SAN-S2-0020-2013

Dentro de una demanda de Nulidad de Título Ejecutorial interpuesta por Germán Galindo Vásquez y Constancia Vidal de Galindo contra las Comunidades Campesinas de SACSA, Villa Barrientos, Arachaca, Villa Carmen y Villa Flores, representadas por Jorge Ponce, Juan Montecinos Zurita, Ángel Vásquez Rodríguez, Edgar Julián Laime Rioja y Severino Arispe Mamani, demandando la nulidad del Título Ejecutorial N° PCM-NAL-000702 de 15 de agosto de 2011, constituyéndose los problemas jurídicos a resolver:

1. Indican, que del documento privado de transferencia de 3 de octubre de 2009, reconocidas las firmas ante la Notaría de Fe Pública de Primera Clase N° 31 de la ciudad de Cochabamba, se evidencia la legal adquisición de 72.495 ha., de terreno agrícola, ubicado en la zona de "Sajsa-Arachaca", de la Provincia Arani del Departamento de Cochabamba, compra hecha a Norah Arzabe de Romay, apoderada de los herederos de Graciela, Mercedes, Irene, Braulia, Miguelina y Trifonia Mercado Calvi, anteriores dueñas del terreno, quienes lo obtuvieron mediante dotación con Resolución Suprema N° 152808 de 30 de abril de 1970, cada una con una superficie de 12.1327 ha., registrado en Derechos Reales.

2. Refieren que, de el año 2004 al 2009 trabajaron la tierra como arrendatarios de los anteriores propietarios, dedicándose a la producción y comercialización de la tuna, así como de la cochinilla, posteriormente sembraron trigo, arveja y maíz, manteniendo los terrenos en buen estado y que es de conocimiento de todos, por eso nunca han sido objeto de perturbación, a excepción de estos últimos meses, en los que algunos dirigentes de Comunidades Campesinas sin tener representatividad vinieron a su terreno a decir que tienen título y que dejaran de trabajar, de la misma forma refieren que han construido corral de chanchos y que actualmente crían esos animales al interior del terreno y que cercaron con espinas y ramas la propiedad.

3. De la misma manera indican que el año 2009 decidieron comprar el terreno con una superficie de 72.495 ha., refiriendo que la parte cultivable del mismo es de 2 ha. mas o menos y el resto es serranía donde realizaron algunas mejoras, habiendo recurrido a diversos préstamos para adquirir el mismo y que en calidad de dueños desde el año 2009 han ampliado su producción, realizando varias mejoras, cumpliendo la función social y que en esos momentos nadie apareció, ni dijo nada estando siempre en posesión de las 72 ha., continúan refiriendo que el terreno lo poseen por más de 8 años atrás, que los dirigentes de las comunidades ahora quieren apropiarse siendo que este nunca les perteneció y nunca poseyeron, extrañados que aparezcan con título ejecutorial, que ha sido obtenido de forma ilegal y fraguada sin cumplir con los requisitos de ley, siendo el mismo ilegal ya que existen pasos a seguir para la obtención de un titulo ejecutorial, los que no han cumplido los ahora demandados, ya que no fueron notificados con ningún actuado, puesto que al estar en posesión del terreno se les debió notificar en forma personal.

4. Argumentan que las comunidades demandadas actualmente cuentan con el Título Ejecutorial N° PCM-NAL 000702, obtenido supuestamente a través de la Resolución Suprema N° 03461 de 12 de agosto de 2010, tramitado imaginariamente con el expediente N° I-19144, beneficiándose con una superficie de 363.9929 ha., ubicada en la Provincia Arani del Departamento de Cochabamba, registrado en Derechos Reales con Matrícula Computarizada N° 3.05.1.01.00016811 de 5 de octubre de 2011.

5. Continúan refiriendo que, con ese supuesto derecho propietario pretenden arrebatarles el terreno que poseen hace mas de 8 años atrás y sin haber estado en posesión han iniciando un interdicto de adquirir la posesión, lo que demuestra que nunca estuvieron en posesión, luego de abandonar esa acción inician otra demanda de reivindicación que se viene tramitando en el Juzgado Agroambiental de la Provincia de Punata del Departamento de Cochabamba, en el que los representantes han establecido y declarado que jamás estuvieron en posesión del terreno, pero extrañamente obtuvieron el titulo ejecutorial.

