ya que lo que pretende es desconocer su propia negligencia, pero además, conforme a lo expuesto con relación a la presente causal y lo fundamentado en las causales precedentes, no se tiene por vulnerado los arts. 266, 267 y 304 del DS N° 29215, que derivarían en el incumplimiento de los arts. 64 y 66 de la ley N° 1715, concordante con la Disposición Transitoria Octava de la Ley N° 3545.

En cuanto al argumento en la contestación y dúplica de los codemandados y del tercero interesado (Director Nacional a.i. del INRA), en el sentido de que no fue impugnado la Resolución Final de Saneamiento, a través del proceso contencioso administrativo dentro de los 30 días como prevé el art. 68 de la Ley N° 1715 y que habiéndose ejecutoriado la misma, correspondió la emisión del Título Ejecutorial; al respecto, se debe precisar que la demanda de nulidad de Título Ejecutorial constituye una garantía para las partes que consideren que dicho documento ha sido emitido mediando causales de nulidad previstas por norma expresa, que en el caso de títulos emitidos pos-saneamiento, corresponderán considerar las causales previstas por el art. 50 de la Ley N° 1715 y con relación a los títulos emitidos por el ex Consejo Nacional de Reforma Agraria o el ex Instituto Nacional de Colonización, será pertinente la consideración de lo establecido por la Disposición Final Décimo Cuarta, de la norma citada; en este sentido, si bien se tiene que no se ha establecido sobre estos predios, demanda contenciosa administrativa, esto no significa prohibición a las partes para activar la demanda de nulidad del Título Ejecutorial con causales que se acomoden específicamente a lo establecido por el art. 50 de la Ley N° 1715, máxime cuando como en el presente caso, del examen de los argumentos, se encuentra vulneración de derechos que, bajo los alcances de las causales de nulidad de Título Ejecutorial, no fueron resueltos en la demanda contenciosa administrativa; en conclusión, sobre el particular, no existe norma expresa que determine la imposibilidad de interponer demanda de nulidad de Título Ejecutorial cuando sobre el mismo predio y de manera previa se haya ventilado una demanda contenciosa administrativa.

De acuerdo a los fundamentos expuestos, se tiene que los Títulos Ejecutoriales Nros. PPD-NAL 684392 y PPD-NAL 684393, ambos de 30 de diciembre de 2016, fueron emitidos con base a un proceso de saneamiento en el que la entidad administrativa actuó conforme a derecho y no incurrió en omisiones que determinen la concurrencia de las causales de nulidad absoluta referidas a la simulación absoluta, ausencia de causa y violación de la ley aplicable, contenidas en el art. 50 parágrafo I, núm. 1 inc. c) y núm. 2, incisos b) y c) de la Ley N° 1715, aspectos que fueron valorados de manera integral dentro de actividad Informe en conclusiones de 14 de septiembre de 2015, cursante de fs. 380 a 384 de antecedentes y descrito en el punto 1.5.36 de la presente resolución, conforme lo previsto en los arts. 295 inciso b) y 304 del DS N° 29215, informe en conclusiones, que sirviera de antecedente para la Resolución Suprema 18925 de 08 de junio de 2016 y la correspondiente emisión de los Títulos Ejecutoriales N° PPD-NAL 684391, otorgado a favor de Dominga Fernández Ovando y Apolinar Carrizo Carnicel con una superficie de 39.3739 ha; N° PPD-NAL 684392 a nombre de Angélica Sullka Coraite y Ramón Ovando Flores, con una superficie de 59.6774 ha; y, el Título Ejecutorial N° PPD-NAL 684393, otorgado a favor de Valeria Fernández Ovando de Carvajal, con una superficie de 4.31.60 ha, respectivamente, estos dos últimos, ahora demandados; consecuentemente, en la etapa de Relevamiento de Información en Campo se verificó el cumplimiento de la función social y la legalidad de la antigüedad de la posesión de Angélica Sullca Coraite y Ramón Ovando Flores con relación al predio 002 "Zona 5" y Valeria Fernández Ovando de Carvajal, respecto a la parcela 003 "Zona 5", tal determinación resulta una verdad incuestionable bajo los alcances delos arts. 2, 64 y 66 de la Ley N° 1715, modificada por la Disposición Transitoria Octava de la Ley N° 3545, y conforme lo regulado por el art. 159 del Reglamento agrario. De lo precedentemente analizado, se tiene que los Títulos Ejecutoriales, ahora confutados, es el resultado de un debido proceso que condice plenamente con los datos y actuaciones ejecutados durante el proceso de saneamiento, pronunciándose en sujeción estricta a la normativa agraria que rige la materia, por consiguiente, no se evidencia la vulneración del art. 56 del Texto Constitucional, en relación con los arts. 393 y 397 de la CPE, concordante con los arts. 2.I, 64, 66.I.1 de la Ley N° 1715, así como con los arts. 164, 165.I, 310, 341.II, 343.I, 346 y 396.III, inc. c) del DS N° 29215, argüida por la parte actora.

