AUTO AGROAMBIENTAL PLURINACIONAL S2ª N° 008/2022
Expediente: N° 4495-RCN-2022
Proceso: Desalojo por Avasallamiento | |
Partes: Comunidad Campesina Nueva Unión, representada por Guido Bazán Herbas contra Jaime Saavedra Cardozo y otros. | |
Recurrente: Jaime Saavedra Cardozo | |
Resolución Recurrida: Sentencia N° 04/2021 de 15 de noviembre de 2021, pronunciada por el Juez Agroambiental de Riberalta | |
Distrito: Beni | |
Asiento Judicial: Riberalta | |
Fecha: Sucre, 21 de febrero de 2022 |
Magistrado Relator: Dr. Gregorio Aro Rasguido
El recurso de casación cursante de fs. 229 a 234 de obrados, contra la Sentencia N° 04/2021 de 15 de noviembre de 2021, emitida por el Juez Agroambiental de Riberalta, provincia Vaca Díez del Departamento del Beni, interpuesto por Jaime Saavedra Cardozo en su calidad de demandado, dentro de la Demanda de Desalojo por Avasallamiento seguida por Guido Bazán Herbas, en representación legal de la Comunidad Nueva Unión.
I.- ANTECEDENTES PROCESALES
I.1. Argumentos de la Resolución Recurrida. - La Sentencia N° 04/2021 de 15 de noviembre de 2021, emitida por el Juez Agroambiental de Riberalta, provincia Vaca Diez del Departamento del Beni, cursante de fs. 163 a 171 y vta. de obrados, declaró probada la Demanda de Desalojo por Avasallamiento, interpuesta por Guido Bazán Herbas, en representación legal de la Comunidad Nueva Unión, debiendo Jaime Saavedra Cardozo y otros, desalojar el predio en el plazo de diez (10) días hábiles a partir de la ejecución del precitado fallo, considerándose autorizado el uso de la fuerza pública, en caso de resistencia; asimismo, tramitarse los derechos de las propiedades con Registros Reales, que se encuentran en el predio, mediante un proceso de conocimiento ordinario; por último, otorgando un plazo de 8 días hábiles para que la persona que se considere agraviada por la resolución, pueda recurrir mediante el recurso de casación.
Es así que el Juez Agroambiental de Riberalta llegó a esta conclusión ponderando lo determinado en la Ley N° 477, Ley contra el Avasallamiento y Tráfico de Tierras, en concordancia con lo establecido en la Constitución Política del Estado en el artículo 56, respecto a la propiedad como derecho. Por ello al tratarse de una propiedad colectiva, la Comunidad Campesina Nueva Unión es considerada un patrimonio que no se puede enajenar bajo ningún precepto, que para realizar un parcelamiento se debe tener indefectiblemente la autorización de la Comunidad, bajo las determinaciones de la Constitución Boliviana y la normativa agroambiental. Lo que en el presente caso llevó a subsumirse, bajo razonamiento del Juez Agroambiental de Riberalta, en lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley N° 477, llegando a probarse el avasallamiento que realizaron Jaime Saavedra y otros, al no haber podido demostrar la anuencia de la Comunidad Campesina Nueva Unión y no tener la autorización para disponer sobre los predios debidamente registrados en Derechos Reales.
I.2. Argumentos del recurso de casación . - Mediante memorial cursante de fs. 229 a 234 de obrados, Jaime Saavedra Cardozo en el plazo establecido por el artículo 87.I de la Ley N° 1715 interpuso recurso de casación argumentando lo siguiente:
Que, la demanda interpuesta por Guido Bazán Herbas, en representación de la Comunidad Nueva Unión, fue interpuesta tanto en la suma como en el petitorio como demanda de desalojo, sin haber fundamentado el delito de avasallamiento, por el cual la Ley N° 477 amplía sus competencias para conocimiento de dicho delito tanto para los Jueces Penales como para los Jueces Agroambientales; que en la demanda no se individualiza determinando si son tierras fiscales del Estado o tierras comunitarias colectivas asumiendo una variedad de pretensiones que serían más de un orden procesal penal antes que de uno agroambiental.
En el Considerando II, de la Sentencia N° 04/2021 se transcriben los Art. 1, 2 y 3 de la Ley N° 477, señalando que bajo ese marco normativo se entendería que el proceso de desalojo sería un proceso sumarísimo, sin citar norma alguna en la que se sujete el demandante, y mucho menos la Ley INRA N° 1715 o su Ley Modificatoria N° 3545, no solicitando nada en derecho, siendo que el Juez Agroambiental de Riberalta habría actuado ultrapetita.
