SAP-S2-0011-2021

"En la etapa de Pericias de Campo del indicado proceso de saneamiento, fueron identificados como poseedores del predio "El Paraíso", Walfrido López Viturino y Eva Viturino Rodríguez, tal cual consta en la Ficha Catastral cursante de fs. 36 a 37 y en el Formulario de Anexo de Beneficiarios de fs. 38 de la carpeta predial, reproduciéndose igualmente el nombre de aquel en las Actas de Conformidad de Linderos, el Formulario de Registro de Función Económica Social (FES) de fs. 54 a 55, el Plano de la propiedad cursante a fs. 66, el Informe Técnico Jurídico ITJC Nº 19-19/2002 de fs. 69 a 82, y en el Informe de Evaluación Técnico-Jurídica SAN-SIM/ETJ-06 Nº 0022/2002 cursante de fs. 86 a 92; no obstante, en la Ficha Catastral como en el Anexo de Beneficiarios se registró a Adrián Cuellar Araujo como el primer beneficiario con base en trámite agrario; evidenciándose igualmente que efectivamente el nombrado inició el trámite de dotación del predio denominado "Monte Verde" con 750.0000 Has., así indica la Sentencia emitida por el Juez Agrario de Cobija de 15 de junio de 1992, cursante a fs. 42 y vta., cuyo Testimonio igualmente cursa a fs. 43 y vta., y 103 y vta. (en simples copias); asimismo, sobre la base del Documento Privado de 17 de julio de 2002 (fs. 109) con reconocimiento de firmas (fs. 107), por el que Adrián Cuellar Araujo transfiere el predio "Monte Verde" en favor de Farid Miguel Gonzáles, el Informe en Conclusiones de 5 de diciembre de 2003, cursante a fs. 111 de la carpeta predial, refiere que la etapa de Exposición Pública de Resultados tuvo una duración de quince días desde el 8 de noviembre de 2003, habiéndose apersonado a la misma Farid Miguel Gonzáles: "presentando documentación que acredita la transferencia del predio Monte Verde, actualmente EL PARAISO a su favor..." sic., y que las personas que participaron del saneamiento solo eran cuidadores de Adrián Cuellar Araujo que ya no residían en el lugar, dato recogido por el personal que realizó la Exposición Pública; Informe sobre cuya base, sugirió el cambio de beneficiarios a los fines de la titulación, siendo aprobado por decreto de 08 de diciembre de 2003, cursante a fs. 113, disponiendo que los beneficiarios en lo sucesivo serán Farid Miguel Gonzáles y Teresa Yepes Cuello".

"(...) con posterioridad a la emisión de la precitada Resolución Final de Saneamiento, se apersonó al INRA Pando mediante memorial presentado a la Dirección de Titulación y Certificaciones del INRA el 27 de junio de 2003, cursante a fs. 139, poniendo a conocimiento y pidiendo se tenga presente: "...la resolución original emanada por el señor juez de partido en lo civil de la capital, donde ratifica y establece claramente mi derecho propietario..." sic.; este pedido dio lugar al Informe Legal DGIG Nº 310/2005 de 26 de octubre, de fs. 148 a 149 de la carpeta de saneamiento, que estableció que conforme al art. 169 del Reglamento de la Ley N° 1715 se encuentran agotadas las etapas previas a la emisión del título ejecutorial, la presentación de documentos se realiza en la primera etapa de relevamiento de información (pericias de campo) de acuerdo al art. 173 del mismo instrumento y en forma extraordinaria en la Exposición Pública de Resultados según el art. 176, reiterando el antedicho informe que en la Exposición Pública de Resultados se apersonó Farid Miguel Gonzáles, acreditando su derecho de propiedad sobre el predio en cuestión, no habiéndose presentado ningún otro documento por otra persona, y que la documentación adicional se presentó de forma extemporánea (por el demandante), cuando las etapas estaban precluidas".

