SAN-S2-0020-2015

Interpone demanda Contencioso Administrativa, impugnando la Resolución Administrativa RA-SS N° 1811/2013 de 3 de octubre de 2013, con base en los siguientes argumentos:

1. Señala que el Saneamiento de la Comunidad Cayachata se realizó bajo la modalidad de Saneamiento Simple de Oficio, con la aplicación del Saneamiento Interno que es aplicable a comunidades que tengan en su interior predios individuales, tal como dispone el art. 351.II del D.S. N° 29215, sin embargo en 5 de septiembre de 2011, dentro del plazo para el relevamiento de información en campo, Rubén Uribe Plaza mediante memorial pide a la Dirección Departamental del INRA de Oruro, exclusión de la delimitación del saneamiento interno, alegando indefensión al no haber sido convocado y sin haber participado de manera personal en la realización del saneamiento interno, se opone al colocado de estacas que determinan sobreposición con su propiedad, presentando como prueba antecedentes del predio titulado Tolacollo Canllicirca, que tiene una extensión de 113 has. aproximadamente, correspondiente al antecedente agrario N° 34989 que concluyó con la emisión de la Resolución Suprema N° 189715 de 16 de abril de 1979. Agrega que, los puntos colindantes con la propiedad Tolacollo Canllicirca de Rubén Uribe, cuyo saneamiento se encuentra excluido y pendiente de realización, no cuentan con actas de conformidad con su persona, existiendo un conflicto irresuelto. Por otra parte, señala que en ningún momento fue notificado con esta oposición y con Resolución Administrativa RA-DDO-US SAN SIM DE OFICIO N° 052-1/2011 de 30 de septiembre de 2011 de exclusión, incumpliéndose lo dispuesto por el art. 70 inc. a) del Reglamento agrario vigente, vulnerándose de esta forma su derecho a la defensa y al debido proceso, habiendo además, el INRA, omitido efectuar la valoración del expediente titulado con su predio, en razón a que solamente se excluye 91 hectáreas de las 113 has. tituladas reclamadas por Rubén Uribe. Indica que, durante la realización del saneamiento interno se firmaron actas, las cuales fueron desconocidas posteriormente por el excluido y que sin embargo durante la prosecución del proceso se validan, particularmente lo concerniente al vértice 42341027, vulnerándose el principio de conciliación que distingue al saneamiento interno, sin embargo se continuó con el procedimiento pese a existir observación y solicitudes de exclusión del saneamiento interno, que omitieron resolver.

La Sala Segunda del Tribunal Agroambiental, declara PROBADA EN PARTE la demanda contencioso administrativa; en consecuencia, NULA la Resolución Administrativa RA-SS N° 1811/2013 de 3 de octubre de 2013, emitida dentro el proceso de Saneamiento Simple de Oficio del predio denominado Comunidad Cayachata, sin costas. Consecuentemente se anula obrados hasta fs. 1146 del proceso de saneamiento, debiendo el INRA elaborar nuevo informe y aplicar el procedimiento común para la resolución del conflicto de derecho propietario de las parcelas 16 y 20, con base en los siguientes argumentos:

1. Respecto a la falta de notificación con oposición de colindante y exclusión de Saneamiento Interno  y que no fue notificado con la Resolución Administrativa RA-DDO-US SAN SIM DE OFICIO N° 052-1/2011 de 30 de septiembre de 2011, no tiene  ninguna relación lo acusado  con las parcelas objeto de la resolución ahora impugnada, este Tribunal se ve impedido de valorar lo acusado.

2. Al evidenciarse conflicto de derecho propietario sobre las referidas parcelas y al estar bajo conocimiento del INRA, correspondía que mediante resolución emitida por el ente administrativo, se disponga la aplicación del procedimiento común (conforme lo sugerido por informe), disponiéndose la realización del Relevamiento de Información en Campo para las indicadas parcelas, con el objeto de proceder a la identificación de los beneficiarios de forma inequívoca, recabar toda la información necesaria, principalmente la verificación del cumplimiento de la Función Social conforme el art. 2 parágrafos IV y XI de la L. N° 1715 modificada por la L. N° 3545, cuya presentación debería ser realizada durante el Relevamiento de Información en Campo para que el ente administrador realice la respectiva valoración y en consecuencia el reconocimiento del derecho propietario a quienes corresponda, situación esta que no a ocurrido en el presente caso ya que como se tiene dicho en antecedentes solo cursan informes que sugieren la exclusión de las parcelas 16 y 20, sin que exista una resolución emitida por el INRA que disponga la exclusión de los mismos y determine el curso a seguir respecto al trámite de saneamiento de las referidas parcelas.

