Dentro de un proceso Contencioso Administrativo, interpuesto por la Asociación Agrícola Ganadera "Candelaria Suyo", representada por Gustavo Ponce Carrasco, Delfín Mendoza Alanez y Reinaldo Tomás Limachi Torrez, contra Juan Evo Morales Ayma, Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia y Juanito Félix Tapia García, Director Nacional a.i. del Instituto Nacional de Reforma Agraria, impugnando la Resolución Suprema N° 05938 de 7 de septiembre de 2011, constituyéndose los problemas jurídicos a resolver:
1. Que el Informe Técnico 1203/478 de 17 de noviembre de 2000, hace mención a la extensión de 139,9475 ha. (superficie no comprobada ni ubicada en sito); consigna a 5 personas como demandantes (cuando en realidad es una); obteniéndose coordenadas mediante GPS navegador y no estático, sin identificar la sobreposición ni a los actuales propietarios que tienen calidad de sub adquirentes, determinando, la existencia de sobreposición con el Parque Nacional Tunari, sobreposición que la Evaluación Técnica jurídica no resuelve; que el Informe Legal 0497/2000 de 24 de noviembre de 2000, no toma en cuenta los antecedentes jurídicos, ni la invalidez de la declaración jurada respecto a la posesión; tampoco resuelve el supuesto trámite de posesión o de beneficiario en trámite, simplemente menciona las fotocopias de 7 de febrero de 1991 y sin tomar en cuenta las conclusiones del informe determina la calidad de los poseedores, sugiriéndose que admita la solicitud, asimismo señala que el Informe de Inspección ocular 1203/478 de 28 de noviembre de 2000, es copia fiel del primer informe técnico, porque no identifica la superficie y menos referencias o accidentes naturales del lugar y es contradictorio cuando indica que el rechazo o aceptación debe ser analizado y a la vez sugiere continúe el saneamiento, habiéndose dictado el Auto de Admisión de 1 de diciembre de diciembre de 2000, pese a las irregularidades señaladas; y que, la Resolución Determinativa RSSPP 0454/2000 de 1 de diciembre de 2000, fue dictada sin que se hubiere realizado un Informe de Gabinete, sin identificar los expedientes N° 5323 y N° 37153, vulnerando el art. 169 -I -a) del Reglamento de La L. N° 1715; resolviendo inicialmente el área de saneamiento simple a pedido de parte en la extensión superficial de 139.9475 ha., cuando esa cantidad de terreno es inexistente, además que la resolución no fue dictada dentro de término de 10 días conforme dispone el art. 43 parágrafo I inc. b) y parágrafo II del Reglamento de la L. N° 1715 y que la Dirección de Titulación del INRA, no realiza informe identificando su predio.
2. Señalan que a pesar de haber acreditado su derecho propietario, el saneamiento siguió su curso y la Empresa SANEA SRL en el mes de septiembre de 2001 recién identificó sobreposición en más del 80% existente en sus predios, hecho ignorado por el INRA.
3. Refieren que el Informe de Evaluación de 6 de diciembre de 2007, vulnera el debido proceso porque no ha denominado como "Informe de Evaluación Técnica Jurídica", conforme dispone el art 169 inc. b) y el art. 176 del Reglamento de la L. N° 1715; consigna a Gertrudis Olmos de Rojas y Hugo Rojas Zenteno como "poseedores" y no beneficiarios; no considera la transferencia de los predios a nombre de la Asociación Agrícola Ganadera "Candelaria Suyo" y la calidad de sub adquirentes; la Evaluación Jurídica, en la relación de hechos, no cita a los subadquirentes, el INRA nunca realizó pericias de campo para ver si el predio cumple o no la función económica social y/o función social, tampoco realiza un análisis de la tradición del derecho propietario del predio; en cuanto a la sobreposición del predio con el Parque Nacional Tunari, citando el D.S. N° 6045, L. N° 253, L. N° 443, D.S. N° 8835, D.S. N° 9105, D.S. N°15872, D.L. N°16574, RM N° 158/88 y la L. N° 1262, la Evaluación Técnica no realiza análisis jurídico, no menciona si el derecho que les asiste es anterior o posterior a la declaración del Parque Tunari, aclarando que no existe documentación de la sobreposición con el Parque; que la documentación acompañada por Carmen Antezana es falsificada y que al no haberse analizado la documentación presentada, el proceso de saneamiento resulta ser incompleto, inconcluso y observado; que no hay relación de pericias de campo; observaciones, que no fueron subsanadas ni convalidadas en apego a las Leyes N° 1715 y N° 3545 y el Reglamento vigente aprobado por D.S. N° 29215.
4. Manifiestan que el Informe de Readecuación prescrito en el Reglamento de la L. N° 1715, aprobado mediante D.S. N° 29215, no se cumplió al expedir la Resolución Suprema N° 00997, pese a que la Sentencia Agraria Nacional dispuso -la nulidad de la Resolución Final de saneamiento RFS-CNS N° 0050/2002 de 20 de junio de 2002-.
5. Por otra parte señalan que el Informe de Diagnóstico, no cursa en antecedentes, limitándose el INRA Nacional a dictar una nueva Resolución Suprema con la firma del Presidente, violando la Sentencia Agraria Nacional N° 026/2003, cuya parte resolutiva dispone se regularice el trámite y se dicte nueva resolución de saneamiento; no adecuándose a la nueva normativa agraria prescrita por la L. N° 3545 y su Decreto Reglamentario, ignorando el art. 4 incs. a) y d) del D.S. N° 29215, sin verificar el cumplimiento de la función social del predio por sus actuales ocupantes y/o poseedores; haciendo sólo mención a una sobreposición con la demanda de saneamiento de la supuesta poseedora, sin verificación en gabinete ni en campo.
6. Respecto del Informe en Conclusiones prescrito por el art. 303 y sgts., del D.S. N° 29215, señalan que el mismo, no existe ni cursa en obrados, aspecto que viola la Resolución Suprema (que ilegalmente dispone su propiedad como tierra fiscal, sin siquiera habérseles identificado como subadquirentes).
7. Que el Informe de Cierre, dispuesto por el art. 305 del D.S. N° 29215, tampoco existe en obrados, viola los pasos de saneamiento, ya que no se hizo público el resultado del proceso de saneamiento.
8. Indican que la Función Social, es la única que debe cumplirse, porque los fundos "Combuyo o Anocaraire" y "Candelaria Suyo", con capacidad cultivable de 3 y 2 has., total de 5 ha., son considerados como pequeñas propiedades, protegidas por los arts. 56, 393 y 394 de la C.P.E. y la L. N° 1715, mas no la función económica social.
