AAP-S1-0045-2022

Mediante la tramitación de un proceso de Resolución de contrato, en grado de casación en la forma y en el fondo, la parte demandante (ahora recurrente) ha impugnado el Auto Interlocutorio Definitivo de 16 de marzo de 2022, que declara probada la excepción de incompetencia, pronunciada por la Juez Agroambiental de Bermejo del departamento de Tarija, bajo los siguientes fundamentos:

Recurso de Casación en la forma

1.- Acusa Violación al debido proceso por haber quebrantado el numeral 8 del art. 23 de la Ley N° 3545, a su vez también el principio de integralidad reglada en el art. 76 de la Ley N° 1715, vulnerando el art. 256 de la Constitución Política del Estado (CPE) relacionado con la aplicación del principio de favorabilidad (pro homine);

2.- Vulneración al debido proceso y la legítima defensa por quebrantar el numeral 4), parágrafo II), del art. 213 de la Ley N° 439 (ultra petita);

3.- que, el art. 213.II.3 del Código Procesal Civil, obliga a los jueces, a explicar la parte motivada con estudio de los hechos probados y, en su caso, los no probados, evaluación de la prueba y cita de las leyes en que se funda, bajo pena de nulidad,  donde la autoridad judicial, no valoró la prueba consistente en la Conciliación Previa tramitada en calidad de Medida Preparatoria;

4.- Refiere que, la Juez de instancia, para mejor proveer, señala fecha de audiencia de inspección ocular, para verificar si la parcela en cuestión, se encuentra con actividad agraria o no, y así resolver su competencia, y que, una vez realizada la audiencia de inspección ocular, la autoridad "a quo" señala un cuarto intermedio, cuando dicha autoridad tenía la obligación de resolver la excepción in situ en audiencia, violando de esta manera el principio de oralidad que rige en el proceso agrario y desnaturalizando el procedimiento oral agroambiental.

Recurso de Casación en el fondo

1.- Que, la autoridad judicial, no valoró la prueba consistente en el trámite de conciliación previa, tramitada en calidad de medida preparatoria, omisión valoratoria que causa vulneración del art. 145.I de la Ley N° 439.

El Tribunal Agroambiental dispone  CASAR el Auto Interlocutorio Definitivo de 16 de marzo de 2022, de excepción de incompetencia pronunciada en audiencia por la Juez Agroambiental de Bermejo, y deliberando en el fondo, declara IMPROBADA la excepción de incompetencia, correspondiendo a la Juez Agroambiental de Bermejo, continuar con el conocimiento del proceso de Resolución de Contrato, conforme al fundamento siguiente:

1.- Corresponde manifestar que la autoridad judicial al momento de declarar probada la excepción de incompetencia no realizó una interpretación conforme a derecho, pues mediante inspección ha podido evidenciar que el predio objeto de la litis no está destinado a la construcción sino más bien, cuenta con actividad agraria, asimismo  se tiene la conciliación previa tramitada como medida preparatoria, saliente de fs. 1 a 23 de obrados, diligencia donde la demandada actuó y asumió defensa material de manera directa, sin alegar falta de competencia por la autoridad jurisdiccional, consintiendo  tácitamente la competencia del Juzgado Agroambiental, en razón de ello mal podría ahora alegar la competencia de la Autoridad Jurisdiccional.

COMPETENCIA DEL JUEZ AGROAMBIENTAL / PARA RESOLVER SOBRE PREDIOS (URBANOS) CON PRODUCCIÓN AGRÍCOLA O PECUARIA

Competencia sobre predios con producción frutícola

Cuando el predio objeto de la Litis, a pesar de encontrarse dentro de la mancha urbana, se demuestra que el destino de la misma es la producción frutícola, se encuentra dentro de las competencias de los Jueces Agroambientales conocer y resolver las mismas.

" concluyendo que el predio objeto de la Litis, a pesar de encontrarse dentro de la mancha urbana, por la actividad que cumple esta, es de competencia de la Jurisdicción Agroambiental, enmarcándose dentro las competencias desarrolladas en el fundamento FJ.II3. del presente Auto Agroambiental Plurinacional, que establece, que dentro de las competencias de los Jueces Agroambientales está la de conocer otras acciones reales, personales y mixtas derivadas de la propiedad, posesión y actividad agrarias o de naturaleza agroambiental, conforme establece el art. 152 numeral 11 de la Ley N° 025 (del Órgano Judicial), en concordancia con el art. 39.8 de la Ley N° 1715 modificada por el art 23 de la Ley N° 3545, competencias que ya no son limitativas sino que, por el contrario, tienden a impulsar y acrecentar dichas competencias con la finalidad de que se puedan conocer distintos tipos de demandas y dentro de estas se encuentran las ya mencionadas acciones personales, reales y/o mixtas, debiendo recordar que las acciones reales son aquellas, que tienen por objeto garantizar un derecho real, es decir, aquellas que ejercita el demandante para reclamar o hacer valer un derecho caracterizado por representar un poder jurídico sobre alguna cosa, con plena independencia de toda obligación personal por parte del demandado; en contraposición, las acciones personales, son las que tienen por objeto garantizar un derecho personal, deduciéndose para exigir el cumplimiento de una relación jurídica obligatoria, ya sea de dar, de hacer o de no hacer determinado acto; es decir, trata de obligaciones que ejecuta el titular, del bien."