Así también, corresponde puntualizar que con relación a la solicitud de la exclusión y tratamiento del área y predios en conflicto, fue constatado por el INRA durante el Relevamiento de Información en Campo, disponiendo mediante la Resolución Administrativa RES - ADM - DDCH - N° 029/2014 de 22 de abril de 2014 (I.5.3. ), cursante de fs. 101 a 105, que dispuso anular obrados hasta los trabajos de Relevamiento de Información en Campo, excluyendo a los tres predios identificados dentro del área en conflicto, del saneamiento interno que se estuvo ejecutando en dicha Comunidad (I.5.1 y I.5.2. ), y disponiendo también la reapertura y ampliación del período de dicha actividad y así como a través de la Resolución Administrativa RA SAN SIM N° 084/2015 de 15 de agosto de 2015 (I.5.33. ), cursante de fs. 363 a 366 de los antecedentes del saneamiento, cuyo plazo fue ampliado nuevamente mediante la citada resolución fundada y sustentado en los informes Informe Técnico - Legal USCH-INF No 38/2015 de 09 de agosto de 2015 (I.5.32. ), a cuyo efecto y en cumplimiento de ambas Resoluciones de ampliación del Relevamiento de Información en Campo, se tienen formularios o actuados procesales que se levantaron en el año 2014 (I.5.4, I.5.5, I.5.6, I.5.7, I.5.8, I.5.9, I.5.10, I.5.11, I.5.12, I.5.15, I.5.16, I.5.17, I.5.18, I.5.21, I.5.22, I.5.23, I.5.24, I.5.25, I.5.26 y I.5.28 ) y otros que se generaron en el trabajo de Relevamiento de Información en Campo y en Gabinete realizados en el año 2015, justamente en atención a los memoriales presentados por Dominga Fernández Ovando (I.5.30. ) y a efectos de levantar aspectos técnicos que necesariamente debían ser recabadas en campo, conforme a lo concluido y sugerido en el Informe Técnico - Legal USCH-INF No 38/2015 (I.5.32. ), habiéndose dispuesto mediante Resolución Administrativa RES - ADM -DDCH - N° 084/2015 de 10 de agosto de 2015 cursante de fs. 363 a 366 de antecedentes (I.5.33. ), se reaperture y amplíe, por segunda vez, los plazos para desarrollar dicha actividad (I.5.13, I.5.14, I.5.19, I.5.20, I.5.27, I.5.29, I.5.31, I.5.35, I.5.36 I.5.37, I.5.38 y I.5.39 ), en mérito al tratamiento del conflicto y su resolución a través de la Conciliación, conforme lo señalado mediante el Acta de Audiencia de 13 de agosto de 2015, en la que ambas partes, por unanimidad acuerdan respetarse definitivamente, pidiendo al INRA se levante sus parcelas en procedimientos común sin conflictos y procedieron a recorrer y levantar en campo los nuevos códigos y vértices de los predios conforme se describe textualmente en el punto I.5.34 de la presente sentencia. Finalmente, remitiéndonos a los antecedentes de la carpeta de saneamiento, se puede constatar que cursan las respectivas Actas de Conformidad de Linderos (I.5.14, I.5.20, I.5.21, I.5.28 y I.5.29 ), entre otras las firmadas por Dominga Fernández Ovando y las partes, formularios en los que se puede verificar que no existe observación, oposición o reclamo, en consecuencia, no se consignaron como vértices en conflicto o puntos rojos; en este entendido, el formulario adicional extrañado por el representante de los demandantes no correspondía al caso de autos ni tiene razón de ser.