9. Refieren que el INRA identificó nulidades relativas inexistentes en los expedientes N° 5323 y N° 37153, basado en la Evaluación Técnica Jurídica y Resolución de Saneamiento RFS-CNS N° 0050/2002, indicando que el Título Ejecutorial y el proceso, están afectados por vicios de nulidad relativa al no cumplir con el requisito establecido en los arts. 26 y 33 del D.S. N° 3471; que en el expediente cursa la designación, aceptación y juramento del perito; que no se trata de proceso de afectación sino de "inafectabilidad y consolidación" y que no se puede declarar área fiscal a una propiedad privada que cumple la función social y es considerada pequeña propiedad.
10. Asimismo, señala que no se realizó control de calidad, supervisión y seguimiento, que el proceso de saneamiento realizado por la empresa "SANEA" tiene irregularidades y anormalidades, no coincidiendo siquiera el plano de su propiedad. Que en la pericia de campo debió identificarse la invasión y sobreposición a su propiedad por parte de la familia Anibal Corro en una superficie de 4.5000 ha.
11. De igual manera, expresan que la Resolución Suprema N° 05938 de 7 de noviembre de 2011, tiene los siguientes vicios procesales: 1. No establece el número del Polígono, únicamente refiere como dato técnico erróneo Polígono 000, que afecta y vicia la Resolución Suprema recurrida; 2. Identifica como tierras fiscales a una propiedad privada; 3. Señala erróneamente la superficie de 139.9475 ha. de la propiedad Candelaria Suyo o Combuyo, siendo lo correcto 63.2500 ha.; 4. Refiere sobreposición de la propiedad Candelaria Suyo o Combuyo Anocaraire con el Parque Nacional Tunari; sin analizar el D.S. N° 06045 que declara Parque Nacional Tunari, sin identificar la superficie que se encuentra en sobreposición; 5. Falta de notificación a los propietarios de la Asociación Agrícola Candelaria Suyo con el informe de adecuación DGS-JRV-CBBA N° 0205/2009, violando su derecho a la defensa y debido proceso; 6. No se notificó a los propietarios de la Asociación Agrícola Candelaria Suyo con el Informe en Conclusiones de 25 de marzo de 2002, pese a haberse apersonado al INRA Nacional y departamental de Cochabamba; 7. No se notificó a los propietarios actuales de la Asociación Agrícola Candelaria Suyo con el Auto de Aprobación de informe de 11 de mayo de 2009; 8. No se consideró que las superficies de la Asociación Agrícola Candelaria Suyo, son pequeñas propiedades y consiguientemente inafectables, indivisibles e intransferibles, según el art. 394 de la C.P.E.; 9. Ni el proceso de saneamiento ni la Resolución Suprema N° 05938 establecen nulidades absolutas para anular los Títulos Ejecutoriales de sus pequeñas propiedades que detentan, violando el art. 50 de la L. N° 1715; 10. Se afirma falta de apersonamiento cuando sí se apersonaron al INRA; 11. Que el num. 4 de la parte Resolutiva no establece a qué norma legal pertenecen los arts. 453 y 454 utilizados como base legal, cuando Carmen Altagracia Antezana de Salazar no es considerada titular; 12. La contradicción existente en los num. 3, 6 y 7 de la Resolución Suprema N° 05938, alterando la parte resolutiva de la Resolución recurrida; 13. La Resolución no cita el Cantón Anocaraire en la que se identifica el inmueble, ni en la resolutiva; 14. La Resolución establece que no se dictó la resolución determinativa de área de saneamiento; 15. No anulan las Resoluciones Supremas base de los Títulos Ejecutoriales de la propiedad "Candelaria Suyo y Combuyo Anocaraire", instrumentos son base para la emisión de los Títulos Ejecutoriales N° 127316 y N° 710721; 16. No identifica ni establece la existencia de sub adquirentes reconocidos, como la Comunidad Villa Combuyo, no se les identifica como compradores ni poseedores y 17. El certificado de Derechos Reales Quillacollo-Cochabamba de 1 de marzo de 2002 establece el registro y derecho propietario de la Asociación Candelaria Suyo, registro que identifica a los legales propietarios.
12. Refieren que la transferencia de parte de la propiedad rural "Candelaria Suyo o Combuyo" con una extensión superficial de 63.2500 ha., está inscrita en Derechos Reales, en fs. 1450, del Libro Primero de Propiedad de la Provincia Quillacollo a nombre de la extinguida ONAF; propiedad que fue transferida a favor de la "Comunidad de Combuyo o Villa Combuyo", representada por Felipe Cáceres Guzmán, Rocío Carolín Guzmán y José Wilfredo Andrade Barrionuevo quienes representan a más de 120 familias o comunarios compradores, suscribiéndose contrato en 10 de julio de 2009, desde la cual ingresan en posesión, asentamiento legal y cumplimiento de la FES, documento que fue dejado sin efecto por el documento de 22 de octubre de 2009, que fue elevado a instrumento público mereciendo la fe probatoria del art. 1297 del Cód. Civ., habiéndose posteriormente suscrito el adendum a la transferencia, en 8 de septiembre de 2011, que acredita que la "Comunidad de Combuyo o Villa Combuyo" y la "Asociación Agrícola Candelaria Suyo", es propietaria de 40 ha. y titular de 23.2500 ha., en las que se cumple la FES, ya que ambas son consideradas pequeñas propiedades al efecto,.
13. Respecto al derecho propietario que les asiste, señalan que está protegido por el art. 56 de la CPE y arts. 87, 88, 93, 105, 106, 111, 1538 y 1540 num. 7 del Cód. Civ., derecho que la Resolución Suprema viola y desconoce; argumenta que conforme al art. 394 parágrafo II de la C.P.E., la pequeña propiedad es indivisible, constituye patrimonio familiar inembargable y no está sujeta al pago de impuestos.
14. Por último, refieren que en cuanto a la protección de derechos de los sub adquirentes, el INRA no hace diferencia entre calidad de propietarios y sub adquirentes, aplicando en forma general un régimen de afectaciones en forma indiscriminada sin tomar en cuenta que erogaron gastos para adquirir el derecho propietario agrario, resultando una incongruencia jurídica que mediante un procedimiento administrativo de saneamiento se desconozca y viole su derecho a la propiedad privada, derechos que fueron adquiridos mediante fallos de autoridad jurisdiccional.
15. Concluyen solicitando se deje sin efecto la Resolución Suprema N° 05938, declarando probado el recurso contencioso administrativo y se revoque la resolución impugnada, convalidando su derecho propietario, se restablezca el proceso de saneamiento y se emita Resolución Suprema confirmatoria de los Títulos Ejecutoriales N° 127316 y 710721, de acuerdo a los artículos 67 parágrafo II, numeral 1 de la L. N° 1715 y 218 del Reglamento.
