SAN-S2-0014-2013

"(...) a efectos de acreditar derecho propietario sobre el ganado identificado en el predio SAN JOSÉ, Doris Medina de Asper, se encontraba compelida a demostrar la existencia y vigencia del registro de marca, conforme a normas legales en vigencia, resultando inconsistente tratar de acreditar éste extremo a través de la certificación cursante a fs. 3 del expediente agrario N° 35937 emitida por la Honorable Alcaldía Municipal de Magdalena, porque al momento de la ejecución de la encuesta catastral el predio se encontraba al interior de la jurisdicción del Municipio de Baures (autoridad competente para registrar la marca de ganado) y conforme a lo prescrito por la L. N° 80 de 5 de enero de 1961, el registro de marca debió realizárse en ésta entidad territorial, corroborado por lo normado por el D.S. N° 28303 de 26 de agosto de 2005 en los registros de la CONGABOL, aspectos que no fueron acreditados durante el relevamiento de información en campo, debiendo tomarse en cuenta que, todo acto, para tener vigencia y validez en el tiempo, no simplemente debe nacer a la vida jurídica conforme a los mandatos legales sino también, transformarse (mutar) conforme a lo requerido por ley".

"(...) en relación a la documentación presentada al margen de los plazos fijados para el desarrollo de los trabajos de campo, queda establecido que la certificación de fs. 282 de antecedentes, fue emitida por el Gobierno Autónomo del Municipio de Magdalena, por lo que tampoco acredita que la marca de titularidad de Doris Medina de Asper se encuentre registrada en la jurisdicción municipal correspondiente (Municipio de Baures) a más de que la precitada certificación contradice la cursante a fs. 3 del expediente agrario N° 25937, pues ésta señala que el registro fue realizado en 1971 y aquella indica que el mismo fue cumplido en 1972 años dando, lugar a la duda razonable respecto a la veracidad de los datos consignados, concluyéndose en definitiva que la interesada no acreditó, mediante prueba idónea el registro de marca de su ganado conforme a la normativa legal aplicable al caso, omisión que no puede ser suplida por la entidad administrativa, incumpliendo de ésta manera lo dispuesto por el art. 238 parágrafo III inc. c) del D.S. N° 25763, vigente en su oportunidad aspecto que igualmente se encuentra analizado en el Informe en Conclusiones que cursa de fs. 155 a 161 de antecedentes que, como se tiene dicho, en mérito a lo prescrito por la Disposición Transitoria Segunda del D.S. N° 29215, debió considerar los preceptos legales contenidos en ésta disposición legal, cuyo art. 167 parágrafo I, inc. a), al señalar que "En actividades ganaderas se verificará el número de cabezas de ganado mayor y menor de propiedad del interesado, a través de su conteo en el predio y constatando la marca y registro respectivo ", no contradice los contenidos del art. 238 parágrafo III inc. c) de su predecesor, el D.S. N° 25763".

"Respecto a la documentación que cursa de fs. 262 a 263, a más de estar presentada en simples fotocopias, que, impide a éste tribunal ingresar a una valoración de fondo, hace referencia al proceso de vacunación del ganado de propiedad de Kasper Rolf, aspecto no discutido en la demanda en análisis, en el mismo sentido, la documental que cursa de fs. 287 a 289 de antecedentes, también presentada en simples fotocopias a más de ingresar en contradicciones con la información que cursa en la ficha de verificación de la FES en cuanto a la cantidad de ganado, no acredita que Doris Medina de Asper haya dado cumplimiento a lo normado por la L. N° 80 de 5 de enero de 1961 y el D.S. N° 28303 de 26 de agosto de 2005 vigentes a tiempo de la ejecución de las pericias de campo".

"(...) cabe aclarar que, el cumplimiento de la función económico social conforme lo normado por el art. 170 parágrafo I, inc. e) del D.S. N° 25763, que a la letra expresa: "Las personas señaladas precedentemente, deberán apersonarse y presentar la documentación correspondiente ante los funcionarios públicos encargados de la sustanciación del procedimiento dentro del plazo computable a partir de la notificación de la resolución por edicto y su difusión por una radioemisora local, hasta la conclusión de las pericias de campo , por polígono, en su caso" (las negrillas y subrayado nos corresponden), concordante con los arts. 173 parágrafo I, inc. c), 238 parágrafo III, inc. c) y 239 del precitado Decreto Supremo, debió ser acreditado y probado durante la ejecución de las pericias de campo y no como pretendió la parte actora el mes de marzo de 2012, es decir a más de 5 años de la conclusión de ésta etapa del saneamiento, máxime si no se hizo protesta de que la documentación sería presentada en fecha posterior y sin tomar en cuenta que al momento de la presentación de la documental que cursa a fs. 262, 263, 282, 287, 288, 289 y otra que cursa en antecedentes se encontraba en vigencia el D.S. N° 29215 que en relación a la oportunidad de la presentación de documentación, mantiene la línea trazada por su predecesor, el D.S. N° 25763, al señalar que "La encuesta catastral será realizada por cada predio y consiste en la recepción de la documentación exigida en la resolución de inicio de procedimiento y toda otra de la que intentare valerse el interesado, hasta antes de la conclusión de la actividad de relevamiento de información en campo (pericias de campo en la normativa abrogada). Sólo la que corresponda a la identidad de los beneficiarios podrá ser presentada hasta antes de la emisión de la resolución final de saneamiento" (Art. 299 inc. b) del D.S. N° 29215) y el D.S. N° 29251 de 29 de agosto de 2007 que determina que todo productor pecuario se encuentra obligado a registrar e inscribir la marca, carimbo o señal que identificará a sus semovientes en el catastro municipal respectivo y en el catastro nacional , constituyendo dicho acto única prueba del derecho propietario", cuyo cumplimiento tampoco fue acreditado por los interesados".

"Por las razones de hecho y de derecho previamente desarrolladas, incumplimiento de normativa en vigencia, arts. 1 y 2 de la L. N° 80 de 5 de enero de 1961, arts. 4 y 6 del D.S. N° 28303 de 26 de agosto de 2005, arts. 238 parágrafo III, inc. c) del D.S. N° 25763 de 5 de mayo de 2000 (vigentes al momento de ejecución de los trabajos de campo), arts. 1, 2, 3 y 4 del D.S. N° 29251 de 29 de agosto de 2007 y 167 parágrafo I inc. a) del D.S. N° 29215 de 2 de agosto de 2007 (vigentes a tiempo de emisión del Informe en Conclusiones cursante de fs. 155 a 161 de antecedentes y la Resolución Final de Saneamiento que se impugna) y la extemporaneidad en la presentación de los medios de prueba, los fundamentos expuestos en ésta parte por los actores devienen en inconsistentes, concluyéndose que la resolución impugnada, tal cual expresa en su parte considerativa, se funda en el análisis cumplido en los Informes en Conclusiones de 8 de agosto de 2011, de adecuación UDSABN No 1012/2011 de 3 de agosto de 2011 y de Cierre que en lo pertinente expresan que, "Doris Medina de Asper no acreditó la titularidad del ganado observado en campo" (fs. 156), "(...) se verificó el incumplimiento de la Función Social/Económica Social, vulnerando los artículos 393 y 397 de la Constitución Política del Estado, artículo 2 de la Ley No. 1715, 164 y 166 de su Reglamento (...)" (fs. 161), resultando en sí el fundamento de lo resuelto a través de la Resolución Administrativa RA-SS N° 0385/2012 de 9 de mayo de 2012, no siendo evidente que la misma no haya considerado la información recabada en campo".

"Respecto a la transgresión del principio de eventualidad reconocido en el art. 76 de la L. N° 3545 y vulneración de los arts. 69 y 70 de las Normas Técnicas Catastrales aprobadas por Resolución Administrativa N° 291/2004 de 14 de octubre de 2004, por no haberse realizado el Relevamiento de Información en Gabinete de acuerdo a lo normado por el art. 169 del D.S. N° 25763, cabe aclarar que el principio de eventualidad se encuentra reconocido por el art. 76 de la L. N° 1715 y no así por la L. N° 3545 como citan los actores, no obstante de ello, ingresando al examen de lo acusado, se concluye que el principio de eventualidad desarrollado por el precitado artículo forma parte de las normas que regulan los procedimientos agrarios de conocimiento de la jurisdicción agraria (ahora agroambiental) y no así los procedimientos agrarios administrativos por lo, que no corresponde ingresar en mayores consideraciones respecto a éste punto por no constituir una norma aplicable al proceso sustanciado por el Instituto Nacional de Reforma Agraria".

"Conforme lo normado por los arts. 169 y 171 del D.S. N° 25763 el Relevamiento de Información en Gabinete, tenía por finalidad esencial identificar títulos ejecutoriales y procesos agrarios en trámite sustanciados ante el ex Consejo Nacional de Reforma Agraria y el ex Instituto Nacional de Colonización sobrepuestos a un área de saneamiento, cuyos resultados no constituían verdades incuestionables en sentido de que los mismos podían ser refutados y/o perfeccionados durante los trabajos de campo que constituía la etapa en la cual, cualesquier persona cuyo derecho se sustente en éstos documentos podía apersonarse al procedimiento y solicitar que su derecho sea considerado y analizado durante la Evaluación Técnica Jurídica (Informe en Conclusiones de acuerdo a lo regulado por el D.S. N° 29215), constituyendo por lo mismo una actividad que no necesaria e imperativamente debía ser desarrollada de forma previa a los trabajos de campo sino que, cumpliendo su finalidad primordial, debía ser ejecutada, así sea en la vía de subsanación, con anterioridad a la evaluación de los resultados de campo, es decir de forma previa a la Evaluación Técnica Jurídica según D.S. N° 25763, o de la elaboración del Informe en Conclusiones conforme al D.S. N° 29215, por ser éste el momento en el cual se ingresa al análisis de los títulos ejecutoriales o procesos agrarios sobrepuestos a determinada área de saneamiento, en éste ámbito, mediante informe UDSABN N° 1012/2011 cursante de fs. 148 a 152 de antecedentes, se subsana la inexistencia del Relevamiento de Información en Gabinete y no se convalidan actos inexistentes como se señala en el memorial de demanda, no se encuentra consistencia en lo acusado por la parte actora en éste punto, máxime si, conforme lo dispuesto por el art. 267 del D.S. N° 29215 los errores u omisiones técnicos o jurídicos son susceptibles de ser subsanados aún antes de la emisión de las resoluciones finales de saneamiento, debiendo asimismo considerarse que con la subsanación efectuada, el administrador evitó se vulneren derechos de partes interesadas y procedió a considerar, en el Informe en Conclusiones, los títulos y procesos agrarios sobrepuestos a la superficie sujeta a saneamiento, y de manera particular el antecedente agrario que otorgaba derechos a favor de Doris Medina de Asper, en este sentido, si bien se omitió garantizar que el trabajo entregado por la empresa encargada de ejecutar las pericias de campo cuente con la totalidad de insumos, ésta omisión fue subsanada oportunamente por el ente administrativo, no resultando evidente que se hayan vulnerado los arts. 69 y 70 de las Normas Técnicas Catastrales aprobadas por Resolución Administrativa N° 291/2004 de 14 de octubre de 2004, concluyéndose que el proceso de saneamiento se adecuó, en cuanto a su desarrollo, a lo normado por el D.S. N° 25763 y D.S. N° 29215, ejecutándose, aún sea en la vía de subsanación, las etapas reconocidas por éstas normas legales".

"(...) corresponde a éste tribunal aclarar que, de la revisión de la documentación que cursa en antecedentes, Doris Medina de Asper se presenta al proceso de saneamiento de forma individual, así se entiende del memorial de fs. 23 a 24 vta. y de los formularios de fs. 95 a 97 de antecedentes, información que se ratifica por el antecedente agrario base del proceso de saneamiento en el que se consigna como única beneficiaria a la prenombrada, por lo que no correspondió a la entidad administrativa ingresar a considerar el predio en el ámbito de la comunidad de bienes gananciales, no siendo aplicables al caso los arts. 110, 111 y siguientes del Código de Familia y c) Conforme al mandato del art. 239 parágrafo II del D.S. N° 25763 de 5 de mayo de 2000, la verificación directa en campo durante el desarrollo de las pericias de campo constituye el principal medio para la comprobación de cumplimiento o incumplimiento de la función económico social, que en el caso en análisis, queda plasmada en los formularios de campo cursantes de fs. 95 a 98 (Ficha Catastral y Ficha de verificación de cumplimiento de la FES), información que no puede ser suplida por información recopilada el año 1972 ni generada por instituciones ajenas a las determinadas por ley, en el caso en estudio por el Instituto Nacional de Reforma Agraria y/o por la empresa habilitada al efecto, más aún cuando los precitados formularios se encuentran suscritos por el representante de Doris Medina de Asper, dando fe de lo actuado y de la veracidad de la información generada en dicha oportunidad, por lo que no correspondió, a la entidad administrativa ingresar al análisis de la información cursante en la documental de fs. 7, 9 y 14 del expediente agrario N° 25937 y de fs. 287 a 289 de antecedentes que, en todo caso, fue presentada en simples fotocopias. Asimismo y en referencia a lo señalado en el informe de fs. 142 a 145 que en relación a lo acusado señala que el predio se encontraría dividido en potreros, aspecto no considerado en el formulario de verificación de cumplimiento de la FES, cabe aclarar que, como se tiene dicho, el Instituto Nacional de Reforma Agraria, se encontraba compelido a basar los resultados del saneamiento en la información recabada, de manera directa en campo, por lo que cualquier contradicción existente en informes posteriores no tienen la capacidad de alterar y/o contradecir a aquella, máxime si dichos informes no fueron emitidos por el ente administrativo. Por otro lado, se concluye que conforme lo normado por el art. 305 del D.S. N° 29215 (vigente al momento de la emisión del Informe en Conclusiones y posteriores actuados) los resultados del proceso de saneamiento, contenidos en un informe de cierre, debían ser puestos "en conocimiento de propietarios", beneficiarios, poseedores, etc., y no "notificados" como erróneamente se fundamenta en la demanda contenciosa administrativa, aspecto que fue cumplido conforme se tiene de la documentación que cursa de fs. 164 a 174 de la carpeta de saneamiento, resultando inconsistentes los argumentos vertidos por la parte actora, no existiendo vulneración del art. 304 del D.S. N° 29215 siendo que el Informe en Conclusiones tomó en cuenta la documentación presentada con anterioridad a su emisión (presentada oportunamente), valoró el cumplimiento de la Función Económico Social, conforme a los datos recabados en campo y a normativa en vigencia y consideró cuanto aspecto mereció ser atendido".

"En relación a la vulneración del derecho a la defensa, a la seguridad jurídica, a la propiedad y al debido proceso por no haberse atendido reclamos posteriores, al no considerarse la condición de cónyuges de Doris Medina de Asper con Hans Asper Sutter, ni la documentación adjunta al memorial de 2 de marzo de 2012, cabe remitirnos a las consideraciones desarrolladas en los numerales 1.- y 3.- que anteceden, todo en relación a la comunidad de gananciales y la oportunidad de la prueba presentada y el cumplimiento de normas en vigencia, L. N° 80 de 5 de enero de 1961, D.S. N° 28303 de 26 de agosto de 2005 y D.S. N° 29251 de 29 de agosto de 2007, correspondiendo aclarar que el memorial que cursa de fs. 198 a 201 vta. (de observaciones al proceso de saneamiento), presentado el último día fijado para la socialización de resultados obtenidos en ejecución del proceso de saneamiento (30 de septiembre de 2011) fue atendido por informe Técnico Legal UDSA-BN N° 1401/2011, de 14 de octubre de 2011 cursante de fs. 267 a 269 de antecedentes y en relación al resto de memoriales que hace referencia por la parte actora, si bien los mismos no fueron debidamente atendidos, sea por su extemporaneidad u otro factor no aclarado por la entidad administrativa, se entiende que operó el silencio administrativo negativo no obstante ello, se aclara que en relación a la documentación presentada se realizaron (ut supra) las consideraciones correspondientes, concluyéndose que la misma no permite acreditar que Doris Medina de Asper, en cumplimiento de normas legales en vigencia, tenga registrada la marca que certifique su derecho propietario sobre el ganado identificado en el predio San José, por lo que al no haber sido considerada la documentación adjuntada a los memoriales presentados el 2 de marzo y 24 de abril de 2012 no se vulneraron los derechos fundamentales de defensa, debido proceso, seguridad jurídica y de propiedad como afirma el demandante, por haber sido presentados a más de cinco años de concluidos los trabajos de campo y a más cinco meses de cumplidos los actos de socialización de resultados y por carecer de los elementos necesarios que hubiesen permitido alterar los resultados del proceso de saneamiento, resultando necesario remarcar que los informes DGS-SB N° 176/2012 de 11 de mayo cursante de fs. 293 a 294 y DGS-SB N° 187/2012 de 16 de mayo cursante de fs. 295 a 296 se dejaron sin efecto mediante Auto que cursa a fs. 327 de antecedentes, no correspondiendo efectuar mayores consideraciones".

"(...) quedan desvirtuados los argumentos de la parte actora, no siendo evidente el haberse vulnerado los derechos reconocidos por los arts. 56, 397 y 115-II de la C.P.E., ni los procedimientos contenidos en los arts. 169 y 171 del D.S. N° 25763, arts. 76, 263 y 325 de la L. N° 1715, arts. 69 y 70 de las normas técnicas catastrales aprobadas por Resolución Administrativa N° 291/2004, arts. 304 y 167 del D.S. N° 29215 y arts. 110, 111 y siguientes del Código de Familia como se acusa en el memorial de demanda de fs. 9 a 18 vta. y memoriales de subsanación de fs. 25 y vta. y fs. 40, concluyéndose que, la tramitación del proceso de saneamiento ejecutado por el Instituto Nacional de Reforma Agraria en el Polígono 000, ubicado en el Municipio de Baures, Provincia Itenez, del Departamento de Beni, predio denominado "SAN JOSE", se desarrolló dentro del marco legal vigente al momento del desarrollo de cada una de las etapas del saneamiento, siendo la Resolución Administrativa impugnada el resultado de un debido proceso, que no vulnera las disposiciones legales referidas por la parte demandante correspondiendo a éste Tribunal fallar en éste sentido".