6. Por otro lado, refieren que el predio adquirido a través del documento privado de 3 de octubre de 2009, cuenta con titulo ejecutorial emitido a favor de Graciela, Mercedes, Irene, Braulia, Miguelina y Trifonia Mercado Calvi, registrado en Derechos Reales y que la propiedad no ha sido objeto de reversión. Las comunidades campesinas iniciaron el trámite de saneamiento con graves irregularidades, en los que también incurrió el INRA en el proceso de saneamiento que vician de nulidad el titulo que motiva la litis y que no fueron ejecutadas las pericias de campo del predio donde están en posesión, que no les notificaron con ningún actuado ya que la Resolución de Inicio de Procedimiento N° 78/2009 dispone la iniciación del proceso de saneamiento así como la notificación de beneficiarios o subadquirentes, poseedores, solo se citaron en forma personal a los solicitantes, agregando que no participó empresa alguna para las pericias de campo, no existen sus firmas en las fichas y demás piezas catastrales, ficha de registro FES y actas de conformidad de linderos y que todo el saneamiento fue elaborado a sus espaldas, además en la ficha catastral de fs. 110 de la prueba documental en la parte de observaciones se encuentra en blanco, solo hace referencia a lo siguiente: "En la parcela se observa..", no especifican que destino dan las comunidades al predio, al reverso de la ficha catastral dice que las 5 comunidades se benefician, siendo esto falso ya que jamás estuvieron en posesión; continúan señalando que nunca hubo exposición pública de resultados por lo que no pudieron hacer observaciones, rechazar o denunciar esa maniobra fraudulenta, pese a ello aparece un acta de conformidad de resultados sin especificar el nombre del predio, superficie, etc.; continúan señalando, que en el proceso de saneamiento se cometieron múltiples irregularidades que vician de nulidad el proceso y el titulo ejecutorial, indicando que de acuerdo a la prueba aportada en las declaraciones confesorias del proceso de reivindicación que se lleva en su contra se prueba que estas comunidades nunca estuvieron en posesión y no cumplieron la función social en el predio del que ahora cuenta con titulo y que los demandantes como poseedores no fueron notificados con la resolución final de saneamiento, a objeto de interponer proceso contencioso dentro el termino de 30 días pese a que se encuentran día a día trabajando en el terreno, por lo que al no tener conocimiento de estos actos, se ha vulnerado su derecho a la defensa así como el debido proceso.

7. Refieren los demandantes, que el INRA por error adjudicó tierras que se encuentran con títulos vigentes que corresponden a las señoras Mercado Calvi, que no se podía adjudicar un predio a 5 comunidades al no existir delimitación que indique cual de las comunidades está en posesión, indicando que el saneamiento al ser de suma importancia, el mismo, debió resolver la ubicación del terreno con precisión, si se tiene la documentación, los limites, la superficie, sobre todo establecer que actividades agropecuarias se realizan, situación que no ocurre en el saneamiento, es así que la Resolución Determinativa de Área de Saneamiento Simple a Pedido de Parte RSSPP N° 077/2009 de 10 de noviembre de 2009, ha determinado el saneamiento a favor de estas comunidades en la superficie de 8.0000 ha., pero en el título ejecutorial se le dota una extensión mayor.

8. De la misma forma, manifiestan que no se han seguido los pasos establecidos por ley, como ser la Resolución Determinativa de Área de Saneamiento, en la que no se determina la ubicación, tamaño, limites y sobre todo el tiempo en que se llevará a cabo el saneamiento de la propiedad, en la misma no ha existido su participación porque no tuvieron conocimiento. Por otro lado, indican que no se realizó la Campaña Publica, donde se realizan reuniones en campo, en la que se explican las actividades y los trabajos que realizaran los funcionarios del INRA, que de haberse realizado, se hubieran enterado y sabrían que hacer, que las publicaciones de radio no fueron en Araní, sino en una radio "Chiwalaki" que funciona en el Cantón de Vacas a 30 km. de Arani y que los dos recibos de las publicaciones resultan ser falsos, ya que presentan dos publicaciones una de 11 de noviembre de 2009 (resolución de inicio de procedimiento) y otra de 12 de diciembre de 2009 donde se publica el informe de cierre, pero extrañamente ambos recibos tienen el mismo número 03161, es decir que las dos publicaciones aparecen en un mismo recibo, lo que quiere decir que nunca hubo difusión en radio, aclarando que Araní tiene dos radios difusoras Trigal y Margarita por lo que ha existido mala fe con el fin de que no tengan conocimiento del proceso.