"Mediante memorial de demanda presentado en 13 de octubre de 2000, cursante a fs. 27, Carmen Antezana Quiroga por sí y a nombre de otros, aduciendo tener la propiedad de 139,9475 has., solicita saneamiento simple de las tierras denominadas "Combuyo", ubicadas en la jurisdicción del Cantón Anocaraire, Provincia Quillacollo del Departamento de Cochabamba, adjuntando documentos cursantes de fs. 19 a 26, tramitada en observancia a los arts. 163 y sgtes., del D.S. N° 25763, hasta la emisión de la Resolución Final de Saneamiento".
"De fs. 429 a 431, consta la Resolución Final de Saneamiento RFS-CNS N° 0050/2002, de 20 de junio de 2002, que resuelve: Anular el Título Ejecutorial N° 127316 y el proceso agrario N° 5323 correspondiente a la propiedad denominada "Candelaria Suyo", ubicada en el cantón Anocaraire, Provincia Quillacollo del Departamento de Cochabamba, consolidada a favor de Gertrudis Olmos de Rojas con una superficie de 31.5000 ha. y el Título Ejecutorial N° 710721, proceso agrario N° 37153, correspondiente a la propiedad denominada "Combuyo o Anocaraire", ubicada en el cantón Anocaraire, provincia Quillacollo del Departamento de Cochabamba emitido a favor de Hugo Rojas Zenteno, con una superficie de 31.6500 ha.; ambos por la existencia de vicios de nulidad relativa e incumplimiento de la función social y función económico social, declarando tierras fiscales, la superficie de 63.3390 ha. con código catastral 03090402000001, solicitada por Carmen Altagracia Antezana de Salazar".
"De fs. 437 a 441 vta. cursa la Sentencia Agraria Nacional N° 026/2003 de 7 de junio de 2003, dictada dentro la demanda contencioso administrativa interpuesta por la Asociación Agrícola Ganadera "Candelaria Suyo", representada por Juan Justo Arano López y Gustavo Ponce Carrasco, impugnando la Resolución 0050/2002 de 2 de junio de 2002 (descrita ut supra) y el procedimiento; sentencia, que al realizar el control de legalidad del procedimiento de saneamiento señala que "el INRA actuó conforme a normas establecidas para el procedimiento administrativo de saneamiento de la propiedad agraria (...) hasta la etapa de dictar resolución final de saneamiento, habiendo incurrido en actuación ilegal al dictar la referida resolución, por lo que corresponde dictarse nueva resolución final de saneamiento teniendo presente la Sentencia Constitucional N° 13/2003 de 14 de febrero de 2003", por lo que falla declarando probada la demanda y nula la Resolución Final de Saneamiento RFS-CNS N° 0050/2002 de 20 de junio".
"De fs. 464 a 465, consta el Informe Legal DGS-JRV-CBBA N° 0205/2009 evacuado por el Profesional Jurídico IV de la Dirección General de Saneamiento del INRA, que realiza adecuación al nuevo reglamento agrario, estableciendo la validez a las actividades cumplidas con el D.S. N° 25763 de 5 de mayo de 2000 y considerar adecuaciones para la prosecución del saneamiento y Resolución Final de saneamiento".
"A fs. 468, cursa Control de la Información Geográfica, que refiere la superficie de 63.3390 ha., del predio objeto de la litis".
"De fs. 483 a 486, se tiene la Resolución Suprema N° 00997 de 17 de julio de 2009, emitida por Juan Evo Morales Ayma, Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia y Julia Ramos Sánchez, Ministra de Desarrollo Sostenible, correspondiente al proceso de Saneamiento Simple a Pedido de Parte SAN-SIM, respecto al Polígono N° 000 de la propiedad denominada "Tierras Fiscales Combuyo", ubicada en el cantón Anocaraire, sección cuarta, Provincia Quillacollo del Departamento de Cochabamba, cuyos expedientes se encuentran signados con el N° 5323 y N° 37153; que resuelve: Anular los Títulos Ejecutoriales Individuales, con antecedente en las Resoluciones Supremas N° 1048 18 y 186831 de fechas 09 de octubre de 1961 y 14 de abril de 1978 del trámite de consolidación N° 5323 y N° 37153 respectivamente, de los predios denominados "Candelaria Suyo y Combuyo Anocaraire", al haberse establecido vicios de nulidad relativa, incumplimiento de la función social así como falta de apersonamiento de los titulares iniciales de los predios ubicados en los cantones Ancoraime y Anocaraire".
"De fs. 508 a 513, cursa la Sentencia Agraria Nacional S2° N° 03/2011 de 18 de febrero de 2011, dictada dentro de la demanda contencioso administrativa, interpuesta por la Asociación Agrícola Ganadera "Candelaria Suyo", representada por Gustavo Ponce Carrasco y Delfín Mendoza Alanez, impugnando la Resolución Suprema N° 00997 de 17 de julio de 2009, emitida a la conclusión del proceso de saneamiento simple a pedido de parte de la propiedad denominada "Tierras Fiscales-Combuyo"; realizando un segundo control de legalidad al saneamiento y en el Considerando último numerales 5 y 6 expresa que "la Sentencia Agraria Nacional N° 026/2003 de fecha 7 de agosto de 2003, estableció que el INRA ha incurrido en actuación ilegal únicamente en la emisión final de Saneamiento de la propiedad agraria, hasta la etapa de dictar dicha resolución, de la que los argumentos relativos a la falta de cumplimiento de actividades que hacen a las etapas de saneamiento contenidas en el D.S. 29215, actual Reglamento de la L. N° 1715 resultan impertinentes (...) que en el caso presente únicamente correspondía emitir el informe de Adecuación, conforme a la Disposición Transitoria Segunda del Decreto Supremo N° 29215 de 2 de agosto de 2007, mismo que se encuentra de fs. 464 a 465 de los antecedentes remitidos por el INRA". "Que el proceso de saneamiento de la propiedad agraria ha adecuado su accionar a la normativa agraria vigente, a tiempo de ejecutar las diferentes etapas (...) en la emisión de la Resolución Suprema N° 00997 de 17 de julio de 2009 objeto de la presente impugnación, específicamente en la Resolución Suprema, objeto de la presente impugnación, en la parte resolutiva punto 1°, se anulan los títulos ejecutoriales individuales, con antecedentes en las Resoluciones Supremas Nos. 104818 y 186831, de fechas 09 de octubre de 1961 y 14 de abril de 1978, correspondientes a los trámites de consolidación N° 5323 y 37153, respectivamente, se advierte consignado erróneamente el dato referido al número de la primera Resolución Suprema, toda vez que de acuerdo a los antecedentes del proceso de saneamiento efectuado en el área, la Resolución Suprema N° 1084 18 y no la 104818, por lo que corresponde al demandado enmendar el error" (las negrillas y subrayado son nuestros); declarando la parte Resolutiva probada la demanda y en consecuencia nula la Resolución Suprema N° 00997 de 17 de julio de 2009, emitida a la conclusión del proceso de saneamiento simple a pedido de parte de la propiedad denominada "Tierras Fiscales - Combuyo", ordenándose la emisión de una nueva Resolución Suprema modificándola únicamente en relación al número de la Resolución Suprema que constituye antecedente del Título Ejecutorial N° 127316".