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FJ.III.2. Ilegalidad del acuerdo conciliatorio (simulación absoluta, ausencia de causa y violación de la ley aplicable).

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La parte actora acusa que el Acta de Conciliación contiene vicios de nulidad, toda vez que se demostraría que el mismo vulnera derechos fundamentales como ser a la defensa, a la propiedad y al debido proceso, toda vez que considera que la propiedad objeto del proceso de saneamiento es un bien ganancial; se debe tener presente que de la revisión de todo el expediente y los argumentos de las partes en la presente demanda, es sobre un conflicto de índole familiar por herencia, de la familia Ovando; al respecto, se puede constatar que en cumplimiento a lo establecido por el art. 294 parágrafo III del DS N° 29215, que los propietarios, subadquirentes, poseedores, deben presentar la documentación correspondiente ante los funcionarios públicos encargados de la sustanciación del procedimiento dentro del plazo establecido en la Resolución, en ese sentido se tiene que la parte actora no ha presentado documentación alguna (I.5.3, I.5.11 y I.5.12 ) en la Ficha Catastral y en el Acta de Apersonamiento y Recepción de Documentos, cursantes de fs. 124 a 126 y a fs. 128, respectivamente, no se verifica transferencias o compras que hubiesen realizado, para considerarse como bien ganancial un bien que tiene su origen y génesis tal como lo han coincidido en aseverar la parte actora, los demandados, terceros interesados y los documentos cursantes en la carpeta de saneamiento como se describe en el Informe de Relevamiento de Información en Gabinete de 22 de julio de 2015 (I.5.31 ) y en el Informe en Conclusiones Saneamiento (I.5.36 ), aclarando que si bien a fs. 176 y 249 de los antecedentes, cursan los formularios de Declaración Jurada de Posesión Pacífica del Predio (I.5.18 y I.5.26 ), de la revisión de los antecedentes consta que la tradición civil de los predios, ahora en conflicto, se remonta al Título Ejecutorial N° 384930 de 20 de junio de 1956 (individual), a nombre del titular inicial Hilarión Ovando, vía dotación en una superficie de 21.3000 ha, clasificada como pequeña, conforme al expediente 88, que de acuerdo a lo señalado en las actas de audiencia (1.5.7 y 1.5.34 ) y certificaciones de las autoridades de la Comunidad, Filomena Ovando Huallpa, en su condición de Madre realiza la transferencia y la transmisión del derecho propietario que le asiste a sus hijas Dominga Fernández Ovando y Valeria Fernández Ovando, en tal sentido, si los demandantes acusan simulación absoluta, ausencia de causa y violación de la ley aplicable, deberán cumplir con la carga de la prueba conforme a lo dispuesto por el art. 375 del Código de Procedimiento Civil o del art. 136 del Código Procesal Civil, desvirtuando la autenticidad de toda la documentación plasmada en el expediente N° I. 33100 del proceso de saneamiento correspondiente a los predios "Zona 5" de la Comunidad Campesina Huancarani Bajo, sobre la base de prueba real y objetiva y no solamente con simples afirmaciones sin ningún respaldo documentado. Aspectos que son valorados de manera integral dentro de actividad Informe en Conclusiones de fecha 14 de septiembre de 2015, conforme lo previsto en los arts. 294.III, 295 inc. b) y 304 del DS 29215, informe en conclusiones, que sirviera de antecedente a la Resolución Suprema 18925 de 08 de junio de 2016.