9. Indican que no se realizaron las Pericias de Campo, ni la encuesta catastral, así como la medición, en las que los funcionarios del INRA miden con exactitud la propiedad, verifican si propietarios o poseedores trabajan en el lugar o cumplen la función social, datos de los propietarios, información relacionada con la tierra, su uso, datos que se llena en la ficha catastral, cosa que no ha ocurrido en el saneamiento ya que no se ha establecido que ellos como poseedores están cumpliendo la función social de la tierra y tampoco existe el llenado de acta de conformidad de linderos.

10. Refieren que, no se cumplió con la Evaluación Técnica Jurídica, ya que no existe comparación de la información de pericias de campo con la documentación del proceso agrario que existe en el INRA para reconocer el derecho propietario.

11. Por último, continua indicando que no se realizó la Exposición Pública de Resultados y de haber conocido los resultados del saneamiento, como poseedores hubieran tenido la oportunidad de aceptar o hacer conocer los errores al trabajo de saneamiento, que durante esta etapa las comunidades no presentaron certificado de posesión otorgado por alguna autoridad, tampoco hay firma del acta de conformidad con los resultados de saneamiento. Que en definitiva no se ha dado cumplimiento a las fases del procedimiento y que siendo poseedores del predio en la extensión de 72 ha. no se les hizo conocer, no existiendo notificación con ninguna resolución por lo que se los dejó en indefensión y que ocupan el terreno de forma legal, adquirido mediante documento privado.

12. Por último, concluyen indicando que de las consideraciones expuestas, sobre la base de lo establecido por el art. 50 parágrafo I, numeral 1) incs. a) y c) y numeral 2) incs. b) y c) de la L. N° 1715 de 18 de octubre de 1996, demandan y solicitan se declare la nulidad del Título Ejecutorial N° PCM-NAL-000702 de 15 de agosto de 2011, emitido a favor de las Comunidades Campesinas SACSA, Villa Barrientos, Villa Flores, Arachaca y Villa Carmen, así como del expediente agrario de saneamiento N° I-19144, que sirvió de base para su emisión, por haberse viciado la voluntad de la administración por error esencial, simulación absoluta, ausencia de causa por ser falso el derecho invocado, por violación de la ley aplicable, de las formas esenciales y/o de la finalidad que inspiró su otorgamiento, asimismo solicitan que previos los trámites legales se declare probada la demanda con costas.

La Sala Segunda del Tribunal Agroambiental, declara IMPROBADA la demanda de Nulidad de Titulo Ejecutorial, en consecuencia subsistente el Título Ejecutorial N° PCM-NAL-000702 de 15 de agosto de 2011, bajo los siguientes fundamentos:

1. De antecedentes se tiene la Resolución Determinativa de Área de Saneamiento Simple a Pedido de Parte RSSPP N° 077/2009 de 10 de noviembre de 2009, en la cual constan todos los datos exigidos por el art. 288 del D.S. N° 29215; cursa Resolución de Inicio de Procedimiento RA-SSPP N° 78/2009 de 11 de noviembre de 2009, por la cual se intimó a beneficiarios, propietarios o subadquirentes y poseedores a apersonarse al Proceso de Saneamiento de "ARACHACA", Comunidad Campesina "SACSA", Comunidad "VILLA BARRIENTOS", "VILLA CARMEN" y "VILLA FLORES", para acreditar el derecho que les asiste, asimismo cursa publicación de edicto de la Resolución de Inicio de Procedimiento en un medio de prensa nacional y cursa la constancia de la difusión radial del mismo, en este entendido no pueden acusar los demandantes que no se los haya citado o notificado para el saneamiento, de lo que se infiere que se ha cumplido con los requisitos exigidos por el art. 294 del D.S. N° 29215.

2. Respecto de la inexistencia de la realización de la campaña pública acusada por los actores, corresponde señalar que el art. 294 parágrafo VI del D.S. N° 29215 establece que para la modalidad de saneamiento simple a pedido de parte que es el caso que nos ocupa, las notificaciones y difusión realizadas conforme manda este articulo, sustituyen a la Campaña Pública. Asimismo cursan cartas de citación a las comunidades para la realización del relevamiento de información en campo, acreditación del control social y participación, acta de inicio de relevamiento de información en campo, colindancias perimetrales, ficha catastral que en la casilla de observaciones indica que "la parcela está destinada en beneficio de 5 comunidades para cubrir las necesidades de los beneficiarios"; declaración jurada de posesión pacifica del predio en la que se consigna que las 5 comunidades se encuentran en posesión desde el 10 de mayo de 1990; acta de conformidad de resultados y 5 fotocopias de personerías jurídicas correspondientes a las comunidades, todos ellos se encuentran debidamente firmados por los beneficiarios así como funcionarios del INRA en los que corresponda. De lo que se advierte la activa participación de los beneficiarios durante el relevamiento de información en campo realizado por funcionarios del INRA, no evidenciándose en antecedentes el apersonamiento de los ahora demandantes, por lo que mal pueden pretender que dichos actuados lleven sus firmas si no participaron del mencionado proceso.

3. De la misma forma cursa Informe de Trabajo de Campo de 18 de noviembre de 2009, elaborado y suscrito por funcionarios del INRA; cursa el listado de coordenadas del área comunal de los beneficiarios; cursa relevamiento de información en gabinete elaborado y suscrito por funcionarios del INRA; cursa Informe en Conclusiones de 10 de diciembre de 2009, que sugiere dictar resolución administrativa de Dotación y Titulación a favor de las comunidades ahora demandadas, del análisis de este último actuado se advierte que el mismo cumple lo establecido por los arts. 303 y 304 del D.S. N° 29215.

4. De igual forma se infiere que todo el proceso de saneamiento se ha llevado a cabo en vigencia del D.S. N° 29215 Reglamento de la L. N° 1715 y L. N° 3545, disposiciones legales que ya no contemplan la realización de la Evaluación Técnica Jurídica y la Exposición Publica de Resultados, por lo que mal se podrían haber realizado dichos actuados como pretenden los demandantes.

5. Los actuados llevados a cabo durante la ejecución del saneamiento fueron realizados conforme a procedimiento y normativa agraria en vigencia, adquiriendo calidad de cosa juzgada y dándose por bien hechos los actuados, más aún si no se objetaron en su oportunidad, en cumplimiento al principio de preclusión, por lo que mal pueden argüir los demandantes que se les conculcó su derecho a la defensa o se vulneró el debido proceso.

6. Sin embargo este tribunal con la finalidad de contar con mayores elementos de convicción para determinar si el predio "Germán" se encuentra sobrepuesto al predio titulado, de oficio a través del proveído de 29 de abril de 2013 de fs. 329 de obrados, dispuso que por el Departamento Técnico Especializado-Geodesia del Tribunal Agroambiental, en el mismo que establece que el predio de los demandantes se encuentra fuera del área titulada a favor de las comunidades demandadas, es decir, que no existe sobreposición con la parcela "Germán" y que los mismos se encuentran separados a una distancia de 2.7333 km, conforme se tiene el plano demostrativo adjunto al informe, de lo que se puede inferir que al no estar sobrepuesto al área titulada, no se ha conculcado derechos o garantías constitucionales de los demandantes en el proceso de saneamiento.

7. Es necesario indicar que si bien los demandantes mencionan irregularidades que se hubieran cometido en el proceso de saneamiento, simplemente se limitan a mencionarlos, sin fundamentar ni acusar expresamente que norma fue vulnerada por el INRA en dichas actuaciones, si las mismas se encuadran en alguna de las causales de nulidad invocadas en la presente demanda es decir: "error esencial que destruya su voluntad"; "Simulación absoluta, cuando se crea un acto aparente que no corresponde a ninguna operación real y se hace aparecer como verdadero lo que se encuentra contradicho con la realidad"; "Ausencia de causa por no existir o ser falsos los hechos o el derecho invocados" o " violación de la ley aplicable, de las formas esenciales o de la finalidad que inspiró su otorgamiento", previstos en el art. 50 de la L. Nº 1715 y de qué modo fueron transgredidos por el administrador, por lo que difícilmente este Tribunal puede hacer análisis de vicio alguno, confundiendo los actores la naturaleza de lo que es una demanda de nulidad de título ejecutorial con lo que es una demanda contencioso administrativo.

PRECEDENTE 1

DERECHO AGRARIO / PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS / SANEAMIENTO / Etapas / De Campo / Relevamiento de Información en Campo (Pericias de Campo, Campaña Pública, ficha catastral, DEJUPO, linderos y otros)

El art. 294 parágrafo VI del D.S. N° 29215 establece que para la modalidad de saneamiento simple a pedido de parte, las notificaciones y difusión realizadas conforme manda este artículo, sustituyen a la Campaña Pública.

"Respecto de la inexistencia de la realización de la campaña pública acusada por los actores, corresponde señalar que el art. 294 parágrafo VI del D.S. N° 29215 establece que para la modalidad de saneamiento simple a pedido de parte que es el caso que nos ocupa, las notificaciones y difusión realizadas conforme manda este articulo, sustituyen a la Campaña Pública. Asimismo de fs. 105 a 117 cursan cartas de citación a las comunidades para la realización del relevamiento de información en campo, acreditación del control social y participación, acta de inicio de relevamiento de información en campo, colindancias perimetrales, ficha catastral que en la casilla de observaciones indica que "la parcela está destinada en beneficio de 5 comunidades para cubrir las necesidades de los beneficiarios"; declaración jurada de posesión pacifica del predio en la que se consigna que las 5 comunidades se encuentran en posesión desde el 10 de mayo de 1990; acta de conformidad de resultados y 5 fotocopias de personerías jurídicas correspondientes a las comunidades, todos ellos se encuentran debidamente firmados por los beneficiarios así como funcionarios del INRA en los que corresponda. De lo que se advierte la activa participación de los beneficiarios durante el relevamiento de información en campo realizado por funcionarios del INRA, no evidenciándose en antecedentes el apersonamiento de los ahora demandantes, por lo que mal pueden pretender que dichos actuados lleven sus firmas si no participaron del mencionado proceso".

PRECEDENTE 2

DERECHO AGRARIO / DERECHO AGRARIO PROCESAL / PROCESO DE NULIDAD Y ANULABILIDAD DE TÍTULOS EJECUTORIALES / Naturaleza Jurídica

Si bien la demanda de nulidad de título ejecutorial y la demanda contencioso administrativo, son de puro derecho y constituyen control de legalidad, no es menos evidente que existen diferencias entre ellas que hacen a la naturaleza, pues la primera tiene por objeto determinar si el título ejecutorial está afectado de nulidad absoluta o relativa por vicios graves referidos a la carencia absoluta de elementos constitutivos del acto o leves respecto a defectos formales subsanables; en cambio el objeto de la segunda radica en determinar si en la tramitación del proceso de saneamiento se aplicaron o no las normas que regulan su tramitación, con relación a la valoración de la prueba para determinar si la propiedad, posesión, función social o económica social u otros aspectos de atribución del INRA.

"Es necesario indicar que si bien los demandantes mencionan irregularidades que se hubieran cometido en el proceso de saneamiento referidos a que: los demandados contarían con el Título Ejecutorial N° PCM-NAL-000702, obtenido supuestamente a través de la Resolución Suprema N° 03461, tramitado imaginariamente con el expediente N° I-19144; que ahora pretenden arrebatarles el terreno que poseen, que no fueron ejecutadas las pericias de campo, que no se les citó y notificó con ningún actuado, que no hubo participación de empresa alguna en el saneamiento, que en todos los actuados solo firman los interesados y no ellos que son los verdaderos poseedores, que en un proceso de reivindicación en las declaraciones confesorias se prueba que ellos nunca estuvieron en posesión, que no fueron notificados con la resolución final de saneamiento, que no se realizaron la campaña pública, evaluación técnica jurídica, exposición pública de resultados y que en definitiva no se ha dado cumplimiento a las fases del procedimiento; hechos que los demandantes simplemente se limitan a mencionarlos, sin fundamentar ni acusar expresamente que norma fue vulnerada por el INRA en dichas actuaciones, si las mismas se encuadran en alguna de las causales de nulidad invocadas en la presente demanda es decir: "error esencial que destruya su voluntad"; "Simulación absoluta, cuando se crea un acto aparente que no corresponde a ninguna operación real y se hace aparecer como verdadero lo que se encuentra contradicho con la realidad"; "Ausencia de causa por no existir o ser falsos los hechos o el derecho invocados" o " violación de la ley aplicable, de las formas esenciales o de la finalidad que inspiró su otorgamiento", previstos en el art. 50 de la L. Nº 1715 y de qué modo fueron transgredidos por el administrador, por lo que difícilmente este Tribunal puede hacer análisis de vicio alguno, confundiendo los actores la naturaleza de lo que es una demanda de nulidad de título ejecutorial con lo que es una demanda contencioso administrativo, que si bien ambas demandas son de puro derecho y constituyen control de legalidad, no es menos evidente que existen diferencias entre ellas que hacen a la naturaleza de cada una de dichas acciones, pues la primera tiene por objeto determinar si el título ejecutorial está afectado de nulidad absoluta o relativa por vicios graves referidos a la carencia absoluta de elementos constitutivos del acto o leves respecto a defectos formales subsanables, respectivamente; en cambio el objeto de la segunda radica en determinar si en la tramitación del proceso de saneamiento se aplicaron o no las normas que regulan su tramitación, con relación a la valoración de la prueba para determinar si la propiedad, posesión, función social o económica social u otros aspectos de atribución del INRA, actuados que conoce éste tribunal en proceso contencioso administrativo, pero no en uno de nulidad de título ejecutorial como es el caso de autos".