En el considerando III, de la referida Sentencia N° 04/2021, el Juez Agroambiental de Riberalta, respecto a la valoración de la prueba de descargo de los demandados, estos presentaron un certificado del sistema de Catastro Urbano del Gobierno Autónomo Municipal de Riberalta en coordenadas UTM, respecto al predio Bibosi II. Simultáneamente, la Dirección del Sistema de Catastro del mismo Gobierno Autónomo Municipal, informó que Jaime Saavedra Cardozo, "conforme a los planos que presentó a la solicitud y conforme a la coordenada, menciona que se encuentra dentro del Radio Urbano". Por último, a fs. 55 y 59 se tiene la Resolución Suprema N° 18736 de 8 de junio de 2016, en la que se anulan Títulos Ejecutoriales Individuales de Samuel Oña Calderón y Hermenegilda Justiniano Porcel y que en su Disposición Resolutiva N° 6, se homologa el Acta de Conciliación de 20 de junio de 2015, suscrito entre representantes del predio Comunal Campesino Nueva Unión, Bibosi II y la Urbanización Landívar.
Que, el Informe Técnico N° 08/2021 de 23 de julio de 2021, elaborado por el Técnico de Apoyo del Juzgado Agroambiental de Riberalta, cursante de fs. 70 a 74 expresa que: "se realizó el levantamiento de las 48 hectáreas de la Comunidad Campesina Nueva Unión, con el código catastral numeración que inserta en el informe donde se pudo verificar que existe una Urbanización denominada Landívar y también un Barrio llamado Beni, dentro de la Comunidad Campesina Nueva Unión, las mismas urbanizaciones están consolidadas con calles, postes de luz, todo tipo de vivienda rústica y de material"(sic).
Que, de la prueba presentada en audiencia a fs. 128 un documento privado de Acuerdo Transaccional realizado entre Willy Roca Ramos y Juan Carlos Cordero Fernández, por lo que esto probaría, en términos del recurrente, que se cumplió con el Acta de Conciliación de 20 de junio de 2015, respecto a la coordinación que debían celebrar ambas partes sobre nuevos asentamientos dentro de la Comunidad Nueva Unión. Asimismo, se menciona que las partes realizarán gestiones correspondientes en torno a las Urbanizaciones para beneficio de ambos.
Que, en el Considerando V de la Sentencia N° 04/2021 recurrida, se señala que el proceso de Avasallamiento y Tráfico de Tierras, tiene por finalidad precautelar un derecho propietario, ya sea colectivo o individual o fiscal, especialmente para evitar atropellos o incumplimiento del mandato constitucional en su Art. 56, mismo que garantiza el derecho a la propiedad y derecho a la sucesión hereditaria.
Al tratarse de una propiedad colectiva, la Comunidad Campesina Nueva Unión, también se halla regulada por la ley, la cual considera como patrimonio familiar la misma, prohibiendo su venta, reconocido, del mismo modo, en los preceptos de la Ley N° 1715 y su Ley modificatoria N° 3545.
Que, conforme al recurrente, la Ley N° 477, a pesar de que se les otorga una nueva competencia a los jueces agroambientales, no sería posible que un juez agroambiental, por cuestiones de competencia, pueda resolver actuaciones, donde se evidencia medidas de hecho o vinculadas al avasallamiento cuando se trate de predios o inmuebles donde no se advierta que el destino de la propiedad y las actividades desarrolladas no sean agroambientales. Al mismo tiempo que, según el recurrente, el Informe Técnico Legal UDSABN-N° 849/2019, de 26 de noviembre de 2019, producido por el INRA, junto con la Ley Municipal Amazónica N° 040, habrían determinado vía homologación el radio urbano de Riberalta, especificando que el predio Bibosi II se encontraría dentro del radio urbano.
Por último, el recurrente alega que el Juez Agroambiental de Riberalta, al emitir la Sentencia 04/2021 de 15 de noviembre de 2021, incurriría en la incongruencia en sus dos dimensiones: respecto al proceso como unidad y respecto a la estructura de la resolución, vulnerando normas procedimentales sustantivas, adjetivas, derechos y garantías constitucionales vigentes, no reflejando el principio de seguridad jurídica.
I.3. Argumentos de la contestación.- Mediante memorial cursante de fs. 239 a 240 de obrados, Guido Bazán Herbas contesta el Recurso de Casación interpuesto por Jaime Saavedra Cardozo contra la Sentencia N° 04/2021, bajo los siguientes fundamentos de hecho y de derecho: que, la parte recurrente no puede discernir que el desalojo solicitado a la autoridad judicial es porque ha existido un delito de avasallamiento, por lo que se entiende que es menester pedir un desalojo, más aun cuando la demanda ha sido presentada individualizando la existencia jurídica de la Comunidad Campesina Nueva Unión. Señala, al mismo tiempo, respecto al punto dos, que existe una equivocada interpretación normativa, ya que la autoridad judicial agroambiental habría citado y transcrito los Arts. 1, 2 y 3 de la Ley N° 477, debido a que el proceso se entiende como sumarísimo, dadas las características que posee respecto a los plazos cortos.