"(...) no se advierte que al no haberse emitido el Título Ejecutorial en favor de Edilberto Ferreira Soto, se hubiera incurrido en una falsa apreciación de la realidad constitutiva de error esencial; es decir, que tal situación sea el resultado de actos o hechos valorados al margen de la realidad, en mérito a que si bien el art. 147 del D.S. 25763 vigente en su oportunidad reclamado en la demanda, prevé que los interesados para acreditar sus derechos durante el proceso de saneamiento, podrán hacer uso de todos los medios de prueba legalmente admitidos, no es una norma que esté referida al momento o actuado de inicio del proceso de saneamiento y al tiempo o trámite concreto que marca la conclusión del mismo, o que permita el apersonamiento y presentación de documentación en cualquier momento o etapa del trámite, o puntualmente después de la emisión de la Resolución Final de Saneamiento; en todo caso de una interpretación gramatical y teleológica de la misma, se entiende que regula los medios de prueba que se pueden ofrecer y presentar, desde luego en los tiempos y etapas respectivas".

"(...) no se ha demostrado que la autoridad administrativa hubiera incurrido en el error esencial previsto en el art. 50-I-1 inc. a) de la Ley N° 1715, al momento de emitir el Título Ejecutorial Nº SPP-NAL-019944 de 18 de noviembre de 2005, al no haberse demostrado con documentación idónea que la decisión fue tomada en base a una apreciación falsa de la realidad y menos que la misma hubiera sido determinante y reconocible, en mérito a que el no haberse emitido a su nombre se debió a que no se apersonó al proceso de saneamiento de manera oportuna en las etapas previas a la emisión de la Resolución Final de Saneamiento, para presentar la documentación que según reclamó sustentaba su derecho de propiedad, creando de esta forma su propia indefensión".

"(...) conforme a los antecedentes de la carpeta predial, la Ficha Catastral de fs. 36 a 37, que registró como poseedores a Eva Viturino Rodríguez y Walfrido López Viturino, consignó de forma libre y voluntaria la superficie de 750.0000 Has., clasificada como empresa agrícola y una superficie agrícola explotada de 30.0000 Has. de pastizal brachiaria, una casa y galpones, superficie que tiene su antecedente en la Sentencia emitida por el Juez Agrario de Cobija para que se dote al inicial titular Adrián Cuellar Araujo, en la indicada extensión con clasificación ganadera-gomera-castañera y forestal; en el Formulario de Registro de Función Económico Social (FES) de fs. 54 a 55 de la carpeta predial se registra actividad ganadera en una superficie de 26.7551 Has., apuntándose en observaciones que dicha actividad es corroborada por la superficie de pastizales, pero que no tiene ganado bovino; a su vez el Informe Técnico Jurídico ITJC N° 19-19/2002 de 27 de febrero (fs. 69 a 82 de la carpeta predial), indica una superficie de 577.7181 Has., registrando como mejoras, dos casas y el pastizal ya mencionado, describiendo como agrícola el uso actual de la tierra, datos y superficie que aparecen igualmente en el Informe de Evaluación Técnica Jurídica SAN-SIM/ETJ-06 N° 0022/2002 de fecha 8 de noviembre, cursante de fs. 86 a 92 de la carpeta predial, que caracterizó al predio como pequeña propiedad de uso agrícola en aplicación del art. 2-I de la Ley N° 1715 y 238-III y 239 de su Reglamento (D.S. 25763), superficie que no obstante la sustitución de los beneficiarios con Farid Miguel Gonzáles y esposa por Walfrido López Viturino y Eva Viturino Rodríguez, se mantuvo inalterable en la Resolución Final de Saneamiento RA-SS N° 0267/04 de 11 de marzo de 2004, que en definitiva determinó adjudicar la propiedad "El Paraíso" en favor de Teresa Yepes de Miguel y Farid Miguel Gonzáles, en la superficie de 50.000 Has., clasificada como pequeña propiedad con actividad agrícola de conformidad al art. 166 de la CPE , vigente en su momento, art. 41-I-2), 66-I-1) y 67-II-2) de la Ley N° 1715, 198, 231-II inc. b), 232 y 234 de su Reglamento".

