SAP-S1-0015-2021

Interpone demanda de nulidad de Título Ejecutorial, impugnado el Título Ejecutorial PCM-NAL-010685 de 12 de marzo de 2015, emitido a favor del Sindicato Ayoyapa respecto al predio denominado "Área Comunal Seis", clasificado como comunaria agrícola, con la superficie de 20.0224 hectáreas (ha); emitido como resultado del Proceso de Saneamiento Integrado al Catastro Legal, respecto al polígono N° 008, ubicado en el cantón Mariposas, sección Quinta, provincia Carrasco del departamento de Cochabamba, con base en los siguientes argumentos:

1. Sostiene que, mediante el proceso de saneamiento Cirilo Jarpa en su condición de representante del Sindicato Ayopaya, habría regularizado la propiedad colectiva de 20.0224 ha, la cual queda ubicada en el municipio Puerto Villarroel, provincia Carrasco del departamento de Cochabamba, quien a sabiendas y de mala intención, consiguió ilegalmente la dotación a favor de la organización "Sindicato Ayopaya" ahora denominado como predio "Área Comunal Seis", con Título Ejecutorial PCM-NAL-010685 en la superficie de 20.0224 ha otorgado en mérito a la Resolución Suprema 03482 de 12 de agosto de 2010; agrega que, la titulación efectuada se hubiera ejecutado sobre el total del terreno de propiedad de Zenón Paina Choque, ignorando y desconociendo la preexistencia del Título Ejecutorial N° 5927-7 otorgado en virtud de la Resolución Suprema N° 201065 de 22 abril de 1986 con expediente N° 385, titulación que resultaría ser ilegal e ilegítima en base a los siguientes argumentos:

2. Se incurrió en error esencial en la emisión del Título Ejecutorial PCM-NAL-010685, en el sentido que, conforme establece el art. 292 del D.S. N° 29215, una de las actividades que debe cumplir el INRA es el mosaicado referencial de predios con antecedente en expediente titulados y en trámite cursantes en el Instituto Nacional de Reforma Agraria; es decir, realizar el Relevamiento de Información en Gabinete, ello con la finalidad de verificar la existencia o no de predios con antecedente en expedientes titulados y en trámite, para así evitar nuevas titulaciones de áreas en saneamiento sobre superficies tituladas por el ex-Consejo Nacional de Reforma Agraria y el ex-Instituto Nacional de Colonización; en mérito a ello en el proceso de saneamiento interno que dio origen a la emisión del Título Ejecutorial PCM-NAL-010685 denominado "Área Comunal Seis", la entidad administrativa omitió considerar el expediente agrario N° 385 del cual emergió el Título Ejecutorial 5927-7 a favor de Zenón Paina Coche, indicando entre otros beneficiarios a Valerio Ríos Barrionuevo, Luis Yapura Arroyo, quienes de igual forma adquirieron mediante minutas de sus anteriores titulares iniciales derecho propietario adjuntando Títulos Ejecutoriales a fs. 8; omisión que claramente se desprende del Informe de Evaluación Técnica Jurídica Saneamiento de Oficio (CAT-SAN) a fs. 42 y de la Resolución Suprema 03482 de 12 de agosto de 2010, cursante a fs. 10 de obrados, de los cuales se desprende que el INRA estableció que no existen sobreposiciones del área de saneamiento determinada; vale decir del predio denominado "Área Comunal Seis", a favor del Sindicato Ayopaya en la superficie de 20.0224 ha, por lo que mediante la Resolución Suprema N° 03482 se procedió a anular los Títulos Ejecutoriales individuales del expediente N° 425-Cbba, en tal sentido, el INRA termina titulando el predio denominado "Área Comunal Seis", de tal modo que la entidad administrativa al no considerar la existencia del expediente ni títulos durante el trámite de saneamiento ha incurrido en error de hecho y que a la vez se generó error de derecho al crear otros derechos sobre otros aún existentes, pues de haberse valorado los títulos ejecutoriales existentes no se habría dado vida a un derecho sin antes pronunciarse sobre otro existente, lo que implica que el Título Ejecutorial PCM-NAL-010685 se encuentra viciado de nulidad conforme los alcances del art. 50.I.1.a) de la Ley N° 1715. Al respecto cita la Sentencia Agroambiental Nacional S2a N° 061/2016 de 30 de junio.