Respecto al punto tres del Recurso de Casación presentado, el recurrente entendería que el juez agroambiental habría realizado una valoración inadecuada de la prueba, en concreto sobre la certificación e información que emiten las instancias de Catastro del Gobierno Autónomo Municipal de Riberalta, siendo que la presunta prueba aclararía que dichas certificaciones obedecen a un carácter informativo y técnico, no constituyéndose en prueba, ni acreditando derecho propietario, mucho más si se toma en cuenta que el mismo Gobierno Autónomo Municipal de Riberalta a través de su Dirección de Sistema de Catastro respondió al recurrente, mediante documental de fs. 46 y 47 que "no podían emitir certificación sobre la pertenencia del predio Bibosí II o del asentamiento Taxi Riber al Radio Urbano", hasta que se emita la Resolución de Propiedades en el marco de la Ley Municipal Amazónica N° 137.
Sobre el punto cuatro, el recurrido de casación considera como irrelevante la mención a las condiciones que posee la Urbanización, respecto a las casas, postes y calles, pues la Resolución Suprema N° 18736 de 8 de junio de 2016, solamente homologa el acta de conciliación de la Comunidad Campesina Nueva Unión, Bibosí II y la Urbanización Landívar. En el mismo punto, al hacerse mención a Willy Roca Ramos y a Juan Carlos Cordero Fernández, no podría valorarse nada pues en concreto Willy Roca Ramos no es parte de la directiva de la comunidad, así como tampoco el documento que firma tendría reconocimiento de firmas. Así, Willy Roca Ramos no podría suscribir documento alguno sin previa consulta o aprobación por parte de la comunidad, por ende, Guido Bazán Herbas se ratifica en la demanda principal, bajo dichos fundamentos, calificando el recurso de casación presentado como imaginativo y solicitando declarar el recurso planteado como improcedente o en su defecto infundado.
II. TRÁMITE PROCESAL.
II.1. Autos para resolución y sorteo . - Mediante providencia de 27 de enero de 2022 cursante a fs. 245 de obrados, se decretó Autos para Resolución, procediéndose al sorteo del expediente el 09 de febrero de 2022, tal como cursa a fs. 249 de obrados, pasando a despacho del Magistrado Relator.
II.2. Actos procesales relevantes. - Cursa a fs. 1 vta. de obrados, Título Ejecutorial N° PCM-NAL-017904, en original; Folio Real Matrícula N°8.02.0.10.0000263 y Plano Catastral, cursante de fs. 2 a 3 de obrados; fotocopia de Acta de Elección de la Directiva de la Comunidad Campesina Nueva Unión, de fs. 9; demanda de desalojo de fs. 17 a 19 y vta.; Auto de Admisión de 24 de junio de 2021 a fs. 20 y vta.; memorial de apersonamiento del demandado a fs. 27; Acta de Audiencia de Inspección Ocular cursante de fs. 31 a 32 y vta.; fotocopia legalizada de Escritura Pública sobre Protocolización de Minuta de Transferencia de Fundo Rústico denominado Los Bibosis II a fs. 34 y vta; fotocopia simple de Plano Georeferenciado, certificado y parte de un informe del IGM-Instituto Geográfico Militar, del predio Los Bibosis II de fs. 42 a 45; Certificación e Informe DSC N° 023/2021 del Predio Bibosi II y del asentamiento de la Junta Vecinal Taxi Riber, emitido por el Gobierno Autónomo Municipal de Riberalta, cursantes a fs. 131 y 132; fotocopia simple de la Resolución Suprema N° 18736, de 8 de junio de 2016 de fs. 55 a 59; Acta de Conciliación entre la Comunidad Campesina Nueva Unión y Willy Roca Ramos, Walter Roca Ramos, José Luis Landívar y Herland Tapia García a fs. 127 y vta.; Segunda Audiencia de Inspección Ocular de fs. 67 a 69; Informe Técnico 08/2021 de fs. 70 a 74; Memorial presentado por Jaime Saavedra Cardozo a fs. 83 y vta.; Acta de Audiencia Pública de fs. 93 a 94 y vta.; Acta de Audiencia Pública Central a fs. 100 y vta.; Fotocopia Legalizada de Escritura Pública sobre Protocolización de Minuta de Transferencia de un Fundo Rústico que realizan los señores, Wilma Roca Ramos y Walter Hugo Roca Ramos a favor de Ignacio Daza Portuguez a fs. 145 y vta.; Acta de Audiencia Pública de fs. 152 a 158; Acta de Audiencia Pública de Lectura de Sentencia N° 04/2021, de 15 de noviembre de 2021 de fs. 162 a 171 y vta. .
III.- FUNDAMENTOS JURIDICOS.
III.1 La naturaleza jurídica del Recurso de Casación. - El Tribunal Agroambiental tiene competencia para resolver los Recursos de Casación contra las Sentencias o Autos Interlocutorios Definitivos emitidos por las juezas y jueces agroambientales, en virtud a lo dispuesto en los arts. 189.1 de la CPE, 144.I.1 de la Ley del Órgano Judicial (Ley No 025) y 36.1 de la Ley N° 1715, modificada parcialmente por la Ley N° 3545.
