AUTO NACIONAL AGROAMBIENTAL S1ª Nº 78/2014

Expediente: Nº 1275/2014

	Proceso: Interdicto de Retener y Recobrar la Posesión
	Demandante: Daney Alba Aguilera
	Demandado: Miguel Fernández Suzano
	Distrito: Santa Cruz
	Asiento Judicial: Samaipata
	Fecha: Sucre, 24 de noviembre de 2014
	Magistrado Relator: Dr. Juan Ricardo Soto Butrón

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 222 a 223 y vta. de obrados, interpuesto contra la Sentencia N° 09/2014 de 26 de septiembre de 2014 cursante de fs. 208 a 210 y vta. de obrados, pronunciada por la Jueza Agroambiental de Samaipata, dentro del proceso Interdicto de Retener y Recobrar la Posesión seguido por Daney Alba Aguilera, contra Miguel Fernández Suzano, respuesta, antecedentes del proceso; y,

CONSIDERANDO: Que el actor Daney Alba Aguilera, en su recurso de casación en el fondo de fs. 222 a 223 y vta. de obrados, entre otros aspectos, menciona que la Jueza de instancia no ha valorado y apreciado la documental de fs. 1, las declaraciones testificales de fs. 105 a 106, 107 a 108 y fs. 177 de obrados, así como no haber tomado en cuenta la inspección judicial cursante a fs. 125 a 130, ni el informe pericial del Ing. Adhemar Alvarez, lo cual, indica el recurrente, vulneran los arts. 373, 397, 398 y 399 del Cód. Pdto. Civ. Asimismo, indica que la sentencia vulnera el art. 190 del mismo Código adjetivo civil que establece que la sentencia pondrá fin al litigio en primera instancia, con decisiones expresas, positivas y precisas y recaerá sobre las cosas demandadas, y que en el presente caso no se ha resuelto nada quedando subsistente el conflicto.

Que corrido en traslado el recurso de casación de referencia, por memorial de fs. 229 a 232, responde el demandado Miguel Fernández Suzano con los argumentos en él expuesto, sin que se manifieste de manera expresa sobre los extremos recurridos detallados en el parágrafo anterior.

CONSIDERANDO: Que tratándose de un recurso de casación, las Salas del Tribunal Agroambiental, tienen la atribución y la ineludible obligación de revisar de oficio el proceso con la finalidad de verificar si los jueces de instancia y funcionarios observaron los plazos y leyes que norman la tramitación y conclusión de los procesos, disponiendo, en caso de evidenciarse infracciones de normas de orden público, pronunciarse conforme manda el art. 17 de la L. N° 025 y art. 105-II) de la L. N° 439, aplicable supletoriamente, ésta última disposición adjetiva, por mandato del art. 78 de la L. N° 1715.

Que, en mérito a dicho deber y atribución del tribunal de casación, examinada la tramitación del caso de autos señalado precedentemente, se evidencia vulneración a normativa procesal aplicable al caso que interesa al orden público, al establecerse los siguientes aspectos que son observados en resguardo del debido proceso:

1.- La tramitación del proceso del caso de autos está sujeta a las reglas establecidas por ley para los juicios orales agrarios, aplicando supletoriamente disposiciones civiles adjetivas de actos y procedimientos no regulados, conforme prevé el art. 78 de la L. N° 1715, por lo que al ser de orden público su observancia es de estricto e inexcusable cumplimiento, como es, entre otros actos procesales, el pronunciamiento de la sentencia, que por su trascendencia e importancia, su emisión está enmarcada a las formalidades previstas por ley para su validez legal, puesto que con ella se define la controversia planteada ante el órgano jurisdiccional, por ende, las formalidades y requisitos en su pronunciamiento revisten un carácter obligatorio e inexcusable, teniendo como pilares, entre otros, los principios de fundamentación jurídica y motivación recogidos en el art. 190 del Cód. Pdto. Civ., así como el de congruencia, al preceptuar que la sentencia pondrá fin al litigio conteniendo decisiones expresas, positivas y precisas, que recaerán sobre las cosas litigadas en la manera en que hubieran sido demandadas sabida que fuera la verdad por las pruebas y demás elementos del proceso, absolviendo o condenando al demandado; estableciéndose en el art. 192-2) del código adjetivo civil, en mérito a dichos principios, que la parte considerativa contendrá exposición sumaria del hecho o del derecho que se litiga, análisis y evaluación fundamentada de la prueba y cita de las leyes en que se funda.