"De fs. 544 a 545, cursa el Informe Técnico de Adecuación INF-DGS-JRV-CBBA N° 020/2011, cuyo texto refiere que el predio denominado Tierra Fiscal (Combuyo) está ubicado en el Departamento de Cochabamba, Código 03, Provincia Quillacollo, Código 09, Municipio Vinto, Código 04; Polígono 000 y Parcela 001".
"De fs. 626 a 628 consta el Informe Legal DGS-JRV N° 134/2012 de 19 de marzo de 2012, en cuya parte conclusiva sugiere "desestimar la solicitud de paralización y anulación del Trámite agrario de Saneamiento del predio TIERRAS FISCALES COMBUYO, en razón a que los documentos de compromiso de venta y documento de compra-venta, suscritos carecen de legalidad siendo que los vendedores no tienen derecho propietario alguno sobre dicho predio, más aún, si el mismo estaría siendo declarado Tierra Fiscal al no haber acreditado legitimidad jurídica, ni posesión, ni cumplimiento de la Función social al momento en que el INRA ingresó a sanear dicha predio" sic".
"(...) de fs. 562 a 565, se tiene la Resolución Suprema N° 05938 de 7 de septiembre de 2011 emitida por el Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia y la Ministra de Desarrollo Rural y Tierras, en cumplimiento de lo dispuesto en la Sentencia Agraria Nacional S2° N° 03/2011, subsanando el número de la Resolución Suprema, cuando resuelve: "1°.- Anular los Títulos Ejecutoriales Individuales, con antecedente en la Resoluciones Supremas N° 108418 y 186831 de fechas 09 de octubre de 1961 y 14 de abril de 1978 de los trámites de Consolidación N° 5323 y 37153 respectivamente, de los predios denominados "Candelaria Suyo y Combuyo o Anocaraire (...)".
"(...) los fundos "Candelaria Suyo" y "Combuyo o Anocaraire", ubicados en el Departamento de Cochabamba, Provincia Quillacollo, Sección Cuarta, Cantón Anocaraire, fueron dotados mediante Resoluciones Supremas N° 108418 y N° 186831, en cuyo mérito se extendieron los Títulos Ejecutoriales N° 127316 de 10 de noviembre de 1961 y N° 710721 de 30 de agosto de 1978 en favor de Gertrudis Olmos Rojas y Hugo Zenteno, respectivamente".
"A solicitud de Carmen Antezana Quiroga, se inicia el procedimiento administrativo de saneamiento simple, de las tierras denominadas "Combuyo" con 139,9475 has., ubicada en la jurisdicción del Cantón Anocaraire, Provincia Quillacollo del Departamento de Cochabamba, tramitada en observancia del art. 161 y sgtes. del D.S. N° 25763, hasta la emisión de la Resolución Final de Saneamiento RFS-CNS N° 0050/2002, de 20 de junio de 2002 que resuelve anular los Títulos Ejecutoriales: N° 127316 y proceso agrario N° 5323 correspondiente a la propiedad Candelaria Suyo, con superficie de 31.5000 ha.; y N° 710721 y proceso agrario N° 37153, correspondiente a la propiedad "Combuyo o Anocaraire", con una superficie de 31.6500 ha., por existencia de vicios de nulidad relativa e incumplimiento de la función social y económico social, en virtud de lo dispuesto por los art. 166 de la C.P.E., 2, 64, 65, 66 y 67 de la L. N° 1715 de 18 de octubre de 1996 y arts. 218 inc. d) y 222 del Reglamento Agrario aprobado por D.S. N° 25763 de 5 de mayo de 2000".
"En mérito a la Resolución citada, la Asociación Agrícola Ganadera Candelaria Suyo, representada por Juan Justo Arano López y Gustavo Ponce Carrasco, instaura proceso contencioso administrativo en contra del Director Nacional del INRA, impugnando la Resolución Final de Saneamiento RFS-CNS N° 0050/2002 de 20 de junio de 2002, y el procedimiento de saneamiento iniciado a solicitud de Carmen Antezana; en cuyo antecedente se dicta la Sentencia Agraria Nacional N° 026/2003 de 7 de agosto de 2003, que en su parte considerativa, al realizar el control de legalidad del procedimiento técnico-jurídico transitorio destinado a regularizar y perfeccionar el derecho de propiedad agraria Combuyo ejecutado a pedido de parte, concluye que : el INRA actuó conforme a las normas establecidas para el proceso de saneamiento de la propiedad agraria hasta la etapa de dictar la resolución final de saneamiento , habiendo incurrido en actuación ilegal al dictar la referida resolución, por lo que declara nula la Resolución Final de Saneamiento y se ordena dictar nueva Resolución Final, teniendo presente la Sentencia Constitucional N° 13/2003 de 14 de febrero de 2003".
"La conclusión a la que arriba la sentencia respecto a que el -INRA actuó conforme a las normas establecidas para el proceso de saneamiento de la propiedad agraria hasta la etapa de dictar la resolución final de saneamiento- tiene fuerza vinculante no sólo en relación al procedimiento administrativo sino también en otros procesos contenciosos, respecto a su contenido y consiguientemente constituye cosa juzgada material con efecto positivo prejudicial y efecto negativo excluyente condensado en el tradicional aforismo no bis in idem, para que un segundo órgano jurisdiccional no pueda entrar a conocer de un asunto que le es planteado por entenderse que ya ha sido objeto de enjuiciamiento en un pleito anterior, y un efecto positivo o prejudicial que implica el deber de ajustarse a lo juzgado cuando haya que decidirse sobre una relación de la que la sentencia anterior es condicionante o prejudicial; pues, un razonamiento contrario implicaría vulnerar el principio de seguridad jurídica consagrado en el art. 178 de la C.P.E., permitiendo que el control de legalidad del procedimiento de saneamiento se efectúe de manera indefinida; si bien, la sentencia en su parte resolutiva declara probada la demanda contencioso administrativa, empero lo hace respecto a la autoridad que emitió la Resolución Final, bajo el fundamento de que ésta no tenía competencia para anular una Resolución Suprema, por lo que de manera precisa se ordena se dicte nueva Resolución observando lo dispuesto en la Sentencia Constitucional N° 13/2003 de 14 de febrero de 2003, entendiendo éste Tribunal que el control de legalidad efectuado en la sentencia que se analiza tiene calidad de cosa juzgada material, vinculante para ésta Sala".