Por ello, el recurso de casación como medio de impugnación extraordinario es considerado como una demanda nueva de puro derecho, en la que, como condición ineludible, deben cumplirse entre otros, con determinados requisitos contenidos en la Ley N° 439, en los alcances de la supletoriedad prevista por el art. 78 de la Ley N° 1715; de la misma manera deberán identificarse las causales que fueran la base para recurrir de casación, tal cual lo indica el art. 271 en su parágrafo I) de la referida Ley, que a la letra indica: "El recurso de casación se funda en la existencia de una violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la Ley, sea en la forma o en el fondo; procederá también cuando en la apreciación de las pruebas se hubiera incurrido en error de derecho o error de hecho. Este último deberá evidenciarse por documentos o actos auténticos que demuestren la equivocación manifiesta de la autoridad judicial"; asimismo, el art. 274.I.3 de la Ley N° 439, dice: "Expresará, con claridad y precisión, la ley o leyes infringidas, violadas o aplicadas indebida o erróneamente interpretadas, especificando en qué consiste la infracción, la violación, falsedad o error, ya se trate de recurso de casación en el fondo, en la forma o en ambos. Estas especificaciones deberán hacerse precisamente en el recurso y no fundarse en memoriales anteriores, ni suplirse posteriormente".
III.1.1 El recurso de Casación en materia Agroambiental. - Este recurso se asemeja a una demanda nueva de puro derecho y si bien el Recurso de Casación en materia Civil, está sujeta al cumplimiento de requisitos esenciales específicamente determinados por ley, esto no ocurre en materia agroambiental, dado el carácter social de la materia y los derechos involucrados, como son la propiedad agraria, actividad agraria y pecuaria vinculados a la tierra, territorio y medio ambiente, que han permitido realizar flexibilizaciones para la admisión del recurso de casación. En efecto, el Tribunal Agroambiental, en su jurisprudencia con el estándar más alto de protección en resguardo del derecho de acceso amplio a la justica agroambiental, ha entendido que el incumplimiento de requisitos en la interposición del recurso de casación - adoleciendo de "técnica recursiva"- no impiden el análisis de fondo, en observancia del principio pro actione (acceso a la jurisdicción agroambiental en sentido amplio, sin obstáculos y restricciones formales, contenido en el art. 115 de la CPE) y el principio por persona o pro homine. Esto significa que si el recurrente en casación no identifica ni distingue claramente los argumentos de casación en la forma y en el fondo, efectuándose sólo una relación de los antecedentes del proceso, sin especificar de forma puntual la ley o leyes supuestamente infringidas o aplicadas, menos se explica en qué consiste la violación, falsedad o error en la apreciación de la prueba, ni establece la relación de causalidad entre las normas citadas, de todas formas el Tribunal Agroambiental, debe ingresar al fondo del análisis. Así lo han entendido los AAP S2a N° 0055/2019 de 15 de agosto; AAP S2a N° 90/2019 de 5 de diciembre y AAP S2 N° 0013/2019 de 12 de abril, entre otros Autos Agroambientales Plurinacionales.
III.2. Fundamentación normativa respecto al Avasallamiento y Tráfico e Tierras . - La Ley N° 477 de Avasallamiento y Tráfico de Tierras establece en su art. 4: "Los juzgados agroambientales y juzgados en materia penal, son competentes para conocer y resolver las acciones establecidas en la presente Ley", por tanto, la Jurisdicción Agroambiental, es competente para resolver este tipo de controversias sobre todas aquellas tierras individuales o colectivas privadas, bienes de patrimonio del Estado, bienes de dominio público o tierras fiscales, a condición de que estas mismas se encuentren dentro de área rural, a contrario sensu no estén dentro de la mancha urbana homologado por el municipio. (Hernán Antonio Espinoza Herrera: Avasallamiento y Trafico de Tierras; 2020. págs.53).
En base a los fundamentos jurídicos esbozados precedentemente y en consideración a los argumentos del recurso planteado, este Tribunal Agroambiental procederá a resolver en fundamento y derecho sobre lo siguiente:
1.La argüida demanda de ausencia de fundamentación por parte de Guido Bazán Herbas, representante legal de la Comunidad Campesina Nueva Unión.
2.Sobre la transcripción del artículo 1, 2 y 3 de la Ley N° 477, Ley contra el Avasallamiento y Tráfico de Tierras, no mencionando ni un solo artículo de la Ley N° 1715 o la Ley N° 3545.
3.Sobre las pruebas que se han presentado por parte del recurrente.
4.Sobre el Informe Técnico N° 08/2021 elaborado por el Técnico de Apoyo del Juzgado Agroambiental de Riberalta.
5.Acerca de la representación y validez de Willy Roca Ramos y a Juan Carlos Cordero Fernández, en cuanto a ser parte de las autorizaciones respecto a nuevos asentamientos en el predio Bibosi II.