3. Bajo el acápite vulneración del derecho a la propiedad y a la seguridad jurídica al emitir el Título Ejecutorial ahora impugnado, manifiesta que, la regularización del derecho propietario en materia agraria comprende no únicamente la verificación del cumplimiento de la posesión legal y de la Función Social o Económico Social, sino también la consideración y valoración de cualquier derecho que sobre el área sujeta a saneamiento se haya constituido con anterioridad, así se desprende del art. 66.I.1. de la Ley N° 1715; en ese sentido arguye que, en el caso de autos, no se tiene la existencia de reconocimiento de derecho propietario a favor del titular inicial mucho menos de su representada, por lo que se habría constituido un nuevo derecho de propiedad a favor del Sindicato Ayopaya, quienes no ejercen ni cumplen la pacífica posesión, al contrario estarían fraccionando la propiedad de María Hinojosa Rodríguez, afectando un derecho legalmente constituido y garantizado por el art. 156 y 393 de la CPE, así como a la seguridad jurídica; al respecto cita la SC 0070/2010-R de 3 de mayo; añade que, la parcela "Área Comunal Seis" saneada a favor del Sindicato Ayopaya, ha sido inobservada, pues no se habría protegido el derecho de propiedad establecido en el expediente N° 385, a través del Título Ejecutorial Individual N° 5927-7, vulnerando el derecho de propiedad reconocida en el art. 56 de la CPE, no otra cosa significa que el INRA haya creado un nuevo derecho sobrepuesto a uno preexistente.

4. Bajo el rótulo violación de las leyes aplicables , sostiene que, en el proceso de saneamiento del predio denominado "Área Comunal Seis" a favor del Sindicato Ayopaya, se ha desconocido una de las finalidades del saneamiento establecida en el art. 66.I.1. de la Ley N° 1715, cual es la titulación sin afectar derechos legalmente constituidos por terceros; igual situación se presenta con el art. 304 del Reglamento de la Ley N° 1715, pues el INRA no aplicó correctamente los alcances de la referida norma, puesto que en el Informe en Conclusiones no ha identificado oportunamente la existencia del expediente N° 385; asimismo, indica violación de los arts. 331 y 336 del D.S. N° 29215, que obligan al INRA a pronunciarse respecto a cualquier derecho constituido sobre al área de saneamiento, en el presente caso del Título Ejecutorial sobrepuesto al predio denominado "Área Comunal Seis", motivo por el cual no podría nacer a la vida jurídica un derecho que se contraponga a uno preexistente.

5. En relación a la simulación absoluta , reiterando el argumento que el Título Ejecutorial PCM-NAL-010685, se encuentra sobrepuesto a la propiedad de la ahora demandante, indica que, Cirilo Jarpa bajo un comportamiento de beneficiarse como a otras personas, excluyó de las listas de beneficiarios a Zenón Paina Choque y a su esposa María Hinojosa Rodríguez que son propietarios de una superficie de 19.1437 ha, aun teniendo conocimiento que los mismos tienen posesión dando cumplimiento al art. 397.I y II de la CPE; es decir, de una manera mañosa dentro del proceso de saneamiento el demandado simuló y creó un acto aparente que no corresponde a ninguna operación real y que se encuentra contradicho con la realidad y con ello afectó la voluntad de la administrador el INRA, toda vez que, de no haberse excluido u ocultado malintencionadamente quienes eran los propietarios y cumplían la Función Social la entidad ejecutora no hubiera cometido error alguno; al contrario, velando por el derecho a la propiedad ahora en disputa hubiera emitido Título Ejecutorial a favor de Zenón Paina Choque y su esposa María Hinojosa Rodríguez; al respecto, cita la Sentencia Agroambiental Nacional S1a N° 49/2017 de 18 de mayo, por lo que refiere que, el Título Ejecutorial ahora cuestionado se encuentra viciado de nulidad conforme a la causal establecida en el art. 50.I.1.c) de la Ley N° 1715.