"Al constatarse el cumplimiento de la FS solamente en la antedicha superficie con actividad agrícola y el consiguiente incumplimiento en la mayor parte del predio, el INRA no podía clasificarlo como ganadero ni reconocer en saneamiento 500.0000 Has., conforme al art. 21 inc. a) de la Ley Fundamental de Reforma Agraria, porque no se acreditó el desarrollo de actividades agropecuarias, forestales y otras de carácter productivo reconocidas para cumplimiento de la Función Económico Social por el art. 238-II del D.S. 25763, y porque habiendo sido clasificada como empresa agrícola por la superficie inicial que tenía (750.0000 Has.) tomando en cuenta la forma de explotación según la clasificación de la propiedad para la evaluación de la FES conforme lo exigía el parágrafo III inc. b) de la citada norma, tampoco se demostró la existencia de trabajo asalariado, medios técnico-mecánicos, destino de la producción al mercado, el empleo de capital suplementario y de medios técnicos modernos; es más, siendo el reclamo del demandante que no se hubiera reconocido el predio en saneamiento como propiedad ganadera en una superficie mínima de 500.0000 Has., se tendría que haber evidenciado la existencia de ganado con registro de marca para dar cumplimiento al parágrafo III inc. c) del art. 238 del Reglamento, lo que como ya se mencionó no se encontró en el predio "El Paraíso" antes "Monte Verde"; estas constataciones se hicieron en la forma prevista por el art. 239 del D.S. 25763; vale decir, en la etapa de Pericias de Campo, siendo este el principal medio de comprobación de la función económico social".

"En base a esos datos y a las precitadas normas que fueron consideradas en el Informe Evaluación Técnica Jurídica SAN-SIM/ETJ-06 N° 0022/2002 de 8 de noviembre (fs. 86 a 92), se recomendó la adjudicación de 50.0000 Has. como pequeña propiedad -una variante de la pequeña propiedad agrícola reconocida en el art. 15 de la ley Fundamental de Reforma Agraria- clasificación determinada conforme se menciona en el indicado informe: "EN BASE A LA SUPERFICIE CON CUMPLIMIENTO DE LA FUNCION SOCIAL Y EN APLICACIÓN DE LOS ARTS. 200, 237 DEL REGLAMENTO DE LA LEY 1715" sic.; previendo el art. 200 que cuando la posesión se ejercite dentro del margen de la pequeña propiedad, se otorgará la superficie máxima que corresponda a la misma, según la zona geográfica y el art. 237 que la pequeña propiedad cumple la Función Social, cuando sus propietarios o poseedores, demuestren residencia en el lugar, uso o aprovechamiento tradicional de la tierra y sus recursos naturales, destinados a lograr el bienestar o desarrollo familiar o comunitario, según sea el caso, en términos económicos, sociales o culturales; normas aplicadas correctamente por cuanto lo que efectivamente se encontró en el predio fue únicamente un cultivo de pasto en una superficie de 26.7551 Has., más dos casas, y la residencia de los supuestos poseedores, datos interpretados en cumplimiento y en observancia a las citadas normas, dando lugar a la emisión de la Resolución Final de Saneamiento RA-SS N° 0267/04 de 11 de marzo de 2004, adjudicando la superficie de 50.0000 Has., clasificada como pequeña propiedad con actividad agrícola".

"Por otra parte, lo alegado por el demandante respecto a que al otorgarse solamente 50.0000 Has., se violó la indivisibilidad y el carácter de patrimonio familiar de la pequeña propiedad reconocidos por el art. 41-I-2) con relación a los arts. 48 y art. 49-I de la Ley Nº 1715, no tiene asidero alguno, debido a que como ya se dejó sentado, por la superficie de 750.0000 Has., que tendría inicialmente el predio, se trataría de una empresa y no una pequeña propiedad, por lo que su reducción no implicó una división de una pequeña propiedad y en todo caso por el incumplimiento de la FES (verificable en propiedades medianas y empresas), la actividad agrícola en pequeña escala (cultivo de pasto), que fue entendida y asumida por el INRA con amplitud y favorabilidad como cumplimiento de la función social, se configuró en saneamiento una pequeña propiedad, debiendo tenerse presente a este efecto que no existe en los antecedes de la carpeta predial ningún documento o prueba que acredite que el predio antes de ser sometido a saneamiento tuviera una superficie o la clasificación de una pequeña propiedad o documentación auténtica que se encontraría en archivos del INRA. Es preciso igualmente tomar en cuenta que así el demandante se hubiera apersonado oportunamente al proceso de saneamiento y eventualmente hubiera participado en las Pericias de Campo, los datos de la actividad y superficie en el predio no habrían sido diferentes, porque más allá de las personas o beneficiarios, lo que se constata en saneamiento son hechos y cosas o bienes materiales que existen en el predio".

"En relación al denunciado desconocimiento del art. 238-III inc. d) del D.S. N° 25763 de 5 de mayo de 2000, complementado por el D.S. N° 25848 de 18 de septiembre del mismo año, ratificado por el D.S. N° 27572 de fecha 17 de junio de 2004 y el art. 2 del D.S. 28196 de 3 de junio de 2005; efectivamente el citado inc. d) incorporado al parágrafo III del D.S. 25763 por el D.S. 28484, establece que: "En el departamento de Pando..., la unidad mínima de dotación por familia en comunidades campesinas e indígenas se establece en 500 hectáreas." Sin embargo, esta norma debe interpretarse y entenderse en sujeción a la Ley 1715; es decir, conforme a las previsiones y permisiones que sobre la dotación contiene este instrumento; así el art. 42-II de esta ley, reconoce la dotación gratuita exclusivamente en favor de las comunidades campesinas, pueblos y comunidades indígenas y originarias, estableciendo en el parágrafo III, que las personas naturales o jurídicas que reúnan los requisitos establecidos en la ley y reglamento, pueden beneficiarse de la adjudicación. Por consiguiente, no estando permitida por ley la dotación en favor de personas naturales el INRA mal podía dotar y titular bajo esa modalidad sobre el predio 500.0000 Has.; en todo caso y como fue aclarado posteriormente por el D.S. N° 27572, en su art. 4, se ratificó el derecho de las comunidades campesinas e indígenas en el Norte Amazónico a la dotación de propiedades comunarias en una superficie calculada en base a la unidad mínima de dotación por familia de quinientas (500) Has., tal como se estableció en el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 25848; vale decir, que el inc. d) adicionado al parágrafo III del D.S. N° 25763 por el D.S. N° 25848, era solamente un parámetro para calcular la superficie de las áreas colectivas o comunales que eventualmente podían dotarse a las comunidades indígenas o campesinas, habida cuenta que conforme al precitado art. 42 de la Ley 1715, no se podía favorecer con la dotación a las personas naturales; prueba de ello es que inclusive el cuarto párrafo de la parte considerativa del D.S. N° 27572, al 17 de junio de 2004, fecha de la puesta en vigencia del instrumento señalaba que: "...durante el proceso de saneamiento ejecutado en la zona, no se ha aplicado el reconocimiento mínimo de superficie por familia establecido en la normativa vigente, por lo que corresponde regular el mismo "(las negrillas son nuestras), consideración por demás explicable por la prohibición legal de dotación individual ya mencionada. Asimismo, tampoco era aplicable el D.S. Nº 28196 de 3 de junio de 2005, por cuanto igualmente fue emitido para regular la dotación de propiedades comunales a comunidades extractivistas del Norte Amazónico, conforme claramente se estableció en su art. 2".

"(...) respecto a que la unidad mínima de dotación establecida en el art. 238-III inc. d) del D.S. N° 25763 bajo los principios de igualdad y no discriminación consagrados en la CPE y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, sería aplicable tanto a una familia que integra una comunidad campesina o indígena, como bien ya se ha explicado la dotación individual o familiar no estaba permitida por el art. 42 de la Ley N° 1715 y el sentido o espíritu de la norma citada por el demandante no fue regular la dotación individual o familiar, sino que las 500.0000 Has. a que se refiere, fueron concebidas como parámetro de cálculo a los fines de la dotación de tierras comunales o si vale el término colectivas en favor de las comunidades, que no tienen tierras o que son insuficiente, para que previo trámite de distribución sean beneficiadas".