6.Sobre el reclamo de incompetencia del Juez Agroambiental y el reclamo de incongruencia de la cual adolecería la sentencia recurrida.
IV ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO
Después de realizado el análisis al recurso planteado, la contestación y la Sentencia N° 04/2021 de 16 de septiembre de 2021, emitida por el Juez Agroambiental de Riberalta, provincia Vaca Díez del Departamento del Beni, dentro del proceso de Desalojo por Avasallamiento, se tienen los siguientes razonamientos:
1.- Sobre la demanda de ausencia de fundamentación por parte de Guido Bazán Herbas, representante legal de la Comunidad Campesina Nueva Unión, donde se habrían sobrepuesto procesos distintos, es decir, el penal y el agroambiental; la valoración, sustentación y fundamentación del Juez Agroambiental de Riberalta fue pertinente, ya que como se puede constatar, el mismo toma en cuenta consideraciones y valoraciones de prueba para justificar su decisión, tal como cursa a fs. 163 a 169 y vta. de obrados, en consecuencia, es inconsistente lo denunciado por la parte recurrente, dado que, efectivamente el proceso de desalojo tiene carácter sumarísimo, verificándose que la propiedad de la Comunidad Campesina Nueva Unión es colectiva y que por tanto se debe hacer prevalecer el mandato del art. 3 de la Ley N° 1715 y su Ley Modificatoria Parcial N° 3545, art. 3.III que refiere en su penúltimo párrafo: "Las tierras comunitarias de origen y las tierras comunales tituladas colectivamente no serán revertidas, enajenadas, gravadas embargadas, ni adquiridas por prescripción. La distribución y redistribución para el uso y aprovechamiento individual y familiar al interior de las tierras comunitarias de origen y comunales tituladas colectivamente se regirá por las reglas de la comunidad, de acuerdo a sus normas y costumbres."
2.- Sobre la afirmación del recurrente de casación, respecto a que el demandante inicial solamente transcribe los artículos 1, 2 y 3 de la Ley N° 477, Ley contra el Avasallamiento y Tráfico de Tierras, no mencionando ni un solo artículo de la Ley N° 1715 o la Ley N° 3545, se tiene a bien recordar al recurrente, que la interpretación de la demanda en un Proceso de Desalojo u otros de conocimiento bajo las competencias del Juez Agroambiental, le corresponden privativamente, al mismo tiempo la mencionada interpretación debe hacerse conforme al canon establecido por el Tribunal Constitucional Plurinacional, respecto a la actividad jurisdiccional al momento de ejercer justicia, por ello es menester tomar en cuenta lo determinado en el estándar "desde y conforme a la Constitución Política del Estado", el cual ha sido establecido por la jurisprudencia constitucional en numerosas sentencias, entre otras, las SSCC 944/2004-R, 814/2012. Así esta última entendió que: "en el marco de los postulados propios del Estado Constitucional de Derecho y merced al fenómeno de Constitucionalización del ordenamiento jurídico, exige del intérprete la aplicación de un principio de interpretación esencial denominado - interpretación desde y conforme a la Constitución , el cual hace posible que a través de métodos específicos de interpretación como ser los criterios sistémicos o teleológicos -los cuales constituyen aspectos esenciales de una coherente técnica adecuada de argumentación jurídica-, se realice una labor hermenéutica que asegure la vigencia material del principio de aplicación directa de los derechos fundamentales y por ende que se consagre el fenómeno de Constitucionalización del ordenamiento jurídico". Lo señalado presupone que la interpretación de la ley y de las demás normas infraconstitucionales no se encierra en su texto (encapsulamiento de la ley), sino que se debe encontrar esos diferentes sentidos normativos que puede tener un precepto legal, sentidos normativos que se los descubre utilizando los diferentes métodos, criterios y principios de interpretación referidos precedentemente, por lo que el Tribunal Agroambiental, al ser una instancia jurisdiccional de cierre, debe valorar en su cabal completitud y complejidad, la legislación atingente al caso, con el advertido que, en la labor interpretativa, los métodos tradicionales de interpretación (literal, lógica, sistemática, histórica) y los métodos contemporáneos de interpretación (evolutivo, comparado, desde y conforme a la Constitución y demás criterios propios de interpretación constitucional, así como los criterios y pautas de interpretación propios de los derechos humanos); todo este canon hermenéutico, a disposición y uso del juzgador agroambiental, que se debe, como un servidor de la justicia, a la disquisición del contenido de los hechos que conoce, como parte de su labor judicial.
Por ello, cuando el recurrente malinterpreta que el Juez Agroambiental de Riberalta actúa de manera ultrapetita, desconoce la hermenéutica que corresponde a la sistematicidad del sistema legal boliviano, mucho más si se considera que la Ley N° 477, no fue mencionada solamente en su artículo 1, 2 y 3 sino también en otra parte de su articulado, así como también la misma norma jurídica se ensambla con el resto de normativa agraria, dada la naturaleza desarrollada en esa legislación. En ese sentido, y considerando el principio iura novit curia, el Juez Agroambiental de Riberalta priorizó el acceso a una justicia pronta y oportuna, dada la naturaleza sumaria de la demanda, eliminando así todo rigorismo formalista que quebrante la oportunidad del proceso.