En ese contexto, al haber deducido el actor Daney Alba Aguilera en una misma demanda dos acciones, como son el Interdicto de Retener la Posesión y el Interdicto de Recobrar la Posesión respecto de un mismo predio, identificando claramente los fundamentos de su pretensión, así como la ubicación y extensión sobre las que demanda cada una de las referidas acciones, la sentencia debe contemplar de manera clara, precisa, congruente y coherente para cada una de las acciones mencionadas la debida fundamentación jurídica y motivación; extremo que no se observa en la emisión de la 09/2014 de 26 de septiembre de 2014 cursante de fs. 208 a 210 y vta. de obrados, al advertir confusión e incoherencias respecto del análisis de las referidas acciones, que por su importancia deben estar clara, objetiva y positivamente identificadas, analizadas y resueltas; tal es así que al referirse al Interdicto de Retener la Posesión, la juez a quo menciona: "(...) La parte demandante no ha demostrado que ha estado en posesión pacífica antes de haber sido desposeída (...)" (las negrillas y cursivas nos pertenecen), siendo una afirmación errónea y confusa al no tener correspondencia con la finalidad del Interdicto de Retener la Posesión, que conforme prevé el art. 1462 del Cód. Civ. y 602 del Cód. Pdto. Civ., sus elementos o presupuestos tienen que ver con la posesión actual o tenencia del inmueble y la amenaza de perturbación o perturbación de ella mediante actos materiales, y no así haber "estado en posesión" y haber sido "desposeído", como menciona la juez a quo en la sentencia recurrida, desnaturalizando por tal la esencia de dicha acción, originando una confusión e imprecisión entre las acciones demandadas, así como la definición clara de los presupuestos para la procedencia de cada acción interdictal, al no contener en la parte considerativa el análisis pormenorizado, fundamentado y diferenciado respecto de cada uno de los interdictos que fueron demandados que permita conocer los fundamentos y motivos que le llevó a la juez de instancia a asumir una determinada definición sobre ambas peticiones, lo que determina la ineficacia de la sentencia recurrida.

2.- El ofrecimiento, la admisión y la valoración de la prueba que proponen las partes para fundar y respaldar sus petitorios, constituyen actuaciones procesales de vital importancia dentro del proceso, pues para que se tutelen las acciones es necesario e imprescindible la valoración fundamentada de toda la prueba, considerando como la actividad encaminada a producir en el juez el convencimiento de la verdad o no de lo que se demanda, desarrollándose dicha actividad procesal en sentencia, conforme prevé el art. 192-2) del Cód. Pdto. Civ., aplicable a la materia por disposición del art. 78 de la L. N° 1715; requisito que no se cumplió a cabalidad con la claridad, objetividad y precisión requerida en derecho en la Sentencia N° 09/2014 ahora impugnada en el presente recurso de casación, al no contemplar el inexcusable análisis y evaluación fundamentada de la prueba, puesto que la jueza de instancia prescindió de dicha labor respecto de la literal cursante a fs. 1, la testifical de cargo de fs. 174 a 175 y 176 a 177 y la testifical de descargo de fs. 108 y vta., al no existir valoración o apreciación alguna respecto de dichos medios de prueba otorgando el valor que la ley les asigna y/o sujetando la misma a las reglas de la sana crítica, que por su importancia debe efectuarse de manera expresa, clara, puntual, precisa y estrechamente relacionada con los hechos que fueron fijados en el objeto de la prueba, conforme prevén los arts. 397 y 476 del Cód. Pdto. Civ., 1288 y 1330 del Cód. Civ., lo cual permitirá a las partes y en su caso al tribunal de casación, conocer con exactitud la valoración y análisis de la prueba que efectuó la juez de instancia para la resolución de la causa, más aun cuando dicha labor jurisdiccional es inherente y propia del órgano jurisdiccional que emite la sentencia; por ello, la evaluación y fundamentación de todas y cada una de las pruebas que fueron ofrecidas y admitidas por el órgano jurisdiccional constituye una labor jurisdiccional necesaria e imprescindible, que como se señaló precedentemente, no fue cumplida y desarrollada por la Jueza de la causa respecto a los medios probatorios señalados precedentemente.