La Sala Primera del Tribunal Agroambiental, declara IMPROBADA la demanda de Nulidad de Título Ejecutorial; en consecuencia queda SUBSISTENTE el Título Ejecutorial N° PCM-NAL-010685 de 12 de marzo de 2015, correspondiente al Sindicato Ayopaya, con base en los siguientes argumentos:

1. Con relación a la cita de la Sentencia Agroambiental Nacional S2a N° 061/2016 de 30 de junio, resolución en la cual se desarrolló la "ratio decidenci", en el sentido que, es obligatorio que el INRA en el proceso de saneamiento identifique la existencia de Títulos Ejecutoriales preexistentes a fin de no crear un nuevo derecho sobre el mismo, no resulta análogo al presente caso, toda vez que conforme se tiene explicado precedentemente la entidad administrativa identificó al expediente agrario N° 425-CBBA trámite del cual deviene el Título Ejecutorial N° 5927-7, por lo que no corresponde emitir mayor criterio al respecto.

2. No se advierte que la entidad administrativa haya incurrido en error esencial al emitir el Título Ejecutorial PCM-NAL-010685 de 12 de marzo de 2015, debido a que el expediente N° 425-CBBA fue debidamente identificado y analizado conforme a la normativa agraria, no incurriendo la entidad administrativa en una falsa representación de la realidad.

3. Es posible concluir que no se advierte que la entidad administrativa haya incurrido en violación a ley aplicable en ninguna de las formas esenciales o en la finalidad que inspiró su otorgamiento, al momento de emitir el Título Ejecutorial PCM-NAL-010685 de 12 de marzo de 2015 ahora impugnado, conforme al entendimiento señalado en el FJ.II.3 de la presente sentencia; al contrario, se evidencia la correcta aplicación de las normas que sirvieron de base para reconocer derechos agrarios a favor del Sindicato Ayopaya.

4. Siendo que la pretensión de la presente demanda de nulidad es determinar si en el momento de realizarse el saneamiento concurrieron o no las causales de nulidad que se invoca, por las que el ente encargado del proceso de saneamiento hubiera podido otorgar derechos que no corresponden y van contra la normativa agraria que acarree la nulidad del Título Ejecutorial observado; se concluye que el Título Ejecutorial impugnado de nulidad por los fundamentos señalados precedentemente, fue extendido en cumplimiento de las normas aplicables al proceso de saneamiento sin vulnerar los preceptos y derechos señalados como infringidos por la parte actora, al no haber sido debidamente fundamentados, motivados ni probados debidamente en relación a las causales de nulidad invocadas.

PROCESO DE NULIDAD Y ANULABILIDAD DE TÍTULO EJECUTORIAL / NATURALEZA JURÍDICA

Todo proceso de saneamiento no solo se circunscribe a la valoración de documentación relativa al derecho posesorio o propietario sino principalmente a la verificación del cumplimiento de la Función Social y/o Función Económico Social, aspectos que no fueron demostrados, omisión que no puede ser atribuida a la entidad administrativa sino a la parte interesada en este caso a la demandante, al no obrar de esta manera implica que no tiene interés en sus derechos y garantías le sean protegidos o restituidos, pues las demandas de nulidad de Título Ejecutorial no se encuentran instituidas para subsanar la negligencia de las partes, quienes en su momento no asumieron defensa en cada una de las etapas del saneamiento, dentro de los plazos previstos por ley.