3.- Las presuntas pruebas consideradas por parte del recurrente, en primer lugar, son contradictorias, ya que por un lado el Gobierno Autónomo Municipal de Riberalta, emite respuestas, mas no certificaciones, sobre la consulta de si el predio Bibosí II pertenece o no al radio urbano; en segundo lugar, porque la documentación emitida por la Institucionalidad Municipal de Riberalta aclara definitivamente que "la presente gestión es de carácter informativo y técnico, la misma no constituye prueba, ni acredita derecho propietario". Como corolario a ello se determina desde el Municipio de Riberalta que "no corresponde otorgar certificación del asentamiento en cuestión, mientras no salga la resolución de las propiedades revisadas en el marco de la Ley Municipal Amazónica N° 137. Asimismo, del Informe Técnico N° 08/2021, emitido en cumplimiento al mandato del Juzgado Agroambiental de Riberalta, aclara que "se evidencia a través de la coordenada tomada en campo, que resultó el avasallamiento [puesto que los] asentamientos se encuentran dentro de un área de la Comunidad Campesina Nueva Unión, en una superficie de 18 ha". Todo ello, sumado al hecho de que existen viviendas rústicas y galpones construidos por las personas asentadas en el lugar. Por último, el Técnico de Apoyo indica en su informe, que el área de asentamiento de las personas involucradas en el proceso "se encuentra fuera de la mancha urbana, homologada por la Alcaldía de la ciudad de Riberalta".
4.- La mención al Informe Técnico N° 08/2021, concretamente a las conclusiones del mismo, cuando se afirma que "se pudo verificar que existe una Urbanización denominada Landívar y también un Barrio llamado Beni, dentro de la Comunidad Campesina Nueva Unión, las mismas urbanizaciones, están consolidadas con calles, postes de luz, todo tipo de vivienda rústica y de material", no amerita una valoración directa por parte de éste Tribunal, puesto que la labor procesal ocupa que se realice solamente un control de legalidad al proceso judicial, además de que esos hechos no forman parte de la causa original y no fueron parte del mandato solicitado al Técnico de Apoyo, por parte del Juez Agroambiental de Riberalta, tal como consta en el Acta de Audiencia de Inspección Ocular a fs. 67 a 69 de obrados. Por ello, concluimos que no existe una falta de valoración probatoria y fundamentación en el fallo, así como tampoco es pertinente la alusión realizada por el Técnico de Apoyo, puesto que la misma no forma parte directa del proceso en cuestión, además de que al Resolución Suprema N° 18736 de 8 de junio de 2016, cursante a fs. 55 a 59 homologa el Acta de Conciliación de la Comunidad Campesina Nueva Unión, Bibosí II y la Urbanización Landívar, donde ya se reconocían esas urbanizaciones; de lo que se colige que en realidad la temática del proceso es el avasallamiento - en una Propiedad Comunal con Título Ejecutorial otorgado por el Estado Plurinacional de Bolivia - cometido, por parte de Jaime Saavedra Cardozo y otros en un área que no tiene que ver con las urbanizaciones antes mencionadas.
5. - El recurrente, al mencionar a Willy Roca Ramos y a Juan Carlos Cordero Fernández, procura validar los acuerdos a los que se habría arribado, sin tenerlos involucrados, legalidad o legitimidad que respalde sus pretensiones, pues el Acta de Elección de la directiva de la Comunidad Campesina Nueva Unión no reconoce a ninguno de ellos como parte de la misma, por lo que resultaría infundado el hacer valer determinaciones que se hayan asumido a partir de estos particulares.
Es así que, en consonancia a la interpretación teleológica de la normativa municipal vigente, Ley Amazónica N° 040, conforme a la Exposición de Motivos de la misma, se tomó en cuenta un certificado INRA UDRC - BN - N° 020/2015, emitido por la Dirección Departamental del Instituto Nacional de Reforma Agraria INRA - Beni, el cual "certifica la sobreposición de predios agrarios con la propuesta del área urbana, realizada por el Gobierno Autónomo Municipal de Riberalta, por lo que se emitió por diecinueve veces continuas en medios de comunicación de prensa escrita, televisiva y radial, EDICTO, que cita, llama y emplaza a los propietarios de los predios indicados en la certificación, a fin de que puedan manifestar su conformidad con la propuesta de delimitación del área urbana", . Es así que, se reconoce en la Ley Amazónica N° 040 que de acuerdo a las coordenadas geográficas de cada vértice que forman el límite del área urbana, con una superficie de 10541.8195 ha (Diez mil quinientas cuarenta y una hectáreas, con ocho mil ciento noventa y cinco metros cuadrados), el predio Bibosí II - que se halla en parte, dentro de la Comunidad Campesina Nueva Unión, conforme al Informe Técnico N° 08/2021 citado ut supra,- recae fuera de la mancha urbana homologada por ley, dilucidando de ello que el asentamiento de la Junta Taxi Riber, se encuentra en los terrenos de la Comunidad Campesina Nueva Unión, conforme al informe N°8 DSCMVS 08/2021 de la Dirección del Sistema de Catastro del Gobierno Autónomo Municipal de Riberalta, de 5 de noviembre de 2021, a fs. 211 de obrados.