"Previo Informe Legal de Adecuación al Nuevo Reglamento Agrario aprobado, en cumplimiento a la Sentencia descrita ut supra, el Presidente del Estado boliviano, emite la Resolución Suprema N° 00997 de 17 de julio de 2009, y Anula : los Títulos Ejecutoriales Individuales, con antecedente en las Resoluciones Supremas N° 104818 y N°186831 de fechas 09 de octubre de 1961 y 14 de abril de 1978, respecto del trámite de consolidación N° 5323 y N° 37153".
"La Resolución Suprema N° 00997 de 17 de julio de 1999, dictada por el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, obedece precisamente a la parte resolutiva de la Sentencia Agraria Nacional N° 026/2003 de 7 de agosto de 2003, que declara Nula la Resolución Final de Saneamiento y ordena dictarse nueva resolución, conforme prevé el art 67 parágrafo II de la L. N° 1715; merced a que la misma sentencia concluye que "el INRA actuó conforme a las normas establecidas en el proceso de saneamiento hasta la etapa de dictar resolución final de saneamiento", por lo que no podía ejecutarse un nuevo saneamiento".
"En el antecedente de que por segunda vez , la Asociación Agrícola Ganadera "Candelaria Suyo", representada por Gustavo Ponce Carrasco y Delfín Mendoza Alanes, interpone proceso contencioso administrativo, contra el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, impugnando la Resolución Suprema 00997 de 17 de julio de 2009 y reclamando vicios en la tramitación del saneamiento inciado a solicitud de Carmen Antezana; se emite la Sentencia Agraria Nacional N° 03/2011, que en los numerales 5 y 6 del último Considerando, realiza juicio comparativo entre el objeto del primer proceso contencioso administrativo -control de legalidad del procedimiento administrativo de saneamiento a pedido de parte, sobre el que recayó la Sentencia Agraria Nacional N° 026/2003 de 7 de agosto de 2003 y el objeto del segundo proceso contencioso administrativo, que es precisamente el control de legalidad del procedimiento de saneamiento, susceptible de ser alcanzado por los efectos de la cosa juzgada sobre el control de legalidad del procedimiento de saneamiento a pedido de parte Carmen Antezana Quiroga, señalando: "la Sentencia Agraria Nacional N° 026/2003 de fecha 7 de agosto de 2003, estableció que el INRA ha incurrido en actuación ilegal únicamente en la emisión de la Resolución Final de Saneamiento, habiendo por el contrario actuado correctamente en el procedimiento administrativo de saneamiento de la propiedad agraria hasta la etapa de dictar dicha resolución, los argumentos observando la falta de cumplimiento de actividades que hacen a las etapas de saneamiento contenidas en el DS N° 29215 actual Reglamento de la L. N° 1715, resultan impertinentes a menos que se hubiesen anulado obrados y etapas ya ejecutadas en base a fundamentos respaldados legalmente, lo que no ha sucedido en el caso presente en el que únicamente correspondía el Informe de Adecuación, conforme a la Disposición Transitoria Segunda del DS N° 29215 de 2 de agosto de 2007, mismo que se encuentra de fs. 464 a 465 de los antecedentes remitidos por el INRA"; "(...) que la entidad ejecutora del proceso de saneamiento ha adecuado su accionar a la normativa agraria a tiempo de ejecutar las diferentes etapas, dentro de este proceso de regulación agraria , (...). que la Resolución Suprema N° 997 de 17 de julio de 2009 en su parte resolutiva, en el punto 1° se anula los títulos ejecutoriales individuales, con antecedentes en las Resoluciones Supremas 104818 y 186831 (...)"; y al advertir que el número de la primera Resolución Suprema es 108418 y no 104818, declara Nula la Resolución Suprema N° 00997 de 17 de julio de 2009, ordenando la emisión de una nueva, modificando únicamente el número de la Resolución Suprema que constituye el antecedente del título Ejecutorial N° 127316".
"En mérito a lo anotado, el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, emite la Resolución Suprema N° 05938 en fecha 7 de septiembre de 2011, cumpliendo lo dispuesto en la Sentencia descrita ut supra, en tal antecedente Resuelve: 1° Anular los Títulos Ejecutoriales individuales con antecedente de las Resoluciones Supremas N° 108418 y N° 186831 de fecha 09 de octubre de 1961 y 14 de abril de 1978, respectivamente, de los trámites de Consolidación N° 5323 y N° 37153, respectivamente de los predios denominados "Candelaria Suyo y Combuyo o Anocaraire", al haberse establecido vicios de nulidad relativa e incumplimiento de la función social así como la falta de apersonamiento de los titulares de los predios (...)" es decir subsana el error numérico advertido".
"Con los argumentos de la fundamentación descriptiva de la demanda contencioso administrativa efectuada en el primer Considerando, de la presente sentencia, por vez tercera, la Asociación Agrícola Ganadera Candelaria Suyo, representada esta vez, por Gustavo Ponce Carrrasco, Delfín Mendoza Alanez y Reinaldo Tomás Limachi Torrez, formula demanda contencioso administrativa contra el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Juan Evo Morales Ayma y el Director a.i. del INRA, Juanito Félix Tapia García, impugnando la Resolución Suprema N° 05938 de 7 de septiembre de 2011, alegando vicios en la tramitación del procedimiento de saneamiento inciado a solicitud de Carmen Antezana Quiroga y en la Resolución Suprema N° 05938 en fecha 7 de septiembre de 2011".
"Sobre los vicios del procedimiento de saneamiento alegados por la parte demandante; el art. 117 -I de la C.P.E., prescribe la garantía de que "nadie será procesado más de una vez por un mismo hecho".
"Como se tiene referido, en la litis existen dos Sentencias Agrarias Nacionales: la Sentencia Agraria Nacional N° 026/2003 de 7 de agosto de 2003 y la Sentencia Agraria Nacional S2° N° 03/2011 de 18 de febrero de 2011; la primera al realizar el control de legalidad del procedimiento de saneamiento ejecutado a solicitud de Carmen Antezana Quiroga concluye que: el INRA obró de manera correcta, observando las disposiciones de la materia en el proceso de saneamiento, conclusión precisa, que tiene fuerza de vinculante en la Sentencia Agraria Nacional N° 03/2011 de 18 de febrero de 2011, que en los numerales 5 y 6 del último considerando, realiza juicio comparativo entre el objeto del primer proceso contencioso administrativo: los vicios de nulidad del procedimiento administrativo de saneamiento a solicitud de Carmen Antezana Quiroga, que fueron declarados inexistentes en la Sentencia Agraria Nacional N° 026/2003 de 7 de agosto de 2003, en cuyo mérito la segunda Sentencia concluye que la alegación de la parte demandante resulta ser impertinente, infiriendo éste Tribunal que se advirtió la existencia de cosa juzgada material (respecto al control de legalidad del procedimiento de saneamiento tantas veces cuestionado), con efecto positivo prejudicial o efecto negativo-excluyente, que impiden a éste Tribunal volver a realizar el control de legalidad de un procedimiento de saneamiento, que ya fue objeto de este tipo de control".