Por lo expuesto, la referida Sentencia N° 09/2014 de 26 de septiembre de 2014 cursante de fs. 208 a 210 y vta. de obrados, no se ajusta a la normativa procesal aplicable contenida en los arts. 190 y 192 del Cód. Pdto. Civ., ante el incumplimiento de lo señalado por el art. 192-2) del Cód. Pdto. Civ. que impone que la parte considerativa contenga exposición sumaria del hecho o del derecho que se litiga y análisis y evaluación fundamentada de la prueba, a fin de resolver el litigio congruentemente con decisión clara, positiva y precisa, atentando de este modo la Jueza de instancia su deber de resolver debidamente las controversias sometidas a su conocimiento, estando por tal viciada de nulidad dicha actuación por la transgresión de la normativa adjetiva señalada supra; consecuentemente, al evidenciarse la vulneración descrita precedentemente que hace al debido proceso y al ser normas de orden público, su inobservancia por parte de la Jueza a quo, así como el incumplimiento del deber impuesto a los jueces de cuidar que el proceso se desarrolle sin vicios de nulidad que afecten el normal desarrollo del proceso, vulnerando lo previsto por el art. 3-1) del Cód. Pdto. Civ.; determina, sin pronunciarse sobre el fondo, conforme la previsión contenida por el art. 87-IV de la L. N° 1715, la aplicación del art. 252 en la forma y alcances previstos por los arts. 271-3) y 275 del Cód. Pdto. Civ., conforme al régimen de supletoriedad previsto por el art. 78 de la L. N° 1715. Sobre el particular, es uniforme el razonamiento vertido por éste Tribunal Agroambiental, mediante los precedentes cursantes en los Autos Nacionales Agroambientales S1ª Nº 34/2013, S1ª N 06/2014, S1ª Nº 16/2014 y S1ª Nº 23/2014, entre otros.

POR TANTO : La Sala Primera del Tribunal Agroambiental, en mérito a la potestad conferida por el art. 189, numeral 1 de la C.P.E., art. 17 de la L. N° 025 y en virtud de la jurisdicción que por ella ejerce, ANULA OBRADOS hasta la sentencia de fs. 208 a 210 y vta. inclusive, correspondiendo a la Jueza Agroambiental de Samaipata, pronunciar nueva sentencia con la debida fundamentación y motivación congruente, así como el correspondiente análisis y evaluación fundamentada de la prueba, a llevarse a cabo en audiencia señalada al efecto, observando fiel y cumplidamente la normativa agraria y adjetiva civil aplicable al caso.

Al declararse la nulidad de obrados, se impone a la Jueza Agroambiental de Samaipata la multa de Bs. 100.- que será descontada de sus haberes por la Unidad Administrativa y Financiera del Órgano Judicial, en coordinación con la Unidad de Enlace Administrativa y Financiera del Tribunal Agroambiental.

De otro lado, en aplicación de lo señalado por el art. 17-IV de la L. N° 025 del Órgano Judicial, comuníquese la presente resolución al Consejo de la Magistratura.

No firma la Magistrada, Dra. Cinthia Armijo Paz, por estar en la fecha ausente con licencia que le fue otorgada, conforme menciona en la nota CITE:TA-CAP S1ª N° 140/14 de 20 de noviembre de 2014.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo.

Magistrado Sala Primera Dr. Juan Ricardo Soto Butrón

Magistrada Sala Primera Dra. Paty Y. Paucara Paco