6. - Respecto a la incompetencia que alude el recurrente en el Recurso de Casación presentado, cabe recordar la SC 0378/2006-R de 18 de abril, la cual para determinar la jurisdicción aplicable afirma que se, "...debe partir del concepto de si la propiedad inmueble está destinada al uso de vivienda en centros poblados o urbanos, en cuyo caso se aplicarán las normas del Código Civil y la competencia será de los jueces ordinarios; o si por el contrario, se trata de la propiedad inmueble destinada a la producción agrícola y/o pecuaria sujeta al régimen de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria, en cuyo caso la competencia será de los jueces y tribunales agrarios..." La jurisprudencia constitucional glosada precedentemente fue asumida por el actual Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 2140/2012 de 8 de noviembre, que señaló: "...el elemento que determina cual es la jurisdicción que conoce de las acciones personales, reales y mixtas, es el carácter agrario de la propiedad, posesión o actividad; a este objeto al momento de determinar la jurisdicción se tomaba en cuenta la ubicación del inmueble objeto del litigio o el lugar de la actividad desarrollada; en este sentido, si el objeto del litigio o la actividad se desarrollaba en el área urbana, le eran aplicables las normas del Código Civil, en consecuencia la acción era de competencia de la jurisdicción ordinaria, en cambio si el objeto o la actividad era desarrollada en el área rural se aplicaban las normas de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria, la acción era de competencia de la jurisdicción agraria; situación que es determinada por las ordenanzas municipales que delimitaban el área urbana civil, con la condición de que estas sean homologadas por el Poder -ahora Órgano- Ejecutivo, mediante una resolución suprema en cumplimiento al art. 8 de la Ley 1669"; añadiendo posteriormente que: "...la definición de la jurisdicción por razón de materia a aplicarse sobre las acciones reales de bienes inmuebles cuando se produce el cambio de uso de suelo de propiedad rural a urbana, no puede quedar simplemente librada exclusivamente a lo que dispongan los Gobiernos Municipales, sino también debe considerarse otros elementos como el destino de la propiedad y de las actividades desarrolladas (las negrillas nos pertenecen); razonamiento que si bien fue efectuado por el extinto Tribunal Constitucional, sin embargo, resulta plenamente aplicable y coherente por cuanto no contradice a los nuevos postulados de la actual Constitución Política del Estado..."; razonamiento que ha sido reiterado, entre otras, en la SCP 0695/2013 de 3 de junio y la SCP 0675/2014 de 8 de abril. Como se puede discurrir de lo señalado precedentemente, el destino de la propiedad y las actividades desarrolladas por la Comunidad Campesina Nueva Unión corresponden al ámbito agroambiental, máxime si se toma en cuenta la naturaleza de la titulación colectiva a una comunidad, con antecedente agrario y que ha consolidado su vocación conforme se tiene demostrado.
Por último, en cuanto a la invocada incongruencia en la que incurriría la sentencia recurrida, se tiene que, el recurrente interpreta discrecionalmente las motivaciones del juzgador agroambiental y no señala claramente que parte de su fundamentación o motivación habría de entenderse como incongruentes, puesto que literalmente señala: "...o ha realizado una fundamentación y motivación adecuada referente a lo planteado por la parte demandante, tanto en la parte escrita de la demanda como en la exposición oral realizada en audiencia en los fundamentos de su demanda, ya que fueron por demás incongruentes, se aleja y establece una resolución que no se adecúa lo peticionado por la parte demandante, es decir, se fundamente una cosa y su autoridad resuelve por otra" (sic). Como se denota de lo señalado, existe un soliloquio de palabras que no conducen a clarificar la incongruencia, más aún cuando se citan sentencias constitucionales que si bien ponderan sobre el principio de congruencia, no lo hacen enmarcados en el proceso especializado agroambiental, sino que corresponden a los procesos de orden civil, tal como puede verificarse de la lectura de las sentencias constitucionales citadas por la parte recurrente. Por ello, lo que, al parecer del recurrente, cuando se alude a la incongruencia, se está olvidando de la especialización de la materia agroambiental, su carácter social y sobre todo el tipo de proceso, de puro derecho, que se sostiene al amparo de su jurisdicción; al respecto y para mayor ilustración debe tomarse en cuenta la SAP N° 106/2021, la cual sobre el recurso de casación fundamentó "Si bien el Recurso de Casación en materia Civil, está sujeta al cumplimiento de requisitos esenciales específicamente determinados por ley, esto no ocurre en materia agroambiental, dado el carácter social de la materia y los derechos involucrados, como son la propiedad agraria, actividad agraria y pecuaria vinculados a la tierra, territorio y medio ambiente, que han permitido realizar flexibilizaciones para la admisión del recurso de casación".