"Debe tenerse presente que de acuerdo a la doctrina el fundamento de la institución de cosa juzgada es triple: 1) Evitar que en procesos paralelos recaigan resoluciones contradictorias; 2) Que el demandado no pueda ser nuevamente enjuiciado de algo de lo que ya fue en su momento (ne bis in idem) y 3) Preservar la seguridad jurídica, otorgando confianza a los operadores jurídicos al evitar que se prolonguen indefinidamente las controversias, generándose sucesivas resoluciones sobre idéntica problemática. Por lo expuesto y existiendo un pronunciamiento de control de legalidad en la Sentencia Agraria Nacional N° 026/2003 de 7 de agosto de 2003, que establece que el INRA actuó conforme a las normas establecidas para el procedimiento administrativo de saneamiento ejecutado a solicitud de Carmen Antezana, mismo que tiene calidad de cosa juzgada material; pues, la parte demandante no utilizó los mecanismos extraordinarios para su modificación, por lo que éste Tribunal se ve impedido de realizar un nuevo control de legalidad del tantas veces cuestionado proceso de saneamiento simple a solicitud de parte, ello a objeto de preservar la seguridad jurídica y a efectos de que no se prolongue indefinidamente la presente controversia ya resuelta".
"En cuanto a los vicios acusados en la Resolución Suprema N° 05938 de 7 de septiembre de 2011; debe tenerse presente que el texto de la Resolución Suprema N° 05938 de 7 de septiembre de 2011, guarda relación con el texto de la Resolución N° 00997 de 17 de julio de 2009 y que la Sentencia Agraria Nacional S2° N° 03/2011, dispuso su nulidad y la consiguiente emisión de una nueva, modificándola únicamente en relación al número de la Resolución Suprema que constituye antecedente del Título Ejecutorial N° 127316 , de donde se tiene que su contenido también tiene la calidad de cosa juzgada material, salvando el error numérico advertido, que fue subsanado; sin embargo de ello, sobre los puntos cuestionados se concluye que:"
"Al punto 1, si bien la Resolución Suprema N° 00997 consigna otros datos, como el número del Polígono 000, predio denominado Tierra Fiscal (Combuyo), éstos fueron extractados del Informe Técnico de Adecuación INF-DGS-JRV-CBBA N° 020/2011 de fs. 544 a 545, consiguientemente el N° 000 del Polígono no es un dato erróneo y no vicia de nulidad la Resolución impugnada".
"En cuanto al punto 2, como lógica consecuencia de la anulación de los Títulos Ejecutoriales Individuales con antecedente en las Resoluciones Supremas Nos 108418 y 186831 de 09 de octubre de 1961 y 14 de abril de 1978 de los trámites de consolidación N° 5323 y 37153 respectivamente, de los predios denominados "Candelaria Suyo y Combuyo o Anocaraire", al haberse establecido vicios de nulidad relativa e incumplimiento de la función social , en el num. 3° de la Resolución Suprema cuestionada, se resuelve: "Declarar como tierra fiscal, la superficie de 63.3390 ha. (...) ubicada en el municipio Vinto, sección cuarta, provincia Quillacollo del Departamento de Cochabamba" (las negrillas son nuestras), declaración establecida en la Resolución Suprema N° 00997 de 17 de julio de 2009 y mantenida en el texto de la Resolución Suprema N° 05938 de 7 de septiembre de 2011, merced a que la Sentencia Agraria Nacional S2° N° 03/2011 ordenó únicamente la subsanación de un error numérico, por lo que el texto descrito tiene calidad de cosa juzgada material".
"Sobre los puntos 4, 8 y 9 referidos a la sobreposición del predio con el Parque Nacional Tunari, que las propiedad de la Asociación Agrícola Ganadera Candelaria Suyo son consideradas pequeñas propiedades, nulidades en el procedimiento de saneamiento, como se ha fundamentado, ya fueron objeto de control de legalidad en la Sentencia N° 026/2003, teniendo la calidad de cosa juzgada material".
"En cuanto a los puntos 5, 6 y 7, relativos a falta de notificaciones de 2002 y 2009, etc. que se alega, al no estar estos aspectos contenidos en la Resolución que se cuestiona, no corresponde ingresar en consideraciones de orden legal".
"Con relación al punto 11, la Resolución Suprema N° 05938 hace referencia a un incumplimiento de la F.S., que sirve de base para declarar tierra fiscal; el num. 4 de la Resolución dispone el Desalojo de Carmen Altagracia Antezana de Salazar, merced a que la misma no tiene derecho de estar en posesión en tierras que son de propiedad y dominio del Estado, haciendo mención a los arts. 453 y 454 del Reglamento, disposición señalada en el num. 3°".
"Sobre el punto 12, los nums. 3, 6 y 7 de la Resolución Suprema de ninguna manera son contradictorios, a contrario sensu, son congruentes porque el num. 3° declara como tierra Fiscal la superficie 63.3390 ha., ubicada en el Municipio Vinto, sección Cuarta, Provincia Quillacollo del Departamento de Cochabamba...; el num. 6° dispone que ejecutoriada la Resolución Suprema, se proceda a la cancelación de partidas de propiedad (...) que recaigan sobre superficies de los Títulos Ejecutoriales Anulados en la presente Resolución; entendiéndose que corresponden a los predios denominados "Candelaria Suyo y Combuyo o Anocaraire" y el 7° finalmente señala como efecto de que una vez ejecutoriada la Resolución, se proceda al registro de las tierras fiscales".
"En relación a los puntos 13 y 14, el párrafo quinto de la primera parte de la Resolución hace referencia al ex Cantón Anocaraire, sección Cuarta (Vinto), Provincia Quillacollo del Departamento de Cochabamba y a la Resolución Determinativa de Área de Saneamiento Simple a Pedido de Parte RSSPP N° 0454/2000 de fecha 01 de diciembre de 2000; debe tenerse presente que la nueva C.P.E, no reconoce a los cantones en la División Política Administrativa".
"Al margen de las consideraciones que se realiza en el primera parte de la Resolución Suprema N° 05938, ésta tiene sustento en el Informe de Adecuación DGS-JRV-CBBA N° 0205/2009 de fecha 11 de mayo de 2009".