3. De la revisión del expediente, se tiene que existe duda razonable respecto a la sobreposición de dichas parcelas, que si bien los antecedentes fueron considerados en el saneamiento del predio Canchon Yaritani V en el que se salvo superficie a favor de Hilarión Monzón Huaylla y que al encontrarse dicha área cercana a las parcelas motivo de autos, siendo el INRA la entidad que cuenta o debería contar con toda la información requerida se encuentra obligado a realizar el Informe de Diagnostico conforme establece el art. 292 del D.S. N° 29215, para establecer si el antecedente agrario N° 23333, se encuentra o no sobrepuesto a las parcelas referidas y así dar el tratamiento que corresponda a los beneficiarios identificados en pericias de campo.

4. Referente a la vulneración normativa dentro de la ejecución del proceso de saneamiento interno de la Comunidad Cayachata; en relación a la no realización del relevamiento en gabinete, el mismo ya se tiene considerado en el punto anterior, asi como la vulneración del derecho a la defensa respecto de la oposición de Ruben Uribe Plaza, se tiene considerado en el punto 1 de la presente resolución; por lo que corresponde pronunciarse en referencia a que la resolución impugnada incumple lo dispuesto por el art. 66 del D.S. N° 29215.

5. En todos los informes antes referidos el INRA omite pronunciarse o realizar las consideraciones legales respecto a la situación de Carmen Barrancos Flores, identificada como beneficiaria de la parcela 20 junto a Hilarión Monzón Huaylla, que necesariamente el ente administrativo tiene la obligación de emitir pronunciamiento del porque dicha persona ya no sería considerada como beneficiaria de la parcela 20 donde fue identificada como beneficiaria según consta de la ficha de saneamiento interno de fs. 702 de antecedentes, situación esta en la que también entra en contradicción el ente administrativo, de lo que se tiene que la resolución administrativa motivo de autos carece de la debida fundamentación y congruencia, no dando cumplimiento a lo dispuesto por el art. 66 del D.S. N° 29215.

SANEAMIENTO / Saneamiento interno (comunidades campesinas y colonias)

El saneamiento interno es aplicable únicamente a colonias y comunidades campesinas que tengan derechos o posesiones individuales a su interior, entendiéndose este como el instrumento de conciliación de conflictos y la delimitación de linderos basados en usos y costumbres, pudiendo este saneamiento interno sustituir parcial o totalmente las actividades de diagnostico y planificación, campaña pública y relevamiento de información en campo (del procedimiento común), siempre que sean revisados y validados por el INRA, es decir que el saneamiento interno necesariamente debe realizarse sobre predios sin conflicto, en el que se confía a las autoridades comunales la realización de algunos actuados de saneamiento como se tiene dicho, bajo la premisa de cumplirse adecuadamente los requisitos fijados por el art. 351 del D.S. N° 29215.

"(...) el caso de autos es necesario señalar que la L. N° 1715 en su art. 64 dispone: "El saneamiento es el procedimiento técnico jurídico transitorio destinado a regularizar y perfeccionar el derecho de propiedad agraria y se ejecuta de oficio o a pedido de parte."; por otro lado el art. 65 de la misma norma legal faculta al Instituto Nacional de Reforma Agraria, para ejecutar el saneamiento de la propiedad agraria; asimismo la Disposición Final Cuarta de la L. N° 3545 establece el saneamiento interno, fijando el ámbito de aplicación mediante el art. 351 del D.S. N° 29215, debiendo entenderse que el saneamiento interno es aplicable únicamente a colonias y comunidades campesinas que tengan derechos o posesiones individuales a su interior, entendiéndose este como el instrumento de conciliación de conflictos y la delimitación de linderos basados en usos y costumbres, pudiendo este saneamiento interno sustituir parcial o totalmente las actividades de diagnostico y planificación, campaña pública y relevamiento de información en campo (del procedimiento común), siempre que sean revisados y validados por el INRA, es decir que el saneamiento interno necesariamente debe realizarse sobre predios sin conflicto, en el que se confía a las autoridades comunales la realización de algunos actuados de saneamiento como se tiene dicho, bajo la premisa de cumplirse adecuadamente los requisitos fijados por el art. 351 del D.S. N° 29215, por lo que este procedimiento concluiría en el momento que sea puesto en conocimiento y consideración del INRA para su validación, posteriormente cualquier conflicto de derecho propietario que se suscite será de conocimiento del ente administrativo, quien debe resolver el conflicto mediante el procedimiento común de saneamiento, no pudiendo ya invocar lo dispuesto por el art. 351 del D.S. N° 29215 para la resolución del mismo (...)".