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De lo precedentemente descrito y expuesto, no se constata que hubiera existido indefensión o vulneración de sus derechos de la parte actora; es decir, Apolinar Carrizo Carnicel (ahora demandante), que por su propia negligencia, se provocó su supuesta indefensión, por no participar y presentar los documentos oportunamente cuando se los requirió (si es que los tenía), toda vez conforme lo verificado en los antecedentes del proceso de saneamiento no presentó documento alguno respecto a supuestas transferencias de terreno para ser considerados como bienes gananciales (derecho propietario alegado) pese a que fue legalmente notificado y estuvo presente en la oportunidad que se efectuó el Relevamiento de Información en Campo, suscribiendo el Memorando de Notificación (I.5.8. ), la Ficha Catastral (I.5.11. ) y la Declaración Jurada de Posesión Pacífica del Predio (I.5.12. ), ni se constata que desde el inicio y hasta la emisión de los títulos ejecutoriales, como lo precedentemente descrito, que hubiera presentado observaciones, reclamos, denuncias, impugnaciones, ni verbales (en audiencias o reuniones de aclaraciones) o escritos u otras acciones de manifestación de disconformidad, ahora redundantemente expresados por el actor, pese a que se han desarrollado en tres oportunidades dichos relevamientos al haberse reaperturado y ampliado en dos oportunidades los mismos y pretendiendo ignorar ahora su propia negligencia; en tal sentido, no debe olvidarse que quien tiene que activar sus derechos oportunamente en las etapas correspondientes del proceso de saneamiento, es la parte interesada y si los propios titulares no lo hicieron, dicha negligencia no puede ser salvada mediante la invocación de causales de nulidad del Título Ejecutorial; no siendo ni cierto ni evidente la afirmación del demandante de que la entidad administrativa responsable de la ejecución del proceso de saneamiento, hubiera impedido su participación en todas las etapas del proceso de saneamiento. Menos aún se podría considerar vulneración a los derechos fundamentales como ser a la defensa, a la propiedad y al debido proceso de Dominga Fernández Ovando, quien participa de manera activa en todas las actividades y etapas del proceso de saneamiento, suscribiendo todos los documentos cursantes en los antecedentes y como se constata, entre otros, en los puntos I.5.6, I.5.7, I.5.8, I.5.9, I.5.10, I.5.11, I.5.12 y I.5.14, I.5.30, I.5.34, I.5.38, descritos en la presente sentencia.

Referente a la falta de citación y participación de Apolinar Carrizo Carnicel, que vulnera el derechos fundamentales a la defensa, a la propiedad y al debido proceso; se tiene a bien precisa y reiterar que en la carpeta de saneamiento cursan los Avisos Públicos, Edictos Agrarios, avisos radiales, memorando de notificación y carta de citación, en virtud a la reapertura y ampliación del relevamiento de información en campo, ejecutado del 02 al 17 de mayo de 2014 (I.5.3. ) y realizado del 12 al 21 de agosto de 2015 (I.5.33. ), respectivamente así como la difusión con el objeto de socializar los resultados, conforme estable el art. 305 del DS N° 29215, encontrándose especificado tanto en el Aviso Público como en la Factura de lectura de Edicto Agrario (I.5.37 , I.5.39 I.5.41 ) que se trata de los predios denominados "Zona 5"; asimismo, el art, 305.II del DS N° 29215, señala que en el caso de polígonos de trabajo en los que no se hubiera apersonado organizaciones sociales o sectoriales, la actividad será promovida, organizada y cumplida únicamente con la asistencia voluntaria de propietarios, beneficiarios y poseedores del área de trabajo, cursando también de fs. 414 a 416 de antecedentes, el Informe Técnico Legal DDCH-USCH-INF No 954/2015 de 15 de septiembre de 2015, por el cual se informa que habiéndose ejecutado las complementaciones en campo y en el marco del Informe en conclusiones, se socializaron los resultados contenidos en el Informe de Cierre de los predios denominados "Zona 5", conforme las diligencias corridas cursantes en el expediente, asegurando la publicidad y transparencia necesaria del presente proceso a objeto de garantizar el debido proceso, seguridad jurídica y por supuesto no dejar en indefensión a las partes y terceros interesados; cursando asimismo de fs. 406 a 407 de obrados, el Informe de Cierre y el respectivo Acta de Socialización de Resultados (I.5.38 .), debidamente firmado por las partes interesadas; razón por la que no resulta evidente la denuncia de lesión de garantías constitucionales referidas a la vulneración de los derechos fundamentales como ser a la defensa, a la propiedad privada y al debido proceso consagrados en los arts. 56.I.II y 115 de la Constitución Política del Estado.

Conforme a lo precedentemente expuesto, teniendo en cuenta los alcances y condiciones que se requieren para considerar al error esencial, simulación absoluta, ausencia de causa y violación de la ley aplicable, como vicios de nulidad, conforme a la fundamentación normativa desarrollada en el FJ.II.1 y FJ.II.4 de la presente sentencia, es menester señalar respecto al error esencial que, no se tiene acreditado una falsa representación de los hechos o de las circunstancias, pues la parte actora al participar del saneamiento de los predios denominados "Zona 5" y principalmente, el ahora demandante, Apolinar Carrizo Carnicel, al no efectuar objeción o desacuerdo alguno respecto a los predios titulados, ahora cuestionados, consintió lo actuado habiendo la entidad administrativa, basado su decisión en los antecedentes que cursan en la carpeta de saneamiento (I.5.36 y I.5.40) que fueron generados y emitidos en cumplimiento de lo establecido por los arts. 159, 164, 165.I, 294, 304 y 305 del DS N° 29215, no identificándose, es este sentido el error esencial, determinante y reconocible argüido por la parte actora y que haya podido viciar la voluntad de la ente administrativo a tiempo de emitirse los Títulos Ejecutoriales objeto de la presente demanda. En relación a la simulación absoluta y ausencia de causa, al tenerse acreditado la participación, durante el saneamiento interno del ahora demandante son razones suficientes que determinan al mismo tiempo que los hechos en los cuales se basó sus decisiones la autoridad administrativa que dieron lugar a la emisión del Título Ejecutorial cuya nulidad se pretende, no pueden ser considerados actos aparentes que no corresponderían a ninguna operación real, menos que se haya intentado hacer aparecer como verdadero lo que encontraría contradicho con la realidad, por cuanto los hechos constatables de los antecedentes del proceso, fueron generados conforme a procedimiento; tampoco se evidencia que la autoridad administrativa haya emitido los Títulos Ejecutoriales N° PPD-NAL-684392 y N° PPD-NAL-684393 de 30 de diciembre de 2016, sobre la base de hechos inexistentes o normas que no correspondía aplicar, por cuanto consta en antecedentes el formulario de Saneamiento Interno de la parcela N° 368, por el cual sin lugar a dudas se constata que participó del proceso de saneamiento al consignar su firma como señal de constancia de haber hecho medir su parcela sin formular desacuerdo alguno con dichas actuaciones; por lo que corresponde concluir sobre el particular, que los argumentos sustentados por la parte actora con relación al vicio de nulidad por error esencial, simulación absoluta, ausencia de causa y violación de la ley aplicable, carecen de veracidad y fundamento fáctico y legal, no pudiendo constituir fundamento válido para declarar la nulidad de los Títulos Ejecutoriales N° PPD-NAL-684392 y N° PPD-NAL-684393.

Por otra parte, en el memorial de demanda los recurrentes citan textualmente autos nacionales agroambientales ANA S2a N° 085/2016 de 29 de noviembre y ANA S2a N° 089/2016 de 2 de diciembre, mismos que no corresponde, toda vez que los mismos se refieren a otros tipos de procesos y circunstancias distintas sustanciados ante los jueces agroambientales, referidos a un proceso de Interdicto de Retener la Posesión e Interdicto de Recobrar la Posesión, respectivamente.

Asimismo, considerando que la igualdad entre mujeres y hombres es una cuestión de derechos y constituye una condición para el logro de la justicia social, además de ser un requisito previo necesario y fundamental para la igualdad, el desarrollo, la paz social, la convivencia familiar y de la vida en comunidad; se desarrolla también, el enfoque con perspectiva de género e interculturalidad, en razón a los problemas jurídicos y el contexto general identificados en la presente demanda de Nulidad de Títulos Ejecutoriales Nros. PPD-NAL-684392 y PPD-NAL-684393, así como de la revisión y análisis de los antecedentes del proceso de saneamiento de los predios denominados "Zona 5"; en tal sentido, la presente sentencia se sustenta, además de lo dispuesto en los otros fundamentos jurídicos, conforme a lo expuesto y desarrollado ampliamente en el FJ.II.5 del presente fallo, relacionados a los derechos de la mujer y el conflicto familiar por el derecho, acceso y tenencia de la tierra que se ha presentado al interior de la Comunidad Campesina Huancarani Bajo, garantizando y materializando los derechos de las mujeres, asumiendo medidas concretas en instancias jurisdiccionales, como en la presente causa, dirigidas a eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres en el acceso, tenencia y herencia de la tierra, y no así como pretende la parte actora.

Con relación a las documentales aparejada a la demanda, entre otras, las descritas en los puntos I.6.1, I.6.2 y I.6.3 y I.6.7 de la presente resolución, las mismas no cursan en los antecedentes del proceso de saneamiento, salvo las cursantes de fs. 9 a 10 de obrados y que cursan de fs. 349 a 350 de antecedentes del saneamiento o, las que cursan de fs. 11 a 12 de obrados, referidos a informes de las autoridades comunales, con el mismo contexto y tenor que se encuentran en la carpeta de saneamiento de fs. 347 a 348 y consecuentemente, con relación en las demás documentales aparejadas a la demanda de nulidad de Títulos Ejecutoriales, no fueron de conocimiento de la entidad administrativa, conforme se expone en el FJ.II.3 del presente fallo, al margen de que no demuestran las contravenciones denunciadas a la norma agraria como se tiene analizado en el FJ.II.6 (Análisis del caso concreto), tampoco son conducentes a la pretensión de la parte actora, por cuanto las mismas fueron atendidas, consideradas y valoradas integralmente, entre otros informes, en el Informe en Conclusiones Saneamiento de Oficio (CAT -SAN Titulado) de 17 de agosto de 2015 cursante de fs. 380 a 384 de antecedentes y descrito en el punto I.5.36 del presente fallo; así como las documentales cursantes de fs. 13 a 14 vta. de obrados, que no fueron presentado y recepción por ante ninguna instancia, muy particularmente el memorial (fs. 14 vta. de obrados) que está referido a otra parcela, es decir, no existe la relación de causalidad con el objeto del proceso, constituyéndose en prueba impertinente, motivo por el cual, no puede ser tomada en cuenta como elemento probatorio, o dicho de otra manera, se le otorga una valoración negativa desestimándola; en tal sentido, lo expuesto tiene su sustento en la jurisprudencia agroambiental, entre otras, como la contenida en la SAP S1ª Nº 45/2019, estableciendo que "...al Tribunal que conoce y sustancia el proceso contencioso administrativo, no estándole permitido valorar prueba adjunta a la demanda, respecto de los hechos que éstas demostraron y que no fueron de conocimiento de las autoridades administrativas que pronunciaron las Resoluciones sometidas al control jurisdiccional de legalidad, debido a su naturaleza y finalidad, al no ser un proceso ordinario de hecho, sino de puro derecho...". Y con respecto a la documental descrita en los puntos I.6.4 (fs. 9 a 10 de obrados) y I.6.5 de la presente resolución, los mismos se encuentran en la carpeta de saneamiento, que como se ha expuesto precedentemente fueron valoradas integralmente en el Informe en Conclusiones por el INRA, de acuerdo a la información generada en el Relevamiento de Información en Campo. Asimismo, con relación a los Certificados de Emisión de Título Ejecutorial Nros. PPD-NAL684392 y PPD-NAL-684393, y Folios Reales (I.6.6 ), cursante de fs. 44 a 45, y de fs. 55 a 57 vta., los mismos han sido exigidos su presentación como requisitos para proceder a considerar y emitir el Auto de Admisión de la demanda de nulidad de los Títulos Ejecutoriales, ahora cuestionados”.