"En cuanto al punto 15, la Resolución Suprema N° 05938, en su parte Resolutiva "1°.- Anula los Títulos Ejecutoriales individuales, con antecedente en las Resoluciones Supremas Nos 108418 y 186831 de fechas 09 de octubre de 1961 y 14 de abril de 1978 de los Trámites de consolidación N° 5323 y N° 37153", se entiende que anula los Títulos Ejecutoriales N° 127316 y N° 710721, pues son los datos consignados en el texto del num. 1° de la parte Resolutiva. Al disponerse el archivo de obrados implícitamente se hace referencia a la totalidad de los procesos base de la emisión de los Título Ejecutoriales anulados a mas de citar las normas legales en que se sustenta la declaratoria de nulidad de Tierras fiscales y sus antecedentes agrarios".
"Respecto al punto 16, siendo que lo acusado corresponde al procedimiento de saneamiento y no a las formas que debe contener una resolución, hace impertinente su análisis correspondiente".
"En relación al punto 17, como ya se tiene mencionado el proceso de saneamiento objeto de litis fue realizado conforme a normativa agraria vigente a momento de su ejecución, el que como se tiene dicho fue objeto de control de legalidad y tiene calidad de cosa juzgada material".
"Sobre los puntos 6, 6.1 y 6.3, relativos a la transferencia de parte de una fracción de la propiedad rural y el documento de transferencia, no habiendo sido objeto del proceso de saneamiento y siendo posterior a la Sentencia Agraria Nacional N° 26/2003 de 7 de agosto no corresponde ingresar a su análisis, ni consideración".
"En cuanto a la protección al Derecho Propietario, protección a la pequeña propiedad y protección a los subadquirentes, la Resolución Suprema refiere que se estableció incumplimiento de la función social en el predio "Candelaria Suyo y Combuyo Anocaraire"; debiendo tenerse presente que la propiedad agraria a diferencia de la propiedad civil no precisamente requiere título, para tenerla y conservarla se tiene que poseer y cumplir la función social en la pequeña propiedad, pues por mandato constitucional "El Estado reconoce, protege y garantiza la propiedad individual y comunitaria o colectiva de la tierra, en tanto cumpla una función social o una función económico social, según corresponda", art. 393, siendo el trabajo la fuente fundamental para la adquisición y conservación de la propiedad agraria, art. 397 de la C.P.E.; es decir que para salvaguardar el derecho se debe cumplir la función social o función económico social que corresponda".
"Finalmente, debe tenerse presente que el tercero interesado no tiene la legitimidad para adherirse a la acción, y toda vez que reclama los mismos aspectos que la parte demandante, se tienen por resueltos los argumentos esgrimidos en el memorial de fs. 191 a 195".
"En consecuencia, en el trámite del proceso de saneamiento motivo de litis se evidencia que no existen los supuestos vicios acusados, llegándose a determinar que lo acusado por los demandantes no tiene sustento legal correspondiente."
La Sala Segunda del Tribunal Agroambiental, declara IMPROBADA la demanda Contencioso Administrativa, en consecuencia subsistente la Resolución Suprema N° 05938 de 7 de septiembre de 2011; emitida dentro del proceso administrativo de Saneamiento Simple a pedido de parte de la propiedad denominada "Candelaria Suyo y Combuyo o Anocaraire", bajo los siguientes fundamentos:
1. De acuerdo a la doctrina el fundamento de la institución de cosa juzgada es triple: 1) Evitar que en procesos paralelos recaigan resoluciones contradictorias; 2) Que el demandado no pueda ser nuevamente enjuiciado de algo de lo que ya fue en su momento (ne bis in idem) y 3) Preservar la seguridad jurídica, otorgando confianza a los operadores jurídicos al evitar que se prolonguen indefinidamente las controversias, generándose sucesivas resoluciones sobre idéntica problemática. Por lo expuesto y existiendo un pronunciamiento de control de legalidad en la Sentencia Agraria Nacional N° 026/2003 de 7 de agosto de 2003, que establece que el INRA actuó conforme a las normas establecidas para el procedimiento administrativo de saneamiento ejecutado a solicitud de Carmen Antezana, mismo que tiene calidad de cosa juzgada material; pues, la parte demandante no utilizó los mecanismos extraordinarios para su modificación, por lo que éste Tribunal se ve impedido de realizar un nuevo control de legalidad del tantas veces cuestionado proceso de saneamiento simple a solicitud de parte, ello a objeto de preservar la seguridad jurídica y a efectos de que no se prolongue indefinidamente la presente controversia ya resuelta.
2. En cuanto a los vicios acusados en la Resolución Suprema N° 05938 de 7 de septiembre de 2011; debe tenerse presente que el texto de la Resolución Suprema N° 05938 de 7 de septiembre de 2011, guarda relación con el texto de la Resolución N° 00997 de 17 de julio de 2009 y que la Sentencia Agraria Nacional S2° N° 03/2011, dispuso su nulidad y la consiguiente emisión de una nueva, modificándola únicamente en relación al número de la Resolución Suprema que constituye antecedente del Título Ejecutorial N° 127316 , de donde se tiene que su contenido también tiene la calidad de cosa juzgada material,.
3. Si bien la Resolución Suprema N° 00997 consigna otros datos, como el número del Polígono 000, predio denominado Tierra Fiscal (Combuyo), éstos fueron extractados del Informe Técnico de Adecuación INF-DGS-JRV-CBBA N° 020/2011 de fs. 544 a 545, consiguientemente el N° 000 del Polígono no es un dato erróneo y no vicia de nulidad la Resolución impugnada.
4. Como lógica consecuencia de la anulación de los Títulos Ejecutoriales Individuales con antecedente en las Resoluciones Supremas Nos 108418 y 186831 de 09 de octubre de 1961 y 14 de abril de 1978 de los trámites de consolidación N° 5323 y 37153 respectivamente, de los predios denominados "Candelaria Suyo y Combuyo o Anocaraire", al haberse establecido vicios de nulidad relativa e incumplimiento de la función social , en el num. 3° de la Resolución Suprema cuestionada, se resuelve: "Declarar como tierra fiscal, la superficie de 63.3390 ha. (...) ubicada en el municipio Vinto, sección cuarta, provincia Quillacollo del Departamento de Cochabamba" (las negrillas son nuestras), declaración establecida en la Resolución Suprema N° 00997 de 17 de julio de 2009 y mantenida en el texto de la Resolución Suprema N° 05938 de 7 de septiembre de 2011, merced a que la Sentencia Agraria Nacional S2° N° 03/2011 ordenó únicamente la subsanación de un error numérico, por lo que el texto descrito tiene calidad de cosa juzgada material.
5. Sobre la sobreposición del predio con el Parque Nacional Tunari, que las propiedad de la Asociación Agrícola Ganadera Candelaria Suyo son consideradas pequeñas propiedades, nulidades en el procedimiento de saneamiento, como se ha fundamentado, ya fueron objeto de control de legalidad en la Sentencia N° 026/2003, teniendo la calidad de cosa juzgada material.
6. En cuanto a falta de notificaciones de 2002 y 2009, etc. que se alega, al no estar estos aspectos contenidos en la Resolución que se cuestiona, no corresponde ingresar en consideraciones de orden legal.
7. Con relación a que la Resolución Suprema N° 05938 hace referencia a un incumplimiento de la F.S., que sirve de base para declarar tierra fiscal; el num. 4 de la Resolución dispone el Desalojo de Carmen Altagracia Antezana de Salazar, merced a que la misma no tiene derecho de estar en posesión en tierras que son de propiedad y dominio del Estado, haciendo mención a los arts. 453 y 454 del Reglamento, disposición señalada en el num. 3°.
8. La Resolución Suprema de ninguna manera son contradictorios, a contrario sensu, son congruentes porque el num. 3° declara como tierra Fiscal la superficie 63.3390 ha., ubicada en el Municipio Vinto, sección Cuarta, Provincia Quillacollo del Departamento de Cochabamba...; el num. 6° dispone que ejecutoriada la Resolución Suprema, se proceda a la cancelación de partidas de propiedad (...) que recaigan sobre superficies de los Títulos Ejecutoriales Anulados en la presente Resolución; entendiéndose que corresponden a los predios denominados "Candelaria Suyo y Combuyo o Anocaraire" y el 7° finalmente señala como efecto de que una vez ejecutoriada la Resolución, se proceda al registro de las tierras fiscales.
9. En el párrafo quinto de la primera parte de la Resolución hace referencia al ex Cantón Anocaraire, sección Cuarta (Vinto), Provincia Quillacollo del Departamento de Cochabamba y a la Resolución Determinativa de Área de Saneamiento Simple a Pedido de Parte RSSPP N° 0454/2000 de fecha 01 de diciembre de 2000; debe tenerse presente que la nueva C.P.E, no reconoce a los cantones en la División Política Administrativa.
10. La Resolución Suprema N° 05938, en su parte Resolutiva "1°.- Anula los Títulos Ejecutoriales individuales, con antecedente en las Resoluciones Supremas Nos 108418 y 186831 de fechas 09 de octubre de 1961 y 14 de abril de 1978 de los Trámites de consolidación N° 5323 y N° 37153", se entiende que anula los Títulos Ejecutoriales N° 127316 y N° 710721, pues son los datos consignados en el texto del num. 1° de la parte Resolutiva. Al disponerse el archivo de obrados implícitamente se hace referencia a la totalidad de los procesos base de la emisión de los Título Ejecutoriales anulados a mas de citar las normas legales en que se sustenta la declaratoria de nulidad de Tierras fiscales y sus antecedentes agrarios.
11. Sobre la transferencia de parte de una fracción de la propiedad rural y el documento de transferencia, no habiendo sido objeto del proceso de saneamiento y siendo posterior a la Sentencia Agraria Nacional N° 26/2003 de 7 de agosto no corresponde ingresar a su análisis, ni consideración.
12. En cuanto a la protección al Derecho Propietario, protección a la pequeña propiedad y protección a los subadquirentes, la Resolución Suprema refiere que se estableció incumplimiento de la función social en el predio "Candelaria Suyo y Combuyo Anocaraire"; debiendo tenerse presente que la propiedad agraria a diferencia de la propiedad civil no precisamente requiere título, para tenerla y conservarla se tiene que poseer y cumplir la función social en la pequeña propiedad, pues por mandato constitucional "El Estado reconoce, protege y garantiza la propiedad individual y comunitaria o colectiva de la tierra, en tanto cumpla una función social o una función económico social, según corresponda", art. 393, siendo el trabajo la fuente fundamental para la adquisición y conservación de la propiedad agraria, art. 397 de la C.P.E.; es decir que para salvaguardar el derecho se debe cumplir la función social o función económico social que corresponda.
DERECHO AGRARIO / DERECHO AGRARIO PROCESAL / ELEMENTOS COMUNES DEL PROCEDIMIENTO / DEMANDA / Demanda improponible / Cuando hay cosa juzgada
El fundamento de la institución de cosa juzgada es triple: 1) Evitar que en procesos paralelos recaigan resoluciones contradictorias; 2) Que el demandado no pueda ser nuevamente enjuiciado de algo de lo que ya fue en su momento (ne bis in idem) y 3) Preservar la seguridad jurídica, otorgando confianza a los operadores jurídicos al evitar que se prolonguen indefinidamente las controversias, generando sucesivas resoluciones sobre idéntica problemática. Por tanto, existiendo un pronunciamiento de control de legalidad que establece que el INRA actuó conforme a las normas establecidas para el procedimiento administrativo de saneamiento el mismo tiene calidad de cosa juzgada material; por lo que éste Tribunal se ve impedido de realizar un nuevo control de legalidad a objeto de preservar la seguridad jurídica.
"Debe tenerse presente que de acuerdo a la doctrina el fundamento de la institución de cosa juzgada es triple: 1) Evitar que en procesos paralelos recaigan resoluciones contradictorias; 2) Que el demandado no pueda ser nuevamente enjuiciado de algo de lo que ya fue en su momento (ne bis in idem) y 3) Preservar la seguridad jurídica, otorgando confianza a los operadores jurídicos al evitar que se prolonguen indefinidamente las controversias, generándose sucesivas resoluciones sobre idéntica problemática. Por lo expuesto y existiendo un pronunciamiento de control de legalidad en la Sentencia Agraria Nacional N° 026/2003 de 7 de agosto de 2003, que establece que el INRA actuó conforme a las normas establecidas para el procedimiento administrativo de saneamiento ejecutado a solicitud de Carmen Antezana, mismo que tiene calidad de cosa juzgada material; pues, la parte demandante no utilizó los mecanismos extraordinarios para su modificación, por lo que éste Tribunal se ve impedido de realizar un nuevo control de legalidad del tantas veces cuestionado proceso de saneamiento simple a solicitud de parte, ello a objeto de preservar la seguridad jurídica y a efectos de que no se prolongue indefinidamente la presente controversia ya resuelta".
COSA JUZGADA
El fundamento de la institución de cosa juzgada es triple: 1) Evitar que en procesos paralelos recaigan resoluciones contradictorias; 2) Que el demandado no pueda ser nuevamente enjuiciado de algo de lo que ya fue en su momento (ne bis in idem) y 3) Preservar la seguridad jurídica, otorgando confianza a los operadores jurídicos al evitar que se prolonguen indefinidamente las controversias, generando sucesivas resoluciones sobre idéntica problemática. Por tanto, existiendo un pronunciamiento de control de legalidad que establece que el INRA actuó conforme a las normas establecidas para el procedimiento administrativo de saneamiento el mismo tiene calidad de cosa juzgada material; por lo que éste Tribunal se ve impedido de realizar un nuevo control de legalidad a objeto de preservar la seguridad jurídica.