SCP 1372/2014 de 7 de julio de 2014, que respecto al debido proceso señala: "... 5.5. Como ya se anotó, la Constitución extiende la garantía del debido proceso no solo a los juicios y procedimientos judiciales, sino también a todas las actuaciones administrativas. Ello significa, que el debido proceso se mueve también "dentro del contexto de garantizar la correcta producción de los actos administrativos, y por ello extiende su cobertura a todo el ejercicio que debe desarrollar la administración pública, en la realización de sus objetivos y fines estatales, es decir, cobija a todas sus manifestaciones en cuanto a la formación y ejecución de los actos, a las peticiones que realicen los particulares, a los procesos que por motivo y con ocasión de sus funciones cada entidad administrativa debe desarrollar y desde luego, garantiza la defensa ciudadana al señalarle los medios de impugnación previstos respecto de las providencias administrativas, cuando crea el particular, que a través de ellas se hayan afectado sus intereses".

SC 0731/2010-R de 26 de julio, estableció el siguiente entendimiento, "...la ineficacia de los actos procesales que se han realizado con violación de los requisitos, formas o procedimientos que la Ley procesal ha previsto para la validez de los mismos; a través de la nulidad se controla la regularidad de la actuación procesal y se asegura a las partes el derecho constitucional al debido proceso. Por regla general la nulidad procesal retrotrae el proceso al momento anterior al que se genera el vicio de procedimiento, es decir, la inobservancia de los requisitos, formas o procedimientos previstos por la Ley procesal, a esa regla se impone la excepción para los casos en los que al sustanciarse un incidente o trámite ajeno al asunto principal se produzca el vicio, o cuando una actuación procesal posterior no dependa del acto viciado, casos en los que el Juez puede disponer la anulación de algún acto procesal específico; empero, para ello el auto que declare la nulidad de obrados debe señalar con precisión la o las actuaciones que deben renovarse, de no especificarse se aplica la regla general de retrotraer el proceso al momento anterior al que se originó el vicio". Es decir, la autoridad jurisdiccional debe observar y está obligada a cumplir las reglas que el legislador ha establecido para la tramitación de los procesos, asegurando el derecho al debido proceso y el principio de la seguridad jurídica (SC 0687/2005-R de 20 de junio).

La SCP 1139/2013 de 22 de julio respecto de los informes legales señala: "(...) los informes legales no constituyen hechos a la valoración de las pruebas, pues son simplemente pronunciamientos consultivos sobre la aplicación del derecho, por lo cual no generan ni efectos vinculantes, ni deben ser consideradas como situaciones fácticas, pues si bien pueden brindar elementos destinados a tener perspectivas de análisis jurídico y/o elementos de juicio, éstos no tienen valor probatorio" .

La Sentencia Constitucional Plurinacional 0099/2012 de 23 de abril de 2012 ha señalado: "La triple dimensión del debido proceso , se encuentra reconocida en la Constitución Política del Estado, que lo consagra como un principio, un derecho fundamental y una garantía jurisdiccional . Su protección como garantía jurisdiccional, implica a su vez el resguardo de los elementos constitutivos del debido proceso, traducidos en derechos fundamentales, entre ellos la fundamentación y congruencia de las resoluciones emitidas tanto por autoridades judiciales como administrativas , que se constituyen en normas rectoras de la actividad procesal. Corresponde en consecuencia, referirse a los dos elementos constitutivos del debido proceso enunciados: fundamentación y congruencia, dado que los mismos son invocados como vulnerados por la parte accionante. Respecto a la fundamentación de las resoluciones, la SC 2023/2010-R de 9 de noviembre, resume en forma precisa los razonamientos doctrinales asumidos sobre el particular, señalando: "La garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones , y lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión , para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige , de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió . (...) cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo, pudiendo ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiéndose expresar las convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas (...). Del citado razonamiento, se concluye que la fundamentación de las resoluciones judiciales, constituye un elemento inherente a la garantía jurisdiccional del debido proceso, lo que significa que la autoridad que emite una resolución necesariamente debe exponer los hechos, la valoración efectuada de la prueba aportada, los fundamentos jurídicos de su determinación y las normas legales que aplica al caso concreto y que sustentan su fallo ; lo que de ninguna manera implica una argumentación innecesaria que abunde en repeticiones o cuestiones irrelevantes al caso, sino que al contrario debe desarrollar, pero con precisión y claridad, las razones que motivaron al juzgador a asumir una determinada resolución, claro está con la justificación legal que respalda además esa situación".

En el mismo sentido, la Sentencia Constitucional Plurinacional 0172/2012 de 14 de mayo de 2012 ha expresado: "(...) Es imperante además precisar que toda resolución ya sea jurisdiccional o administrativa , con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación como elemento configurativo del debido proceso debe contener los siguientes aspectos a saber : a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada y f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado".