ANA-S2-0064-2013

“(…)En éste contexto, si bien los recurrentes acusan la existencia de incongruencia entre la parte considerativa y resolutiva de la sentencia impugnada, lo hacen bajo argumentos que no encajan a la causal invocada, concluyéndose que el juez a quo a tiempo de emitir sentencia se sujeto a los puntos demandados, conforme a lo discutido por las partes, no concediendo más de lo pedido ni omitiendo emitir pronunciamiento respecto a uno o más puntos discutidos en el curso del proceso y/o resolviendo aspectos no sometidos a juicio del juzgador, por lo que no es evidente haberse vulnerado el principio de congruencia en los alcances del art. 254 numeral 4 del Cód. Pdto. Civ., por evidenciarse la existencia de relación entre lo demandado, lo discutido en el curso del proceso y lo resuelto en la sentencia, más cuando los recurrentes no precisan de que forma el juez se apartó, a tiempo de emitir sentencia, de los puntos demandados, correspondiendo aplicar lo normado por los arts. 271- 2) y 273 del Cód. Pdto. Civ. aplicables supletoriamente por disposición del art. 78 de la Ley N° 1715 modificada por Ley N° 3545.”

“(…) Si bien los recurrentes acusan aplicación indebida e interpretación errónea del art. 614 del Cód. Pdto. Civ., no precisan la forma en la cual, el juez de instancia, aplicó indebidamente la precitada norma legal, relacionándola a hechos no regulados por la misma (aplicación indebida), debiendo entenderse que cuando se acusa aplicación indebida de la ley, el recurrente debe precisar, no únicamente la norma aplicada, sino también los hechos que no siendo regulados por aquella fueron considerados y valorados por el juez al amparo de la misma, tampoco se precisa la forma en la que el juez a quo asignó al art. 614 del Cód. Pdto. Civ. un sentido que no le corresponde (interpretación errónea), olvidando, los recurrentes, que la "aplicación indebida" y "la interpretación errónea", en sí, constituyen figuras diferentes que si bien pueden ser acusadas y/o consideradas de forma simultánea, obligan a los recurrentes a realizar una consideración igualmente diferente, por lo que, al no haber realizado una adecuada fundamentación, ingresándose en afirmaciones generalizadas respecto del proceso ejecutivo, el acta de remate, el desapoderamiento y la participación de Isaac Roberto García y a continuación, sin la debida fundamentación, acusarse la violación del art. 4-II de la L. N° 025 y vulneración del principio de seguridad jurídica, para culminar señalando que se ha incurrido en la causal establecida en el art. 253, inc. 3) del Cód. Pdto. Civ., norma que engloba dos presupuestos de la casación "error de hecho en la apreciación de las pruebas" y "error de derecho en la apreciación de las pruebas", los recurrentes se apartan de lo normado por el art. 258-2) del Cód. Pdto. Civ., más cuando de la revisión de la sentencia recurrida se concluye que la autoridad jurisdiccional menciona y/o valora el art. 614 del Cód. Pdto. Civ. en directa relación a los otros codemandados y no en referencia a los ahora recurrentes.”

“(…) Asimismo, si bien se acusa error de derecho y error de hecho en la apreciación de las pruebas, se ingresa nuevamente en afirmaciones que giran en torno al título ejecutorial valorado por el juez de instancia, acusando que éste basa su sentencia en un documento emitido con posterioridad a la escritura pública de 9 de diciembre de 1988 y registrada en DDRR en 30 de diciembre del mismo año que acreditarían que el derecho de propiedad pertenece a Graciela Medina Adrián y a Isaac Roberto García y a continuación señalar que se interpretaría arbitrariamente dicha prueba al otorgarse valor probatorio a un documento obtenido con posterioridad a la emisión de la sentencia de la demanda ejecutiva y culminar señalando, de manera también generalizada, que no se ha asignado a la prueba documental de fs. 17 a 22 el valor previsto por los arts. 1287, 1289 y 1538 del Cód. Civ. anteponiéndose la validez de un título ejecutorial obtenido con posterioridad a la ejecutoria del proceso ejecutivo y después de aprobado el remate hecho que conllevaría la vulneración del art. 399 del Cód. Pdto. Civ., omitiendo precisar la forma en la cual, la autoridad jurisdiccional, sobredimensionó el valor legal probatorio del título ejecutorial analizado en la sentencia recurrida, olvidando que la valoración de la prueba constituye una facultad privativa de los jueces de instancia por lo mismo incensurable en casación, salvo que quede debidamente demostrado, el "error de derecho" o "error de hecho" en el que incurrió la autoridad jurisdiccional a tiempo de emitir sentencia, aspecto que no puede ser omitido en un recurso de ésta naturaleza, en sentido de que en el primer caso corresponde al recurrente identificar la prueba y puntualizar las formas en las que fue desconocido o sobredimensionado el valor probatorio que le otorga la ley (error de derecho) con especificación de la ley o leyes vulneradas con éste proceder y en el segundo presupuesto corresponde especificar las pruebas que, habiendo sido valoradas (erróneamente), debieron ser omitidas por el juez de primera instancia o cuales, que habiendo sido excluidas (erróneamente), debieron ser integradas por el juzgador en su sentencia (error de hecho), debiendo los recurrentes, en éste último caso, a través de documentos o actos auténticos demostrar la equivocación manifiesta del juzgador, exigencias cuyo incumplimiento impiden a éste tribunal ingresar al fondo del recurso planteado, correspondiendo a éste tribunal, ante las falencias identificadas, aplicar el contenido de los arts. 271-1) y 272- 2) del Cód. Pdto. Civ.”