"(...) todo proceso de saneamiento no solo se circunscribe, a la valoración de documentación relativa al derecho posesorio o propietario, extremo que no fue debidamente acreditado durante el proceso de saneamiento en los plazos fijados por la norma, sino principalmente a la veri?cación del cumplimiento de la Función Social y/o Función Económico Social, aspecto que tampoco fue demostrado, omisión que no puede ser atribuida a la entidad administrativa sino a la parte interesada en este caso a la demandante, habiendo sido público todo el proceso difundiéndose por un medio de prensa escrita y radial, así como los resultados del saneamiento a través de la Exposición Pública de Resultados estableciendo el reconocimiento del derecho propietario a favor del demandado como fue explicado en parágrafos precedentes; sin embargo, no obstante de la difusión otorgada a los resultados del proceso, la ahora demandante conforme se evidencia de los actuados del saneamiento, no se apersonó para hacer valer sus derechos, habiendo dejado precluir los mismos a medida que se iban cerrando cada una de las etapas cumplidas dentro del proceso de saneamiento; máxime, cuando el INRA a través de un medio de prensa escrita el 1 de octubre de 2010 (fs. 2916), puso a conocimiento público la emisión de la Resolución Suprema N° 03482 de 12 de agosto de 2010, en el cual se dispuso la nulidad del Título Ejecutorial N° 5927-7, emitido a favor de Zenón Paina Choque a fin de que toda persona que considere que la resolución afectó sus derechos pueda interponer los recursos de impugnación previstos en la ley; consiguientemente, al no obrar de esta manera implica que no tiene interés en sus derechos y garantías le sean protegidos o restituidos, pues las demandas de nulidad de Título Ejecutorial no se encuentran instituidas para subsanar la negligencia de las partes, quienes en su momento no asumieron defensa en cada una de las etapas del saneamiento, dentro de los plazos previstos por ley (habiendo transcurrido para la interposición de la presente demanda más de 8 años desde la publicación de la Resolución Suprema N° 03482 de 12 de agosto de 2010)".

"Con relación al error esencial, la Sentencia Agroambiental Nacional S2ª N° 116/2016 de 21 de octubre, recogiendo el entendimiento legal de la Sentencia Nacional Agroambiental S2ª N° 29/2013 de 30 de julio, señala: "(...) cabe puntualizar que la doctrina clasifica al error, en "error de hecho" y "error de derecho", debiendo entenderse que aquel hace referencia a la falsa representación de los hechos o de las circunstancias (falsa apreciación de la realidad) que motivaron o que constituyen la razón del acto jurídico y, en el ámbito que nos ocupa, deberá entenderse como el acto o hecho que, valorado al margen de la realidad, no únicamente influye en la voluntad del administrador sino que, precisamente, constituye el fundamento de la toma de decisión, correspondiendo analizar si la decisión administrativa y/o acto administrativo podría quedar subsistente aún eliminando el hecho cuestionado por no afectarse las normas jurídicas que constituyen la razón de la decisión adoptada, en sentido de que no podría declararse la nulidad de un acto administrativo, si el mismo contiene, aun haciendo abstracción del acto observado, los elementos esenciales, de hecho y de derecho, en que se funda; en esa línea, cabe añadir que, a efectos de generar la nulidad del acto administrativo, el error debe ser: a) Determinante, de forma que la falsa apreciación de la realidad sea la que direccione la toma de la decisión, que no habría sido asumida de no mediar aquella; y b) Reconocible, entendida como la posibilidad abstracta de advertirse el error, incluso por el ente administrativo. Y finalmente, corresponde aclarar que el error esencial, que destruye la voluntad del administrador, deberá constatarse a través de los elementos que fueron de su conocimiento e ingresaron en el análisis previo al acto administrativo cuya nulidad se pide, por lo que no podría existir error esencial en la voluntad del administrador si el mismo basó su decisión, "correctamente", en los elementos que cursan en los antecedentes; en este sentido, el administrador habrá dado lugar a un acto ajustado a los hechos que le correspondió analizar y al derecho que tuvo que aplicar, es decir, un acto que no es distinto al que su voluntad tenía pensado crear, modificar o extinguir".

"la citada SAP S1a N° 100/2019, estableció: "Violación de la ley aplicable de las formas esenciales o de la finalidad que inspiró su otorgamiento, la Constitución Política del Estado, la Ley N° 1715 de 18 de octubre de 1996 modificada parcialmente mediante Ley N° 3545 de 28 de noviembre de 2006, los diferentes Reglamentos de la Ley N° 1715, vigentes en su momento hasta el actual D.S. N° 29215 de 2 de agosto de 2007, son las normas jurídicas aplicables en materia agraria que regulan entre otras, el régimen de distribución de tierras, garantizan el derecho propietario sobre la tierra y regulan el saneamiento de la propiedad agraria; el D.S. N° 29215 de 2 de agosto de 2007 y la Ley N° 2341 de Procedimientos Administrativos regulan las formalidades esenciales a observarse dentro del proceso administrativo de saneamiento de la propiedad agrícola en cuestión"; este razonamiento jurisprudencial fue reforzado en la SAP S1a 110/2019 de 14 de octubre, que, al respecto, estableció: "En lo referente a la violación de la ley aplicable de las formas esenciales o de la finalidad que inspiró su otorgamiento, la C.P.E., la L. N° 1715 de 18 de octubre de 1996, modificada parcialmente por L. N° 3545 de 28 de noviembre de 2006, el reglamento de las referidas leyes D.S. N° 29215 de 2 de agosto de 2007, son las normas aplicables en materia agraria que regulan los procedimientos agrario-administrativos; en este sentido y con base a lo establecido por el art. 50 parág. I, num. 2, inc. c. de la Ley N° 1715, en una demanda como en el caso de autos, lo que se busca es determinar si el acto final del proceso de saneamiento, la emisión del Título Ejecutorial, se contrapone a normas imperativas que prohíben terminantemente, dando lugar a la existencia de un Título Ejecutorial incompatible con determinado hecho y/o norma legal vigente al momento de su otorgamiento (violación de la ley aplicable), cuando el Título Ejecutorial fue otorgado al margen de las normas que fija la ley (violación de las formas esenciales), o en el supuesto de haberse titulado tierras a favor alguien, cuando por disposición de la ley, en consideración a fines predeterminados por el Estado, el derecho debió ser reconocido a favor distintos beneficiarios (violación de la finalidad que inspiró su otorgamiento)".

"la Sentencia Agroambiental Plurinacional S1a N° 23/2020 de 20 de 14 diciembre, estableció: "Simulación Absoluta (art. 50.I.1.c de la Ley N° 1715); esta causal hace referencia a la creación de un acto aparente que no corresponde a ninguna operación real y se hace aparecer como verdadero un hecho que se encuentra contradicho con la realidad, es la acción de representar, mostrar algo que en realidad no existe, con la intención de esconder y engañar, debiendo probarse a través de documentación idónea, que el hecho que consideró la autoridad administrativa como cierto no corresponde a la realidad, existiendo la obligación de demostrarse lo acusado a través de prueba que tenga la cualidad de acreditar que el acto o hecho cuestionado ha sido distorsionado; asimismo, corresponde citar la Sentencia Agroambiental Plurinacional S1ª Nº 12/2018 de 10 de mayo de 2018, que respecto a la causal de nulidad de Título Ejecutorial por "Simulación Absoluta", refiere: ...el Título Ejecutorial se encuentra viciado por basarse en hechos que no corresponden a la realidad, aspecto que afecta la voluntad de la administración, en este caso al INRA, siendo su relevancia tal que de no existir la "simulación" o "apariencia de la realidad" señalada, no se hubiera procedido a titular en una superficie determinada o a una persona en específico...".