Es por ello que, sin escudriñar el fondo de la causa, corresponde dar cumplimiento al art. 220-II. del Código Procesal Civil, aplicable en la materia por el régimen de supletoriedad previsto por el art. 78 de la Ley N° 1715 modificada por la Ley N° 3545; por lo que, conforme a lo señalado precedentemente, el recurso de casación, como se encuentra planteado, resulta INFUNDADO, porque no se encuentra formulado, según lo establecido en los arts. 271-I y 274-I-3 del Código adjetivo Civil; al extremo que no se pudo constatar la existencia de violación a la ley aplicada, o una interpretación errónea de la misma, o su aplicación indebida, por el contrario, la Sentencia N° 004/2021 de 15 de noviembre de 2021, contiene decisiones expresas, positivas y precisas, en el marco de la jurisdicción especializada agroambiental, la cual resolvió sobre lo litigado en la manera que fue demandado, valorando las pruebas de acuerdo al art. 1286 del Código Civil, en mérito a no identificarse error de hecho o de derecho, demostrado mediante documentos, razonamientos o actos auténticos, que evidencien la equivocación manifiesta del Juzgador; citando al efecto el Auto Agroambiental Plurinacional S2ª Nº 004/2020 de 21 de enero de 2020, como jurisprudencia relacionada al caso de autos, el cual dice a la letra: "... para un mejor entendimiento, es oportuno desmenuzar cada uno de los presupuestos instituidos en nuestro ordenamiento jurídico vigente (art. 274-I-3 de la Ley N° 439); en tal razón, respecto a la: a) violación de la ley, se entiende como la no aplicación correcta de los preceptos legales, que no es otra cosa que contradecir al texto de la ley; b) interpretación errónea de la ley, viene a ser transgresión de la ley por haber dado un sentido equivocado a sus preceptos, ocurre cuando el juzgador aplica la ley pero interpretando de una forma diferente al espíritu de la norma; c) aplicación indebida de la ley, que no es otra cosa que aplicar la ley, a hechos distintos a los regulados por la norma; d) error de derecho, consiste en atribuir a una prueba un valor que la ley no le otorga, o haberse desconocido el que ésta le asigna; y e) error de hecho, ocurre cuando el error no versa sobre el extremo que se trata de probar, sino sobre la existencia del medio con el cual se trata de comprobarlo, vale decir, cuando se tiene como probado un hecho en mérito de un medio que no existe ni obra en el proceso". Lo referido líneas arriba, no fue desarrollado por el recurrente, ya que al margen de lo glosado ut supra, se limita únicamente a realizar un enunciado ambiguo y confuso petitorio, sin dar mayores explicaciones sobre las normas cuestionadas de vulneración, lo cual denota una carencia de técnica recursiva, por lo cual, el recurso como se encuentra formulado, no cumple con lo establecido en los arts. 271-I y 274-I-3 del Código adjetivo Civil y mucho menos con el precedente jurisprudencial resuelto en cuanto a casación, por parte de éste Tribunal, y citado en el FJ. III.1 y III.2 de este fallo. En conclusión, el Juez Agroambiental de Riberalta cumplió con las normas procesales y principios constitucionales del debido proceso, materializando el valor justicia, el derecho a la defensa en la tramitación de la causa; correspondiendo en el ámbito normativo, doctrinal y jurisprudencial, y bajo los principios de equidad procesal y seguridad jurídica, fallar conforme al art. 220.II del Código Procesal Civil, aplicado por el régimen de supletoriedad establecido en el art. 78 de la Ley N° 1715.
POR TANTO
La Sala Segunda del Tribunal Agroambiental, con la atribución conferida por el artículo 189-1) de la Constitución Política del Estado, los artículos 11, 12 y 144.I inc. 1) de la Ley N° 025, artículos 36-1) y 87-IV de la Ley N° 1715, de conformidad al art. 220-II de la Ley N° 439, esta último en aplicación supletoria en la materia por disposición del art. 78 de la Ley N° 1715; en consecuencia, dispone:
1.Declarar INFUNDADO el recurso de casación cursante de fs. 239 a 240 de obrados, interpuesto por Jaime Saavedra Cardozo.
2.Se mantiene firme y subsistente, con plena validez legal la Sentencia N° 004/2021 de 15 de noviembre de 2021, cursante de fs. 163 a 171 y vta. emitida por Juez Agroambiental de Riberalta del Departamento del Beni, dentro de la Demanda de Desalojo por Avasallamiento.
Regístrese, notifíquese y devuélvase. -
Fdo.
Ángela Sánchez Panozo Magistrada Sala Segunda.
Gregorio Aro Rasguido Magistrado Sala Segunda.
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